Estado del bienestar

Se dice que existe un Estado del bienestar o Estado providencia cuando el Estado asegura la protección social, entendida ésta mediante derechos tales como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones de jubilación o la protección del empleo o del empleado.

Etimología y Significado

El término Estado de Providencia se forjó bajo el Segundo Imperio Francés por los republicanos que criticaban la filosofía demasiado individualista de ciertas leyes (como la ley Le Chapelier que prohibía los sindicatos), y preconizaban un "Estado Social"; se preocupaban del interés de cada ciudadano y del interés general. La expresión habría sido empleada por primera vez por el diputado Emile Olliver en 1864, para despreciar la capacidad del Estado de llevar a cabo un sistema de solidaridad nacional más eficaz que las estructuras de solidaridad tradicionales (como las corporaciones prohibidas por la ley Le Chapelier).

Es hacia 1870 cuando el término alemán Wohlfahrtsstaat fue utilizado por los "socialistas de cátedra" (universitarios) para describir un sistema que anuncia las políticas bismarckianas en materia social.

La noción actual de Estado de providencia corresponde al término inglés de welfare state (literalmente: "estado de bienestar"), forjado en los años 1940, coincidiendo con la emergencia de las políticas keynesianas de posguerra. Esta última expresión habría sido creada por William Temple entonces Arzobispo de Canterbury, como contraposición al warfare state ("estado de guerra") de la Alemania Nazi.

El sociólogo T.H. Marshall define el termino como una combinación especial de la democracia, bienestar social y capitalismo. Algunos otros lo identifican, erroneamente, con el llamado Estado Social o incluso la Economía social de mercado.

Para algunos es el añadido de un quinto poder del estado: el de intervención económica, añadido a los tres poderes clásicos de Montesquieu y al cuarto poder que son los medios de comunicación. Para otros, como Claus Offe, es un cambio profundo que nos permite hablar de un Estado Moderno​

Historia

El Estado de Bienestar ha sido el resultado combinado de diversos factores (…) El reformismo socialdemócrata, el socialismo cristiano, élites políticas y económicas conservadoras ilustradas, y grandes sindicatos industriales fueron las fuerzas más importantes que abogaron en su favor y otorgaron esquemas más y más amplios de seguro obligatorio, leyes sobre protección del trabajo, salario mínimo, expansión de servicios sanitarios y educativos y alojamientos estatalmente subvencionados, así como el reconocimiento de los sindicatos como representantes económicos y políticos legítimos del trabajo…"​

La etica utilitarista

EL ESTADO DE BIENESTAR. LIBERTAD Y ALIENACIÓN EN LAS SOCIEDADES TECNIFICADAS 1. El Estado de bienestar 1.1 Concepto El concepto de Estado de bienestar se alza como el anhelo de proyecto social en la mayor parte de las sociedades tecnificadas actuales. Pero no se trata de un asunto novedoso; surge, siquiera como reconocible en sus puntos fundamentales de desarrollo, en el curso de la modernidad. La conceptualización de Estado de bienestar atañe a lo que, genéricamente, denominaríamos provisión y satisfacción de ciertas necesidades consideradas básicas de carácter económico, educativo, sanitario, etc., sancionadas por las sociedades modernas desde instancias diversas, así privadas como públicas, al amparo del Estado como garante y regulador. El máximo desarrollo de este concepto y de su aplicación se alcanza en el seno de los países democráticos de economía capitalista. Dadas las supuestas características pluralistas de estas sociedades, la aspiración del Estado de bienestar plantea mayor complejidad de índole política, económica y ética. Así el cúmulo de problemas se extiende para el interés de las diversas disciplinas, debiéndose ceñir nuestro análisis a los ámbitos de la ética y de la sociología donde atender, específicamente, a los asuntos de la libertad y de la alienación posibles en estas sociedades. Los creadores del Estado del bienestar reconocieron, en coincidencia con el diagnóstico de los marxistas, que en el capitalismo la acumulación de riqueza por los propietarios implica el empobrecimiento de los no propietarios. Pero el Estado de bienestar, en confrontación con el diagnóstico de los marxistas, no se proponía eliminar las causas de este fenómeno tan negativo –que hacía impopular al capitalismo–, sino sólo los efectos: únicamente aspiraba a atenuar los conflictos que se derivan de tales diferencias. El gran instrumento de esta auto-reforma del sistema capitalista es el sistema fiscal, que atiende a la subvención de las actividades del Estado y, sobre todo, a una redistribución menos discriminatoria de la riqueza producida. De acuerdo con Keynes, a quien corresponde la paternidad del Estado social, éste se propone la combinación y conjunción de un crecimiento económico ilimitado, por un lado, y por el otro, una mejor redistribución de la riqueza, una mayor justicia social, lo que queda resumido en la llamada fórmula keynesiana: Desarrollo económico más bienestar social. Aquí el Estado aparece no sólo como garante del orden público, de la defensa exterior y del imperio de la ley, sino como distribuidor más justo de la riqueza, como protector de los sectores más débiles y, sobre todo, como previsor de futuro para los más pobres; gracias al Estado, el individuo se encuentra amparado literalmente desde la cuna a la tumba, porque el Estado está presente de modo eficaz en todos los momentos de la vida de la persona. El capitalismo, que se había mostrado profundamente celoso de las intromisiones del Estado en la sociedad, utiliza ahora a aquél para irrumpir en ésta. El llamado compromiso socialdemócrata expresa muy bien la gran operación del Estado de bienestar keynesiano. Aquí el movimiento obrero renuncia a poner en cuestión las relaciones de producción –a poner en cuestión la propiedad privada–, a cambio de la garantía de la intervención estatal en el proceso de redistribución a fin de asegurar condiciones de vida más igualitarias, seguridad y bienestar a través de los servicios, asistencia y defensa del empleo. Existe un compromiso o acuerdo entre clases instituido políticamente, mediante el cual los trabajadores aceptan prácticamente todo, a cambio de la seguridad de un nivel mínimo de vida y de los derechos liberal-democráticos. Como consecuencia, las organizaciones de la clase obrera (sindicatos y partidos políticos) reducen sus reivindicaciones. Crecimiento económico y seguridad social son indispensables, pues cada clase debe prestar atención a los intereses de la otra clase. Las clases poseedoras aceptan las políticas de redistribución de las rentas, a cargo del Estado, pero exigen la intangibilidad de los fundamentos de la producción capitalista: la propiedad privada de los medios de producción, sin limitación. Las clases subalternas aceptan esa intangibilidad de los fundamentos de la producción a cambio de la política de rentas y del reconocimiento, por las clases propietarias, de sus propias instituciones (partidos y sindicatos). Es lo que se denomina la “reconciliación de capitalismo y democracia”. El fundamento ideológico del Estado de bienestar se encuentra en la tesis keynesiana de que la economía no es capaz por sus propios resortes de lograr el equilibrio con pleno empleo de los recursos. Al contrario, Keynes llegó a demostrar que se puede alcanzar la situación de equilibrio (una situación de la que la economía no esta en condiciones de salir de sí misma), pero manteniendo un alto grado de desempleo. Tal situación no era, por supuesto, deseable. Y, sin embargo, ante ella no cabía más alternativa que forzar las cosas desde fuera para reactivar la economía y salir del desempleo. Esta tarea era responsabilidad del Estado. Ahora bien, puesto que para Keynes la causa primera de este estancamiento era la resistencia a invertir (él estaba convencido –en contra de sus predecesores– de que el ahorro no se transformaba automáticamente en inversión), dos posibles caminos se ofrecían al Estado para contrarrestar esta tendencia: • gastar él más de lo que podía, endeudándose a través del déficit público (política fiscal), o • abaratar el dinero mediante tipos de interés bajo que animaran a la inversión retraída (política monetaria). La solución fue un Estado intervencionista cuya política estaba a mitad de camino entre la política fiscal y la política monetaria. 1.2 Tipos de estado del bienestar Cabe delimitar dos formas, situadas en los dos extremos de una gradación ideal, del concepto de Estado de bienestar según la clasificación de Lebeaux y Wilensky. Estos distinguen bienestar social de carácter: 1. Residual. La concepción residual considera que las instancias proveedoras de bienestar deben actuar tan sólo en el caso de insuficiencia de las “estructuras normales” con ese fin. Reclama del Estado una mínima intromisión en los asuntos del bienestar social, sosteniendo que son la familia y el mercado las “estructuras normales” referidas. Sólo en el caso de insuficiencia de estos mecanismos debe el Estado erigirse en garante del cumplimiento mínimo de estas asistencias. Los méritos del ciudadano resultan el principal criterio de conformación de su bienestar y no la necesidad. 2. Institucional. Observa los servicios como constituyentes básicos y constantes de las sociedades desde el Estado. Alienta una mayor cobertura de los servicios por parte del Estado. Titmuss,R distingue tres formas de Estado de bienestar: a) residual; b) logro personal-cumplimiento laborar y

c) institucional redistributivo. 

La segunda forma, novedosa respecto a la anterior clasificación, se perfila como la atención a las necesidades sociales desde el punto de vista de la productividad y del rendimiento. Titmuss añade que es necesario apreciar, adecuadamente, tres categorías de bienestar de cuya distinción cabría reconocer las variedades y matices que, en sus políticas, abordarían los diversos Estados. Así señala: a) bienestar social: servicios sociales b) fiscal: desgravaciones c) ocupacional: retribuciones y derechos derivados de la actividad laboral. La primera de estas categorías de bienestar atañe a los servicios sociales, la segunda a los subsidios y desgravaciones y la tercera, por último, a las retribuciones y derechos derivados de la actividad laboral. Cabe deducir, pues, que Titmus incorpora un nuevo criterio en su segunda clasificación. Si en la primera que hemos revisado, era el del papel del Estado en la provisión del bienestar ahora es el aspecto particular de bienestar que debe garantizarse. 1.3 Avatar histórico del Estado de bienestar La expresión “Estado de bienestar” se acuña por vez primera en el Reino Unido durante los años de la Segunda Guerra Mundial como manera de aludir a las transformaciones en política social que acontecían en esta sociedad por aquel tiempo. Norman Johnson resume en tres grupos estos cambios: 1. La introducción y ampliación de una serie de servicios sociales en los que se incluía la seguridad social, el Servicio Nacional de Salud, los servicios de educación, vivienda y empleo, y los de asistencia a los ancianos y minusválidos así como a los más necesitados. 2. El mantenimiento del pleno empleo como el objetivo político primordial. 3. Un programa de nacionalización. Decisivos en esta concepción resultaron tanto el pensamiento de Keynes como algunos aspectos del socialismo fabiano. Pareciera ser que estas transformaciones se produjesen como un logro exclusivo y propio de la sociedad británica. Sólo hoy se admite la procedencia del Estado de bienestar desde el ámbito de todas las sociedades de economía capitalista. Esta procedencia, además, conoce una evolución que culmina en el llamado Estado de bienestar. Los recientes estudios históricos que analizan el fenómeno advierten sus signos ya en la política sueca social de fines del XIX, en los proyectos de garantías sociales de Bismarck del mismo período. Así pues, la gran parte de los países adscritos a la forma de economía capitalista se encaminan en el mismo proceso de constitución del bienestar social aunque a distintas velocidades y como respuesta a dos desarrollos fundamentales: 1. la formación de Estados nacionales, su transformación en democracias de masas después de la Revolución Francesa, y 2. el desarrollo del capitalismo, que se convierte en el modo de producción dominante después de la Revolución Industrial. Ciertamente, el requerimiento de la sociedad democrática insiste en la necesidad de mayor igualdad y en la de garantizar la seguridad económica y de servicios. Del mismo modo la economía capitalista emergente y asentada procura, en la concesión del bienestar, una suerte de salvación de sus propias contradicciones. La constatación de la existencia de las diferentes vías de formación del Estado de bienestar de los distintos países capitalistas ha supuesto la apertura de una discusión teórica que se establece entre quienes pretenden atribuir tales diferencias desde, fundamentalmente, factores socioeconómicos y quienes lo hacen desde otros de tipo político. Los primeros sostienen la existencia de un vínculo causal inmediato entre el desarrollo económico y las garantías de bienestar. Aún así tal consecuencia no resulta tan evidente. Estos analistas insisten, además, en que el desarrollo económico debilita el papel de la familia y transfiere al Estado la cobertura de las necesidades y apoyos tradicionalmente gestionados por aquella. Por otra parte la nueva constitución social que proviene de este desarrollo requiere mayor especialización profesional, someterse a los avatares de los mecanismos de una economía que entraña mayores riesgos en la seguridad de la propia solvencia que deben ser previstos. En el otro caso, el de la explicación de índole política, se atiende a factores tales como el papel de los partidos políticos y del aparato burocrático. La importancia de los primeros en la consecución del bienestar se nutre de la competencia entre estos grupos en la búsqueda del voto, por un lado, y del mayor peso de las exigencias de los partidos situados a la izquierda. En lo que atañe a la participación del corpus burocrático, ésta resultaría fundamental en el logro de la provisión del bienestar en tanto que resultaría imposible realizar semejante tarea sin una administración eficaz. Mas no solamente por esto. A la postre el sistema racional burocrático refina el propio método de gestión ajustándose al ámbito de posibilidades que puede ofrecer el proyecto político. Si bien esta disputa entre los partidarios de una explicación predominantemente política o económica ha alimentado buena parte de la literatura en torno a la sociedad del bienestar, en la actualidad se ha llegado a una complementariedad de ambos esquemas como lo demuestran los trabajos recientes de Heidenheimer, Castles y Heclo. Hechas estas consideraciones, proseguimos con la descripción del desarrollo histórico del estado de bienestar. Nos encontramos, así, en la declaración universal de los derechos humanos de las naciones unidas, de 1948, al fin de la Segunda Guerra Mundial, con la homologación del conjunto de los derechos sociales y económicos con aquellos otros políticos y civiles en un afán de universalidad. En el documento se lleva a tal proclamación: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y bienestar propios y de su familia, incluyendo alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia técnica y los servicios sociales necesarios, y derecho a la seguridad en el caso de desempleo, enfermedad, incapacidad, viudedad, vejez o en otros casos de falta de sustento en circunstancias que escapan a su control”. La adhesión a este principio entre los países capitalistas fue general en mayor o menor medida. Desde ahí se aprecia con mas nitidez La tendencia global en Europa y en Estados Unidos hacia la absorción de un alto porcentaje de los recursos económicos a través de la presión fiscal con miras al gasto público. Este planteamiento actual ha nacido desde tres etapas de bienestarismo, según el estudio de Heclo. • La primera de estas etapas, desde los años 1870 hasta el segundo decenio del siglo XX, es llamada “periodo de experimentación”.

• Tras este primer estadio se define un segundo, entre los años treinta y cuarenta, de mayor planificación y de asentamiento de la política social creciente, sobre todo en Europa, la convicción de que la actuación del Estado, a través del gobierno, puede ser determinante en la moderación de la desigualdad y en el aumento de las seguridades sociales

• Por último se asistiría a un tercer estadio, previo inmediatamente al actual, en el curso de los años cincuenta y sesenta, de máxima asistencia social desde el esplendoroso desarrollo de la economía. De este modo, desde el final de la gran guerra, vemos cuatro factores clave para comprender el talante de este tercer estadio:

a) el impacto de la guerra y el consecuente deseo de estabilidad en Europa occidental como defensa tanto contra el comunismo como contra el fascismo;

b) el recuerdo del desempleo de entreguerras y el deseo de los electorados, al menos en Europa occidental, de no volver a tener gobiernos que no estuvieran comprometidos en políticas de pleno empleo y reforma social;

c) crecimiento económico sostenido;

d) aceptación de las teorías económicas keynesianas. Es en este estadio donde hallamos el apogeo del Estado de bienestar. En la actualidad, sin embargo, las opiniones de los analistas se ciernen sobre la crisis profunda, a diferencia de hace unos años, que atenaza al Estado de bienestar de nuestros días. 1.4 Caracteres básicos del Estado de bienestar El Estado de bienestar se caracteriza por: 1. Intervensionismo en la política económica. En el Estado de bienestar, y bajo la inspiración keynesiana, se han abandonado en la práctica algunos de los elementos de la teoría liberal del Estado, y así ha dejado de ser no intervencionista, estimándose que llega a controlar entre el 40-50% del PIB. 2. Intervención en el mercado de trabajo en orden a la promoción del pleno empleo. Para ello el Estado de bienestar hubo de regular un tanto paternalista y coactivamente las condiciones de seguridad y de higiene en el trabajo, así como el salario mínimo interprofesional, que es progresiva y frecuentemente actualizado. 3. Presidir las “negociaciones colectivas”. El Estado de bienestar actúa de árbitro en negociaciones a tres bandas, con la presencia de los sindicatos y la patronal 4. Procurar la seguridad social para toda la población. 5. Generalizar un alto nivel de consumo. Tal pretensión estaba fundada en la idea de que el consumo estimula la creación de puestos de trabajo y, por ende, la promoción del empleo, de suerte que la mejor inversión estaría en la obtención de un universo de consumidores; por otro lado, los consumidores se convierten, por serlo, en elementos integrados en el sistema. 6. Garantizar un nivel de vida mínimo incluso para los marginados. En el Estado de bienestar se da una explosión del “gasto social” que tiene como contrapartida la obtención de un “voto cautivo”, un voto fiel de aquellos ancianos, parados, etc., cuya supervivencia depende de la citada subvención estatal. 7. Subsidiar políticas educativas y culturales. De este modo se obtiene el control de las ideologías y de los intelectuales, gracias al sistema de subvenciones y asignaciones controladas, favorables a los fieles y sumisos al sistema, y contrarias a sus críticos. 8. Intervenir con políticas monetarias y presupuestarias. Con ello se trata de evitar la caída de la economía así como aquellos procesos sociales que puedan terminar en revoluciones o revueltas. En definitiva, los criterios más importantes del estado de bienestar son: 1. Globalización: el Estado de bienestar se dirige a toda la población, tanto activa como pasiva, y se extiende a todas las necesidades básicas sociales de la persona. 2. Política activa contra la marginación: las personas y los grupos marginados o marginales podrán encontrar las condiciones que les posibiliten ejercer sus derechos reconocidos legalmente para todos los ciudadanos. 3. Prevención: esta actuación intenta conocer los problemas, dándoles una solución previa. 4. Generalización: sin tener en cuenta las diferencias basadas en el estatus social, en sus recursos culturales, económicos, sanitarios, etc., deben reconocerse los derechos del hombre fundamentales: vivienda, trabajo, alimentación, etc. 5. Autonomía: los entes autonómicos o los Estados federales disfrutan de su propia capacidad de planificación en sus territorios. 6. Participación: el usuario de los servicios también debe participar en la resolución de sus propios problemas. 7. Coordinación: las políticas de solidaridad deben actuar coordinadamente, sin que los diferentes ámbitos políticos se interfieran negativamente en su repercusión en la donación de servicios. 2. Fundamentos filosóficos del Estado de bienestar El Estado de bienestar ha tenido sus fundamentos ideológicos en una teoría económica (el capitalismo) y en una doctrina filosófica (el utilitarismo) y, en función de los cambios en estas doctrinas, podemos distinguir dos grandes etapas en el Estado de bienestar; la primera de ellas, que abarcaría hasta los años treinta tiene su fundamento en la primera economía del bienestar y en el utilitarismo cardinalista clásico; la segunda de ellas, desde los años treinta hasta hoy, tiene su fundamento en la nueva economía del bienestar y en el utilitarismo ordinalista. En este apartado nos centraremos básicamente en el estudio de los aspectos filosóficos del estado de bienestar, estudiando por ello principalmente las doctrinas utilitaristas. Las teorías de la justicia pueden ser de dos tipos : 1) teorías que se limitan a establecer un conjunto de procedimientos, la estricta observancia de los cuales haría a una sociedad justa independientemente del resultado. A esas teorías se las llama deontológicas, y su esquema general es el siguiente: definen un conjunto de derechos y llaman justa a cualquier sociedad que respete esos derechos, sean cuales fueren las consecuencias que el respeto de los mismos traiga consigo. Y 2) teorías que, en cambio, determinan sustantivamente un resultado al que debe llegar cualquier sociedad que quiera merecer la calificación de justa. A esas teorías se las llama consecuencialistas, y su esquema general es el siguiente: primero definen el distribuendum, aquello que hay que distribuir, y luego determinan el criterio, o el conjunto de criterios, con que hay que proceder a la distribución. Justa es, según una teoría consecuencialista, toda sociedad que llegue al resultado de un reparto del distribuendum por ella definido acorde con los criterios por ella determinados. 2.1 El utilitarismo cardinalista clásico y la primera economía de bienestar Las teorías consecuencialistas pueden clasificarse según el modo en que definen lo que hay que distribuir y según los criterios que proponen para distribuirlo. La primera economía de bienestar –hasta los años 30 del presente siglo– puede entenderse como una versión precisa y formalizada de la ética social utilitarista decimonónica clásica. En el utilitarismo clásico, el distribuendum, aquello que hay que distribuir entre los componentes de la sociedad, es la utilidad cardinal. Por utilidad pueden entenderse dos cosas distintas: a) el grado de satisfacción de los deseos o preferencias de los individuos; o b) la cantidad de placer de los individuos. En la economía normativa se impuso la primera interpretación; es decir, el grado de utilidad se interpretó como que el grado de satisfacción de los deseos de los individuos es equivalente a afirmar que el bienestar, la felicidad de los individuos, se reduce a colmar preferencias, de modo que lo que hay que distribuir entre los individuos de la sociedad es el bienestar o la felicidad así entendidos. Para el utilitarismo clásico la utilidad tiene dos propiedades métricas definidas por la economía de bienestar. En primer lugar, la utilidad es cardinalmente medible, es decir, podemos asignar un número –no meramente ordinal– a los deseos de los individuos. (Eso implica que podemos hacer operaciones aritméticas tales como sumar, restar, multiplicar y dividir las diversas utilidades que diversos objetos o actividades pueden generar en un individuo). En segundo lugar, la utilidad es una medida interpersonalmente conmensurable, lo que implica que también podemos operar aritméticamente con las diversas utilidades de los diversos individuos). Además de esas dos propiedades métricas, se supone que la utilidad tiene un conjunto de propiedades topolóticas (convexidad, conectividad, continuidad, etc.) que hacen que una función matemática de utilidad caiga bajo el teorema de Weierstrass y se pueda afirmar la existencia en ella de un único máximo. Como criterio de distribución, el utilitarismo clásico decimonónico había propuesto la fórmula de “la mayor utilidad para el mayor número posible de individuos” de Bentham. El utilitarismo de la primera economía de bienestar sustituye esa fórmula por el siguiente criterio: es justa la sociedad que consigue maximizar la suma de las utilidades de todos los individuos, es decir, maximizar la felicidad del conjunto de la sociedad. La viabilidad técnica de ese criterio depende crucialmente de que se cumplan las propiedades métricas y topológicas atribuidas a la utilidad. Pues si la utilidad no fuera cardinalizable, no podría sumarse las diversas utilidades y desutilidades de un mismo individuo; si no fuera interpersonalmente comparable, no podrían sumarse utilidades de individuos diversos; y si la función de utilidad no cayera bajo el teorema de Weierstrass, no podría maximizarse. Ahora bien, aunque el distribuendum sea la utilidad, no se puede ir distribuyendo y redistribuyendo directamente utilidades; hay que hacerlo indirectamente mediante recursos generadores de utilidad. Por eso es inevitable referirse a la relación utilidad-recursos. Si el bienestar subjetivo o la utilidad tuvieran una relación lineal con los bienes económicos, el problema sería muy sencillo: la distribución de bienes objetivos equivaldría exactamente a la distribución de bienestar subjetivo. El supuesto más importante del utilitarismo cardinalista en su concepción de la relación utilidad subjetiva-recursos objetivos es la ley psicológica de Fechner-Weber, que describe a esa relación como logarítmica. En general, cuantos más recursos se tengan, menos utilidad generará una unidad adicional de ellos, y cuantos menos recursos haya, mayor utilidad se obtendrá de una unidad adicional. Un gobierno utilitarista convencido de todo lo que se acaba de decir no tendría, en principio, más que una política económica justa a su disposición, a saber: empezar una redistribución a gran escala de recursos, expropiando a los ricos a favor de los pobres, un proceso que sólo habría de detenerse en el momento en que el último céntimo arrebatado a un rico generara en éste una desutilidad igual a la utilidad que el destinatario pobre del mismo fuera capaz de conseguir. Porque ese momento coincidiría exactamente con el máximo de la función de utilidad social agregada, es decir, en ese momento se conseguiría maximizar el monto total de la felicidad (entendida utilitaristamente) de la sociedad. Esta teoría afronta, sin embargo, dos grandes tipos de problemas: 2.1.1 Problemas el consecuencialismo Los principales problemas que un formato consecuencialista acarrea a una teoría normativa tienen que ver con las dificultades de esta teoría para respetar los derechos incondicionales de los individuos (en el plano de la ética social) y para acomodar los compromisos (en el plano de la ética individual). Supongamos que, dado el perfil de las utilidades individuales en una sociedad, lo que maximizara la función agregada de utilidad social fuera la esclavización del 2% de sus miembros menos capaces de generar utilidad. El utilitarismo cardinalista estaría obligado entonces a considerar como justo ese cupo de esclavitud. Para ser antiesclavista, el utilitarismo necesitaría demostrar antes que, por alta que sea la utilidad social global de mantener un cupo de esclavos, siempre hay una institucionalización alternativa, no esclavista, de la vida económica que arroja una utilidad social agregada superior –algo que depende de las circunstancias históricas y de los hechos, no de la perspectiva normativa adecuada–. Con lo que nos encontramos con que esta teoría parece violar intuiciones ético-personales y ético-sociales que parecen básicas. La respuesta a esta dificultad fue la reformulación del utilitarismo como utilitarismo de las reglas, en la esperanza de sacar a la teoría del atolladero en el que la había sumido su interpretación tradicional como utilitarismo de los actos. Según esa reinterpretación, habría que admitir que la promoción de la máxima utilidad social puede venir más de la observancia de determinadas reglas (como las que recomiendan respetar derechos), que de la realización de determinados actos. Así, por ejemplo, un utilitarista reformado en esa dirección no tendría dificultad en recomendar el respeto incondicional de la norma que obliga a respetar la libertad de las personas o, al menos, que prohibe esclavizarlas si un cálculo de utilidad demostrara que obedecer esa norma lleva –al menos a la larga– a cotas de utilidad social superiores. 2.1.2 Problemas de la utilidad cardinal La pretensión de que la única información relevante a la hora de hacer juicios normativos es la información procedente de la cardinalización de la utilidad conlleva tres problemas éticos: 1) El problema de que la información sobre el origen de las funciones de utilidad de los individuos (es decir, sobre la formación de sus deseos y preferencias) queda fuera del alcance valorativo de la teoría. Supongamos que llevaran razón los cronistas patriarcalistas del esclavismo y que, efectivamente, muchos esclavos estuvieran satisfechos con su condición de tales. Hay un montón de mecanismos psicológicos adaptativos que pueden explicar eso: reducción de disonancias cognitivas, pensamiento desiderativo, etc. Parecería natural que una teoría normativa se interesara por esos mecanismos y los cribara: llegar a desear algo simplemente para reducir la disonancia cognitiva que genera una realidad muy amarga, por ejemplo, no puede ser tan “legítimo” como llegarlo a desear en un contexto relativamente libre de coerciones. Pues bien: excluir la información sobre el origen de las preferencias implica la imposibilidad conceptual de distinguir entre mecanismos “legítimos” e “ilegítimos” de adquirir deseos. 2) En segundo lugar está el problema de la responsabilidad de los individuos respecto de sus propias preferencias. Si se toma como distribuendum la utilidad cardinal, la utilidad que le genera a Pedro el consumo compulsivo de caviar iraní contará tanto, a la hora de distribuir recursos, como la utilidad que le genera al paralítico Juan una silla de ruedas. Sin embargo, parece que hay un sentido en el cual puede decirse que Pedro es éticamente responsable de tener gustos caros, mientras que no puede responsabilizarse a Juan de su parálisis: quizá la sociedad debe contribuir a financiar la necesidad de Juan, pero no se ve por qué habría de subvencionar los caprichos de Pedro. Es mas: si resultara que Pedro fuera persona de buen temperamento y un excelente generador de bienestar subjetivo (de utilidad), mientras que Juan fuera un ser permanentemente amargado, mal generador de utilidad por muchos recursos que se le transfirieran, el utilitarista cardinalista podría incluso llegar a recomendar que no se financiara la silla de ruedas de Juan y se invirtieran todos los recursos disponibles en la subvención del caviar de Pedro. Pues, al excluir la información que permite hacerlas, la métrica de la utilidad cardinal es ciega ante esas distinciones cotidianas sutiles, y así, embota la sensibilidad ética de ellas dimanante. Aunque frecuentemente se presenta al utilitarismo como el producto de una civilización individualista, lo cierto es que en la cultura pública de una sociedad utilitarista los individuos nunca se harían responsables de sus preferencias y de sus gustos. 3) Problema de las “preferencias inmorales”. Las funciones de utilidad se consideran dadas en la sociedad, y no se califican moralmente. La tarea ético-social de las autoridades públicas es agregar de algún modo esas utilidades y procurar que satisfagan el o los criterios de justicia distributiva considerados correctos. Eso quiere decir que, a la hora de distribuir los recursos públicos para satisfacer de un modo justo los deseos de los miembros de la sociedad, los deseos altruistas, generosos, solidarios, tolerantes y modestos cuentan, en principio, lo mismo que los deseos egoístas, envidiosos, sádicos, intolerantes y onerosos. Es más: si los individuos depositarios de “preferencias inmorales” sienten esas preferencias con más intensidad y fanatismo que los depositarios de “preferencias morales” (y son, por lo tanto, mayores generadores de utilidad subjetiva), serán acreedores a transferencias de recursos mucho mayores, lo que, una vez más, va contra la intuición. 2.2 El utilitarismo ordinalista de la “nueva economía de bienestar” Las dificultades del utilitarismo cardinalista llevaron a sustituirlo por una versión ordinal del mismo. Medir ordinalmente la utilidad significa conformarse con la información acerca del orden de preferencias de los individuos, renunciando a la información sobre la intensidad de esas preferencias. La primera implicación de ese cambio de métrica es que con números ordinales no se pueden realizar operaciones aritméticas, razón por la cual no puede ya hablarse de funciones de utilidad social agregadas mediante la suma (o la multiplicación) de las funciones de utilidad individuales. De aquí se sigue que cualquier criterio de justicia que presuponga ese modo de agregar las utilidades individuales (maximización de la suma, maximización del producto, etc.) es inviable partiendo de una métrica ordinal de la utilidad. El cambio de métrica dejaba al nuevo utilitarismo huérfano de criterios de justicia redistributiva más o menos remotamente emparentados con el utilitarismo filosófico decimonónico. La nueva economía de bienestar recurrió inmediatamente al criterio de eficiencia económica usado por la teoría económica y lo hizo suyo como criterio normativo de justicia. Este criterio es el criterio de optimalidad de Pareto: una situación es un óptimo de Pareto si y sólo si nadie puede mejorar su utilidad sin empeorar la de otro. El criterio puede entenderse también como una condición de unanimidad: no estamos en un óptimo de Pareto si nadie veta un posible cambio, o, lo que viene a ser lo mismo, si nadie sale perjudicado con el cambio y al menos uno sale ganando; al revés, estamos en un óptimo de Pareto si al menos uno veta el cambio. Que una sociedad justa satisfaga la optimalidad paretiana parece una condición necesaria indiscutible (sobre un marco utilitarista), pues equivale a decir que, siempre que sea posible mejorar el bienestar de alguien sin perjudicar al de otros, hay que hacerlo. Mas pretender que ese criterio sea también suficiente como criterio de justicia distributiva plantea dos problemas, uno metodológico, y otro ético-social. El problema metodológico es que una teoría normativa que se conformara con la optimalidad paretiana como criterio de justicia sería una teoría muy poco informativa. Pues el óptimo de Pareto es compatible con las estructuras socio-económicas más dispares desde el punto de vista redistributivo. Una teoría normativa que se limitara a afirmar que una sociedad justa debe ser una sociedad económicamente eficiente, Pareto-óptima, sería una teoría evaluativamente impotente ante la muchedumbre de situaciones sociales que pueden llegar a satisfacer esa condición. El problema ético consiste en que la optimalidad paretiana es compatible con situaciones de extrema desigualdad. Supongamos una sociedad de libre mercado en la que, debido a unas dotaciones iniciales extremadamente desiguales, se llegara a un óptimo de Pareto en el que el 1% de la población recibiera el 99% de los recursos. Cualquier intento de cambiar esto, procediendo a grandes redistribuciones de recursos de los ricos hacia los pobres, en busca de otro óptimo de Pareto más equitativo, quedaría fuera del alcance de la teoría, y tendría que ir, por así decirlo, normativamente a tientas. Para solucionar el problema de elegir entre óptimos de Pareto distintos se pensó lo siguiente: dada la frontera de óptimos paretianos accesibles a una sociedad, encarguemos a la sociedad misma que elija el que ella quiera mediante algún mecanismo de elección social. Por mayoría simple, democráticamente, la democracia sería un mecanismo de elección que se compadecería bien con el utilitarismo ordinalista, pues ella misma se limita a proporcionar información ordinal sobre las preferencias de los electores. Optimalidad paretiana más elección democrática podría resultar un buen candidato para un criterio de justicia destinado a devolver al utilitarismo la capacidad selectiva e informativa perdida en la metamorfosis ordinalista. Sin embargo, estas esperanzas se vieron frustradas en 1951, cuando John Kenneth Arrow demostró que la combinación de optimalidad paretiana y democracia no es viable. El teorema de Arrow demuestra que ningún mecanismo de elección social (incluida la democracia) puede respetar simultáneamente un conjunto de condiciones todas ellas aparentemente muy razonables. Esas condiciones son básicamente seis: COa. Dominio no restringido de la función de elección social (que garantiza que todas las ordenaciones individuales de preferencias serán tenidas en cuenta por la función de elección social). COb. Exogeneidad y estabilidad de las preferencias (las preferencias son exógenas al proceso de elección social, y no varían a lo largo de ese proceso). C1. Racionalidad colectiva (que garantiza fundamentalmente que la función de elección social respetará alguna condición débil de transitividad). C2. Independencia de alternativas irrelevantes 8que asegura que si, por ejemplo, en el menú de un restaurante se puede optar entre cocido y gazpacho, y Pedro elige cocido, luego, por el simple hecho de que se le ofrezca una tercera posibilidad, arroz, Pedro no nos avergonzará diciendo: “Estupendo, ¿así que también hay arroz? Pues ... en tal caso, en vez de cocido, comeré gazpacho”. C3. Optimalidad paretiana C4.No Dictadura (que excluye la dictadura de uno de los miembros como mecanismo de elección social. Arrow demostró que, dadas COa y COb, {C1, C2, C3, C4}. Los resultados de Arrow han sido fuertemente criticados. Entre todas las críticas, las más interesante parece ser aquella según la cual la condición C2 no es razonable. La condición C2 puede parecer muy razonable en el ejemplo puesto anteriormente. Pero no lo es en el siguiente: entre votar a la izquierda o al centro, Pedro prefiere la izquierda; sin embargo, al observársele que en las próximas elecciones podría ganar una tercera opción, la derecha, Pedro decide cambiar de voto, votar “útil”, y dar su papeleta al centro.

Antecedentes

Las Leyes de Pobres inglesas

En Inglaterra durante la época de los Tudor se implementaron una serie de legislaciones, las llamadas "leyes de los pobres", debido a los problemas creados por las guerras de la dinastía y posterior "disolución de los monasterios" y otras instituciones católicas -durante el reinado de Enrique VIII-, organismos que durante la Edad Media estaban tradicionalmente a cargo de las obras de caridad tales como ayuda a los destituidos.

Si bien esta legislación era de tipo punitivo (imponiendo penas por mendigar, vagar, etc) durante el reinado de Isabel I con la "Ley de Pobres" de 1601, la legislación empieza a cambiar. Se introducen distinciones entre los "pobres discapacitados" (enfermos, ancianos, etc), los "pobres capaces" pero que carecen de trabajo y los "pobres recalcitrantes". En general, se busca corregir en lugar de castigar. Se establecen Casas de Caridad, en las cuales los pobres incapaces recibían atención, y Casas de Industria, en las cuales los pobres capaces podrían trabajar, y, finalmente, se establece que los "recalcitrantes" serán enviados a prisión. La responsabilidad administrativa del sistema depende de las Parroquias, unidad administrativa local en el Reino Unido hasta el presente, a las cuales se les da la obligación de cuidar a sus pobres.

La importancia de esta legislación es que introduce el concepto de la responsabilidad social (nótese, no del estado o del gobierno, si de la sociedad) por sus miembros, no sobre una base religiosa, como anteriormente o en otros países.

Esta legislación, con muchas modificaciones posteriores, regirá en Inglaterra hasta la introducción del Estado de Bienestar, cuando el Estado asume esa responsabilidad social.

La tradición comunitaria de los países escandinavos

La otra fuente del concepto es la tradición de los países escandinavos, de sistemas comunitarios y mutualistas de protección social. Estos sistemas se basan en costumbres que se remontan a la época romana. (ver Lagom y Estado de Bienestar Sueco)

El sistema chino

Otra contribución al desarrollo del concepto, a pesar de ser menos conocida, fueron los desarrollos en el siglo XI en China bajo la dinastía Song. El Primer Ministro de la época en ese país, Wang Anshi, creía que es responsabilidad del Estado proveer a los ciudadanos de los servicios esenciales para un nivel de vida decente. Bajo su dirección el Estado inició una serie de prestamos agrícolas y nombró comisiones a fin de regular salarios y planificar pensiones y jubilaciones para los ancianos y enfermos. Esas reformas fueron conocidas como Xin Fa o "Leyes Nuevas".

El intervencionismo social del Estado a finales del siglo XIX

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX en la mayor parte de los países occidentales, la presión política de los movimientos obreros impulsó a los gobiernos a adaptar la legislación sobre el trabajo y el trabajo infantil, que fue progresivamente modificada. A finales de siglo apareció en Francia la educación nacional. Se crean las primeras viviendas baratas (1887), un sistema de seguros obligatorio (1910) y subsidios para las familias numerosas (1913). En Gran Bretaña se creó un sistema de pensiones para los indigentes ancianos (1908) y una garantía de empleo para los más pobres del campesinado (1911).

La mayor parte de estas medidas son, por lo general, puntuales y de alcance mínimo. Sin embargo, es en Alemania donde se desarrolla el primer sistema generalizado de protección social.

Desde su llegada al poder, Bismarck combatirá el ascenso del Partido Socialdemócrata Alemán. Después de haberlo prohibido, tomó varias ideas suyas con el fin de satisfacer a la clase obrera y de prevenir el retorno de sus adversarios en la escena política. Va así, desde finales del siglo XIX, a dotar a Alemania de un moderno sistema de protección social.

Bismarck crea en 1883, la primera garantía médica obligatoria para los obreros de la industria cuyos ingresos superasen los 2000 marcos. La gestión de los fondos fue confiada a instituciones autónomas, la mayoría controladas por los representantes obreros, que debían, por primera vez, gestionar un patrimonio colectivo importante.

En 1884 fue votada una ley sobre los accidentes en el trabajo que obligaban a los industriales alemanes a cotizar a las cajas cooperativas, destinadas a indemnizar a las víctimas. Así, el obrero totalmente inválido continuaría recibiendo el 66% del salario, y en caso de fallecimiento, la viuda continuaría recibiendo una parte.

Finalmente, un sistema de jubilación obligatoria fue impuesto en 1889 por la ley de garantía de la vejez e invalidez.

Orígenes y Evolución

Las Guerras Mundiales y la Crisis de 1929

Aunque durante la Primera Guerra Mundial el Estado juega un papel mayor creando un precedente con la intervención masiva del Estado en la economía, en general, la fe en los mecanismos de los mercados libres para resolver los problemas permanecía intacta. Así, y a pesar que se había demostrado una gran capacidad ad hoc para dirigir la economía, los gobiernos de Europa Occidental y EE. UU. volvieron a implementar políticas liberales después del armisticio. Cabe anotar que, a pesar de eso, la intervención estatal en la economía de postguerra no pudo ser evitada del todo, en la medida que numerosos gastos de la postguerra tales como el mantenimiento de orfelinatos y los mutilados de guerra o la reconstrucción de las ciudades y regiones devastadas por el conflicto, por lo que se impusieron demandas sobre las sociedades. Esas intervenciones se dieron en el marco minimalista delineado anteriormente.

Sin embargo, la continuación de las políticas del liberalismo clásico significó la continuación de las Crisis cíclicas económicas que culminaron en la Gran Depresión de los años 30, lo que empezó a tener repercusiones políticas, comenzando por mermar esa fe en el poder omnipotente de los mercados. Esta situación tuvo dos fuentes. Una fue la incapacidad del análisis liberal clásico para explicar y resolver esas crisis, debido a la creencia de que esas se debían a una serie prácticamente infinita de elementos tales que no se podía generalizar. En las palabras de Joseph Alois Schumpeter, "cada fluctuación económica constituye una unidad histórica que no puede explicarse sino mediante un análisis detallado de los numerosos factores que concurren en cada caso".

La otra fuente fueron los acuerdos (o mejor dicho, falta de tales) del Tratado de Versalles. Un joven economista inglés, John Maynard Keynes, que formaba parte de la delegación británica, renunció en protesta, denunciando que "el Tratado no incluye ninguna provisión para la rehabilitación económica de Europa -nada para hacer un buen vecino de los derrotados Imperios Centrales, nada para estabilizar los nuevos Estados de Europa(...)-; tampoco promueve de alguna manera un pacto de solidaridad entre los Aliados mismos; ningún arreglo fue encontrado en París para restaurar el desordenado estado de las finanzas de Francia e Italia o para ajustar los sistemas del Viejo Mundo con el del Nuevo (...). Es un hecho extraordinario que el problema fundamental de una Europa que se muere de hambre y se desintegra frente a sus ojos fue el único asunto en el cual fue imposible despertar el interés de los Cuatro (poderes victoriosos)..."​

La denuncia de Keynes contra la inacción estatal fue recibida fríamente por las autoridades. Después de todo, se alegaba, las leyes económicas del mercado establecen que esos crearán naturalmente un Equilibrio económico que llevará al pleno empleo y beneficiará las mayorías. Sin embargo las criticas de Keynes demostraron ser proféticas. El comportamiento de los mercados de postguerra, lejos de resolver las crisis que la habían ocasionado, las ahondaron y, con ese ahondamiento, se crearon inestabilidades políticas que llevaron a cuestionar la capacidad de la democracia para generar un bienestar general. La respuestas clásicas, medidas monetaristas, fallaron notoriamente: Churchill en Inglaterra revaluó la moneda y Herbert Hoover en EEUU la desvalorizó -ambas medidas ahondaron las crisis en esos países.

Las crisis se agudizaron y empezaron a tener consecuencias políticas profundas: En 1921 estalla una nueva guerra entre Grecia y Turquía (1921-23). En 1922 Mussolini tomo el poder en Italia y en Austria se llega a la bancarrota, lo que fuerza a su administración por parte de la Sociedad de Naciones. En 1923 Turquía se transforma en "república de partido único". En 1924 Grecia establece una república que dura cuatro años antes de que una dictadura la remplace. En 1926 un gobierno militar asume poder en Polonia. En 1927 comienza la Guerra Civil China. En 1931 España se declaró república y Japón invade Manchuria. En 1932 el Primer Ministro de Japón es asesinado y su sucesor implementa políticas pro militaristas. También en 1932 Roosevelt es elegido presidente de los Estados Unidos y se le advierte que, "a menos que haga algo, habra una Revolución en doce meses". El 1933 Hitler asume el poder en Alemania y se declara la guerra civil en Austria. En 1935 la Italia de Mussolini invade Etiopía. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. En 1937 empieza la guerra chino-japonesa (1937-1945)

Sobre todo eso se cierne -parafraseando a Marx- "el fantasma del comunismo", en la forma de la URSS, que, a partir de 1922 (con el fin de la Revolución rusa de 1917), se ofrece como modelo económico y social alternativo, "un paraíso de los trabajadores", libre de crisis y restricciones sociales. Nuevos jefes de Estado empiezan a ser escogidos por sus programas abiertamente intervencionistas: en los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt fue elegido en 1933 con la promesa de su New Deal y el Frente Popular llegó al poder de Francia en 1936.

Las dictaduras que surgieron sí demostraron ser capaces de resolver las crisis. Tanto la URSS con el Plan Quinquenal, como la Alemania Nazi de pre-guerra, la Italia de Mussolini (quien fue elogiado por "hacer que los trenes corrieran a tiempo", es decir, por poner fin a las huelgas y caos económico que había dominado a ese país) y el Japón Imperial, países todos que impusieron fuertes controles estatales a la economía, resolvieron la crisis a mediados de los 30.​ Esto llevó al auge de proyectos políticos totalitarios, lo que a su vez amenaza la estabilidad mundial, culminando en la Segunda Guerra Mundial (1939) Se hace evidente que una vuelta al sistema de preguerra es inaceptable y que se hace necesario uno nuevo basado en la prosperidad general y la realización de que tal prosperidad dependa, en gran medida, de la acción común estatal.

Lo anterior produjo eventualmente el auge de las nuevas ideas de Keynes. No sólo había previsto la crisis del sistema anterior, no sólo cuestiona los dogmas liberales, sino que provee una guía practica de acción (ver keynesianismo). En general, el considera que sólo el Estado "está en condiciones de restablecer los equilibrios fundamentales", sea o no la intervención una medida aceptable en términos clásicos o en el largo plazo.

Se propone entonces la creación de las Naciones Unidas con la intención declarada de, entre otras, "crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el derecho internacional" y "promover el progreso social". Ese organismo, guaido por el espíritu keynesiano y aún en proceso de constitución, realiza en 1945, poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, una Conferencia Financiera en Nueva Hampshire (EE. UU.), que dieron lugar a los Acuerdos de Bretton Woods, donde se decide crear el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Poco después, en 1947, se firma el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), antecesor de la OMC. En lo relacionado a políticas del desarrollo de postguerra, se implementa el Plan Marshall.

Paralelamente, y a nivel de naciones, sus ideas demuestran su poder a partir de la implementación en el New Deal, la conducción a la economía de guerra de los aliados y los arreglos de postguerra en Inglaterra y otros países. Junto a otras -tales como las que dieron lugar a la economía social de mercado- llegan a ser vistas como una "tercera vía" o teoría intermedia entre el comunismo y el capitalismo​

Todo lo anterior legitima, a nivel internacional, los principios de la intervención estatal en la economía con el fin de garantizar el bienestar general de la población y la estabilidad económica tanto de ellas como de los países. Siguiendo esas ideas y en el periodo que siguió la Segunda Guerra Mundial muchos países, especialmente en Europa, abandonan las políticas de bienestar minimalistas anteriores y adoptan programas de provisión comprensivos. Con esas políticas, el Estado de Bienestar hace su "debut" en el mundo moderno.

Reflexión sobre el papel del Estado en este periodo

El problema principal de entreguerras no fue la incapacidad de resolver las crisis, fue la incapacidad de resolverlas en tiempos de paz, a través de las concepciones económicas del liberalismo clásico y dentro del marco de la democracia.

Este es un momento definitorio en la política del siglo XX. Este es el momento que el liberalismo comenzo a adquirir en los paises industrializados una connotación de "izquierdismo" y aquellos que todavía se definían como liberales clásicos se transforman primero en conservadores​ y mas tarde en neoliberales quienes, dejando cuidadosamente de lado los antiguos argumentos contra la intervención estatal y olvidando el corporativismo del fascismo, se concentran, como Friedrich von Hayeck, en demostrar "la imposibilidad del socialismo". Es también el momento que los conservadores cuyos principios van más allá que la defensa del estado nación empiezan a buscar maneras de reformar el liberalismo a fin de justificar intervención estatal en defensa de valores sociales (ver, por ejemplo, Escuela de Friburgo)

Este es también el momento que las clases gobernantes tradicionales llegaron a percibir dictaduras no solo como aceptable sino como la mejor manera de frustrar las esperanzas y demandas populares en ciertas circunstancias. Por ejemplo. el 20 de Enero de 1927, durante una visita a Roma, Churchill declaro que si el hubiera sido italiano se habría unido a Mussolini y continuó " Agregaré una palabra sobre el aspecto internacional del fascismo. Externamente su movimiento ha rendido un servicio al mundo entero .. (..)... Italia ha demostrado que hay maneras de luchar contra las fuerzas subversivas, maneras que pueden llevar las masas populares, propiamente dirigidas, a apreciar y defender el honor y la estabilidad de una sociedad civilizada. Ha previsto el antídoto necesario al veneno ruso. De ahora en adelante, ninguna gran nación estará desprovista de un último medio de protección contra el crecimiento canceroso del bolchevismo".​ Mussolini dijo: "la verdad es que los hombres están cansados de la libertad".​ Aun tan tarde como en 1938, en vísperas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill declaro que si alguna ves Inglaterra llegara a tener los mismos problemas que Alemania de postguerra, el esperaba que llegara a encontrar su "Sr Hitler"​ Adicionalmente, y de acuerdo a Chomsky tanto Henry Stimson, Ministro de Estado bajo Hoover como su jefe encontraban que Mussolini era un líder "bueno y útil". Roosevelt mismo se refirió a el como "ese admirable caballero italiano' y saco al general de la infantería de marina mas decorado en la historia de ese país, Smedley Butler, debido a que este se refirió a Mussolini como un "perro rabioso" y advirtió que las jaurías fascistas "estaban a punto de ser desatadas sobre Europa"​

Así, la cuestión urgente -al menos para los sectores mas progresistas- llego a ser si era posible resolver la crisis dentro de formas y gobiernos democráticos​

Contrario a los proyectos totalitarios se levantaba la experiencia sueca de la época. Dirigidos por los socialdemócratas, quienes a partir de 1917 empiezan a jugar un rol importante en la política de ese país y desde 1932 la dominan, una serie de leyes y otras medidas llevaron a una situación tal que Galbraith dice "En un mundo justo la referencia no sería a Keynes sino a la revolución sueca"​ De inmediata relevancia para la intelectualidad progresiva en los treinta, se demuestra que un estado puede ser democrático, progresivo y estable politica y economicamente, en otras palabras, que los problemas de la crisis puede ser resueltos en las democracias siempre y cuando la democracia se amplíe y considere el bienestar de la población. Se empiezan a proponer proyectos políticos "amplios" en favor de fines sociales comunes, tales como el Frente Popular, proyectos que impulsan políticas que fueron llamadas " desarrollistas", es decir, que buscaban el crecimiento económico a fin de producir bienestar social general. Proyectos que fueron vistos como inaceptablemente utópicos tanto por los liberales clásicos y los conservadores (partidarios de la ley del mercado) como por los partidarios mas duros de la "dictadura del proletariado".

Sin embargo dos problemas fundamentales persistían: primero es la cuestión de cuales son las medidas concretas de esa intervención y como financiarla a largo plazo. El sistema sueco dependía de altas tasas de impuestos, tasas que lo hacían inaceptable en países que carecían de la tradición de responsabilidad social nórdica. Las respuestas a estos problemas fue dada por Keynes en su "Teoría general del empleo, el interés y el dinero" (1936). (ver keynesianismo)

El otro problema era el del apoyo político. El sistema sueco dependía de un consenso político entre los liberales y los socialdemócratas, consenso que se atribuye a la tradición nórdica de responsabilidad social. Ese consenso no existía en otros países industrializados, en los cuales los liberales se inclinaban por su tradicional rechazo a la acción económica del estado. Pero esas políticas de inacción estatal habían sido las que produjeron las crisis que amenazaban la destrucción del estado liberal mismo. Incluso antes del comienzo de la guerra se empezó a hacer común entre los pensadores políticos liberales, especialmente los de las tendencias del liberalismo social, la percepción que un retorno a las políticas del liberalismo económico clásico no era ni posible ni deseable.

Es en ese sentido que Waligorsky dice que se propuso la intervención estatal "como una resguardo contra el poder del mercado para socavar nuestras instituciones políticas y sociales más valuables. ..(..).. un mercado totalmente libre es definitivamente no el mejor mercado para una democracia, un mercado sin regulaciones no garantiza ni justicia ni prosperidad ..."​

Este nuevo consenso político se empieza a concretar mas generalmente aun durante el desarrollo de la guerra, especialmente en Inglaterra, con las propuestas que el laborista Ernest Bevin le solicito elaborara a Beveridge, quien era un independiente muy influido por la Sociedad Fabiana pero con fuertes lazos al liberalismo progresista. Esas propuestas se transforman en las bases del proyecto socialdemócrata del bienestar social.

Despues de la guerra -en Alemania- varios personajes que formaron de alguna u otra manera parte de la oposición y resistencia de base conservadora-religiosa contra Hitler, organizan un nuevo grupo politico de centro derecha, liderados por Konrad Adenauer y basados en las propuestas político-económicas de Alfred Müller-Armack. Esto da origen al proyecto demócrata cristiano que se concreta en el sistema de la Economía social de mercado

En la medida que este proyecto se opone a las políticas socialdemócratas​ se puede percibir como la respuesta conservadora al proyecto socialdemócrata y liberal de izquierda del Estado de Bienestar.​

Sin embargo, con el paso del tiempo se nota que las políticas practicadas tanto en el Reino Unido como en Alemania y otros paises europeos occidentales convergen en relación a dar un rol económico activo al Estado con el fin de obtener ciertos objetivos sociales comunes (tales como el bienestar social y Crecimiento económico) y se hace evidente que el progreso y estabilidad de cada país europeo depende de la de sus vecinos. Así, se crea un consenso que abarca desde los sectores mas izquierdistas de los partidos social demócratas hasta los mas derechistas o conservadores en los demócrata cristianos. Ese consenso es lo que llego a ser conocido como el modelo europeo de gobernanza, basado no solo en la idea que la sociedad -a través del estado- tiene una responsabilidad por sus ciudadanos sino también que el bien estar de cada uno, tanto para individuos como para países, depende del bien estar del vecino y que ese bien común, a pesar de visiones e intereses diferentes, puede lograrse a través de la practica de la política de los consensos (ver Democracia deliberativa) , Se empieza a hablar entonces de "la construcciones de comunidades",​ - ver Tratados de Roma- El resultado de todo lo anterior es lo que se conoce como el modelo del Estado de Bienestar.

Ese consenso empieza a cambiar con la introducción de las políticas neo-liberales a partir del proceso de globalización​ Algunas autoridades van tan lejos como a sostener que en realidad entra en crisis​ sin embargo aún se mantiene como objetivo social común en Europa.​

Elementos teóricos

Una de las fuentes teóricas básica de esta corriente es la aportación de Thomas Hill Green en sus Lecturas sobre los principios de la obligación política, (1879-1880) en la Universidad de Oxford, (Ed. de Rodman 1964); siendo su postura liberal pragmática de gran influencia en su época.

El alejamiento del modelo económico puro del liberalismo (estado mínimo que no interviene en economía), comienza con el llamado capitalismo renano​ y la construcción del estado alemán por Otto von Bismarck a finales del siglo XIX, con la influencia, ya que no participación, del poderoso Partido Socialdemócrata de Alemania. El periodo de entreguerras ve la aparición de la referencia de una revolución proletaria en la Unión Soviética, el corporativismo de los fascismos y un Estado Social en la República de Weimar.

De interés también son los escritos de los economistas de los países escandinavos que implementaron los proyectos que antecedieron a Keynes: Gunnar Myrdal; Bertil G. Ohlin; Erick R. Lindahl; Erik Lundberg y Dag Hammarskjöld, etc.

Posiblemente el modelo más adaptado al liberalismo fue el resultado de la política económica inspirada en John Maynard Keynes y llevada a cabo por Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos de América durante la Gran Depresión de la década de los años 30, que fue conocida cómo New Deal o "Nuevo Reparto" en castellano.

La posguerra de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa Occidental dieron oportunidad de extender y profundizar el modelo keynesiano y el estado de bienestar, siendo buen ejemplo el Reino Unido, donde el Partido Laborista se proponía garantizar el bienestar de la gente de la cuna a la tumba en un famoso eslogan. Los antiguos dominios británicos de Canadá y Australia responden al mismo modelo. Igualmente importante es la contribución alemana, la Economía social de mercado. Mientras tanto, en Francia Jean Monnet abogaba por el acercamiento de las naciones. Todas estas aproximaciones dan origen a lo que se ha llamado el modelo europeo de sociedad, contrapuesto al modelo norteamericano.

John Kenneth Galbraith es uno de los comentaristas mas conocidos sobre todo lo anterior.​ Otros comentadores actuales incluyen teóricos afiliados o simpatizantes de los partidos de la Internacional Socialista (socialdemócrata), la democracia cristiana​y el Partido Demócrata de los Estados Unidos.

A comienzos del siglo XXI, en Chile, el gobierno centro-izquierdista impulsa la llamada "Red de Protección Social", que, aunque lejos de equipararse con un estado de benefactor europeo, tiende a desarrollar medidas que garanticen la prestación de servicios sociales básicos.

Interpretaciones

Existen tres interpretaciones principales sobre la idea de Estado de bienestar:

1. Estado del bienestar hace referencia a la provisión de servicios de bienestar por el Estado.
2. Un Estado del bienestar es un modelo ideal donde el Estado asume la responsabilidad primaria del bienestar de sus ciudadanos. Esta responsabilidad es comprensiva, porque se consideran todos los aspectos del bienestar; un "sistema de seguridad", no es suficiente. Es universal, porque cubre a cada persona, a la que la legislación otorga derechos positivos.
3. Estados del bienestar puede identificarse con sistemas generales de bienestar social. En muchos "estados del bienestar", el bienestar no se proporciona actualmente por el Estado, sino por una combinación de servicios independientes, voluntarios y gubernamentales.

El Estado del Bienestar en Europa

Es frecuente escuchar decir que existe un solo modelo social europeo, como contraposición al modelo social existente en los EE. UU. Lo cierto es que la realidad es mucho más compleja. Existen en realidad distintos modelos sociales (es decir, Estados del Bienestar) en el seno de la UE. A pesar de que cada país tiene unas particularidades propias, se pueden distinguir cuatro modelos distintos:​

• El modelo nórdico, de Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia y Holanda.
• El modelo continental, de Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo.
• El modelo anglosajón, de Irlanda y Gran Bretaña.
• El modelo mediterráneo, de Grecia, Italia, Portugal y España.

El modelo nórdico

Como se puede observar en el gráfico, presenta el nivel más alto de protección social y su característica principal es la provisión universal basada en el principio de ciudadanía, es decir, que existe un acceso más generalizado, con menos condiciones, a las prestaciones sociales.

En lo que se refiere al mercado de trabajo, estos países se caracterizan por importantes gastos (relativos) en políticas activas con el objetivo de la reinserción rápida en el mercado de trabajo de los desempleados. Se caracterizan también por un elevado número de empleos públicos. Los sindicatos tienen una elevada afiliación y un importante poder de decisión lo que provoca una baja dispersión de los salarios (una distribución más equitativa de la renta).

El modelo nórdico se caracteriza también por un elevado tax wedge.​

El modelo continental

Es similar al anterior pero con una mayor proporción de gastos orientados a las pensiones. Se basa en el principio de seguridad y en un sistema de subsidios no condicionado a la empleabilidad (por ejemplo en Francia, dónde existen subsidios cuyo único requisito es tener más de 25 años).

En lo que se refiere al mercado de trabajo, las políticas activas son menos importantes y a pesar de que los sindicatos tienen una afiliación muy baja, estos tienen un importante poder de decisión en las negociaciones colectivas.

Otro elemento importante del modelo continental son los subsidios por invalidez.

El modelo anglosajón

Este modelo está caracterizado por un menor Estado del Bienestar que los anteriores y por una asistencia social de tipo last ressort más importante. Los subsidios se dirigen en mayor medida hacia la población en edad de trabajar y en menor medida hacia las pensiones. El acceso a los subsidios está condicionado en mayor medida a la empleabilidad (por ejemplo, se condicionan los subsidios a que la persona haya trabajado anteriormente).

En lo que se refiere al mercado de trabajo, los gastos en políticas activas son relativamente importantes. Los sindicatos en cambio, tienen un menor poder de decisión que en los anteriores modelos, ésta es una de las razones por las que estos países tienen una mayor dispersión de la renta y un mayor número de empleos con bajos salarios.

El modelo mediterráneo

Este modelo corresponde a los países que han desarrollado un Estado del Bienestar más tardíamente (años setenta y ochenta). Se trata del modelo social con menores gastos y está fuertemente basado en las pensiones y en unos gastos de asistencia social muy bajos. Existe en estos países una mayor segmentación de los derechos y status de las personas que reciben subsidios, que se refleja en un acceso muy condicionado a las prestaciones.

La característica principal del mercado del trabajo es una fuerte protección del empleo (no confundir con protección del trabajador o subsidio de desempleo) y el recurso a la jubilación anticipada como forma de mejora del empleo. Los sindicatos tienen una presencia importante asegurada por la extension de los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas más allá de la presencia real de los sindicatos. Nuevamente, esto tiene como resultado una menor dispersión en los salarios que en el modelo anterior.

Evaluación de los Modelos Sociales Europeos

La primera pregunta a la que hay que responder cuando se pretende evaluar los distintos modelos sociales europeos es saber qué criterio podemos utilizar. Aquí utilizamos los tres criterios utilizados por Boeri (2002) y Sapir (2005), que consideran que un modelo social debe satisfacer los siguientes criterios:

1. La reducción de la pobreza.
2. La protección contra los riesgos del mercado de trabajo.
3. Las recompensas por la participación al trabajo.

La reducción de la pobreza

Reducción en la pobreza de los distintos Modelos Sociales Europeos.

Eficiencia de los gastos sociales en los distintos modelos sociales.

El gráfico de la izquierda muestra la reducción en las desigualdades después de tomar en consideración los impuestos y las transferencias, es decir, en qué medida cada modelo social reduce la pobreza sin tener en cuenta la reducción de esta provocada por los impuestos y las transferencias. En general, la capacidad de reducción de la pobreza está en línea con la talla del Estado del bienestar: a mayor proporción del PIB dedicado a los gastos sociales, mayor reducción en la pobreza. Sin embargo, otro aspecto a tomar en cuenta es ver si algunos modelos son más eficientes en la reducción de la pobreza que otros. Por esto se entiende que con un menor gasto social se consiga una mayor reducción de la pobreza.

En este caso, el gráfico de la derecha muestra que los modelos Anglosajón y Nórdico son más eficientes que el Continental y Mediterráneo, pero sobre todo muestra que el Continental es el menos eficiente. Dado su elevado gasto social, se esperaría una mayor reducción de la pobreza que la que consigue este modelo. Obsérvese como el modelo Anglosajón se encuentra por encima de la línea trazada, indicando que reduce más de lo esperado (teniendo en cuenta el resto de modelos) la pobreza. En cambio el modelo Continental se encuentra por debajo de la línea y más alejado que el modelo Mediterráneo, indicando que es el que menos reduce la pobreza dado su gasto social.

Protección contra los riesgos del mercado de trabajo

Como se puede observar, existe una relación inversa entre protección al empleo y número de trabajadores que reciben subsidios de desempleo.

La protección contra los riesgos del mercado de trabajo pueden ser, en general, de dos tipos:

1. Mediante regulación del mercado de trabajo (lo que se conoce con el nombre de protección del trabajo), básicamente, el incremento de los costes de despido para las empresas.
2. Mediante subsidios de desempleo que en este caso protegen al trabajador desempleado y se suelen financiar mediante impuestos a los trabajadores con empleo.

Como se observa en el gráfico, existe un claro trade-off (palabra frecuente en la jerga económica que significa sacrificar algo por conseguir otro objetivo) entre estos dos instrumentos de protección del mercado de trabajo, obsérvese como se podría trazar una línea de media con pendiente negativa. Como se observa, los distintos países europeos han seleccionado distintas medidas de protección (se observan distintos puntos en el gráfico). En esta elección, las diferencias se pueden resumir de la siguiente forma:

• Los países mediterráneos prefieren una mayor protección del trabajo mientras que un número muy reducido de sus trabajadores reciben subsidios de desempleo.
• Los países nórdicos en cambio protegen poco al trabajador pero en cambio la mayor parte de sus trabajadores en situación de desempleo reciben subsidios.
• Los países continentales presentan un nivel ligeramente más elevado de ambas variables que la media europea.
• Los países anglosajones basan su protección en los subsidios de desempleo, con un nivel muy reducido de protección del trabajo.

La evaluación de ambas medidas de protección es complicada. En general existe un consenso entre economistas en que la protección del trabajo genera ineficiencia en las empresas: puesto que las empresas no pueden despedir a los trabajadores libremente, quizá decidan no despedir a pesar de no necesitar a tales trabajadores, dañando su eficiencia. No existe tal consenso en cuanto a si la protección del trabajo genera un mayor desempleo que la protección del trabajador.

Las recompensas por la participación al trabajo

Tasas de empleo y desempleo en cada modelo social.

La mejor manera de ver cuáles son los incentivos al trabajo y las recompensas por la participación al trabajo de cada modelo es analizar lo que se conoce como ratio de empleo por población. Es decir, qué porcentage de población es activa, entendiendo por esto a los trabajadores con empleo divididos por la población total (tasa de empleo) más la población en busca de trabajo (tasa de desempleo). El Proceso de Lisboa estableció en 2001 que la tasa de empleo de los países de la UE debería alcanzar como mínimo el 70% para el año 2010.

En este caso, el gráfico muestra que son los países del modelo Nórdico y Anglosajón los que tienen una mayor tasa de empleo mientras que los Continentales y Mediterráneos tienen una tasa de empleo por debajo del objetivo de Lisboa.

Conclusión

Clasificación de los distintos modelos sociales europeos en relación a su eficiencia y equidad.

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A modo de evaluación general, un modelo social puede valorarse en función de dos criterios:

1. La eficiencia, es decir, si el modelo provee los incentivos necesarios para que el mayor número de población trabaje, y por tanto, tenga una tasa de empleo alta.
2. La equidad, es decir, si mantiene el riesgo de pobreza relativamente bajo.

Como se observa en el gráfico, el mejor modelo en función de estos dos criterios es sin duda el Nórdico. El modelo Continental debería mejorar su eficiencia mientras que el modelo Anglosajón debería mejorar su equidad. El modelo Mediterráneo debería mejorar ambos aspectos.

Algunos economistas consideran que entre el modelo Continental y el Anglosajón, el último es preferible puesto que sus mejores resultados en materia de empleo lo hacen más sostenible financieramente a largo plazo, mientras que el nivel de equidad depende de las preferencias de cada país (Sapir, 2005). Otros economistas consideran que el modelo Continental no puede considerarse peor que el Anglosajón puesto que este también es el resultado de las preferencias de sus ciudadanos (Fitoussi et al., 2000; Blanchard, 2004).

Argumentos a favor y contra

El concepto del Estado del bienestar sigue siendo polémico, y es contínua la discusión sobre la responsabilidad de los gobiernos del bienestar de sus ciudadanos.

Argumentos a favor

• Humanitario - la idea que ninguna persona debe sufrir innecesariamente.
• Democrático - los votantes en la mayoría de los países favorecen la extensión gradual de la protección social.
• Derechos Humanos - los Estados están obligados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y por los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966;
• Ético - la reciprocidad es casi universal como principio moral, y la mayoría de los sistemas del bienestar se basa alrededor de patrones del intercambio generalizado. El altruismo, o ayudar a otros, es una obligación moral en la mayoría de las culturas. Por ejemplo la caridad y la ayuda para los pobres (ya sea con subsidios o puestos de trabajo) son bien vistos por muchas personas.
• Religioso - la mayoría de las religiones importantes del mundo creen que el altruismo es moral y el egoísmo es inmoral. Las obligaciones religiosas incluyen el deber de la caridad y la obligación para la solidaridad.
• Interés mutuo - varios sistemas nacionales se han creado voluntariamente del crecimiento del seguro mutuo.
• Económico - los programas sociales realizan una gama de funciones económicas, incluyendo la regulación de la demanda frente a posibles fallos de mercado y estructurando el mercado de trabajo.
• Social - los programas sociales se utilizan para promover objetivos comunes con respecto la educación, la familia y al trabajo.
• Fallo de mercado - los partidarios del Estado de bienestar afirman que el sector privado no puede solucionar objetivos sociales u organizar la producción eficientemente.

Argumentos en contra

Los críticos del Estado del bienestar aducen que el mero uso de esta frase ya es propagandístico —¿Quién iba a estar contra "el bienestar"?— adjudicando a la frase hecha el mismo estatus que a "Guerra contra el Terrorismo" ("War against Terror").

Aportan los siguientes argumentos contra el Estado del bienestar:

• Ética - no es ético tomar los recursos de las personas sin consentimiento con el fin de beneficiar a terceros, el fin no justifica los medios.^{[cita requerida]}
• Individualista - la intervención de Estado infringe la libertad individual; el individuo no debe ser forzado a subvencionar el consumo de otros.
• Neoliberal - el Estado del bienestar quita libertad de elección, ya que son burocracias sobre las que el ciudadano tiene muy poco control las que deciden qué bienes y servicios "compra" uno con sus impuestos, mientras que en un mercado libre y privado el consumidor es el soberano total (argumento desarrollado por Milton Friedman en "Libertad de elegir").
• Conservador - el Estado del bienestar supone un riesgo moral, ya que los individuos se ven desligados de las consecuencias económicas de sus actos. Por ejemplo: Uno puede practicar deportes de riesgo, a sabiendas de que la atención sanitaria está pagada colectivamente, y de que, si sufre un accidente grave, existen pensiones de invalidez.
• Objetivista - el Estado del bienestar se basa en una falacia, ya que si individualmente los ciudadanos no pueden permitirse un determinado nivel de "bienestar", no hay ningún motivo para que sí puedan hacerlo colectivamente (argumento de Leonard Peikoff).
• Sindicalista revolucionario - el Estado del bienestar es un instrumento para disimular la explotación que subyace bajo el sistema capitalista.
• Hayekiano - sostiene que las instituciones del gobierno son incapaces de conseguir saber responder a las circunstancias específicas o coyunturales tal y como lo harían las personas por sí solas.
• Religioso - algunos cristianos protestantes son contrarios al estado del bienestar porque éste conmina a las personas a ser generosas; ellos mantienen que solo las donaciones voluntarias, mediante la caridad privada, son virtuosas.

Véase también

• Economía mixta
• Estado Social
• Renta Básica

Bibliografía

• Blanchard, O. (2004): The Economic Future of Europe. NBER Economic Papers
• Boeri, T. (2002): Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win, presentación para la conferencia de la John F. Kennedy School of Government, Universidad de Harvard, 11-12 Abril 2002.
• Fitoussi J.P. and O. Passet (2000): Reformes structurelles et politiques macroéconomiques: les enseignements des «modèles» de pays, en Reduction du chômage : les réussites en Europe. Rapport du Conseil d'Analyse Economique, n.23, Paris, La documentation Française, pp. 11-96.
• Sapir, A. (2005): Globalisation and the Reform of European Social Models, Bruegel, Bruselas. Accesible por internet en [[2]].

En español

• Mauricio Rojas (2008). «Reinventar el Estado del bienestar. La experiencia de Suecia». Gota a Gota Ediciones. Madrid. ISBN 978-84-96729-09-4. 

Enlaces externos

• El Estado Social: descripción y retos.
• Artículos sobre el Estado del Bienestar en socialdemocracia.org
• Estado Social de Derecho, democracia y participación
• Privatizaciones: La ofensiva capitalista contra el Estado del Bienestar - Artículo de opinión