Melitón Manzanas

Melitón Manzanas González (San Sebastián, 1909-1968) fue un policía español y jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. Es conocido por haber sido la primera víctima mortal (tras el precedente poco divulgado entonces, del asesinato de José Ángel Pardines Arcay el 7 de junio de 1968) de un atentado reivindicado por Euskadi Ta Askatasuna (ETA).​

Militar franquista

Estudió peritaje en la capital donostiarra y en 1936, tras el estallido de la guerra civil, fue encarcelado por las autoridades republicanas a causa de sus simpatías con las tropas sublevadas. Permaneció recluido en el Fuerte de Guadalupe hasta septiembre de 1936, cuando las tropas sublevadas toman la ciudad. Se une entonces a la guerra hasta el final del conflicto.

Inspector de policía

Entró a formar parte del Cuerpo General de Policía en 1941, con el grado de inspector en Irún, desde donde pasó a la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, de la que terminó siendo jefe. Su labor policial le convirtió, a ojos de los opositores, en el principal exponente de la represión de la dictadura franquista en el País Vasco.

Asesinato

La dirección de ETA decidió asesinarle mediante la llamada "Operación Sagarra" ("manzana" en euskera). Manzanas fue la primera víctima mortal en un atentado premeditado de ETA (el primer muerto fue el guardia civil José Pardines, en Villabona (Guipúzcoa), pero no fue premditado). El 2 de agosto de 1968 los tres etarras encargados de darle muerte le esperaron frente a su domicilio en Irún, un chalet llamado Villa Arana, y le dispararon siete tiros. El atentado fue reivindicado en una intervención ante la televisión belga, y el etarra Xabier Izko de la Iglesia fue acusado años más tarde del asesinato, aunque siempre negó haber sido él quien quitó la vida a Manzanas. El inspector estaba casado y tenía una hija.

Reconocimientos

En enero de 2001, el gobierno de José María Aznar concedió a Melitón Manzanas la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo, en aplicación de la ley 32/1999, de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo, que había sido aprobada por unanimidad. Esta decisión provocó protestas en varios sectores de la oposición, que arguyeron que el "justo reconocimiento" a las víctimas del terrorismo no podía hacerse "a cualquier precio" y que la medalla suponía "avalar la trayectoria de un torturador, ligado a una dictadura inhumana y cruel, que perseguía, encarcelaba y fusilaba a personas inocentes, que defendían pacíficamente la democracia y las libertades", en palabras de Javier Madrazo (coordinador general de Ezker Batua-Berdeak), así como de Amnistía Internacional.​​​ El Tribunal Supremo avaló la concesión de esta medalla de acuerdo con la ley.