Ley de Pradial, año II

La ley de 22 pradial del año II (fecha correspondiente al 10 de junio de 1794), denominada Ley de Pradial, es la ley que marca el principio del "Gran Terror", a través de la reorganización del Tribunal Revolucionario. Promulgada por la mayoría de miembros del Comité de Salvación Pública, esta ley priva a los acusados de los derechos a la defensa y de recurso.

Contexto

Desde la supresión de los tribunales revolucionarios de provincia y el aumento de los arrestos ordenados por el Comité de Seguridad General, la población reclusa en París se multiplicó por diez. En esta situación, Bertrand Barère propuso "purgar las prisiones". Las rivalidades entre miembros de los comités contribuyeron a acelerar la adopción de esta medida por parte de la Convención, que rechazó el aplazamiento solicitado por Couthon y la aprobó sin publicarla, para evitar su discusión y estudio. Las irregularidades que marcaron su precipitada aplicación no deberían, sin embargo, hacer olvidar que la ley se inscribía, para algunos de sus defensores más exaltados, en la filosofía de las reformas en curso de la justicia revolucionaria: estaba efectivamente previsto que las comisiones populares, establecidas por los decretos del mes de ventoso, se encargaran de juzgar a los detenidos, y acabaran sustituyendo en sus tareas al Tribunal Revolucionario que, al dejar de ser un lugar de debate, se limitaría a ratificar las decisiones de las comisiones. De hecho, el espíritu de esta ley, mal preparada, fue inmediatamente desnaturalizada por los partidarios del Terror masivo.

Georges Couthon, ponente de la Convención Nacional para el proyecto de creación del Tribunal Revolucionario, pidió la aceleración del procedimiento judicial de forma que prácticamente suprimió toda garantía para los acusados, severamente erosionada tras la aprobación de la Ley de sospechosos. Este proyecto de ley fue presentado como una democratización dirigida a poner en pie de igualdad a aristócratas y ricos con respecto al pueblo, al hacer imposible a los primeros salir del atolladero, gracias a sus recursos.

Georges Couthon, autor de este texto, declaraba en la Convención: "El plazo para castigar a los enemigos de la patria no debe ser mayopr que el tiempo de reconocerlos; se trata menos de castigarlos que de aniquilarlos... No se trata de dar ejemplo, sino de exterminar a los implacables satélites de la tiranía o de morir con la República".

El Tribunal Revolucionario no tenía más que dos opciones: la absolución o la muerte de cada acusado. La definición de "enemigos del pueblo" era tan vaga que todo el mundo podía ser incluido, ya que bastaba con "inspirar el desánimo", o incitar a la "depravación de las costumbres" o "alterar la pureza y la energía de los principios revolucionarios", sin que tales expresiones generales fueran jamás precisadas.

La ley de pradial eliminó cualquier vestigio de garantía a los acusados. Con su aplicación, dejó de haber interrogatorio antes de la audiencia, ni abogado, ni audición facultativa de los testigos. El Tribunal podía pronunciar su veredicto con base a simples presunciones morales.

Parece ser que este informe fue votado sin el acuerdo del Comité de Seguridad General, ni el de todos los miembros del Comité de Salvación Pública. Mientras el Tribunal Revolucionario de París pronunció 1251 condenas a muerte entre el 6 de abril de 1793 (fecha de su creación) y el 10 de junio de 1794, su actividad alcanzó las 1376 condenas a muerte entre el 10 de junio al 27 de julio de 1794 (fecha de la caída de Robespierre).