Crisis política en Paraguay de 2012

El expresidente Fernando Lugo.

La crisis política de Paraguay de 2012 se desató a raíz de la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo decretado por una mayoría del Congreso Nacional como producto del proceso de orden constitucional requerido por la Cámara de Diputados, la cual acusó al gobernante electo en el 2008, de responsabilidad política, entre otras cosas, por los enfrentamientos entre campesinos y policías ocurridos días antes en Curuguaty, departamento de Canindeyú, con un saldo de diecisiete muertos.

Mientras que los apologéticos del juicio política alegan el cumplimiento formal de lo establecido por el Art. 225 de la Constitución del Paraguay, críticos manifiestan la existencia de deficiencias en el debido proceso (fundamentado en el Art. 17 de la misma Constitución) y la celeridad con la cual el se había realizado el juicio, señalándolo como «golpe de Estado parlamentario».

La comunidad internacional ha interpretado los sucesos de forma divergente. Los socios del Mercosur y otros países de Amércia Latina rechazaron la destititución de Fernando Lugo, mientras que otras naciones como Alemania​, Canadá​, España​ y Estados Unidos​ señalaron la aceptación del proceso político.

La Unión Europea​ y la Organización de Estados Americanos​ enviaron comitivas al Paraguay para prospeccionar la situación, manifestando la necesidad de observar el respeto al estado de derecho pero rechazando una condenación preliminar del país.

Sucesos de Curuguaty

En mayo de 2012, la finca Campos Morumbí de la localidad de Curuguaty, a 240 km al noreste de Asunción, propiedad de Blas N. Riquelme (exsenador del Partido Colorado,​ fue ocupada por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas en el departamento de Canindeyú.

Tras tres semanas de toma, el viernes 15 de junio de 2012 el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad, resultando en enfrentamientos violentos entre ocupantes y la fuerza policial. Desde el comienzo del gobierno de Lugo se llevaba a cabo un innovador proceso, que ya había sido utilizado con éxito en otras oportunidades: una vanguardia delegada por los cuerpos policiales ―sin armas― planteaba un desalojo pacífico con intención de que los campesinos ocuparan en otro lugar donde el Estado les asignaría tierras. En este caso sucedió algo diferente: la policía no fue recibida por campesinos sino por algún cuerpo especializado de francotiradores apostados con armas de guerra.​ En el ataque murieron 17 personas murieron (11 campesinos desarmados y 6 policías). Este suceso provocó fuertes críticas en el país, provocando la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas.

Fuentes policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban establecer las tratativas,​ sospechándose que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo estaban infiltrados entre los campesinos.​ Otras fuentes consideran que este trágico episodio fue en realidad un montaje que sirvió de pretexto para pedir la destitución de Lugo.​

El expresidente Fernando Lugo manifestó su «absoluto respaldo» a las fuerzas de seguridad en un breve comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. Tras los incidentes el mandatario ordenó que las fuerzas armadas se sumen a la policía para respaldar el operativo que se desarrollaba.​

El sábado 16 de junio de 2012 designó a un nuevo ministro del Interior, el ex Fiscal General del Estado Rubén Candia Amarilla, quien ocupó el cargo dejado en la noche del viernes 15 de junio por Carlos Filizzola. El mandatario también cambió al comandante de la Policía Nacional,​ y anunció la creación de una comisión para investigar lo ocurrido en Curuguaty con el apoyo a la OEA (Organización de los Estados Americanos).​

Juicio político y destitución de Lugo

Palacio Legislativo de Asunción, sede de ambas cámaras del Congreso del Paraguay

El miércoles 20 de junio de 2012, Luis Gneiting (diputado del opositor Partido Colorado), presentó una propuesta de someter a juicio al presidente de la República por la responsabilidad política respecto a los sucesos de Curuguaty, sumándose a la moción las bancadas parlamentarias de los partidos Patria Querida y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cogobernante de la Alianza Patriótica para el Cambio, coalición política que llevó al poder en 2008 a Fernando Lugo y a su vicepresidente Federico Franco. La propuesta fue finalmente aprobada con 76 votos a favor, uno en contra y tres ausencias.

Tras apoyar el juicio político, el PLRA pidió a sus militantes con cargos en el gabinete de Lugo que renunciaran en masa, abandonando el gobierno los titulares de los ministerios de Justicia y Trabajo, Industria y Comercio, Deporte, Educación y Cultura, y Agricultura y Ganadería.​

El libelo acusatorio presentado al Senado sostenía que Lugo ha gobernado de manera «impropia, negligente e irresponsable», generando «la constante confrontación y lucha de clases sociales, que como resultado final trajo la masacre entre compatriotas, hecho inédito en los anales de la historia desde nuestra independencia nacional hasta la fecha, en tiempo de paz».​

Los cinco puntos específicos por los cuales se acusó al presidente fueron:

1. Falta de reacción frente a la muerte de 11 campesinos y 6 policías en el enfrentamiento de Curuguaty.
2. Haber autorizado el uso de las dependencias del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas de la Nación en el año 2009, para un acto político.
3. Autorizar el uso de fuerzas militares contra colonos en el conflicto de tierras ubicadas en Ñacundaí (departamento de Alto Paraná).
4. No poner en marcha una política eficaz para disminuir la inseguridad ciudadana.
5. Apoyar el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en el Mercosur (conocido como Ushuaia II) sin ratificación parlamentaria. Significativamente, el pacto firmado indicaba que se excluiría de Mercosur a cualquier país miembro donde hubiera algún tipo de golpe de Estado. Los diputados acusadores esgrimieron que «a través de ese documento, los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay».​

En Paraguay se utilizó un mecanismo contemplado en la Constitución, pero fue aplicado de tal manera que viola no solo el espíritu de esa Constitución sino toda práctica constitucional del mundo democrático. En ningún caso encontramos el más mínimo interés en la oposición de dialogar con nosotros [los cancilleres de Unasur] y de buscar una opción a la ejecución sumaria de un presidente. Y eso que les dijimos claramente que estábamos allí para respetar, al mismo tiempo, la soberanía de Paraguay y los documentos internacionales que todos habíamos firmado. Y quiero aclarar algo que les dijimos a los dirigentes de la oposición a Lugo. No solo Paraguay estaba obligado a cumplir con los acuerdos firmados. También cada uno de los otros países. Nosotros también estamos obligados a cumplir con los acuerdos. Debemos aplicarnos las cláusulas incluso a nosotros mismos.

Héctor Tímerman (canciller de Argentina)​

Como fiscales acusadores fueron elegidos Carlos Liseras, José López Chávez, Jorge Ávalos Mariño, Óscar Tuma y Clemente Barrios. De acuerdo al artículo 225 de la Constitución del Paraguay de 1992, que establece el juicio político al jefe de Estado y a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la acusación deberá pasar al Senado, quien se encargará de reglamentar el juicio político contra el mandatario.​

El presidente Fernando Lugo confirmó su sometimiento al juicio político, aclarando que no presentaría su dimisión anticipadamente. «Este presidente anuncia que no va a presentar renuncia al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias», sostuvo Lugo en un mensaje a la nación, reconociendo que Paraguay atraviesa un «momento sensible para la vida democrática» debido, en parte, a que la «tensión» se ha convertido en un «elemento dominante».​

La mañana del viernes 22 de junio de 2012, la defensa de Fernando Lugo recurrió de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de frenar el juicio político, aduciendo que no se respetaron los trámites procesales, pricipalmente en lo que refiere al tiempo que otorgó el Congreso para preparar la defensa, veinticuatro horas. El escrito presentado pidió como medida de urgencia, la suspensión del juicio hasta tanto se den las garantías constitucionales, solicitando unos 18 días como mínimo para la preparación de la defensa.​ La defensa de Lugo durante el juicio político en el Senado se constituyó con Jorge Rivas y Estela Kobs, representantes de la Presidencia ante el Consejo de la Magistratura, el procurador Enrique García, el abogado Adolfo Ferreiro, el asesor jurídico de la Presidencia, Emilio Camacho y el representante legal Luis Samaniego.​

Les contesté [a varios miembros de la oposición]: «Están hablando de un jefe de Estado que asumió con la representación popular. Por otra parte, no veo a nadie en la calle, y menos con ánimo violento». [...] Otros cancilleres les decían que el Congreso estaba inventando un reglamento. Nos repusieron que no había que probar los hechos porque eran de público y notorio conocimiento. Y lo repetían a cada momento: público y notorio. [...] Les dije: «Señores, se vienen épocas muy duras para el Paraguay porque nosotros vamos a tener que aplicar la cláusula democrática». No pareció conmoverlos nada.

Nos fuimos [...] con Antonio Patriota (canciller de Brasil), a conversar con [el vicepresidente] Federico Franco. [...] «Mire, no queda mucho tiempo. ¿Usted cree que es justo lo que están haciendo? ¿Piensa que el mundo va a reconocer la destitución de esta manera como un procedimiento correcto?». Recuerdo su contestación [de Franco]: «En Paraguay un vicepresidente tiene tres tareas: presenciar la reunión de gabinete, actuar como nexo con el Congreso y asumir en caso de enfermedad, muerte y destitución del presidente. Voy a cumplir con la Constitución paraguaya». Le pregunté si dos horas para preparar una defensa le parecía un tiempo suficiente. Me dijo: «Solo Dios sabe el tiempo que le di». Le pedí que nos acompañara a los cancilleres al Congreso y que dijera delante de nosotros que su compañero de fórmula [Lugo] no había tenido tiempo de preparar la defensa y que, por lo tanto, en caso de destitución él [Franco] no asumiría la presidencia. «Es que es mi obligación asumir», dijo Franco. Uno de los acólitos [de Franco] comentó entonces que Fernando Collor de Mello [presidente destituido de Brasil] tuvo licencia por seis meses. Le pregunté si ―en caso de que pudiéramos convencer a Lugo de pedir licencia―, le darían seis meses para preparar su defensa. Entonces me dijo una frase que ya habíamos escuchado de otros dirigentes: «Este gobierno es inviable. Aquí comienza la violencia mañana». Le dijimos que había poca gente en la calle y que no habría quien quisiera generar violencia. «No, ya es tarde», repetía Franco. Yo le dije: «[...] Paraguay sufrirá y quedará aislado y usted deberá gobernar en condiciones difíciles». Me contestó: «Soy médico y estoy acostumbrado a tomar decisiones». Le repliqué que los médicos juran hacer el menor daño posible a los pacientes y que él le estaba por hacer el mayor daño posible al Paraguay y a la democracia. También le dijimos que Paraguay se convertiría en un caso Honduras 2. Contestó: «¡Pero ahí sacaron a un presidente en pijama!». Le pedimos que no se confundiera, que la cuestión no era cómo está vestido un presidente cuando es destituido irregularmente sino la irregularidad de la destitución.

Fuimos otra vez a ver a Lugo en la casa de Gobierno. Cuando llegamos no solo no había violencia: había menos gente en la calle. Los cancilleres de Unasur y el secretario Alí Rodríguez nos quedamos hablando con Lugo, para no dejarlo solo. Vimos la votación por televisión y cuando terminó la destitución le dijimos: «Presidente, nos vamos porque no queremos estar cuando asuma Franco. La Argentina ofrece asilo a cualquiera que lo solicite». Lugo anunció que se quedaría en Paraguay y que no llamaría a un levantamiento porque quería evitar muertos. Le dije que Juan Perón había hecho lo mismo en 1955 y que si no hay muertos siempre se puede volver. Media hora antes del fin de la destitución aparecieron en el palacio de gobierno militares que hasta ese momento no estaban. Lugo pensó que se trataba de una forma de presión y nos contó que retomaría el trabajo en las bases y recorrería el país. Alí Rodríguez le dijo: «La retirada es el primer paso de la ofensiva». Yo le comenté: «Evidentemente, usted es el presidente que nunca debió haber sido, porque va en contra de la tradición de Paraguay». Nos pidió que no abandonáramos al pueblo paraguayo y que los ayudáramos a defender los derechos humanos y las libertades cívicas. A las seis de la tarde nos abrazamos y nos fuimos. Había poca gente en la calle.

Héctor Tímerman (canciller de Argentina)​

La tarde del viernes 22 de junio de 2012, tras constituirse en tribunal del juicio, el Senado paraguayo, presidido por Jorge Oviedo Matto, declaró culpable por 39 votos contra 4 a Fernando Lugo de los cargos esgrimidos en el libelo acusatorio​ y, minutos después, se tomó posesión en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico.

Tras conocer su destitución, Lugo declaró en conferencia de prensa desde el Palacio de los López:

Me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre por mis actos. Hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas, que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos [...] Este ciudadano paraguayo quiere agradecer profundamente a todos los paraguayos y paraguayas.

Fernando Lugo​

Al gabinete de Fernando Lugo solo le restaban nueve meses para concluir su mandato de cinco años. Hay dudas en diferentes ámbitos académicos y de análisis acerca del porqué de provocar su destitución ahora. Algunas hipótesis establecen como plausible «la connivencia entre los medios de comunicación nacionales y los intereses empresariales del agronegocio y la explotación latifundista».​

Movilizaciones sociales

Durante el proceso parlamentario, varios miles partidarios de Fernando Lugo aguardaron el resultado en la Plaza de Armas frente al Congreso. Tras presentarse el resultado, un grupo de manifestantes traspasó el valle perimetral montado por la policía, siendo repelido por agentes antimotines con chorros de agua y gases lacrimógeno. Minutos después, los manifestantes se reagruparon en el monólito de la plaza. Según manifiesta el períododo ABC Color, la falta de violencia posterior evitó un disturbio mayor.​ Horas más tarde cientos de personas se congregaron frente al edificio de TV Pública Paraguay, protestando de manera pacífica en contra del nuevo gobierno de Federico Franco y del Congreso Nacional.​ Durante lso días posteriores a la destitución, adherentes de Fernando Lugo continuaron manifestándose en el lugar, y en transmisión directa por este canal.​

Con el objetivo de guiar las movilizaciones a favor de Lugo, en Asunción se creó el Frente por la Defensa de la Democracia, con representantes de partidos de izquierda, movimientos sociales, campesinos, agrarios e indígenas, así como de centrales sindicales y de trabajadores rurales, quienes desconocieron el nuevo gobierno y declararon su resistencia. La coordinadora Magui Valbuena expresó que «creemos que vendrán represiones a los grupos sociales y perderemos todas las garantías de derechos humanos que Lugo nos daba».​

Mientras tanto en Ciudad del Este, se conformó el Frente Ciudadano de Resistencia por la Democracia, conformado por dirigentes de los partidos que conforman el Frente Guasú y representantes de organizaciones sociales, de asentamientos urbanos y campesinos. La naciente organización decidió mantener movilizaciones en rechazo a la destitución de Fernando Lugo de la Presidencia de la República, entre las que prevén el cierre de la Ruta Internacional 7, que une al país con Brasil.​

El lunes 25 de junio de 2012, Lugo conformó un Gabinete de Restauración Democrática, formado por excolaboradores y exministros, y se reunió con la Central Nacional de Trabajadores para acordar el inicio de una serie de manifestaciones de carácter pacífico, entre las que se anunciaron «cortes de ruta, mítines y reparto de propaganda» e incluso una gran marcha en Asunción.​

Reacciones internacionales

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     Retiraron a sus embajadores      Llamaron a consultas a sus embajadores      No reconocen al gobierno de Franco (no tienen embajador en el país)      Ofreció asilo político a Lugo (no tiene embajador en el país)      Posiciones críticas al proceso (ninguno ha reconocido)​​

El secretario general de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Alí Rodríguez, junto a una comitiva de cancilleres de la Unión que se encontraban participando de la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en Río de Janeiro, viajaron durante la noche a Asunción buscando una salida a la crisis institucional de Paraguay. El grupo estuvo compuesto por los cancilleres Héctor Tímerman (de Argentina), Antonio Patriota (de Brasil), Alfredo Moreno (de Chile), María Ángela Holguín (de Colombia), Ricardo Patiño (de Ecuador), Rafael Roncagliolo (de Perú), Luis Almagro (de Uruguay) y Nicolás Maduro (de Venezuela), así como Nemesia Achacollo (ministra de Desarrollo Rural de Bolivia) y delegados de Surinam y Guyana.​ Tras la reunión que sostuvo la delegación con el presidente Lugo antes de su destitución, Alí Rodríguez comentaba que «uno de los principios rectores de la democracia es la recta administración de justicia y dentro de la misma respetar el debido proceso, donde se establezcan todas las debidas garantias para defenderse el acusado, principalmente cuando se trata de un presidente de elección popular», agregando que lo ocurrido en Paraguay afecta a la democracia regional dado que el país ejerce actualmente la presidencia pro témpore de Unasur.​ De todos modos, tras entrevistarse con Lugo, con Federico Franco, con dirigentes políticos de diversos partidos y autoridades administrativas, la delegación de cancilleres expresó que no se ofrecieron las garantías necesarias que se solicitaron y que el proceso aplicado para el juicio político al presidente de la República constituye una amenaza al orden democrático, por lo que la Unasur podría interrumpir la cooperación con Paraguay.​

El portavoz para América Latina del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, William Ostick, declaró que «es criticamente importante que esas instituciones actúen de una manera transparente, y que los principios del debido proceso y los derechos de los acusados sean escrupulosamente respetados». Ostick notó que tanto el secretario de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, y el canciller brasileño, Antonio Patriota, mostraron «sus preocupaciones» por los eventos en Paraguay.​ De hecho, Insulza se refirió a la situación diciendo que «la ley nunca puede amparar la violación de los principios», puesto que se habrían violado los principios democráticos referidos a una legítima defensa.​

La Cumbre de los Pueblos, por su parte, aprobó una moción de apoyo al cesado presidente de Paraguay, Fernando Lugo. «Pese a que se están respetando los trámites burocráticos del Congreso paraguayo, el proceso (juicio político) es sospechoso por una manipulación nunca vista antes. Por eso sospechamos que se trata de un intento de golpe blanco», afirmó Carlos Henrique Painel, uno de los coordinadores de la Cumbre de los Pueblos y miembro del Foro Brasileño de las ONG. ​ A su vez, la respuesta de intelectuales y defensores de los derechos humanos ha sido crítica con la represión violenta. El español Bartomeu Meliá, antropólogo y lingüista sistematizador de la gramática guaraní, dijo que el Estado paraguayo va a ser salvado por el campesinado y repudió la represión policial contra manifestantes pacíficos.​

Tras la asunción de Federico Franco, varios gobiernos latinoamericanos anunciaron acciones diplomáticas en contra del nuevo gobierno paraguayo. Tanto Argentina,​ como Ecuador,​​ Cuba,​Venezuela y Bolivia​ retiraron a sus embajadores en Asunción. Incluso el presidente venezolano, Hugo Chávez instruyó el cese del envío de petróleo producto del acuerdo energético de Caracas.​ Asimismo, los gobiernos de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú,​​ México​ y República Dominicana​ llamaron a consultas a sus embajadores,​ mientras que Costa Rica declaró su rechazo a la decisión parlamentaria y ofreció asilo político a Lugo y a los miembros de su gabinete.​ Por su parte, Cuba y Nicaragua consideraron que la destitución de Lugo se trató de un golpe de Estado;​ ​ el ALBA anunció que no reconocerá al nuevo gobierno,​ y Bolivia reconoció que apoyaría la expulsión del país del Mercosur.​ En cuanto a este, se decidió suspender la participación de Paraguay tanto de la Cumbre de Presidentes como de sus reuniones preparatorias a realizarse en la ciudad argentina de Mendoza entre el 25 y 29 de junio, a las cuales sí está confirmada la presencia del destituido Fernando Lugo.​

Fuera del continente americano, el Vaticano envió a su nuncio apostólico en Paraguay, Eliseu Ariotti, a reunirse con Federico Franco en el Palacio de los López, siendo el primer y único encuentro del nuevo jefe de Estado con el único representante oficial de la comunidad internacional que reconoció al nuevo gobierno.​ Por su parte, el Ministro de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania expresó que el proceso de cambio fue «normal»,​ declaración a la que siguieron fuertes críticas por parte de partidos de la oposición alemana (socialistas y verdes), que recordaron al partido de Niebel (Democrático Liberal -FDP-) como uno de los pocos que reconoció al Gobierno de facto en Honduras tras el golpe de Estado de 2009. En este contexto, la diputada Heike Haensel manifestó «El funcionario liberal [Franco] está cooperando con fuerzas políticas que son responsables de la injusticia social y ―en el caso de Paraguay― de violaciones graves de los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner».​ Posteriormente, el canciller alemán contradijo a su colega diciendo «Está bastante claro que no solo el Gobierno alemán sino también toda la Unión Europea estamos preocupados por los acontecimientos políticos en Paraguay», aclarando que las expresiones de Niebel se habían basado solo en una «primera impresión».​

Mientras, España pidió el «pleno respeto a la institucionalidad democrática» en Paraguay y «salvaguardar la convivencia pacífica del pueblo paraguayo». En ese sentido, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, indicó que «subrayamos ahí nuestra preocupación por la, entre comillas, “debilidad de las garantías procesales”».​​

En el transcurso de los acontecimientos en junio y julio de 2012, la organización cívica de denuncia internacional Avaaz recogió 55.000 firmas, y planteó como muy grave la evolución de los hechos, solicitando medidas en Mercosur y Unasur.

Nosotros, ciudadanos de América Latina, preocupados por el golpe de Estado en Paraguay contra el presidente legítimamente electo Fernando Lugo, les pedimos que suspendan a Paraguay del Mercosur y Unasur, hasta que se restablezca el orden democrático en este país. Exigimos que utilicen todo su poder diplomático como bloque continental para exigirle a Paraguay que realice una investigación independiente y exhaustiva de los hechos que dieron lugar al juicio express en contra de Fernando Lugo, y que aún no han sido comprobados.

Avaaz​

Enlaces externos

• «Monsanto golpea en Paraguay: los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo», artículo de Idilio Méndez Grimaldi en el sitio web Otramérica del 23 de junio de 2012.