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Derechos humanos en Uruguay

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La República Oriental del Uruguay se encuentra en América del Sur, limitando con Argentina, Brasil y el Océano Atlántico Sur, con una población de 3.332.972.[1]​ Uruguay se independizó de Brasil y adquirió su soberanía en 1828[2]​ y tiene control absoluto sobre sus asuntos internos y externos.[3]​ Desde 1973 hasta 1985, Uruguay fue gobernado por una dictadura cívico-militar, que cometió numerosos abusos contra los derechos humanos.

Uruguay es una nación comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos y se ubica como la nación en América del Sur más consciente en cuanto a derechos.[4]​ De todos modos, perduran algunas áreas de preocupación, que incluyen algunos temas como las condiciones de vida en prisiones, acceso a la justicia por crímenes cometidos como resultado de la dictadura y la discriminación hacia las mujeres.

Obligaciones internacionales

Uruguay ha firmado y ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos, incluyendo:[5]​

Asimismo, Uruguay ha ratificado ambos Protocolos Opcionales al ICCPR.[5]​ Uruguay tiene una reserva/declaración general con respecto al Artículo 38, Párrafos 2-3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CCR) que refieren a la participación de los jóvenes en los conflictos armados.[6]​

Uruguay es sujeto del proceso de Revisión Periódica Universal por ser miembro de Naciones Unidas.[7]​ Ha cumplimentado dos rondas de la Revisión Periódica Internacional, la última en 2013. Uruguay ha reconocido la jurisdicción de Corte Interamericana de Derechos Humanos como miembro de la Organización de Estados Americanos[8]​

El 18 de marzo de 2005 extendió una “invitación permanente” a todas las visitas de Procedimientos Especiales de la ONU.[9]​ En 2007 esta invitación también fue extendida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[10]​

Instituciones Nacionales

En 2008, se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH)[11]​ para “defender, promover y proteger” los derechos humanos en Uruguay-[12]​ La agencia informa sobre la firma y ratificación de los tratados internacionales, implementación y práctica para proteger los derechos humanos y para investigar las violaciones a los mismos.[13]​ Existen otras varias instituciones para promover los derechos humanos, en áreas particulares de gobierno, tales como:[14]​

  • Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario
  • Oficina del Defensor del Pueblo
  • Consejo de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura
  • Oficina Asesora de Derechos Humanos del Poder Judicial de Uruguay

La Comisión contra el Racismo, Xenofobia y toda forma de Discriminación fue creada en el año 2007, pero no tuvo presupuesto asignado hasta el año 2010, y los términos de sus miembros habían cadudado.[15]​

Constitución

La Constitución de Uruguay establece disposiciones para la gobernabilidad del país. La Constitución de Uruguay es la Ley Suprema y bajo su artículo 256, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay puede determinar la inconstitucionalidad de leyes.[16]​ Prescribe las facultades y funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno. Garantiza específicamente la igualdad ante la ley para todas las personas y la Sección 2 reconoce específicamente una serie de derechos fundamentales.[17]​ El Artículo 72 estipula que el listado de derechos enumerado no es exhaustivo y se incluyen otros derechos que son “inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.[18]​ El Artículo 332 también establece que los preceptos de la Constitución que reconocen los derechos de los individuos “no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.”[19]​

Cuestiones de Derechos Humanos

Derecho a la vida

La pena de muerte ha sido abolida en Uruguay.[20]​

Libertad de Expresión

La Libertad de expresión está garantizada por la Constitución de Uruguay.[21]​ Esto incluye la libertad en todos los métodos o formas de difusión, incluyendo la libertad de prensa. El Gobierno de Uruguay es respetuoso de estos derechos.[22]​

En el año 2012, el Gobierno de Uruguay decretó que la televisión digital sería libre e irrestricta en toda la extensión del país.[23]​ En el año 2014 la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue aclamado por los grupos de derechos humanos, como un modelo para la libertad de expresión en América Latina.[24]​

La ley trabaja para reducir la concentración de medios y crear una cláusula de conciencia para los periodistas. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que hay casos ocasionales de violencia e intimidación contra los periodistas, como el hecho producido en el año 2011 por la policía en Salto contra Luis Díaz.[25]​ Uruguay ha progresado reformando las cláusulas de difamación cuando está presente el interés público, pero dichas cláusulas pueden resultar aún un impedimento en las investigaciones periodísticas.[26]​[25]​

Libertad de culto

La Constitución de Uruguay garantiza la libertad religiosa y declara que el estado no apoya ninguna religión en particular.[27]​ Existen argumentos acerca de que Uruguay va más allá de la simple neutralidad y es de hecho fundamentalmente laico.[28]​ Las escuelas públicas no proporcionan y prohíben la educación religiosa[29]​ que es vista desde el Estado como una práctica de carácter privado.

El Estado ha intervenido en los feriados religiosos tradicionales, renombrándolos con nombres laicos (Semana Santa como “Semana Turística”).[30]​ Existen reportes esporádicos de abusos basados en discriminación religiosa, incluyendo antisemitismo, pero las víctimas informan acerca de la útil cooperación de las fuerzas policiales en la investigación en esta materia.[31]​

Derechos electorales

La Constitución de Uruguay establece un régimen de república democrática electoral. El poder legislativo recae en la Asamblea General Bicameral y el Ejecutivo toma la forma de un Presidente y su Gabinete designado.[32]​Los mandatarios son elegidos por un término de 5 años mediante sufragio universal.[33]​ Los no ciudadanos domiciliados en Uruguay durante al menos 15 años y que poseen el capital en el país pueden votar.[34]​La Asamblea General es elegida mediante listas cerradas de representación proporcional y el Presidente a través de la mayoría.[35]​

Uruguay también cuenta con un sistema de referéndum popular.[36]​ Este método de democracia directa permite a los ciudadanos ratificar las reformas parlamentarias, exigir la derogación de las leyes e impulsar nuevas leyes mediante la propuesta popular.

Uruguay tiene una fuerte legislación anti-corrupción, en particular la Ley de Transparencia introduce la responsabilidad penal para una serie de acciones de los funcionarios públicos, como el blanqueo de fondos públicos.[32]​ Además, Uruguay introdujo recientemente cupos por género para los ciclos electorales, requiriendo representación igualitaria en las listas de candidatos.[37]​

Protección contra la tortura y los tratos crueles , degradantes e inhumanos

Uruguay ha suscrito los principales tratados internacionales que prohíben los actos de tortura tales como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CAT) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), incluyendo los Protocolos Opcionales de ambos tratados que reconocen la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité contra la Tortura como órganos de recepción y consideración de demandas en cuanto a tortura o tratos inhumanos.[38]​ La Constitución no contiene la cláusulas específicas de protección contra la tortura pero establece los derechos para disfrutar de la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad.[39]​


El Código Penal contiene provisiones que criminalizan el abuso de autoridad por parte de agentes del sistema penitenciario y el Artículo 22.1 de la Ley de Cooperación con la Corte Criminal Internacional en Materia de Lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y los Crímenes contra la Humanidad, criminaliza la tortura por parte de cualquier agente del Estado, incluyendo el trato cruel, inhumano o degradante.[40]​ De todos modos, el Relator Especial sobre la Tortura (SR) ha apuntado que esta ley no parece ser utilizada para crímenes individuales sino más bien para crímenes agrupados como de lesa humanidad e instaron a impulsar reformas para cambiar esto.[41]​

La tortura no es un problema sistemático, de todos modos, personal de las fuerzas policiales y otras autoridades infringen ocasionalmente los derechos de los prisioneros.[42]​ Hay informe de agresiones y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los agentes penitenciarios.[43]​

El Relator Especial (SR) apuntó que las condiciones de las cárceles son un problema y derivaron a un trato cruel, degradante e inhumano. El sistema carcelario en Uruguay en el año 2013 estuvo al 125% de su capacidad[44]​ y el SR encontró que las condiciones eran “un insulto a la dignidad humana”.[45]​ Se encontró que los prisioneros tenían restricciones en el acceso al agua, sanitarios y atención médica y falta de espacio para dormir y se les permitía salir de sus celdas solo durante cuatro horas semanales.[46]​ Esto no fue uniforme en las cárceles y algunos presos de una situación económica y social elevada disfrutaron de mejores instalaciones.

El SR encontró que casi todos los problemas fueron el resultado de un programa de justicia penal defectuoso.[47]​ El uso extensivo de la detención preventiva y un sistema judicial lento ha dado como resultado el hacinamiento, así como la mezcla de presos preventivos y condenados, una violación a la Presunción de Inocencia.[42]​Se ha informado de que el 68 % de todos los presos están en espera de juicio. Uruguay ha hecho progresos desde la visita del Relator Especial. Una Ley Especial de Prisión ha dado una mayor financiación para los centros penitenciarios y permite que prisioneros sean alojados en instalaciones militares para aliviar el hacinamiento.[48]​ Entre otras mejoras, se encuentra la Unidad Penitenciaria Punta de Rieles, en las afueras de Montevideo, que alberga a 600 personas y busca la resocialización sin violencia. Inaugurada en 2010, es el primer presidio en Uruguay dirigido por personal no vinculado a las fuerzas armadas.

En su visita de seguimiento, el Relator Especial encontró mejoras en algunas instalaciones carcelarias y reformas en el sistema de supervisión penitenciario pero nuevamente instó al Gobierno a continuar con la reforma integral de la justicia penal.[49]​

Acceso a la justicia/impunidad

Desde 1973 hasta 1985 Uruguay fue gobernado por una dictadura militar. Durante ese período, se cometieron una serie de abusos contra los derechos humanos, incluyendo uso de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas de personas.[50]​ A fin de prevenir un golpe de estado posterior, cuando la Democracia fue recuperada, se instauró la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en el año 1986, que protegía a las fuerzas militares y policiales de enjuiciamiento por crímenes cometidos durante la dictadura.[51]​

El artículo 4 de la Ley retiró el derecho del poder judicial para investigar los abusos a favor del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tomó algunos casos a fin de presionar al Gobierno a usar los poderes conferidos por este Artículo 4, y casos notorios como el de Elena Quinteros lograron esto.[52]​ El Presidente Vázquez abrió para su investigación casos ocurridos antes del golpe de estado de 1973. En el 2011, determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en tres casos diferentes.[53]​ Las presiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el caso “Gelman vs. Uruguay” llevaron a la derogación de la Ley de Caducidad en 2011, con la aprobación de la Ley Nº 18.831.[54]​

De todos modos, acontecimientos recientes han vuelto a socavar el acceso a la justicia para las víctimas de la dictadura y una vez más se ha puesto en riesgo el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. En 2013 la Suprema Corte de Justicia determinó que la Ley 18.831 es inconstitucional pues un plazo de prescripción debería aplicarse al período de la dictadura y que los crímenes cometidos durante ese tiempo no deben ser clasificados como crímenes contra la humanidad.[55]​

La decisión se aplica sólo al caso en particular, pero demuestra una falta de voluntad persistente para dar justicia. Amnistía Internacional ha encontrado que se ha avanzado muy poco desde que se tomó la decisión de crear un margen de seguridad en torno a los crímenes.[56]​ El Comité contra la Desaparición Forzada, señaló en su informe de 2013 que la decisión de la Corte Suprema de determinar que las personas desaparecidas por más de 30 años están muertas y se trató de casos de homicidio, debilita los esfuerzos para investigar las desapariciones forzadas.[57]​

Derechos de las mujeres

Las mujeres tienen igualdad de trato ante la ley. La igualdad de género está consagrada en una serie de leyes, tales como:[58]​

  • Ley 16.045 de prohibición de la discriminación en el lugar de trabajo
  • El artículo 321 del Código Penal tipifica la violencia doméstica como delito diferenciado
  • Ley 17.823 que da los menores el derecho a ser tratados en condiciones de igualdad
  • Ley 17.817 acerca del racismo y toda otra forma de discriminación

La violencia hacia las mujeres es también un tema de consideración y el Relator Especial de Naciones Unidas señaló que la respuesta del Estado no era adecuada, especialmente los escasos logros obtenidos al llevar adelante el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica.[59]​ Los grupos de Derechos Humanos también han señalado que ha habido un incremento en los casos de violencia doméstica y que los programas estatales no han sido exitosos en el objetivo de reducir el número de muertes de mujeres.[60]​

En el año 2012 se despenalizó el aborto, pero subsisten obstáculos para acceder al procedimiento, tales como una espera obligatoria de cinco días y la revisión por un panel de expertos.[56]​ En el caso de embarazo producto de violación, la víctima de la violación debe efectuar una denuncia policial antes que el aborto sea aprobado.[56]​

Este es un problema, ya que existe evidencia que sugiere que algunas víctimas de violación no realizan denuncias policiales a causa del estigma social y por temor a represalias.[61]​ En general, existe un buen acceso a la salud sexual y reproductiva con elementos de anticoncepción proporcionados de forma gratuita.[59]​ Desde 2004 ha habido un significativo incremento en el número de servicios de planificación familiar en todo el país.[62]​

A pesar de todas las previsiones legales, algunas veces las mujeres deben enfrentar la desigualdad, como en algunos casos de empleo o de desigualdad salarial.[63]​ Ha resultado de gran utilidad la creación del Instituto Nacional de las Mujeres o el Plan de Igualdad de Oportunidades del Gobierno Municipal de Montevideo.[64]​

Ver también

Referencias

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Enlaces externos

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