Conflicto armado interno de Colombia
os del siglo XIX en Colombia}}
| Conflicto armado interno en ogas]] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parte de Guerra Fría y guerra contra el terrorismo | |||||
 De izquierda a derecha: Guerrilleros de las FARC durante el Proceso de Paz del Caguán, Guerrilleros marchando durante dicho Proceso de Paz, Efectivos del Ejército colombiano, EE-11 Urutu en un desfile por la Batalla de Cúcuta, Miembros del Bloque de búsqueda celebrando sobre el cuerpo de Pablo Escobar, Manifestantes en contra de las FARC | |||||
| Fecha | 11 de enero de 1960 (con el asesinato del líder comunista Jacobo Prías Alape)[1][2][3][4] —Actual (64 años, 11 meses y 30 días) | ||||
| Lugar |
 Colombia Áreas fronterizas de:  Brasil Ecuador Panamá Perú Venezuela | ||||
| Casus belli | Violencia partidista, desigualdad social, conflicto por la tierra, narcotráfico. | ||||
| Conflicto | Conflicto militar en Colombia, cuyas partes son el gobierno colombiano, los grupos guerrilleros de extrema izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de la droga y las bandas criminales emergentes. | ||||
| Resultado |
En desarrollo
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(D): Desmovilizado (De): Desmantelado ( †): Fallecido (C): Capturado (EPDD): En proceso de desmovilización | |||||
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El conflicto armado interno en Colombia es un periodo en curso desde 1960 caracterizado por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrolla en territorio colombiano[24] entre el Estado y guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de la droga y las bandas criminales. Ha pasado por varias etapas de brutalidad, en especial desde los años 80, cuando los grupos subversivos centraron sus ataques en la población civil, gracias al financiamiento de las actividades derivadas del narcotráfico.[25]
El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de «La Violencia» (conflicto bipartidista que se gestó a finales de la década de 1940 y los 50). Algunos historiadores afirman que tiene sus orígenes en varios enfrentamientos internos acerca del modelo de Estado que debía adoptar el país, inestabilidad política que ha sufrido Colombia desde su independencia de España. Sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente.[26]
Algunas de las razones por las que surgió el terrorismo en Colombia fue la debilidad del Estado, el conflicto por la posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, y la polarización y persecución de la población civil debido a su orientación política. También destaca la permanencia de grupos terroristas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado.[26]
Durante la década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se caracterizó por la intimidación generalizada que produjeron los grupos terroristas en numerosas regiones del país,[27][28] por los asesinatos selectivos de miembros civiles de tendencia izquierdista a manos de grupos paramilitares, así como por la aparición de bandas narcotraficantes que se enfrentan a los grupos subversivos.[25] El país experimentó transformaciones económicas que se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria, así como de la minería del carbón, el petróleo y el oro. Durante este cambio, la industria ilegal de la coca empezó a desarrollarse en la Amazonía colombiana.
La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003,[29] pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando el conflicto entra en su fase más cruenta, ya que se generalizan las intervenciones armadas a la población, las desapariciones forzadas, las masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos de civiles, militares y políticos.[30][31] El punto más alto se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual se enfrentaban la Fuerza Pública contra los grupos insurgentes y paramilitares, los cárteles del narcotrafico y los grupos criminales.[25][29]
A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 2006, además de la desmovilización de la guerrilla más grande del país (las FARC) entre 2016 y 2017 y,[32] sumado al debilitamiento de la guerrilla del ELN,[33] se presenta un descenso en la intensidad del conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares y de las FARC que no cesaron su accionar pasaron a ser grupos delincuenciales con gran capacidad militar conocidos antes como Bandas Criminales o Bacrim (hoy llamados Grupos Armados Organizados, GAO. En el caso de las antiguas estructuras de las FARC, se les agrega el término Residuales), mientras que el ELN todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares del país. A pesar de tener origen guerrillero, la disidencia del EPL se le considera una Bacrim o GAO por dedicarse exclusivamente al negocio del narcotráfico.[34][35]
En 2013 un estudio cifró en 220 000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958.[36] Sin embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas por el asesinato de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual.[37] Según el informe “¡Basta ya!: Colombia: memorias de guerra y dignidad” (2013), los grupos paramilitares son responsables del 40 % de las muertes civiles, los grupos insurgentes del 25 % y los agentes del Estado del 8 %.[38]
Antecedentes
Desde la independencia de Colombia en 1819 y la desintegración de la república creada por Bolívar en 1830, el país no ha estado ajeno a la violencia bipartidista, hecho que fue evidente en las numerosas guerras civiles que se desarrollaron durante el siglo XIX culminando en la Guerra de los Mil Días (1899-1902).[26]
Solo entre 1902 y 1946, Colombia gozó de una relativa paz, primero bajo los gobiernos de la hegemonía conservadora (1886-1930) y luego con los presidentes reformistas liberales (1930-1946).[39] No obstante, el conflicto se reactivaría a partir de 1946 cuando el partido Liberal perdió las elecciones cediendo el control al conservador Mariano Ospina Pérez. En las áreas rurales del centro y sur del país (en las regiones andinas), estallaron violentas luchas entre seguidores de uno y otro partido atizadas por la creciente participación de la Policía (denominada PoPol —Policía Política— por la oposición) en favor de las huestes conservadoras. Estas acciones dejaron 14.000 muertos ya en 1947. Sin embargo el verdadero punto de no retorno en la confrontación llegaría poco después.[40]
El 9 de abril de 1948, fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Eliécer Gaitán. Aun cuando el magnicidio no tuvo aparentemente un móvil político partidista, este crimen generó un cruento levantamiento popular en la capital, que se extendió al resto de la nación, conocido como el Bogotazo, dando inicio al periodo bélico de la historia conocido como La Violencia. Al menos 3500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta y el primer mandatario culminó su periodo en 1950. Si bien en un principio accedió a establecer un gobierno de coalición, el intento del partido liberal por juzgar al presidente en el parlamento lo decidió a declarar el Estado de sitio y a asumir poderes dictatoriales.[41] En consecuencia para las elecciones presidenciales de noviembre de 1949, el Partido Liberal alegando falta de garantías, no presentó su candidato.[41] Esto facilitó el triunfo del Partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, quien continuó y profundizó la política de seguridad de su antecesor frente a la violencia partidista,[41] política que no contemplaba negociar con los rebeldes y claramente se orientaba hacia una verdadera guerra de exterminio contra sus contradictores políticos.
La política de represión a ultranza provocó la conformación de guerrillas liberales para oponerse al autoritarismo del gobierno conservador.[42] Además de dichas agrupaciones —que operaban principalmente en los Llanos Orientales, sur del Tolima, Sumapaz, Magdalena Medio santandereano y Antioquia—, en varias regiones se conformaron grupos armados irregulares, tanto por parte de sectores afines al gobierno (pájaros y contraguerrillas) como por los miembros del Partido Comunista. La fuerza adquirida por estos grupos insurgentes, quedó de manifiesto el 12 de julio de 1952, cuando las cuadrillas del Llano al mando de Guadalupe Salcedo, emboscaron a una columna de 100 efectivos del Ejército en El Turpial (Puerto López, Meta) y dieron de baja a 96 soldados.[43][44]
El fracaso de las políticas oficiales, la agudización del conflicto que derivaba hacia una completa guerra civil y la desconfianza que inspiraban las actitudes personales de un Gómez proclive al fascismo , llevaron a que este perdiera buena parte del apoyo del establecimiento, y a que en junio de 1953 el Ejército colombiano secundado por la clase política tradicional, le propinara un golpe de estado. El poder fue asumido por el general Gustavo Rojas Pinilla.[26]
Inmediatamente Rojas Pinilla buscó un acercamiento con los líderes de las guerrillas liberales garantizándoles una amnistía parcial.[26] La mayoría se acogió a los términos de la misma y se desmovilizó entre agosto y octubre de 1953, desactivando la aguda situación de Violencia; la excepción fueron las cuadrillas marxistas que al mando de Jacobo Prías Alape, ‘Charro Negro’, siguieron combatiendo en el sur de Tolima y norte de Cauca, si bien eran bastante marginales. Sin embargo, menos de un año después, la masacre de junio de 1954 en la cual perecieron una decena de estudiantes en Bogotá abrió un nuevo periodo de guerra. El General Rojas prohibió al Partido Comunista, acusado de querer desestabilizar su gobierno, e inicio una intensa persecución contra sus cuadros, cercando y hostigando sus áreas de influencia: todo culminó en la llamada Guerra de Villarrica entre noviembre de 1954 y junio de 1955. Producto de este choque las fuerzas comunistas debieron replegarse desde el Sumapaz tolimense hacia pequeños enclaves en la Cordillera Oriental: Alto Sumapaz cundinamarques, El Pato, Ariari y Guayabero. El conflicto contra los grupos comunistas también se agravó en el triángulo Huila-sur de Tolima-norte de Cauca. Por añadidura el asesinato de varios de los jefes liberales amnistiados y el incumplimiento de las promesas oficiales, contribuyó a que en breve plazo muchas de las cuadrillas subversivas liberales se rearmaran (excepto las llaneras) y volvieran a combatir contra el gobierno, si bien esta segunda insurgencia estaba dirigida claramente contra el Estado y no tenía ya móviles partidistas. En todo caso fue mucho más limitada y se concentró en el sur del Tolima, el Magdalena Medio y las regiones cafeteras (Viejo Caldas, Valle del Cauca y norte del Tolima), zonas que además se vieron sometidas a la violencia terrorista de los denominados “Pájaros”, que estaban al servicio de los terratenientes conservadores.
En todo caso la dirigencia tradicional del estamento bipartidista, preocupada por la veleidades populistas de Rojas Pinilla -quien además pretendía extender su mandato por 4 años más- promovió apoyada en las clases populares opuestas al régimen militar, un paro nacional en mayo de 1957. Sin el apoyo incondicional del Ejército, que le retiró su beneplácito en el último momento, el Teniente General tuvo que renunciar a la presidencia el 10 de mayo. El poder fue asumido entonces por una Junta Militar de transición mientras se reanudaba el sistema político democrático tradicional colombiano. Se calcula que aproximadamente 175 000 personas fueron asesinadas,[45] y más de dos millones de colombianos debieron huir del campo hacia las ciudades durante La Violencia.[26]
Los líderes de los partidos Liberal y Conservador finalmente acordaron que, durante un nuevo período de transición iniciado en 1958 y que se extendería por los próximos cuatro períodos presidenciales (16 años), ambas agrupaciones se alternarían en el poder. Este sistema se denominó el Frente Nacional y fue concebido como una forma de terminar de una vez por todas con el conflicto bipartidista de los años 50´s.
Si bien el Frente Nacional logró cumplir ese objetivo, con el tiempo también se hizo claro que las esperanzas de cambio que la paz había traído a la población campesina habían sido defraudadas. Y además que en la práctica el Frente Nacional obstaculizaba la posibilidad de participación de grupos políticos distintos a los partidos tradicionales.
| Presidentes de Colombia | |
|---|---|
| durante el conflicto armado | |
| 1958-1962 | Alberto Lleras Camargo |
| 1962-1966 | Guillermo León Valencia |
| 1966-1970 | Carlos Lleras Restrepo |
| 1970-1974 | Misael Pastrana |
| 1974-1978 | Alfonso López Michelsen |
| 1978-1982 | Julio César Turbay |
| 1982-1986 | Belisario Betancur |
| 1986-1990 | Virgilio Barco Vargas |
| 1990-1994 | César Gaviria Trujillo |
| 1994-1998 | Ernesto Samper Pizano |
| 1998-2002 | Andrés Pastrana Arango |
| 2002-2010 | Álvaro Uribe Vélez |
| 2010-2018 | Juan Manuel Santos |
| 2018-presente | Iván Duque Márquez |
El conflicto durante el Frente Nacional
Pronto el descontento de los campesinos, que habían visto defraudadas sus esperanzas en el acuerdo bipartidista de 1958, fue asumido en parte por los denominados “bandoleros” y del otro por los proyectos políticos revolucionarios emergentes o comunistas, que empezaron a proliferar basándose en la experiencia cubana.
En efecto, la paz no vino acompañada por reformas de fondo en el sector agrícola o la reparación a las millones de víctimas despojadas en La Violencia, lo que provocó que el conflicto por la tierra siguiera latente. Las tensiones producto del surgimiento de nuevos movimientos sociales tampoco hallaron un marco de respuesta adecuada desde el poder, ejercido por el pacto bipartidista del Frente Nacional. Esto a la larga se convirtió en el caldo de cultivo para un nuevo conflicto armado. Los temores propios de la guerra fría, y la idea de que la revolución cubana se acabaría extendiendo por todo el continente, hicieron el resto. En efecto, desde Estados Unidos se promocionó la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, un concepto utilizado para definir ciertas acciones de la política exterior estadounidense tendientes a que las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto del enfrentamiento ideológico con la URSS. El entrenamiento brindado a los distintos ejércitos latinoamericanos en tácticas de contrainsurgencia en la Escuela de las Américas en Panamá, es uno de los episodios ilustrativos de este fenómeno.[46][47][48][49]
Repúblicas independientes y el inicio de la confrontación armada
La caída del General Gustavo Rojas Pinilla en mayo de 1957, la posterior constitución de la Junta Militar que gobernó el país durante más de un año y la llegada al poder del Frente Nacional, conformado por un pacto hecho entre liberales y conservadores para alternarse desde 1958 y durante 4 periodos presidenciales el poder, acrecentaron las esperanzas de paz luego de la violencia bipartidista sufrida durante 10 años. Muchas de las guerrillas liberales que aún estaban activas se desarmaron y pactaron con la administración del liberal Alberto Lleras Camargo en virtud de un plan de rehabilitación, pero a su vez otras bandas de combatientes, que tenían el patrocinio soterrado de algunos terratenientes que buscaban proteger sus territorios, se constituyeron en los famosos bandoleros, que devastaron buena parte del centro del país entre finales de la década de los 50 y principios de los 60. Habiendo perdido para las élites su carácter político, pues los dos partidos habían pactado la paz, en lo sucesivo fueron considerados simples criminales comunes, bandoleros desadaptados a la vida civil.
El otro factor de violencia en ese periodo, las denominadas Autodefensas Campesinas, adscritas al Partido Comunista y replegadas a 4 pequeños enclaves —dos en la Cordillera Central, Marquetalia y Riochiquito; dos en la Cordillera Oriental, El Pato y Guayabero—, optaron por cesar sus acciones militares (entre finales de 1957 y principios de 1960) sin entregar sus armas, pues desconfiaban de las intenciones del gobierno, logrando de esta manera una tensa paz. Pero a corto plazo el conflicto se reactivó en el sur de Tolima, donde antiguos guerrilleros liberales y terratenientes locales, empezaron a hostigar a los comunistas, dando muerte a cabecillas amnistiados o que se hallaban inactivos. El 11 de enero de 1960 fue asesinado en las calles de Gaitania (Tolima) el principal líder comunista de la región; Jacobo Prías Alape, alias ‘Charro Negro’. Después de este suceso, la lucha contra el gobierno se reactivó en los territorios de las Autodefensas Campesinas en el sur del Tolima, que estaban al mando del temido ‘Tirofijo’.
En respuesta a la difícil encrucijada y al acoso de las autoridades, se celebró en el mes de junio de 1961 y en el más riguroso secreto el IX Congreso del Partido Comunista, que aprobó por primera vez la tesis de combinar todas las formas de lucha. Meses más tarde, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado comenzó a denunciar ante el Congreso de la República la existencia de unas llamadas “Repúblicas Independientes” al interior de Colombia: Marquetalia, El Pato, Sumapaz, Riochiquito, la Región del Ariari y la Intendencia del Vichada, (esta última debido a los intentos del MOEC de crear en la zona un foco guerrillero); zonas que, según él, se hallaban por fuera de la soberanía nacional y bajo el control de los comunistas instruidos por la Unión Soviética. En una intervención ante el parlamento, efectuada el 25 de octubre de 1961, señalo:
“...Hay en este país una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado Colombiano, donde el Ejército Colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo, o a los habitantes... Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Río chiquito, la de este bandolero que se llama Richard y ahora, tenemos el nacimiento de...la República Independiente de Vichada”.Alvaro Gomez Hurtado.
Ya en enero de 1962, durísimos combates enfrentaron a las Autodefensas Campesinas de Tirofijo con efectivos del Ejército Nacional en Marquetalia, sur del Tolima. Las tropas del gobierno se retiraron luego de varias jornadas de lucha, pero el conflicto continuaría abierto.[50]
Nuevas resistencias armadas en Colombia
En este contexto una de las primeras organizaciones que dieron forma a la lucha armada fue el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), confluencia de estudiantes e inconformes que habían participado en las agitaciones estudiantiles de 1958 y 1959, y de intelectuales y ex miembros del Partido Comunista, quienes habían adelantado fuertes críticas a sus dirigentes, en el marco del entusiasmo provocado por la Revolución Cubana.
El 20 de julio de 1960 se celebró en Cali el primer congreso del MOEC, en el que también participaron ex-guerrilleros liberales y combatientes contra el régimen militar de Rojas Pinilla. El congreso se sumió en un debate sobre la insurrección armada contra la oligarquía, sin el apoyo de organizaciones políticas partidistas que pudieran acceder al pueblo y convocarlo a la revolución. La línea radical, con el líder estudiantil Antonio Larrota al frente trataría de abrir focos guerrilleros en Tacueyo, norte del Cauca (mayo de 1961) y en Santa Rita, Vichada (julio - diciembre de 1961) -donde actuó el médico Tulio Bayer- pero fue rápidamente derrotada. El mismo Larrota fue asesinado por el jefe de cuadrilla con el que se había aliado. Otra experiencia temprana fue la de Roberto González “Pedro Brincos”, guerrillero liberal calificado por el Frente Nacional como “Bandolero”, que organizó el Ejército Revolucionario de Colombia (ERC), que sería aniquilado en Turbo (Antioquia) en octubre de 1961.
También fue protagonista de estas nuevas resistencias armadas el Frente Unido de Acción Revolucionaria (FUAR), fundado en 1962 por Luis Emiro Valencia y Gloria Gaitán, quienes profundamente influenciados por la revolución cubana, trataron sin éxito de impulsar un proyecto de insurrección armada. Al mismo tiempo, en 1962, surgió en el llamado Territorio Vásquez (Magdalena Medio) un nuevo foco guerrillero, por iniciativa de Federico Arango Fonnegra, un ingeniero que había estudiado en los Estados Unidos. La incipiente organización irregular fue rápidamente aniquilada, pues después del 15 de septiembre de 1963, fecha en que su líder fuera acribillado desde un helicóptero del Ejército, el grupo se disolvió.[51] En su conjunto, estas primeras organizaciones habían partido de la convicción de estar viviendo en Colombia unas condiciones pre-revolucionarias que el movimiento armado podía recoger, sin contar con el apoyo de bases sociales organizadas ni partidos.
La pacificación de Valencia y conformación de las FARC
La llegada a la presidencia del conservador Guillermo León Valencia en agosto de 1962, será el inicio de un esfuerzo masivo por alcanzar la “pacificación” total del territorio nacional, y cerrar así de una vez por todas el capítulo de la violencia política. En tres años, los principales cabecillas del Bandolerismo (Efraín González Téllez alias ‘Siete Colores’, Jacinto Cruz Usma alias ‘Sangre Negra’, William Aranguren alias ‘Desquite’, Teófilo Rojas Varón alias ‘Chispas’) fueron dados de baja tras una ardua cacería, y las llamadas “repúblicas independientes” fueron recuperadas después de sendos operativos realizados por el Ejército; el más conocido, la Operación Soberanía contra la “República de Marquetalia”. La guerra contra estos territorios se llevó a cabo bajo la presión de la clase política tradicional, recelosa del contagio comunista y de los efectos que pudiera tener la revolución cubana en el país, y del gobierno norteamericano, ansioso por apagar el incendio revolucionario en Latinoamérica
Enmarcado dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional y del famoso plan LASO (Latin American Security Operation, un conjunto de operaciones psicológicas, preventivas, ofensivas y destructivas concebidas por los asesores contra-insurgentes de EE.UU para evitar la diseminación del comunismo), el Ministro de Defensa, el General Alberto Ruiz Novoa, un prestigioso militar veterano de Corea, diseño un certero plan para poner a las Autodefensas campesinas al arbitrio de la Constitución colombiana. Los enfrentamientos se concentraron inicialmente en la cordillera central contra los rebeldes de Marquetalia. El 26 de septiembre de 1963, tropas del Batallón Caicedo sorprenden en el Cañón de la Troja, jurisdicción del municipio tolimense de Natagaima a fuerzas de las Autodefensas y dan de baja a 16 de sus integrantes. Estos en represalia conforman el movimiento armado 26 de septiembre, y tres meses después, el 29 de diciembre, emboscan entre Planadas y Gaitania a una columna de abastecimiento del Ejército dando muerte a 5 soldados. En marzo del 64 derriban un avión de Aerotaxi; cuando dos militares tratan de rescatar los cadáveres, son asesinados. Las últimas acciones precipitaron la ofensiva de castigo que se preveía será la “final”.[52]
El general Gabriel Rebéiz Pizarro, Comandante de las FF.MM, y el firmante de la directiva operacional que autorizaba la ofensiva contra el núcleo comunista de Marquetalia, advirtió que las regiones intervenidas “deberían recibir una decidida y rápida acción del INCORA y otras entidades del Estado con el fin de resolver problemas urgentes” que apremiaban a la población civil. A su vez, el mando táctico de la operación quedó bajo responsabilidad del coronel Hernando Currea Cubides, Comandante de la VI Brigada en Ibagué. Con tropas especializadas en contrainsurgencia, grupos de inteligencia y aviones de combate, se dispone de tres batallones para asegurar toda el área.[53]
A mediados de mayo de 1964 se lanza la Operación Soberanía: 1000 soldados avanzan sobre el altiplano de Atá e Iquira, en el sur del Tolima, y hacen un primer contacto armado con los rebeldes el 27. Sin embargo, no logran penetrar en la zona, y es entonces cuando las tropas del teniente coronel José Joaquín Matallana asaltan con 4 helicópteros el nudo montañoso y lo ocupan rápidamente entre el 14 y el 15 de junio (a costa de 2 muertos y 14 heridos),[54] mientras los comunistas en un número aproximado de 150 (48 combatientes de tiempo completo) y divididos en 2 columnas (lideradas respectivamente por Isauro Yosa ‘Mayor Lister’, y ‘Tirofijo’), escapan y se refugian en Riochiquito, enclave del norte del Cauca, controlado por Ciro Trujillo Castaño. Isaias Pardo, el segundo de Marulanda se queda en la zona con 35 guerrilleros. El 18 de junio, se celebra el regreso de la autoridad estatal, y el 22 se asegura toda la zona. Durante los enfrentamientos que siguen a la retirada de Marquetalia, muere a manos del Ejército Isaías Pardo.[55]
Posteriormente, las FARC interesadas en erigir su mito fundacional, magnificaran los hechos elevando a 16 000 los atacantes.[56]
Desde Riochiquito se formularía el famoso Programa agrario de los guerrilleros en julio de 1964 y más tarde en medio de la 1 conferencia se constituiría el Bloque Sur en conjunto con las fuerzas comunistas del Pato y Guayabero, nombrando a Pedro Antonio Marín alias ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’ como primer comandante, Ciro Trujillo Castaño alias ‘Mayor Ciro’ como su segundo y Luis Alberto Morante, Jacobo Arenas como ideólogo y enlace con el Partido Comunista. Entre otros jefes de cuadrilla se hallaban, Rigoberto Lozada ‘Joselo’, Jaime Guaracas, Januario Valero ‘Oscar Reyes’, Noel Matta Matta ‘Efraín Guzmán’ y José de Jesús Rivas ‘Mayor Cartagena’. El 17 de marzo de 1965, una columna de al menos 140 subversivos se tomó la población de Inza (Cauca), matando en la incursión a 16 personas (incluyendo al el alcalde la localidad y a 2 monjas).[57][58] Seria sin embargo, con la caída del enclave de Riochiquito (Cauca) el 15 de septiembre de 1965, que el Bloque Sur se vería obligado a abandonar definitivamente sus bases fijas y a constituirse en guerrilla móvil. Con alrededor de 350 hombres en armas, abrieron operaciones en el Guayabero, El Pato, Natagaima y Chaparral.
A finales de 1965 y tras sufrir cuantiosas bajas (75 muertos en 18 meses de operaciones) el Ejército aseguro del área de las denominadas Repúblicas independientes en la cordillera central, mientras el Bloque Sur se replegaba al piedemonte amazónico y el páramo del Sumapaz (sobre la cordillera oriental) pese a los ataques sufridos por El Pato en marzo de ese año. Tras una segunda conferencia que culminó el 5 de mayo de 1966, esta organización tomo el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC). Además, adoptaron sus primeros estatutos, un reglamento interno, un régimen disciplinario y las normas de comando; acogieron un plan militar nacional y afirmaron que iniciaban una lucha prolongada por la toma del poder. Tres meses después, el 19 de agosto, mientras las tropas del gobierno continuaban con las operaciones de búsqueda en la cordillera oriental, miembros de las FARC emboscaron a tropas del Batallón Tenerife en el cañón de San miguel entre San Antonio y vegalarga (Huila). Allí cayeron muertos el capitán Farid Londoño Calle, dos suboficiales y 12 soldados mas.[59]
Sin embargo, luego de este ataque pasarían varios meses sin indicios de actividad rebelde hasta principios de 1967.[58] El 3 de marzo de ese año, en “La perdiz” zona rural de Algeciras (Huila) -ya en límites con el Caquetá-, las FARC, dieron su primer gran golpe contra las tropas del gobierno, cuando fue emboscada por al menos 50 irregulares una patrulla del Batallón Boyacá. Dos suboficiales y 14 soldados murieron, mientras que gran cantidad de material de guerra fue incautado.[60] El ataque causó consternación en los medios de comunicación, ya que la opinión pública estaba segura de que después de la Operación Soberanía, “la pesadilla había terminado”.[58] No podían estar mas errados, puesto que al mismo tiempo, Ciro Trujillo, el segundo comandante de la organización, avanzaba hacia el norte del Valle y el departamento de Quindio, donde entraría en alianza con el temido bandolero liberal Conrado Salazar alias ‘Zarpazo’.[61][62]
No obstante, el crecimiento del nuevo movimiento hasta 1978 fue bastante limitado y para mediados de los 70 solo tenían unos 900 hombres en armas. Para ese momento ya se habían delimitado los principales 4 núcleos de expansión de las Farc, al que se sumaria un quinto para finales de esa misma década: el primero en las selvas del sur, Meta, Huila y Sumapaz; el segundo en el norte del Cauca, sur de Tolima y Valle; el tercero en el Magdalena Medio: el cuarto en Uraba; y el último en Arauca.
Nacen el ELN y el EPL
Las consecuencias de la revolución cubana y de la efervescencia “revolucionaria” que vivía Latinoamérica no dejaron de hacerse sentir en Colombia. Mientras las FARC tenían su génesis en las secuelas generadas por la violencia partidista de los años 50´s, el ELN lo tendría en la experiencia castrista.
Un grupo de jóvenes que, al mando de Fabio Vásquez Castaño, habían recibido entrenamiento militar en Cuba, regresaron al país y constituyeron la “Brigada pro liberación Jose Antonio Galán”, con el objetivo declarado de hacer la revolución en Colombia. Decidieron centrar su actuación en Santander, donde la situación originada por las huelgas petroleras era difícil y, aprovechando los restos de las antiguas guerrillas liberales, conformaron en San Vicente de Chucuri un primer foco insurgente. En el Cerro de Los Andes, donde se concentraban para recibir entrenamiento, tomaron el nombre de Ejército de Liberación Nacional (ELN) el 4 de julio de 1964, pero sería solo seis meses después que el movimiento se hizo público, cuando el 7 de enero de 1965, 22 guerrilleros se tomaron Simacota y mataron a 5 uniformados y un civil. El pronto enrolamiento en sus filas del sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, defensor de la Teología de la Liberación al interior de la iglesia y jefe del Movimiento Político Frente Unido, le daría gran popularidad al grupo subversivo.[63]
El EPL, por su lado, se originó a partir de la escisión del Partido Comunista, acusado de revisionista por sectores que lo tildaban de ser un movimiento “burgués” al “esperar la revolución” y no generarla. Así fue como en 1965 Pedro Hernando Vásquez Rendón fundó el Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, del que el Ejército Popular de Liberación (EPL) se convirtió en su brazo armado. Sus dirigentes decidieron abrir operaciones en el Noroccidente del país, en las riberas de los ríos Sinu y San Jorge, y conformaron allí su primer núcleo guerrillero (diciembre de 1967). En 1968 pasaron a la acción cuando asesinaron a Orlando Marchena, un hacendado de la región.[cita requerida]
La reforma agraria de Lleras
Una de las formas de aliviar el pesado lastre de la Violencia bipartidista era fortalecer la economía campesina para restarles fuerza a los enfrentamientos sociales que generaba la mala distribución de la tierra y, al mismo tiempo, frenar la migración campo-ciudad. Esta política fue concretada por el liberal Carlos Lleras Restrepo, quien intento imprimir una dinámica más efectiva a la reforma agraria y a la supresión del latifundio improductivo, ambas medidas contempladas con escaso interés desde principios de la década del 60.[cita requerida]
En este contexto uno de los mayores impulsos que recibió la Reforma Agraria de Lleras, fue posibilitar la organización del movimiento campesino para de un lado agilizar y multiplicar los servicios del Estado en lo que tenía que ver con la reforma, y del otro convertirse en un instrumento que frenara las exigencias de los terratenientes descontentos con el planteamiento de suprimir los latifundios improductivos. Para tal efecto, el decreto 755 de 1967, legalizo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Asociaciones locales de usuarios. La primera fue un eficaz instrumento de organización campesina que ejerció presión sobre la tierra, constituyéndose durante este gobierno en una importante fuerza social. Por su parte las Asociaciones locales de usuarios buscaban que el trabajador del campo participara en los diferentes organismos administrativos agrícolas, como el INCORA. En 1970 cuando se reunió el primer congreso de la ANUC, existían cerca de 500 de estas organizaciones. El problema para el gobierno vino cuando estas agrupaciones se salieron del redil partidista y se politizaron con corrientes de izquierda, incluso ilegal (sobre todo del EPL en el norte del país). Comenzaron a presionar al INCORA para que iniciara la expropiación de tierras cultivadas y se abandonara la tradicional negociación, además de las indemnizaciones. Esto convirtió a la reforma agraria en un problema político y sin dejar de recurrir a la represión, se trató por las vías legales de restarle poder a las organizaciones campesinas.[cita requerida]
Además de la creación de la ANUC, el gobierno de Lleras busco fortalecer la débil redistribución de la tierra. Pero la inestabilidad económica y la necesidad de ampliar el mercado interno para la industria, siguieron favoreciendo la gran propiedad. Para finales de la década del 60 apenas 3263 hectáreas habían sido expropiadas en 27 procesos y de las 935.000 familias con necesidades de adjudicación cuantificadas por el INCORA, solo 5000 salieron beneficiadas. En estas proporciones la reforma agraria había sido tenue y prácticamente nula. El mismo ministro de agricultura Armando Samper declaro: “los cambios y realizaciones logrados durante el presente periodo (1966-1970) en materia de parcelaciones y titulación de tierras, resultan modestos ante la magnitud del problema”.Al final más que reforma agraria, hubo fue una masiva titulación de baldíos, cerca de tres millones de hectáreas.[cita requerida]
En todo caso la ANUC siguió liderando el proceso en los primeros años de la década del 70, por medio de nuevas formas de lucha. El movimiento campesino llevó a cabo más de 2000 invasiones de predios de terratenientes a lo largo de todo el territorio nacional en ese periodo. Todo ello espoleado por el estancamiento del proceso de reforma agraria bajo la administración de Misael Pastrana Borrero, sumado al hecho de que este favoreció a los grandes latifundistas y relego a un segundo plano a la ANUC y los pequeños campesinos en los acuerdos sobre el agro (Pacto de Chicoral, 1972).[cita requerida]
La reforma agraria termino así en un fracaso y cualquier solución de fondo sobre el problema de las tierras en Colombia quedó definitivamente aplazada. El conflicto se agravaría entonces.
Evolución de las guerrillas desde 1966 hasta 1974
Hasta cierto punto las diferentes guerrillas, las FARC, el ELN y el EPL, fracasaron en llevar a cabo sus planes de insurrección general y más bien fueron duramente golpeadas. Sus principales núcleos en las selvas del sur, Cauca, Sur de Tolima, Magdalena Medio y en los ríos Sinu y San Jorge, no les permitían acceder a grandes recursos ni hostigar seriamente al Gobierno y las Fuerza Armadas. Estas últimas encontrarían en generales como Álvaro Valencia Tovar y Jose Joaquín Matallana, unos hábiles estrategas contraguerrilleros, capaces de golpear a la subversión combinando la fuerza bruta con la mano tendida (las denominadas operaciones cívico-militares).
Los golpes se sucedieron. El 15 de febrero de 1966 Camilo Torres, sacerdote y político que se había unido al ELN y 5 guerrilleros más, caen en combate en Patio Cemento (Santander) al intentar emboscar al Ejército.
Un año más tarde, cuando hombres de las FARC se arriesgaron a operar en el norte del Valle del Cauca y Quindío, el movimiento sufrió un fuerte descalabro a manos de las tropas regulares. Después de atacar a unidades del Batallón Vencedores en zona rural de Cartago (Valle) el 27 de marzo de 1967 (con un saldo de 8 muertos), el Ejército contraataco y liquidó a buena parte de la fuerza insurgente. Al menos 30 guerrilleros murieron o fueron capturados (incluyendo al comandante Cesáreo Bahamon, alias ‘Arrayanales’), mientras el resto de la columna se replegaba, dejando sobre el terreno gran cantidad de armamento.[62] Ciro Trujillo Castaño, el comandante responsable de la derrota, sería abatido un año después, el 5 de octubre de 1968 cuando pretendía abrir un nuevo frente en Aquitania, Boyacá. Más tarde, el 14 de abril de 1970, seria detenido Januario Valero, alias ‘Oscar Reyes’, otro de los comandantes de las FARC.[64] No obstante, esos años de repliegue brindarían a la guerrilla marxista, grandes oportunidades. En las selvas del sur lejos de los principales núcleos de poder, se implantaron con facilidad entre los colonos recién llegados a la zona y se constituyeron en la autoridad de facto de estas regiones. La población campesina, esencialmente compuesta por hombres sin tierra o despojados de sus predios en la Gran Violencia, encontraría su base de apoyo en dicho grupo ante la ausencia total del Estado en la periferia. El proceso llevo a lo que algunos llaman “Colonización armada”. Así que hasta mediados de los setenta se habían consolidado 5 frentes guerrilleros y en enero de 1973, se había constituido el Secretariado de las FARC, como ente director de la organización armada.
El mismo año que cayo Ciro Trujillo, pero el 4 de abril, el reconocido jefe de la insurgencia liberal de los años 50, Dumar Aljure, quien se había negado a entregar las armas y era el amo y señor de una amplia región de los Llanos orientales, fue abatido tras un violento combate con las fuerzas gubernamentales en el que murieron 9 rebeldes, 3 civiles y 6 soldados. Respaldado por los líderes políticos de la zona que lo utilizaban como elemento de control social, los cambios en la administración regional lo habían puesto de nuevo en la mira del gobierno. Su caída señalo el final del denominado (por el Frente Nacional) “Bandolerismo”.[65]
Entonces, las operaciones se centraron en el ELN, la principal guerrilla del momento. La organización es minada desde dentro por deserciones y conflictos internos que le cuestan la vida a varios de sus dirigentes en los llamados juicios revolucionarios: Víctor Medina Morón, Julio Cesar Cortés y Heliodoro Ochoa son fusilados el 22 de marzo de 1968 por órdenes de Fabio Vásquez Castaño el jefe máximo del ELN. No obstante, en los años que siguen logran extender su accionar a Antioquia y el sur de Bolívar, donde se toman varias poblaciones y tienden numerosas emboscadas, la más cruenta de ellas ocurrida el 6 de agosto de 1969 en el Río Guayabito, cerca de Cimitarra (Santander), dejando un saldo de 8 soldados y 1 oficial muertos.[66] Posteriormente, atentan contra el general Álvaro Valencia Tovar frente al Ministerio de Defensa en Bogotá el 8 de octubre de 1971. La respuesta del gobierno vendría con la Operación Anorí, lanzada el 1 de septiembre de 1973, por parte de las fuerzas combinadas de las Brigadas IV y V del Ejército, al mando de los Coroneles Álvaro Riveros Abella y Ramón Arturo Rincón Quiñónez, respectivamente. Con todos los medios al alcance, las tropas cercan y copan una importante columna guerrillera que, al mando de los hermanos de Vásquez Castaño (Manuel y Antonio), se encuentra en el Bajo Cauca antioqueño. Tras un mes de combates, los destrozan totalmente, dando de baja 30 insurgentes y capturando un número similar. Los 2 cabecillas son finalmente abatidos el 18 de octubre tras un tiroteo a las orillas del Río Porce, en la Finca el Astillero. Es un golpe decisivo. Un mes después, en noviembre se rinde el segundo al mando, Ricardo Lara Parada, y el 20 de febrero de 1974 muere en combate el sacerdote español Domingo Lain. Derrotado y juzgado por sus propios hombres, Fabio Vásquez Castaño huye del país y se refugia en Cuba.[cita requerida]
Finalmente, el EPL también encajó una serie de duras derrotas. Solo 5 meses después de la conformación de su primera columna armada, en mayo de 1968, el Ejército emprendió una potente ofensiva que se prolongó hasta agosto del mismo año y en el curso de la cual 20 subversivos fueron dados de baja, incluyendo a Pedro Hernando Vásquez Rendón, su principal comandante. Las continuas operaciones de las fuerzas estatales, la organización de grupos de autodefensa con campesinos de la región, las divisiones internas y las deserciones impidieron la consolidación del EPL, que enfrentó en 1975 otra dura derrota con la muerte de su cofundador y líder máximo Pedro León Arboleda.
La excepción a este pobre balance, lo constituirían las acciones de las FARC, que en el intermedio extendieron sus operaciones militares por la zona del Urabá antioqueño y del Carare santandereano, donde el 1 de septiembre de 1970 mataron a 7 militares del Batallón Ricaurte (área rural de Cimitarra, Santander). Además, consolidaron sus dominios en las estribaciones del Tolima: allí, en zona rural de Gaitania tendieron una mortal celada a unidades del Batallón Caicedo el 26 de septiembre de 1971, dando muerte a 10 uniformados.[67] Tras un nuevo periodo de repliegue y aparente cese de actividades, una columna de medio centenar de guerrilleros se tomó por asalto la población de Colombia (Huila), el 22 de mayo de 1973. A partir de entonces las operaciones militares se extendieron durante varios meses por el norte del Cauca, sur del Tolima y Huila. El 13 de octubre de 1973, en el Sitio Bejuqueros de Planadas (Tolima), las FARC matan en una emboscada a 8 soldados y 3 civiles.[57] Sin embargo en el contragolpe, las FF.MM. estuvieron a punto de aniquilar la comandancia del grupo guerrillero. En diciembre, las tropas cercan durante 15 días (del 4 al 17 de diciembre) a una compañía de 30 hombres que guiada personalmente por Manuel Marulanda se movía en la región de La Sonora, en el municipio de Rió Blanco (Tolima). Empero, tras varias jornadas de combate, una vez más el astuto cabecilla burlo el sitio y escapó.[57]
Sin embargo, pese a todas las victorias obtenidas por un Ejército que venia acumulando una gran experiencia en la lucha contra-insurgente, el poco interés mostrado por las élites gobernantes —que veían el conflicto como algo lejano, como una serie de emboscadas esporádicas en el fondo de una selva perdida— y el escaso apoyo material a las FF.MM., impidió que estas obtuvieran un resultado decisivo en su lucha contra las distintas insurgencias. A las dificultades de un terreno quebrado y de difícil acceso, se sumó el hecho de que el esfuerzo militar se quedó reducido al empleo de la Infantería regular, sin la presencia de otras unidades que pudiera brindar apoyo táctico en el combate, como en el caso de la Armada -concentrada en las costas- o de la Fuerza Aérea, que no tenía los equipos necesarios para operar en todo el territorio. No existía tampoco una inteligencia verdaderamente articulada ni contingentes de soldados profesionales que hubiesen podido sostener en el tiempo las labores de contra-guerrilla. Por último y lo que era más importante, los factores estructurales que habían dado origen al conflicto (como la tenencia de la tierra o la desigualdad social) estaban lejos de resolverse.[68]
Nacimiento del M-19
Para el último período oficial del Frente Nacional el candidato de gobierno, el conservador Misael Pastrana Borrero, se enfrentó al líder de la ANAPO, el General retirado Gustavo Rojas Pinilla. Después de una apretada campaña, en las elecciones del 19 de abril de 1970, Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a conformar un nuevo grupo subversivo, el Movimiento 19 de Abril o M-19.[cita requerida]
El M-19 apareció en escena entre 1973 y 1974, como respuesta “al descarado robo de las elecciones del 19 de abril de 1970”, y se constituyó inicialmente como una guerrilla urbana tras una audaz campaña de expectativa en la prensa. Su anti dogmatismo, sus acciones espectaculares y el carisma de su líder Jaime Bateman Cayon lo dieron a conocer pronto entre las masas de las ciudades que habían permanecido generalmente ajenas a un conflicto que hasta ese momento afectaba solo a las zonas rurales y marginadas del país, lejos de los principales núcleos socio-económicos de la nación. El 17 de enero de 1974 el M-19 realizó su primera acción al robar la espada de Bolívar de la Casa-Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, bajo la consigna de: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”.[cita requerida]
Estado de sitio
Además los distintos gobiernos del Frente nacional, emplearon continuamente la polémica figura constitucional del estado de sitio. Al hacer uso de ella, se suspendía la vigencia de las leyes ordinarias y se introducían decretos extraordinarios del Ejecutivo que entre otras cosas permitían que la autoridad militar reemplazara a la civil en los casos concernientes al orden público. Los delitos contra el orden público fueron entonces juzgados por un tribunal militar según el procedimiento de los consejos verbales de guerra. Con el tiempo, esta cuota de poder fue invadiendo el terreno de la justicia efectiva, mediante la utilización de los sistemas de operación “cívico-militares” en zonas afectadas por el conflicto armado, lo que le permitía al Ejército ejercer un control especial sobre el campesinado de esas regiones. Estas medidas dejaron el terreno libre a las FF.MM para que pudieran actuar con mayor holgura en las áreas rurales y cometer innumerables excesos contra la población civil, que se vio sometida por su parte a una excesiva presencia militar del Estado.[cita requerida]
La figura del estado de sitio se mantuvo con pequeñas alternancias vigente hasta el fin del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala en 1982.[cita requerida]
Gobierno de López Michelsen
Con el amplio entusiasmo popular (votó el 58 % de los electores) que traían los recuerdos del MRL (Movimiento Revolucionario Liberal) de los años 60´s, el candidato liberal Alfonso López Michelsen fue elegido a la presidencia de la república en las votaciones de 1974. Oficialmente, era el final del llamado Frente Nacional, pacto político de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, para repartirse el poder y poner fin a la violencia política de los años 50´s; pacto que le había cerrado el espacio político a terceras fuerzas como la ANAPO, permitiendo a las guerrillas justificar su existencia. No obstante, en la práctica, la paridad en los puestos públicos se mantendría hasta el final del gobierno Betancur.[cita requerida]
Con los propósitos iniciales de la concertación y de la institucionalización de la democracia, bajo el lema del “Nuevo Trato”, López intento realizar una mayor apertura, por un lado hacia el movimiento sindical, y por el otro incluso se propuso negociar con el ELN, que se creía se hallaba al borde de la extinción tras los duros golpes encajados entre 1973 y 1974. Pero la oposición de los militares -que creían poder rematar de una sola vez el problema por la vía armada- y la renuencia de los guerrilleros a entregarse, hizo fracasar las negociaciones. Otro propuesta semejante, salida del seno de las propias FARC, se abortó por la misma causa.
En consecuencia, las guerrillas se negaron a rendirse o a desaparecer y continuaron alzadas en armas. Lo que queda del ELN se reorganiza bajo el mando del ‘Cura Pérez’ y Nicolás Rodríguez Bautista ‘Gabino’ en el sur de Bolívar, y el 8 de septiembre de 1975, protagonizan un atentado que mata al Inspector General de las FF.AA. general Ramón Arturo Rincón Quiñónez. Al año siguiente, se desplazaron a la serranía del Perija, que tomarían como base y cuartel general desde ese momento. Asimismo convirtieron la frontera de Venezuela en punto de apoyo y abrieron operaciones en los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Arauca, donde empezó a gestarse el Frente Domingo Laín.[cita requerida]
En ese momento precisamente, pese a las promesas de convertir a Colombia en el Japón de Latinoamérica, y a la misma bonanza económica que vivía el país (gracias a los altos precios del café en el mercado internacional y a los raudales de dinero que ya entraban al país debido al tráfico ilegal de cocaína), las clases medias y bajas vieron defraudadas sus esperanzas en el Gobierno López: Un creciente deterioro del poder adquisitivo afecto a los trabajadores, la inflación se salió de cauce y una fuerte recesión afectó los sectores no cafeteros de la economía desde 1975 hasta 1977. Como respuesta a esta difícil situación, a partir de 1975 se dio un aumento inusitado en los conflictos laborales. José Raquel Mercado, dirigente de la unión sindical Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), fue secuestrado y muerto por la guerrilla del M-19, acusado de “traicionar las clases populares” en abril de 1976. La Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), más radical y con una mayor influencia comunista en sus filas, se fortaleció. Se declaró, entonces, la emergencia económica y se aumentaron las facultades de los militares con Abraham Varón Valencia a la cabeza del Ministerio de Defensa.[cita requerida]
El paro cívico nacional
La difícil situación económica y el inconformismo de las clases populares y medias con el crecimiento de las tasas de inflación y el deterioro de la distribución del ingreso, más la evidencia con las distintas bonanzas de que si había plata en Colombia, llevó a las centrales sindicales a proclamar el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977. El gobierno, que no vio más que subversión en la protesta, lo reprimió con dureza y en los enfrentamientos con la fuerza pública, murieron 22 personas. Fue el punto de quiebre. La población vio que le era negado hasta el derecho a la protesta y perdió la confianza en sus instituciones, que no representaban los anhelos del grueso de la sociedad.
Las guerrillas aprovecharon entonces la coyuntura y se relanzaron ante la sociedad con una nueva imagen, como la de los auténticos delegados del pueblo. Su lucha, que hasta el momento no había logrado despegar limitándose a las zonas periféricas de la nación, toma un nuevo aire: La insurgencia creyó hallarse a las puertas de una situación pre-revolucionaria y se movilizo para ello. A partir de ese momento, las fuerzas irregulares urbanas toman un mayor protagonismo con el M-19 y el ADO, aunque también las FARC y el ELN reclutan milicianos y expanden su influencia por nuevos territorios. Una generación completa, salida de las universidades, cree que el país también tomará el rumbo de las naciones del Cono Sur, la dictadura militar, y se enrola en la insurgencia. La ofensiva anti-popular de la última parte del periodo López, no hace más que ensanchar la brecha entre ambas posiciones.[cita requerida]
Gobierno de Turbay
Para las elecciones presidenciales de 1978, en medio de una abstención electoral bastante alta (solo vota el 45 % de la población con capacidad para hacerlo), sale elegido el liberal Julio Cesar Turbay Ayala pese al pobre desempeño en el gobierno de su copartidario López. Sobre la base de los rumores alarmantes que le llegaban sobre el crecimiento de las guerrillas y en respuesta a una carta de la oficialidad del Ejército firmada el 17 de diciembre de 1977, en la que reclamaban mayores poderes, Turbay expidió amparado en el Estado de Sitio, el 6 de septiembre de 1978 el polémico Estatuto de Seguridad: Se limitaron las libertades de expresión y movilización, se amplió el marco del Código Penal Militar sobre los civiles y se consagró la violación del Habeas Corpus. Cuando días después fue asesinado por el ADO el ex-Ministro de Gobierno, Rafael Pardo Buelvas, fue desempolvado el Artículo 28 de la Constitución de Colombia de 1886, que permitía la detención hasta por 10 días de personas sospechosas de alterar el orden público.[cita requerida]
Se vino una ofensiva durísima contra los sindicatos, continuando el esfuerzo iniciado por López. Las centrales obreras fueron cooptadas, sus líderes represaliados y el movimiento quedó decisivamente debilitado. Además, tales recursos jurídicos facilitaron los excesos de la fuerza pública, al permitirles realizar detenciones arbitrarias y prolongadas, interrogatorios con torturas y procesos militares sin garantías de defensa.[cita requerida]
Auge guerrillero y su disputa con los narcotraficantes. Inicios del paramilitarismo
Las guerrillas maduraron y entre 1978- 1980, el EPL, el ADO y el M-19, constituyeron numerosas milicias en los núcleos urbanos más importantes. Pero serían los golpes de este último, el M-19, los que pondrían fin al aislamiento de una insurgencia relegada hasta ahora a la periferia, y la presentaría como un verdadero actor político. Su anti-dogmatismo que los enfrentaba a la intransigencia ideológica de la izquierda tradicional y la astucia de su jefe Jaime Bateman Cayon, los hicieron un fenómeno público. El 31 de diciembre de 1978, los miembros de dicha organización ingresaron por un túnel al Cantón Norte en Bogotá y robaron 5000 armas, humillando al Ejército. Este tocado en lo más profundo, desencadenó una fuerte contraofensiva y gracias a las deficiencias organizativas del grupo, les infligió duras derrotas, al desarticular varias de sus redes. No obstante en febrero de 1980, nuevamente el M-19, en un otro golpe de mano ocupó la residencia de la embajada dominicana en la capital y secuestró a 15 diplomáticos. 67 días después, tras arduas negociaciones con los rebeldes, estos viajaron a Cuba con algunos de los rehenes y allí los liberaron, dando fin a la toma. Después de permanecer maniatado debido a la presión internacional, el Ejército reaccionó con todo y para mediados del mismo año había desbaratado la mayoría de las milicias urbanas del M-19 y capturado a sus principales dirigentes, obligándolo a replegarse a las áreas rurales del sur del país: Caquetá y Huila inicialmente. Los enfrentamientos armados se desplazaron hacia esas zonas y se hicieron cada vez más fuertes y costosos; y en efecto grandes contingentes de tropa fueron desplazados hacia las selvas del suroriente desde 1981. [cita requerida]
Al mismo tiempo, las FARC multiplicaron sus frentes pasando de 6 en 1978 a 27 en 1982, consolidaron algunas nuevas áreas de influencia en Urabá, Arauca y Valle del Cauca, y pasaron en varias zonas de la autodefensa a la ofensiva. En efecto, en un hecho que marcara un antes y un después en la confrontación armada, 3 columnas de la guerrilla comunista que agrupaban al menos a 100 hombres atacan en Puerto Crevo (a orillas del Rió Duda en el Meta) a una patrulla de 20 efectivos del Ejército el 18 de agosto de 1980. El ataque (denominado Operación Cisne Tres por la subversión) el primero en el que una unidad completa de las FF.MM. es reducida por los irregulares, termina con 3 muertos, 3 heridos y 14 secuestrados en las filas del gobierno.[57] Pero precisamente en el momento que las guerrillas se extendían por la geografía nacional, el tráfico de hoja de coca desde Perú y Bolivia (la cual en Colombia era procesada para convertirse en cocaína desde principios de los 70´s, teniendo como destino principal a Estados Unidos y Europa) se intensificó, entrecruzándose con la expansión insurgente y terminó favoreciendo al negocio ilícito; Colombia terminó convirtiéndose en la placa giratoria del mismo. Grandes zonas del sur del país, donde era prácticamente inexistente la presencia del Estado, pero en cambio era fuerte la de las FARC, se llenaron inicialmente de pistas clandestinas, cristalizaderos y laboratorios donde era procesada la cocaína, para un par de décadas después hacer su aparición los llamados cultivos ilícitos, haciendo innecesario la importación ilegal de la hoja de coca de los países andinos. Tras un rechazo inicial a dichas actividades, los frentes presentes en la región terminarían cobrando vacunas, extorsiones y el famoso “gramaje” a los grandes capos, cultivadores y raspachines. Ese sería el origen de la disputa de Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín, con miembros de la guerrilla, quienes le destruyeron laboratorios para el procesamiento de cocaína, además de robarle cargamentos y dinero en efectivo en 1983.[69]
Tampoco fue casualidad que, cuando miembros del M-19 en Antioquia secuestraron en 1981 a Martha Nieves Ochoa, hermana de los famosos narcotraficantes y miembros del Cartel de Medellín, los hermanos Ochoa Vásquez (Jorge Luis, Juan David y Fabio), los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el grupo MAS (Muerte A Secuestradores), organización que sería el germen del moderno paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aportó armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes del más activo y poderoso de los narcos, que ya entonces contaba con una fuerte organización militar bajo su mando, Pablo Escobar Gaviria. Tras matar a más de 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de estos, Ochoa fue liberada a principios de 1982. Pronto la organización paramilitar, que contó con el activo respaldo de miembros de la Fuerza Pública, exportaría su modelo a otras regiones del país y pasaría de matar miembros activos de la guerrilla a políticos de izquierda. En efecto, lo que constituyó la primera prueba de la exacerbación del proceso paramilitar, entre el 4 y el 12 de agosto de 1983 en las veredas Cañaveral y Altos de Manila del municipio de Remedios (Antioquia), fue el asesinato de 20 campesinos por una patrulla mixta de soldados (adscritos al Batallón de Infantería N.º 42 “Batalla de Bombona”), y civiles al servicio de Fidel Castaño Gil.[70] Paralelamente se constituyó en las sombras durante un par de años la Alianza Americana Anticomunista (AAA), un cuerpo paramilitar conformado por miembros del ejército que realizaban la “guerra sucia” contra los grupos insurgentes (sobre todo miembros del M-19), experimentando con toda clase de torturas físicas y psicológicas en las mal llamadas “Cuevas de Sacromonte” en Facatativa. Este grupo, además de ser parte del conflicto nacional, era parte de la llamada Operación Cóndor, planificada por Estados Unidos para impedir el avance comunista en el continente.[cita requerida]
Cambio de rumbo y final de la administración Turbay
A finales de 1980 el Gobierno se hallaba en crisis: la economía colapsaba y crecía la oposición de todos los sectores a la política de orden público y a la violación de los DD.HH. Desbaratadas las redes del M-19, una porción de la opinión pública manifestaba su aprobación a las propuestas de acuerdo nacional que difundían los milicianos desde la cárcel, no obstante, que paralelamente ponían en marcha su ofensiva más importante, la llamada invasión por la Costa Pacífica, que terminó en fracaso ante la potencia de las fuerzas gubernamentales.
En efecto, una columna de 150 hombres, dividida en 2 grupos y entrenada por militares cubanos, ingresó por la costa pacífica colombiana con el objetivo de abrir operaciones en el interior del país. El primer grupo, al mando de José Elmer Marín, desembarcó a finales de febrero en Chocó, mientras que la otra agrupación compuesta por 85 elementos y dirigida por Carlos Toledo Plata, lo hizo en la desembocadura del Río Mira, cerca de Tumaco, el 4 de marzo. Sin embargo, el último grupo fue rápidamente detectado por las fuerzas gubernamentales que pasaron de inmediato a la ofensiva. Para finales de abril, ambas formaciones habían sido desbaratadas (cerca de 40 muertos y 100 capturados) y los sobrevivientes habían huido hacia el Ecuador (entre los muertos se contaban Elmer Marín y Carmenza Cardona Londoño, alias ‘La Chiqui’, quien se había dado a conocer durante la toma de la embajada de República Dominicana un año atrás).[71][72][73]
Paralelamente, y formando parte del mismo plan estratégico, el M-19 abría operaciones en las selvas del sur, y el 11 de marzo de 1981 se tomaba la capital de la Comisaría del Putumayo, Mocoa. Pese a las victorias militares obtenidas por el gobierno, ante el acorralamiento político la administración Turbay planteó en marzo, una primera Ley de Amnistía, la Ley 37, que a causa de sus múltiples restricciones fue rechazada por las guerrillas, que a cambio atacaron nuevamente en las selvas del sur: primero las FARC, que el 11 de julio matan a 2 tenientes y 7 suboficiales en San Vicente del Caguan (Caqueta)[74] y luego el M-19 que embosca a dos patrullas del Ejército en Belén de los Andaquies —al sur del mismo departamento— asesinando a 12 militares.[75] Como si fuera poco, la misma organización ataca con disparos de mortero la Casa de Nariño el 20 de julio de 1981. Fracasada esta primera iniciativa y evitando comprometerse personalmente, el presidente conformó en septiembre de 1981 una comisión nacional de paz, integrada por 9 miembros y encabezada por Carlos Lleras Restrepo. Pero aquel gesto fue desdeñado nuevamente por los insurgentes, que prosiguieron su ofensiva. El 20 de octubre de 1981, guerrilleros del M-19 secuestraron un avión de Aeropesca en Medellín, lo cargaron con armas en La Guajira y finalmente lo hicieron acuatizar en el Río Orteguaza en las selvas del sur. Un mes después, el 15 de noviembre, fue hundido el Buque Karina, cuando pretendía ingresar un poderoso arsenal por la Costa Pacífica. Mientras tanto, la comisión continuó con sus labores y propuso una amnistía más funcional aceptada por el Gobierno y expedida por el Decreto-ley 474 de 1982. Una nueva negativa como respuesta. En consecuencia los posteriores intentos de negociación con el M-19 fueron rechazados por Turbay, y la mayoría de sus miembros renunciaron entre abril y mayo de 1982, siendo desmantelada poco después.[cita requerida]
Así el tema de la paz se convirtió en el centro de la campaña presidencial de 1982, disputada entre Belisario Betancur con su “paz nacional” y Alfonso López Michelsen (lanzado nuevamente a la primera magistratura) con la “paz liberal”. Se impondría la primera y para despejarle el camino, Turbay levantó en junio el estado de sitio que regía desde mediados del periodo de López.[cita requerida]
Reorganización de las guerrillas
Luego de que las FARC celebraran sus dos primeras conferencias guerrilleras entre 1964 y 1966, otras cuatro más se realizaron hasta 1978. En ellas se prefiguró el encuadramiento de los insurgentes en frentes, columnas y compañías móviles, se creó el estado mayor y el secretariado, y además se dictaron normas de carácter financiero. Pero sería con la sexta conferencia realizada en enero de 1978, que se inicia realmente el proceso acelerado de crecimiento y expansión de las Farc, con el desdoblamiento de sus frentes que pasan de 6 en ese año a 27 en 1982.
No obstante, fue la séptima conferencia de mayo de 1982, la que marcó una ruptura. Realizada en el Guayabero (Meta) concluyó con la integración de un ejército revolucionario, lo que quedó consagrado agregando la sigla EP (Ejército del Pueblo) al nombre de las FARC, desde entonces FARC-EP.[76] Además se adoptó un plan militar inmediato, situando el eje del despliegue estratégico en la Cordillera oriental tomando a Bogotá como su centro, mientras se disponía la creación de una cadena de 12 frentes que irían desde La Uribe hasta la frontera de Venezuela y que permitiría aislar el sur-oriente del resto del país. Este esfuerzo culminaría con la creación 5 años después del Bloque Oriental. Se ordenó también, duplicar el número de estructuras de 27 a 48, ocupando con ellas las regiones donde la implantación de la organización era débil, y tomar una actitud más ofensiva. Ya no se trataría de emboscar al enemigo sino de buscarlo, coparlo y destruirlo. Multiplicar los ataques, desgastar y desmoralizar a las fuerzas estatales obligándolas a movilizarse constantemente. Paralizar la vida económica a base de sabotajes a la infraestructura nacional. Dar por tierra con el régimen, erosionando sus bases en 8 años.[cita requerida] Aparte de estas decisiones militares, se tomaron disposiciones en el marco financiero, asignando cuotas de dinero a cada frente. Cuotas que deberían recaudar de los grandes capitalistas y empresarios del país, pero también entre los grandes barones de la droga, dando instrucciones en todo caso de que no apareciera el nombre de la organización involucrado.[77] Los cinco años que siguieron serían de una vertiginosa expansión de las FARC-EP por amplios espacios del país. El crecimiento de frentes fue significativo en el Meta, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Santander, Casanare, Norte de Santander, Sur de Bolívar, Antioquia (nordeste, Bajo Cauca, Uraba), Choco, Valle, Cauca, Tolima y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ello le permitió al secretariado unir sus cuarteles del sur-oriente a una salida al mar por Uraba.[78]
Mientras tanto, el ELN afectado por una importante ofensiva militar en 1973 y reorganizado en la frontera con Venezuela, celebró en 1983 la llamada Reunión de Héroes y Mártires de Anori. Se eligió una junta directiva de 9 miembros y se nombró jefe político al sacerdote español Manuel Pérez Martínez (El Cura Pérez), consolidando la estructura central del grupo. Privilegiando la extorsión, las vacunas y los robos sobre los sectores energéticos, mineros y agropecuarios de la economía, la fuerza insurgente obtuvo cuantiosos recursos financieros que le permitieron pasar de 100 hombres y 3 frentes en 1983 a 14 frentes y 1000 miembros en 1986. Ese mismo año en una nueva asamblea nacional, se conformó el comando central —COCE— de 5 miembros y se dispuso la creación de los “frentes de guerra” (que deberían agrupar a los frentes de una misma región) dando a la organización una estructura federal. Se constituyeron 4 de estos frentes de guerra: el nor-oriental, norte, nor-occidental y sur-occidental, prefigurándose un quinto en el centro del país.
El EPL, por su parte se rehízo bajo la férula de los hermanos Calvo. En abril de 1980, el IX Congreso del partido Marxista-leninista rompió con las tesis maoístas, puso énfasis en el trabajo político de masas y abrió paso a la conformación de importantes núcleos de milicias urbanas (Bogotá, Cali y Cartagena), combinando este proceso de desarrollo con la utilización de instrumentos legales de lucha democrática. Desde el Noroccidente pronto sus frentes se extenderían hacia el interior de Antioquia, el Eje Cafetero y los Santanderes, mientras se incorporaron nuevos cuadros dirigentes como Bernardo Gutiérrez, antiguo militante de las FARC. Esta expansión llevó a que específicamente en Uraba, después de 1980, las FARC y el EPL entraran en una disputa, primero política y luego militar, dentro de la cual, la movilización y utilización de sus sindicatos respectivos, Sintrabanano del PC (FARC) y Sintagro del PCC-ML (EPL) se constituyó en un elemento fundamental de lucha.[78]
Inicios del narcotráfico
La economía del tráfico ilícito de drogas venía operando en Colombia, desde finales de los años 60´s cuando en la Costa Caribe, especialmente, floreció el cultivo de la marihuana y se dio una primera bonanza, la llamada “Marimbera”. El mercado norteamericano, receptor principal de los estupefacientes, empezaría luego a derivar hacia la cocaína, producto originado en la mata de coca y cultivada originalmente en los países andinos (Bolivia y Perú). En este marco, jugaría Colombia el papel de placa giratoria; La hoja de coca de los países andinos era procesada en el sur de Colombia para convertirla en cocaína, y luego esta era redistribuida por las mafias locales hacia Estados Unidos.
La primera generación de narcotraficantes se originó en los años 70´s presentes en Medellín y el Centro del país que, en gran parte, eran antiguos contrabandistas de mercancías que fueron liquidados en guerras internas; le sucedería una generación más activa de la que serían exponentes Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, Rafael Cardona Salazar, los hermanos Ochoa y Griselda Blanco (sobreviviente de la primera etapa) en Antioquia; Carlos Lehder en Armenia; Gonzalo Rodríguez Gacha en el centro del país; Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño, Helmer Herrera y los Hermanos Henao en el Valle del Cauca y José Rafael Abello en la Costa Atlántica. Sus profusas redes en Norteamérica, y la diáspora colombiana en el exterior les permitieron controlar rápidamente el negocio y obtener grandes beneficios económicos. Es así que a partir de la Administración López la economía de la coca iniciaría su apogeo y la riada de dólares hizo su entrada en el país. El gobierno Turbay emprendería las primeras acciones contra el narcotráfico presionado por los Estados Unidos, al lanzar una ofensiva contra los cultivos de marihuana en la Costa Norte y firmar en 1979 el Tratado de Extradición con la Administración de Jimmy Carter; medidas que, sin embargo, no pasaron de ser cosméticas y poco eficaces al no haber una política nacional contra este fenómeno, ya que el narcotráfico era considerado un delito menor en Colombia.
Aunque al principio los narcotraficantes se presentaron solo como empresarios, pronto fue evidente que también eran agentes de desestabilización, como la misma naturaleza de su negocio lo dictaba. Cuando miembros del M-19, secuestraron en Antioquia a Martha Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa, reconocidos narcotraficantes de Medellín, los capos reaccionaran con todos los recursos a su alcance creando el MAS (Muerte a Secuestradores), organización que sería el génesis del paramilitarismo en Colombia. Cada uno de ellos aporto armas, dinero y hombres, poniéndolos a las órdenes de Pablo Escobar, que ya entonces contaba con la más potente organización militar bajo su mando. Tras matar a unas 200 personas en su búsqueda, entre milicianos, colaboradores y familiares de los implicados, Ochoa fue liberada a principios de 1982.
Consecuencia de estos hechos fue la formación de carteles de la droga con la asociación de jefes narcotraficantes: el de Medellín terminó por alinear a los capos de la región paisa y al llamado cartel de Bogotá, en una alianza que incluiría a las dos mayores cabezas del negocio: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. También se constituirían los de la Costa, del Amazonas (ambos, cercanos al primer grupo), y el de Cali, aunque todos con menores recursos y poder que el de Medellín. Además, pronto el modelo del MAS se aplicaría a la región del Magdalena Medio, donde nació la ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio), una fuerza de autodefensa legal, encargada de combatir la presencia de la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Los homicidios y masacres se multiplicarían ahí a partir de 1982. Pronto Rodríguez Gacha, enemistado con las FARC a causa de la destrucción de algunos de sus laboratorios en el sur del país y del robo de dinero en efectivo y pasta base de coca en 1983, tomó las banderas de la contra-insurgencia y empezó a apoyar con cuantiosos recursos, entrenamiento y armas a los paramilitares de Puerto Boyacá.
La administración Betancur (1982-1986)
En 1982 había un gran auge guerrillero, debido a las condiciones de extrema pobreza en todo el país y al fortalecimiento rápido y lento de grupos como las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL, entre otros. También un gran auge del tráfico de cocaina a Estados Unidos sobresaliendo los Barones de la Droga consolidados en los Carteles de Medellín y Cali, quienes usaban sus fortunas para comprar enormes fincas en el sector rural, construir casas y edificios en las ciudades, además de constituir empresas para lavar su dinero. También compraban, en el caso de Pablo Escobar, animales importados de África para conformar lo que más tarde sería conocido como el corazón de su imperio ilegal: La Hacienda Nápoles; además, lavaba el dinero ilícito invirtiéndolo en obras sociales en Medellín y Envigado, lo que le hizo ganar el favor de la gente más necesitada de estas ciudades, convirtiéndolos en los futuros sicarios que cobrarían miles de vidas en el país por encargo de Escobar. Además, la popularidad del Partido Liberal y del presidente Julio César Turbay había decaído enormemente tras los problemas citados anteriormente y la violación a los Derechos Humanos tras imponer un Estatuto de Seguridad contra la subversión, lo que permitió el regreso al poder del Partido Conservador por primera vez desde el fin del Frente Nacional en la persona de Belisario Betancur, triunfando en las elecciones presidenciales de 1982.
El proceso de paz
El gobierno del “Movimiento nacional”, marco un nuevo inicio en la política estatal para el manejo del conflicto armado, al reconocer el carácter político del fenómeno guerrillero. Es así como se abrieron conversaciones con los grupos de “oposición armada”, dejando atrás las soluciones militares. El 18 de noviembre de 1982, el congreso aprobó la ley de amnistía, la ley 35, proyecto de Gerardo Molina. A pesar del secuestro y asesinato por el ORP, un oscuro grupo guerrillero, de Gloria Lara de Echeverri (ex directora de las juntas de acción comunal) en noviembre de 1982, y de la emboscada tendida el 4 de febrero de 1983 a un convoy del Ejército que se movilizaba por la carretera que une los departamentos de Huila y Caquetá (con el saldo de un oficial, dos suboficiales y nueve soldados muertos),[79] cientos de guerrilleros presos que fueron amnistiados, quedaron en libertad. Dado ese primer paso, pronto se iniciarían los diálogos exploratorios con las FARC, el ADO y el M-19 -cuyo líder máximo Jaime Bateman Cayon murió en un accidente de aviación en abril de 1983-. Pese a que los primeros contactos fueron directamente realizados por el gobierno, en adelante las conversaciones quedaron a cargo de comisiones de paz autónomas a través de las cuales el diálogo se llevó de forma indirecta. Actuando de esta manera, en la primera parte de la administración Betancur se llegó a acuerdos de tregua y cese al fuego con las FARC, el ADO y el EPL (24 de agosto de 1984).
Con el M-19, las conversaciones exploratorias avanzaron con mayores tropiezos a causa de las continuas operaciones militares del grupo insurgente. Los dos bloques de la organización, el sur (Caqueta) y el occidente (Cauca y Valle) lanzaron múltiples ataques a partir de marzo de 1984: el 14 de ese mes, de 70 a 80 guerrilleros ingresaron a Florencia (Caquetá) y se enfrentaron durante varias horas a las autoridades; y entre el 4 y el 5 de abril, fueron atacadas Corinto y El Palo (Cauca) —los combates que se prolongaron durante una semana dejaron 6 uniformados y 17 guerrilleros muertos—. El Ejército respondió con una fuerte ofensiva sobre el Bloque sur del M-19, al mando de Gustavo Arias ‘Boris’. En dos meses, hasta mayo de 1984, 54 insurgentes fueron dados de baja (por 20 soldados muertos), obligando así al M-19 a concentrar sus acciones en el occidente, donde fue asaltada la población de Yumbo (Valle) el 11 de agosto siguiente. Solo después de unas jornadas sangrientas en las que fue asesinado Carlos Toledo Plata, y herido en una emboscada Carlos Pizarro Leongomez, se llegó a un acuerdo con el M-19, el 24 de agosto de 1984.
Reorganización del Ejército
Paralelo al proceso de mutación que sufrían las guerrillas a principios de la década de los ochenta, el Ejército Nacional —en quien descansaba prácticamente todo el peso de la lucha contrainsurgente— se vio sometido a unas profundas transformaciones en su estructura. El continuo deterioro de la situación de orden público, y la necesidad de movilizar Unidades Operativas Mayores que pudieran garantizar el mantenimiento del orden constitucional, fueron factores decisivos en la activación a partir del primer semestre de 1983 de 4 divisiones, cada una de ellas al mando de un Mayor general con su respectivo estado mayor y que englobarían dentro de su estructura jerárquica varias Brigadas.[80][81]
Efectivamente, las tropas estaban organizadas hasta entonces en brigadas que tenían unas jurisdicciones territoriales bastante limitadas, por lo que las divisiones tendrían bajo su responsabilidad áreas geográficas mucho más extensas (la I División inicialmente tenía a su cargo la Costa Caribe y Antioquia, la II División los Santanderes y el Magdalena Medio, la III División la Región del Pacífico y el Valle y la IV División la Orinoquia y el Amazonas). Por lo demás, la creación de un mando superior en cada División, permitió la adopción de un plan de acción general y de un diseño estratégico, que orientara la dirección de las distintas unidades implicadas en la lucha contra guerrillera.[82][83]
La oposición a la paz
Pero las conversaciones de paz no tardaron en encontrarse con la oposición del estamento militar. El comandante del Ejército, Miguel Vega Uribe mostró abiertamente su desacuerdo con el proceso, y el ministro de defensa, General Fernando Landazábal seria destituido en enero de 1984, a causa de sus continuas fricciones con el ejecutivo. No por nada el propio presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, hablo de “enemigos agazapados de la paz”. No obstante, la actitud de los militares se vio favorecida ante la opinión pública por el accionar de los distintos grupos guerrilleros, como el Ricardo Franco disidente de las FARC, y el ELN (al mando de Manuel Pérez Martínez ‘el cura Pérez’), que se negaron a firmar acuerdos con el Gobierno, continuando las hostilidades, los secuestros y las extorsiones. Asimismo, el líder del EPL, Oscar William Calvo, reconoció la implicación de su organización en retenciones y vacunas, pese a encontrarse en medio de un cese al fuego. Con las FARC que había firmado los acuerdos de la Uribe en mayo de 1984, continuaron también las escaramuzas: su ambigüedad quedó de manifiesto en el pleno de 1985, donde se pusieron sobre la mesa unos objetivos esencialmente orientados a lo militar.[cita requerida]
Sin embargo, las mayores dificultades se dieron con el M-19: en diciembre de 1984 un fuerte combate de 18 días enfrento al Ejército y al grupo insurgente en torno al sitio de Yarumales (20 de diciembre de 1984-7 de enero de 1985). La operación Garfio que movilizo a cerca de 4000 soldados contra uno de los campamentos madre del M-19, ubicado en el Páramo de San Pablo en Corinto (Cauca), terminó con un nuevo acuerdo entre el gobierno y el grupo insurgente, luego de que las tropas regulares no pudieran desalojar a los subversivos de sus posiciones.[84] Pero el dilema siguió abierto, con el establecimiento de una nueva área campamentaría en Los Robles (Cauca). Además se comenzó a denunciar el proselitismo armado desarrollado por este movimiento en los llamados Campamentos de paz, abiertos en las principales urbes del país. En vista de lo que sucedía, el Gobierno prohibió la realización de un congreso del M-19 en Bogotá: al final este se llevaría a cabo en Los Robles (Cauca) a pesar de la insistencia oficial en prohibirlo.[cita requerida]
A partir de ese momento, el clima del proceso se tensionó: los sectores más retardatarios iniciaron una campaña de “Guerra Sucia” contra guerrilleros amnistiados y líderes de izquierda, orientando su actuación al asesinato selectivo. En mayo de 1985 el líder del M-19, Antonio Navarro Wolf fue víctima de un atentado en Cali, que lo dejó gravemente herido. Además, en el congreso de la República, los partidos tradicionales conscientes de la crisis de representatividad alcanzada por sus agrupaciones, se opusieron al “Diálogo Nacional”, que era una instancia de deliberación y de generación de propuestas de cambio social en la que participarían los grupos guerrilleros, los sectores de izquierda y los 2 partidos, el liberal y el conservador. Esta situación terminó con el experimento legal de los subversivos, puesto que la mayor parte del movimiento insurgente volvió a la lucha armada, uniéndose en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).
La guerra se recrudece
El M-19 rompió la tregua el 20 de junio de 1985, día del paro cívico nacional convocado por agrupaciones populares, “como reacción al hostigamiento político y al asesinato”. El 28 de junio, dicha organización atacó la población de Génova (Quindío) y mató a 8 policías, 2 militares y 5 civiles.[85][86] Estalló |título=entonces la guerra abierta,[87] y se emprendieron importantes operaciones de lado y lado: asaltos y hostigamientos sobre los municipios del Valle, que dejaron hasta octubre 44 uniformados y 60 guerrilleros sin vida; muerte del Comandante Iván Marino Ospina (Cali, 28 de agosto); robo de un camión repartidor de leche en el barrio San Martín de Loba en el sur oriente de Bogotá (ocurrido el 30 de septiembre, terminó con la muerte de 11 milicianos del M-19); asalto al Batallón Cisneros de Armenia; y atentado contra el General Rafael Samudio Molina.
La violencia se intensificó a tal punto que el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 tomó al asalto el palacio de justicia en Bogotá. Más de 350 personas fueron tomadas como rehenes. El Ejército contraatacó con más de 1000 soldados y 8 tanques, mientras la Policía movía el Copes (Cuerpo de operaciones especiales) en varios helicópteros sobre la terraza del edificio. Se produjo una batalla que se prolongó por espacio de 28 horas y que se saldó con más de 100 muertos y desaparecidos entre ellos la mayor parte de los miembros de la sala constitucional de la corte suprema de justicia, 11 uniformados y todos los integrantes del comando asaltante.[88]
Poco después, el EPL rompió también el cese al fuego -tras el asesinato en la capital de su jefe Oscar William Calvo-, y la guerra se generalizó entonces contra todos los grupos subversivos (excepto las FARC y el ADO), agrupados a la sazón alrededor de la Coordinadora Nacional Guerrillera CNG. No obstante, la insurgencia perdería legitimidad a raíz de la Masacre de Tacueyo, efectuada entre sus propias tropas por la guerrilla del Comando Ricardo Franco Frente-Sur y su líder Javier Delgado, en noviembre de 1985 —con un saldo de más de 160 muertos—. Las mutuas acusaciones y las recriminaciones por entorpecer cualquier nuevo acercamiento de paz, se multiplicarían luego de que en una vasta operación contra el M-19, el Ejército matara a 15 personas (4 milicianos y 11 civiles) en el Barrio Siloe de Cali (30 de noviembre - 2 de diciembre). Ese mismo día, 30 de noviembre, la IV Brigada daba de baja a 22 integrantes del V Frente de las FARC en Las Cañas, Uraba antioqueño, poniendo de relieve la fragilidad de la tregua pactada en 1984 con la organización comunista.[89]
La situación no vario en 1986, a raíz de la violenta ofensiva del M-19 en el suroccidente colombiano; la organización había concentrado para ello todas sus fuerzas en el occidente sacando el centenar de subversivos que aun tenía en el frente caqueteño. El 19 de enero una gruesa columna de guerrilleros, embosco un camión del Ejército en el Alto de Méndez en Silvia (Cauca). Nueve militares y un civil murieron y tres uniformados mas fueron capturados. Cinco días después, el 24, fuerzas especiales rescataron ilesos a los secuestrados en un operativo en el que murieron 20 insurgentes y 1 soldado (zona rural de Totoro, Cauca).[90][91] Los combates se prolongaron varios días más, luego de que el M-19 atacara el municipio de Morales (Cauca) el 3 de febrero. Las FF.MM. debieron movilizar entonces hacia el nororiente del Cauca al menos 6 batallones de tropa, que se enfrentaron en violentos combates al denominado batallón América y no menos de 400 rebeldes. Empero, desafiando la ofensiva de los militares, los rebeldes se trasladaron al Valle del Cauca y el 12 de marzo, cerca de 300 milicianos atacaron Cali desde la Región del rio Pance.
No obstante, para el final de la administración de Betancourt, dicha organización había sufrido golpes con varios de sus dirigentes asesinados o muertos en combate: Carlos Toledo Plata, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Gustavo Arias “Boris”, Andrés Almarales, Luis Otero y Alfonso Jacquin.
En este marco, solo las FARC permanecieron en el proceso de paz y conformaron con el Partido Comunista y otro grupos de izquierda la Unión Patriótica, que obtendría en las elecciones de 1986 11 curules en el parlamento y docenas de puestos en consejos municipales y asambleas departamentales. No obstante, estos avances se vieron amenazados por el incremento de la “guerra sucia”, denunciada por múltiples organizaciones. Para agosto de 1986, las guerrillas aglutinaban unos 9000 hombres (de 3000 a 5000 de las FARC en 29 frentes, 1000 del M-19, 1000 del EPL, 1000 del ELN, 150 de la guerrilla indígena del Quintín Lame, 100 del Patria Libre y otro centenar del PRT —Partido Revolucionario de los Trabajadores—). A ellos se oponían unos 90 000 militares y 50 000 policías.[cita requerida]
La muerte de Lara: Empieza la guerra contra el narcotráfico
Con la elección de Belisario Betancourt como presidente para el periodo 1982-1986 se abrió una nueva etapa en la aun incipiente lucha contra el narcotráfico. La reforma tributaria de 1983, planteó una nueva relación entre el turbulento pero multimillonario negocio, y el Estado, ofreciendo la alternativa de incorporar los dineros calientes a la economía legal colombiana. Se sondeó además la posibilidad de la legalización de las drogas y la expedición de un marco legal que permitiera a los barones de la coca, su participación en la vida social, legal y política del país. El nacimiento del Movimiento Latino Nacional de Carlos Lehder y de Civismo en Marcha de Pablo Escobar, quien ocupó un puesto en la Cámara de Representantes, fue una expresión de este proceso. Pero dicho esbozo fracasó por la oposición de los sectores tradicionales para aceptar estos hechos. El Nuevo Liberalismo, movimiento liderado por Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla (nombrado Ministro de Justicia por Betancourt) fue el adalid de esta cruzada contra la narco-política, que convirtió en el objetivo principal de sus críticas a Pablo Escobar.
En este marco de rechazo a la narco-política se dieron los primeros intentos de diálogo entre los traficantes de droga y el Gobierno sobre el tratado de extradición a los Estados Unidos. En una primera conversación con el Procurador Carlos Jiménez Gómez en octubre de 1983, el jefe del Ministerio Público mostró su rechazo a la extradición y acordó con los narcos, que amagaban con declarar la guerra, su retiro de la política. Así fue que al final, pese a los intentos de sabotear la acción del ministro Lara en el congreso, denunciando su supuesta relación con Evaristo Porras, un narcotraficante del Amazonas, Escobar se vio obligado a renunciar definitivamente a la actividad política. La difícil coyuntura que parecía desactivarse se complicó cuando la policía anti-narcóticos, al mando del Coronel Jaime Ramírez Gómez (con el ministro Lara detrás del operativo), desmanteló el complejo cocalero de Tranquilandia, en marzo de 1984. Aquel golpe al Cartel de Medellín, fue devuelto el 30 de abril de 1984, cuando 2 sicarios mataron al ministro de justicia en el Norte Bogotá.
Fue el divorcio entre la sociedad y los barones de la droga. La primera acción inmediata del gobierno contra el narcotráfico fue ratificar e implementar el Tratado de Extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, firmado en la época de Turbay Ayala. El gobierno amplió el estado de sitio a todo el país con el Decreto 1038 y con el Artículo 121 generó casi toda la legislación regulatoria del narcotráfico en Colombia, en especial el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986). Con este marco legal, Betancourt inició la primera gran guerra contra el narcotráfico: se dispuso del embargo y del secuestro de bienes y del aumento de penas y multas para delitos asociados al tráfico de drogas, pasando estos al conocimiento de la Justicia Penal Militar. Los principales cabecillas del Cartel debieron refugiarse en Panamá (con la complicidad del presidente de facto de ese país, Manuel Antonio Noriega) e intentaron en mayo de 1984, en medio de los llamados Diálogos de Panamá, un último intento de acercamiento al Estado. Su fracaso trajo una importante consecuencia: el dinero fue reemplazado por el terror como principal recurso de enfrentamiento y diálogo. Meses después regresarían clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo.[92]
El narcoterrorismo: 1984-1986
Pese a la ofensiva que siguió al crimen de Rodrigo Lara Bonilla, y a la activación del proceso de extradición, hecho efectivo en enero de 1985 con el envió de los primeros capturados a Estados Unidos, los narcotraficantes del cartel de Medellín permanecieron impunes, ejerciendo el control de su aparato criminal, y expandiendo sus rutas —México, Nicaragua y Cuba— y mercados. De modo paralelo, los efectos corrosivos del narcotraficante seguían creciendo, contribuyendo al progreso de la corrupción dentro del gobierno —en sus múltiples estamentos—, los partidos políticos, y sobre todo las fuerzas de seguridad, sobornadas con profusión por Escobar y sus secuaces. Solo esto último permitió al cartel de Medellín, continuar golpeando impunemente al Estado colombiano.
Las grandes ciudades Bogotá y Medellín inicialmente, luego otras, conocerán a partir de ese momento un terrorismo que sin estar ligado directamente al Conflicto armado, hará estremecerse a las instituciones y a la sociedad con más fuerza que lo hecho por la guerrilla. Es así como la violencia irrumpe con fuerza en el mundo urbano colombiano, rodeado de áreas periféricas pobres y marginadas: bandas de sicarios en la capital antioqueña pasan a controlar de facto más o menos desde 1985, las barriadas y comunas de la ciudad, actuando o no al servicio del cartel; la misma situación se extenderá pronto a Cali, Pereira y Bogotá. Las tasas de homicidio aumentarán exponencialmente en todo el país desde mediados de la década de los ochenta y alcanzaran más de 20.000 anuales a contar de 1988. La criminalidad común también crecerá y la respuesta de la Policía, en forma de sangrientas represalias y campañas de “Limpieza social”, solo aumentara progresivamente las dimensiones del problema.[cita requerida]
En noviembre de 1984 “Los Extraditables”, hicieron estallar un carro-bomba frente a la embajada estadounidense en la capital, y en junio de 1985 ordenaron la muerte del juez Tulio Manuel Castro Gil. Por esos mismos meses, Pablo Escobar, se acercó al M-19 por intermedio del comandante Iván Marino Ospina y de algún modo estuvo al tanto de los hechos que se iban a desarrollar en la toma del Palacio de Justicia ofreciendo apoyo económico para la operación; si bien los hechos no están dilucidados del todo. En cualquier caso las relaciones fueron bastante cercanas y motivaron cierto alejamiento de la cúpula del M-19 con Ospina. Carlos Lehder por su parte también busco refugio entre varios frentes guerrilleros para escapar a la arremetida del gobierno y se declaro luchador contra el Imperialismo estadounidense.
Después del asalto del M 19 al palacio de justicia, la campaña de terror del Cartel continuaría contra sus enemigos en el Gobierno, contra los que apoyaran el tratado de extradición, y todos los que denunciaran sus negocios y redes mafiosas: “los Extraditables” asesinaron en febrero de 1986 en Baton Rouge (Florida) al piloto y testigo ante la justicia estadounidense Barry Seal, en julio al magistrado Hernando Baquero Borda y al periodista de El Espectador Roberto Camacho Prada, y el 18 de agosto ya posesionado el nuevo presidente de Colombia Virgilio Barco, al Capitán de la policía anti-narcóticos Luis Alfredo Macana. Además, demostrarían su poder de corrupción cuando evitaron que Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela capturados en España y ambos reconocidos narcotraficantes, fueran extraditados a Estados Unidos y más bien fueran deportados a Colombia donde pagaron irrisorias penas de cárcel.
Hasta ese momento, los dos principales grupos exportadores de droga no habían entrado en pugna y respetaban sus respectivos mercados y territorios, aunque la atención de las autoridades se centraba esencialmente sobre los violentos cabecillas de Medellín, que controlaban hasta un 80 % del lucrativo negocio. Y a pesar de que los jefes de Cali optaron principalmente por la corrupción y por la infiltración dentro de las instituciones como medio de lidiar con el Estado, en septiembre de 1986, medios ligados a su mafia ordenaron el crimen del periodista del Diario Occidente Raúl Echavarría Barrientos.[92]
La administración Barco (1986-1990)
Antes de las elecciones presidenciales de 1986, Colombia había salido de varios eventos que la habían cambiado hasta entonces; la Ley de Amnistía, la tregua con las FARC y el M-19, además de la hecha con otros grupos, la Toma al Palacio de Justicia y la Tragedia de Armero. Adicional a ello, se presentaban debates sobre una profunda reforma a la centenaria Constitución de 1886, a la cual se aplicaría una última reforma que seria la elección popular de alcaldes y gobernadores, se debatía también proseguir los diálogos con la subversión iniciadas en la gestión anterior y también la lucha contra los carteles de la droga. El liberal Virgilio Barco, con 4,8 millones de votos, ganó por un amplio margen a sus contrincantes: Álvaro Gomez Hurtado, del Partido Conservador; y Jaime Pardo Leal, de la Unión Patriótica (UP). Al declarar su gobierno como “totalmente liberal”, puso fin a la repartición equitativa de puestos con los conservadores, dando por finalizado el acuerdo de cuotas burocráticas.[cita requerida]
Compartiendo el diagnóstico de su predecesor respecto a la existencia de causas objetivas y subjetivas de la violencia, manifestó sus intenciones de diálogo y puso en marcha programas de aspecto reformista para las zonas más afectadas por el conflicto. Retomó y fortaleció el Programa Nacional de Rehabilitación (PNR) y reinició las conversaciones de paz con la guerrilla. La llamada Política de cambio para la reconciliación, normalización y rehabilitación, intentó institucionalizar y ampliar la política de paz de Betancur, acercando el Estado y sus instituciones a la comunidad. Esta iniciativa se precisó al final del primer año de gobierno con la formulación del PNR, la Erradicación de la Pobreza Absoluta (EPA), y el Plan integral de desarrollo campesino (PIC), que amplió los programas del fondo de Desarrollo Integral Campesino (DRI). Pese a los amplios esfuerzos del Estado ninguno tuvo mayor impacto en la situación que vivía el país: el PNR manejado con una visión tecnócrata no alcanzó a tener repercusión sobre el terreno, debido a la misma violencia que impidió su desarrollo en las áreas con mayores problemas de orden público; y no hubo erradicación de la pobreza absoluta o integración de las mismas áreas a la economía nacional. La EPA terminaría opacada por sus bajos resultados frente al PNR.[cita requerida]
Esta apuesta institucional vino acompañada de la implementación de reformas democráticas que, en la primera elección popular de alcaldes en 1988, dieron el paso definitivo hacia la concreción de la descentralización política y administrativa. De esta forma se intentó reforzar una concepción más civilista del orden público, reflejada en la intención de ejercer cierto control sobre las Fuerzas Armadas, mediante el nombramiento de un civil como Procurador para las Fuerzas Armadas y la creación de una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Todo este paquete de medidas, junto con el reconocimiento de fuerzas políticas de la izquierda dentro del juego político, incluyendo el reconocimiento de la Unión Patriótica y la vigencia de los acuerdos de paz (pese a la ruptura del proceso con las FARC), hacían parte de una intervención democratizadora que intentaba incidir en una guerra en desarrollo y en una crisis política continuamente postergada.
Sin embargo, el aislamiento del presidente Barco de la clase política tradicional, su falta de habilidad para lograr un consenso en la sociedad, y su distanciamiento de la opinión pública, impidieron la aprobación de todas las reformas que debieron acompañar la política de rehabilitación y la descentralización político-administrativa en curso. El conflicto entró en una fase de recrudecimiento progresivo y las guerrillas multiplicaron sus acciones, justificando su creciente radicalizacion con los hechos de la “guerra sucia”. Uno de esos golpes a la confianza mutua ocurrió 15 de febrero de 1987, cuando fue detenido, torturado y luego presentado como muerto en combate, uno de los jefes máximos del EPL, Jairo de Jesús Calvo “Ernesto Rojas”.[cita requerida]
Ofensiva guerrillera y conversaciones de paz
La violencia guerrillera se intensificaría a niveles desconocidos con numerosos ataques a infraestructura, emboscadas y tomas de pueblos. El M-19, a la ofensiva entre noviembre de 1985 y marzo de 1986, sufrió una potente arremetida del Ejército a partir de marzo de 1986 cuando fueron trasladados miles de hombres desde el fuerte Tolemaida hacia el sur-occidente de Colombia. Aprovechando el cese al fuego con las FARC, que dejaba espacio para concentrar esfuerzos en el occidente, se movilizaron nada menos que quince mil soldados de las Brigadas III (Cali) y X (Melgar), con refuerzos mecanizados provenientes de la XIII (Bogotá), y respaldados por artillería, tanques Urutú y Cascabel, helicópteros artillados y aviones de bombardeo T-33 y T-37. En verdad, luego del resultado de la operación del palacio de justicia, la organización no pudo volver a levantar cabeza.
El peso del esfuerzo recayó entonces cada vez más en los otros grupos que desplegaron una fuerte escalada en todo el país. El ELN multiplicó sus atentados y extorsiones contra la infraestructura petrolera en las postrimeras de 1986, lanzando también una incursión hacia Venezuela el 12 de junio de 1987 (incursión que le costo la vida a 10 efectivos de la Guardia Nacional); mientras que las FARC sacaron como única conclusión del episodio de la UP, que había que continuar solo en el frente militar y reactivar su aparato bélico, acrecentado y extendido a lo largo de 3 años en las sombras de un fallido proceso de paz.[93] El 16 de junio de 1987 los frentes 14 y 15, atacaron en la Quebrada Riecito sobre la carretera entre Puerto Rico y San Vicente del Caguan (Caquetá), a una columna contraguerrilla del Batallón Cazadores del Ejército, matando a 26 soldados y un civil.[94] La tregua con el Gobierno se rompió y las conversaciones que continuaron de manera intermitente hasta 1990, sufrieron un serio traspiés del que nunca se recuperarían. El EPL por su parte apostaba por operar simultáneamente en el campo político y militar, constituyendo el denominado Frente Popular en 1988 con el cual pretendía avanzar en las elecciones locales de ese año. A la vez su estrategia “revolucionaria” pasaba por apoyar insurrecciones parciales en las regiones, utilizando para ello las movilizaciones sociales. En uno de los ataques lanzados por esta organización el 22 de marzo de 1987, fue emboscada una patrulla de 18 policías antinarcóticos en Necocli (Antioquia). 11 uniformados murieron y 3 más fueron secuestrados.
La expansión territorial de las guerrillas, en todo caso solo fue posible gracias a nuevos factores que entraron en escena en la década de los 80. El país experimentó profundas transformaciones económicas que multiplicaron los conflictos sociales y crearon polos de desarrollo en las antiguas periferias, brindando así valiosos recursos a la expansión de los grupos irregulares. Esos cambios se centraron en la transición de Colombia de país cafetero a país minero y cocalero, con el dinamismo de nuevos sectores de la agroindustria con el banano (Uraba), las flores y la palma africana (sur del Cesar); y de la minería con el carbón, el petróleo (Arauca) y el oro (Bajo Cauca y Nordeste antioqueño). También jugaría a su favor la poca disponibilidad de tropas contraguerrilla (unos 6000 soldados a principios de 1987) y la escasez de medios materiales con que contaban las FF.MM. para enfrentar a una insurgencia en plena expansión.[95][96]
Quebrada la tregua con las FARC que era la mayor organización insurgente del país, los enfrentamientos se sucedieron sin tregua en las selvas del sur, en Arauca, Córdoba, Uraba y el Magdalena Medio. Además, las distintas guerrillas que combatían al gobierno colombiano (FARC, ELN, EPL, M-19, PRT Y Quintín Lame) crearon el 27 de septiembre de 1987 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), con el fin de poder coordinar mejor los esfuerzos de guerra de cada organización al margen de la ley en su lucha contra el estado y las fuerzas armadas legítimamente constituidas. El 21 de noviembre de 1987 miembros de las Farc mataron a 12 soldados al dinamitar un puente entre Albania y San Jose (Caquetá); el 24 de enero de 1988 cayeron 8 policías del GOES (Grupo de operaciones especiales) en una emboscada tendida por guerrilleros en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja (Santander); y el 29 del mismo mes, el EPL asesinó en Antioquia a 3 militares. El 17 de febrero, militantes de la misma organización ultiman al coronel Jaime Gerardo Díaz López, comandante del Batallón Junin, cuando este pasaba por un falso reten a las afueras de Tierralta (Cordoba).[97] El 25 de abril, es una cuadrilla del ELN, la que incursiona en la población de Nuevo Colon (Cesar) y da muerte a 10 civiles.[98]
Las hostilidades escalaron a un mayor nivel contando desde mediados de año. El 29 de mayo los insurgentes de la coordinadora Simón Bolívar atacaron en varios frentes: el M-19 secuestro al político conservador Álvaro Gómez Hurtado; el ELN asesino en el sitio denominado Llana Caliente, en San Vicente de Chucuri (Santander), al Coronel del Ejército Rogelio Correa Campos junto a 5 militares y 9 civiles mas, en momentos en que se celebraba una reunión con miles de campesinos; y una emboscada del EPL en San Pedro de Uraba se saldó con la muerte de 3 soldados y 11 guerrilleros.[99] Después de este último ataque el Ejército emprendió una potente contraofensiva con carros blindados y 3 helicópteros artillados en el Eje bananero, que tras una semana de enfrentamientos terminó con no menos de 28 víctimas mortales (7 soldados y 21 insurgentes). Mientras los paramilitares contraatacaban con saña en Antioquia y la región del Ariari, el ELN y las FARC lanzaron un nuevo asalto conjunto el 12 de julio de 1988, contra un puesto del Ejército en zona rural de El Bagre (bajo Cauca antioqueño): quince uniformados murieron en el ataque sorpresa.[100][101] Un mes más tarde en la madrugada del 23 de agosto, el corregimiento de Saiza (Tierralta, sur de Córdoba) fue escenario de otra batalla. Al menos 200 subversivos de las Farc y el EPL, atacaron a un pelotón de 31 soldados que acampaba a las afueras de la población y al cuartel de la policía, guarnecido por 18 uniformados ubicado en el centro del mismo. Después de 12 horas de combate, se reportaron 51 muertos (12 soldados, 2 policías, 12 civiles y 25 guerrilleros) y 22 miembros de la fuerza pública secuestrados.[102][103]
La subsiguiente propuesta de paz lanzada por el Ejecutivo el 1 de septiembre, fue rechazada por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que multiplico los golpes sobre el terreno. Desde esa fecha hasta el 1 de noviembre siguiente, múltiples acciones bélicas dejaron más de 120 muertos y decenas de heridos. Además fueron secuestrados numerosos efectivos del gobierno.[104] En el hecho más grave, ocurrido el 2 de octubre de 1988, fueron asesinados 12 soldados y 2 civiles cuando fue atacado un bus de transporte intermunicipal que transportaba miembros del Ejército Nacional en Cartagena del Chaira, Caquetá.[104] Por añadidura, el 27 de octubre de 1988, día del Paro Cívico Nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores —cut—, y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —anuc—, entre otras organizaciones, el EPL trato de llevar adelante su apuesta por la revolución popular, proponiendo esa fecha como inicio de la insurrección contra el Estado. El resultado fue desastroso. Pocos días más tarde, el 1 de noviembre en la vía que de El Castillo conduce al corregimiento de Miravalles (Meta) miembros de las FARC atacaron a tropas del batallón de ingenieros Carlos Alban, matando a 2 suboficiales y 11 soldados.[105]
Pese a la violencia de esta última embestida terrorista, el presidente denegó la autorización al ministro de Defensa, General Rafael Samudio, de conducir una estrategia de tierra quemada contra la rebelión, forzando al alto oficial a dimitir. El 22 de noviembre un coche-bomba estalló en Bogotá al paso de la caravana de su sucesor en la cartera de guerra, General Manuel Jaime Guerrero Paz, pereciendo en el acto 3 de sus escoltas.[106] 1988 culminó así con 371 muertos entre las filas gubernamentales contra los 270 de 1987. A estos se sumaron cerca de 600 guerrilleros dados de baja.
En este marco las FARC realizaron en mayo de 1989 un nuevo pleno de su organización, donde confirmando lo decidido 2 años atrás, se llegó a la conclusión que los esfuerzos políticos, como la búsqueda de la paz no eran durables y en consecuencia que la guerrilla debía prepararse para un mayor escalamiento del conflicto: escalamiento que derivaría hacia la guerra civil. Las estructuras insurgentes entrarían a hostigar frontalmente al Ejército colombiano. En adelante lo militar iría en detrimento de cualquier otra opción.[cita requerida]
Negociaciones y desmovilización del M-19
En vista de la situación de violencia que envolvía el país en todos los frentes, en septiembre de 1988 el Gobierno reconoció un interlocutor político válido en la insurgencia. Dependiendo del grado de radicalización alcanzado y de su localización geográfica, el Estado se acercó a negociar unilateralmente con los distintos grupos guerrilleros reunidos alrededor de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en septiembre de 1987. El gobierno creó para ello la consejería para la paz de la presidencia y a diferencia de Betancur con sus comisiones autónomas, comprometió directamente al ejecutivo en las conversaciones. Pero la administración Barco confrontando una oleada de violencia ilimitada alimentada desde todos los frentes, no redujo su accionar solo a la búsqueda de la paz por medio de las conversaciones, sino que también aumentó el presupuesto del renglón de la defensa y multiplicó los efectivos de las Fuerzas Armadas pasando estos de 150 000 en 1988 a 210 000 al año siguiente. El ejército que contaba ahora en sus filas 140 000 hombres, empezó a conformar con los primeros contingentes de soldados profesionales (unos 2000 inicialmente), 14 batallones contraguerrilla (BCG) orientados básicamente a la lucha contra-insurgente; para apoyar ese esfuerzo adquirió armamento más moderno entre ellos los helicópteros Black Hawk estadounidenses. Los resultados de esta nueva estrategia llegaron en octubre de 1989 cuando unidades aero-transportadas atacaron un campamento madre del EPL en Puerto Libertadores (Córdoba) y dieron de baja a 18 insurgentes. A la par las pérdidas de la FF.AA. disminuyeron sustancialmente y por última vez caerían a la cifra de 238 en 1989.[cita requerida]
Luego de liberar al político conservador Alvaro Gómez Hurtado secuestrado en mayo de 1988, el M-19, debilitado política y militarmente se acogió a la fórmula del gobierno e inició conversaciones con la Consejería de paz en enero de 1989. Como resultado de dicho proceso el 9 de marzo de 1990 se desmovilizaron sus 900 miembros, reincorporándose a la vida civil. Su exitosa participación en las elecciones locales y parlamentarias como Alianza Democrática M-19, donde agrupado con otros movimientos de izquierda obtuvo 100.000 votos, llevó a la administración Barco a concretar su política de pacificación y a que el EPL aceptara también entrar a negociar. Efectivamente esta última guerrilla, se hallaba debilitada luego de la muerte de los Hermanos Calvo y del desastroso resultado de la incursión a Tenjo (Cundinamarca), en donde fue masacrado su grupo de milicias bogotanas (9 de marzo de 1989). Pese a que no era la agrupación más fuerte dentro de la insurgencia, el PRT y el Quintín Lame siguieron el mismo camino y se entregaron a comienzos de 1991. Las FARC y el ELN obcecadas en seguir con la guerra, continuaron al margen del proceso y no definieron ninguna política de negociación y diálogo, multiplicando sus acciones desde 1990.[cita requerida]
Expansión de las autodefensas
Luego de que las guerrillas fueron expulsadas del sur del Magdalena Medio por los paramilitares que atacaron principalmente a sus redes de apoyo y a la población que consideraban era su colaboradora, el modelo de Puerto Boyacá fue exportado al resto del país. Amparados en dos leyes de la década de los 60 que permitían la existencia de las Autodefensas, grupos con experiencia en la zona, entrenaron a sus pares en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari (Meta).[108]
En este punto los narcotraficantes, convertidos en los nuevos terratenientes y en los poseedores de amplias extensiones de tierra, ansiosos de verse libres de las exigencias económicas de la guerrilla y de los impuestos que ponían a sus infraestructuras cocaleras del sur del país, entraron a apoyar activamente el proceso conformando sus propios ejércitos privados y brindando cuantiosos recursos a los demás grupos que constituyeron ganaderos y grandes hacendados, cansados también de extorsiones y secuestros. No menos contribuyó la actitud de los subversivos que cometieron abusos contra la población civil, empujándola a los brazos de su enemigo. Tampoco estuvieron al margen miembros de la Fuerza Pública, que vieron en estas estructuras la oportunidad de combatir más eficazmente a la insurgencia, dejándoles el trabajo sucio que ellos no podían realizar. Proceso que además estaba respaldado por el hecho de que las autodefensas eran constitucionalmente legales y de que en los manuales de contrainsurgencia del Ejército, como el EJC-3-10, aprobado en noviembre de 1987 por el General Oscar Botero, se les considerara como apoyos indispensables en la lucha contra la subversión.[108]
El resultado fue un fortalecimiento desmedido de los grupos paramilitares en las zonas rurales y su expansión generalizada sobre todo en dos áreas estratégicas: Córdoba, Uraba y el nordeste antioqueño de un lado, y el Magdalena Medio, algunas provincias de Boyacá y Cundinamarca, más los Llanos Orientales del otro. En 1987, el Ministro de Gobierno, Cesar Gaviria, reconocía la existencia de 128 organizaciones de “justicia privada”. Conocidos como “Los Tangueros”, por el nombre de la finca desde donde operaban, Fidel Castaño y sus hermanos serían los protagonistas de una brutal cruzada anti-comunista en el norte: conformaron Muerte a Revolucionaros del Nordeste Antioqueño, MRN (más tarde llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba) con unos 300 hombres, y emprendieron con apoyo de narcotraficantes una oleada de asesinatos y masacres. El médico y activista Héctor Abad Gómez estuvo entre sus primeras víctimas destacadas en 1987; igual que los asesinatos a miembros de la UP, en este caso, estos crímenes fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, por lo que su investigación y judicialización no prescribirán.
Más al sur en el otro frente, el barón de la droga más poderoso de Colombia después de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, era el jefe de un ejército privado de 1000 hombres entrenado por mercenarios británicos e israelíes; mientras que en Puerto Boyacá se centraba la facción que actuaba con la fachada de la ACDEGAM; comandada por Henry Pérez y Ariel Otero, tras el asesinato de Guarín a manos de las FARC en 1987, tenía al menos medio millar de integrantes. Su alianza con Rodríguez y sectores de la Fuerza Pública (Batallón Bárbula), les permitía operar aún con mayor impunidad y apuntar a objetivos de alto valor. A su vez, Rodríguez no solo financiaba a estos grupos sino que extendía sus bandas armadas hasta los Llanos Orientales y el Putumayo donde Los Masetos, grupo armado de Rodríguez Gacha, controlaban la zona del Guamuez.
Exterminio de la Unión Patriótica
La Unión Patriótica (UP), considerada en su momento el brazo político de las FARC, fue blanco de ataques sistemáticos por parte de narcotraficantes a través de sicarios, paramilitares e incluso agentes corruptos del Estado, quienes estarían involucrados en los asesinatos de decenas de líderes y miembros del partido. La campaña de genocidio político contra la UP inició en septiembre de 1986, cuando el senador Pedro Nel Jiménez y el representante a la cámara Leonardo Posada, militantes ambos de este movimiento, fueron asesinados en distintos hechos en Villavicencio y Barrancabermeja respectivamente. El 11 de octubre de 1987, pistoleros al servicio de El Mexicano asesinaron al presidente de la UP Jaime Pardo Leal. En total fueron 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5.000) quienes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático.[109] Muchos de los sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.[110] A la par de los asesinatos de miembros de la UP, el 24 de noviembre, 5 miembros de la JUCO fueron acribillados a tiros en la sede de la organización en Medellín. Estos asesinatos a miembros de la UP fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un siniestro plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos hechos no prescribirán y podrán ser investigados y juzgados de manera indefinida por la justicia colombiana.[111]
Sin embargo la mayor ola de violencia vendría en 1988. A la par que la guerrilla multiplicaba sus frentes y presencia en amplias regiones, la llamada guerra sucia alcanzó su apogeo. Cientos cayeron víctimas de masacres y ataques selectivos, centrados sobre todo en el norte del país. El año lo abrieron los paramilitares del Moens (Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista), con el ataque a una gallera en Vista Hermosa (Meta), donde murieron 14 campesinos (21 de febrero). El 4 de marzo, efectivos de la ACDEGAM, transportados con complicidad de las autoridades militares desde Puerto Boyacá hasta Uraba, mataron en las fincas de La Honduras y La Negra a 20 sindicalistas bananeros. Un mes después, el 3 de abril en la Mejor Esquina (Córdoba), la banda de los Magníficos ejecuto a 28 campesinos, acusándolos a todos de ser colaboradores de la guerrilla;[112] el 11 del mismo mes las víctimas son 23 civiles ultimados con ráfagas de fusil en la Vereda Punta Coquitos de Turbo.[113] Por añadidura, el Ejército entregado a una violenta campaña contra las guerrillas, masacro entre el 14 y el 15 de junio a 17 mineros pertenecientes a la UP (vereda El Topacio, municipio de San Rafael, Antioquia). El 30 de agosto fueron acribillados 16 jornaleros en El Tomate (Córdoba), y finalmente el 11 de noviembre, “los Tangueros” perpetraron la masacre de Segovia (Antioquia), asesinando a 43 personas.[114]
La tendencia se mantuvo en 1989 y marcó un punto culminante el 18 de enero cuando una comisión judicial que investigaba en La Rochela, Magdalena medio santandereano, las masacres y asesinatos que se venían cometiendo en la zona, fue atacada y 12 de sus integrantes ejecutados.[115] Quedó de relevo que los paramilitares cada vez más relacionados con los narcotraficantes del cartel de Medellín, podían también dirigir su actuación contra los agentes y funcionarios del Estado. Poco después en otra serie de atentados ordenados por Rodríguez Gacha, Teófilo Forero, el secretario del partido comunista y 3 personas que lo acompañaban fueron acribillados en Bogotá (27 de febrero) y el 3 de marzo, el dirigente de la UP, José Antequera, cayó asesinado en el aeropuerto El Dorado. En este último ataque también salió herido de gravedad Ernesto Samper Pizano, precandidato a la presidencia por el Partido liberal. Antes de terminar el año, en octubre, hombres de los Castaño mataron en su propia oficina de Medellín al segundo vicepresidente de la Asamblea de Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría.[cita requerida]
El gobierno Barco, enfrentado crecientemente a Escobar y sus alfiles, se percató del peligro que representaban las estructuras de ultraderecha, convertidas en ejércitos al servicio de la mafia, y derogó el Decreto 3398 de 1965, declarando ilegales las autodefensas. Aunque la ACDEGAM trató de camuflarse en las banderas de un nuevo movimiento político, MORENA (Movimiento de Restauración Nacional), guiado por Ernesto Báez, la consiguiente campaña terrorista emprendida contra el estado por Los Extraditables, no dejó dudas al respecto: el matrimonio entre tráfico de drogas y paramilitarismo era indisoluble. El 15 de diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha fue abatido por las autoridades;[116] pero su muerte no marco el final del paramilitarismo como fenómeno devorador de la protesta social ni autor de las masacres colectivas. En efecto el 14 de enero de 1990, Los Tangueros desaparecen a 43 personas en el Corregimiento de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia).[117]
Como si fuera poco, antes de finalizar el periodo Barco, 2 candidatos presidenciales para sucederle en el cargo fueron asesinados por las Autodefensas de Córdoba (Hermanos Castaño). El 22 de marzo de 1990 Bernardo Jaramillo Ossa, el candidato presidencial de la UP fue acribillado en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por un sicario que le disparó a quemarropa. Un mes después, el 26 de abril Carlos Pizarro Leongomez, el desmovilizado comandante del M-19 y candidato presidencial por este movimiento, fue ultimado en un avión en pleno vuelo por un pistolero suicida.[118] Estos dos crímenes fueron declarados tiempo después como delitos de lesa humanidad por la Fiscalía: El de Jaramillo, como parte del plan de exterminio a miembros de la UP; el de Pîzarro, como parte de una serie de asesinatos a militantes de izquierda para evitar su llegada al poder (en ese año, Pizarro era uno de los favoritos en las encuestas para ganar las elecciones presidenciales).
Inicio de la guerra entre carteles
A la par que la violencia guerrillera y paramilitar envolvía progresivamente a todo el país, el terrorismo de los narcotraficantes, dirigido o indiscriminado fue adquiriendo características de otra guerra. Renombrados como Los Extraditables a finales de 1986, marcaron como su bandera de lucha la derogación del Tratado de Extradición, a la vez que robustecían su aparato militar y económico, para poder financiar el previsible escalamiento que vendría. En efecto, luego del ascenso a la presidencia de Virgilio Barco, las muertes a manos de sicarios motorizados del Juez Gustavo Zuluaga en octubre de 1986, del Coronel de la Policía anti-narcóticos Jaime Ramírez Gómez un mes después, y sobre todo, del Director del diario El Espectador Guillermo Cano el 17 de diciembre (este último, declarado por la Fiscalía en 2010 como delito de lesa humanidad por tratarse de un periodista que venía denunciando las implicaciones del narcotráfico en la política nacional), más el atentado que sufrió en Budapest (Hungría), el ex-ministro de Justicia Enrique Parejo González en enero de 1987, le dejaron entrever al presidente a qué problema se estaba enfrentando. Problema acrecentado por los contactos entre las fuerzas de autodefensa paramilitar y la cúpula de Los Extraditables: como ahora los narcos eran los grandes poseedores de la tierra y necesitaban proteger sus negocios e infraestructura ilegal, y las autodefensas buscaban financiación, la confluencia de intereses los hizo aliados.
La administración Barco obtuvo un triunfo temporal con la captura y extradición a los Estados Unidos de Carlos Lehder Rivas, uno de los principales cabecillas del Cartel de Medellín, efectuada el 4 de febrero de 1987. Pero Lehder, a causa de sus propias excentricidades y trastornos mentales, ya no representaba una ficha importante para el cartel, que por un tiempo se replegó sin atacar, desplazando su lucha al terreno jurídico. Sin embargo, en esos mismos meses, Pablo Escobar, que había eliminado a varios de sus aliados en una purga interna, vio como un incidente baladí con uno de los principales capos del Cartel de Cali, Helmer ‘Pacho’ Herrera, se transformó en una pugna abierta.[119]
La confrontación en dos frentes se hizo inevitable, cuando la captura en noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga (Valle), fue vista por Los Extraditables, como producto de una delación de los traficantes de Cali.[120] La amenaza de extradición que pesaba sobre Ochoa determinó además el regreso del narco-terrorismo.
Pocos días después, el candidato a la alcaldía de Medellín Juan Gómez Martínez, se salvó de un intento de secuestro reivindicado por Los Extraditables. Y si bien Ochoa fue liberado amparado en el derecho de Habeas Corpus, la dinámica del conflicto se incrementó, cuando el gobierno profirió órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización en los primeros días de enero de 1988. Como si fuera poco Helmer “Pacho” Herrera uno de los jefes del cartel de Cali, atacó a Escobar en su propio hogar al dinamitar el Edificio Mónaco -donde vivía su familia- el 13 del mismo mes. La respuesta llegó en la forma de una sangrienta guerra de sicarios entre ambos carteles y con el estallido de numerosos petardos en la cadena farmacéutica Drogas La Rebaja, propiedad de los Rodríguez Orejuela. Contra el Estado a su vez, respondió secuestrando, primero al aspirante a la alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, el 16 de enero, y después al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 siguiente, en el momento que este se dirigía al Aeropuerto de Rionegro (Antioquia). En medio de la balacera, murieron 2 escoltas y un pistolero. El posterior rescate -el mismo día- de Pastrana, dictaminó la muerte de Hoyos, ultimado a balazos.[121]
Se llegó a un punto de no retorno. De un lado se multiplicaron los operativos y allanamientos, del otro, la violencia criminal y terrorista del Cartel. En marzo, varios cientos de uniformados cayeron sobre la Finca El Bizcocho, propiedad de Escobar, pero este logró romper el cerco y escapó.[92]
Negociaciones y sicariato. Muerte de Galán
A partir de julio de 1988, el Secretario General de la Presidencia, Germán Montoya, había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Subsecuentes declaraciones del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los Estados Unidos, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.
Como una reacción a este diálogo sin resultados, el Cartel de Medellín inicio una cadena de crímenes de jueces, de funcionarios del gobierno, periodistas y personajes de la vida pública.
A la ya difícil coyuntura se terminó de añadir un nuevo ingrediente: la guerra del capo cundinamarques Gonzalo Rodríguez Gacha, con los esmeralderos de Boyacá tras la muerte del jefe de estos, Gilberto Molina, y 17 personas más en la Masacre de Sasaima (27 de febrero de 1989). En marzo del 89, Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez, apoderado del caso Lara, y dos meses después dinamitaron la sede de la Televisora Mundo Visión. El 30 de mayo, una potente explosión al paso de la caravana del jefe del DAS, General Miguel Maza Márquez, mató a 7 personas en Bogotá. En Medellín, el 4 de julio, muere en un atentado el Gobernador de Antioquia, Antonio Roldan Betancur y el 28 es víctima de sicarios la Jueza Maria Helena Diaz. Por los mismos días, en medio de la lucha de Gacha contra los esmeralderos, la capital es escenario de numerosas acciones terroristas: 4 personas son masacradas en el edificio Altos del Portal y 2 explosiones destruyen las instalaciones de Tecminas -propiedad de Víctor Carranza-.[122]
Era solo el preludio de un golpe más espectacular: el 16 de agosto cayó el Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18, en la capital antioqueña, el Coronel Valdemar Franklin Quintero, acribillado a traición en las calles de la ciudad. No se había dado bien la noticia del crimen ocurrido en las horas de la mañana, cuando en la noche, durante un mitin político en Soacha, pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha dieron muerte al precandidato presidencial por el Partido liberal, Luis Carlos Galán. Enemigo de los narcotraficantes, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura de la nación. Herido de muerte por Jaime Eduardo Rueda Rocha, falleció horas después a causa de una fuerte hemorragia. Era el comienzo de la guerra total del estado colombiano contra el Cartel de Medellín y Los Extraditables.[92] Tiempo después, el crimen de Galán fue declarado por el Consejo de Estado como delito de lesa humanidad, por lo que su investigación y juzgamiento a los implicados en el crimen no prescribirán. Otra víctima del Cartel de Medellín es el periodista Jorge Enrique Pulido, quien es asesinado por sicarios en las calles de Bogotá el 29 de octubre de 1989..
Doble ofensiva narcoterrorista. Muerte de Rodríguez Gacha
Inmediatamente después del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur 5 años atrás, poniendo precio a la cabeza de los terroristas en una alocución televisada (inicialmente se ofrecieron 100 millones de pesos por Escobar Gaviria y Rodríguez Gacha).[123] El presidente señalo:
“Colombia, óigase bien está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica. El país está en guerra contra los narcotraficantes y los terroristas. Ni el gobierno, ni el país reposarán hasta no haber ganado esta guerra…”.Virgilio Barco Vargas.
Con el decreto 1830 del 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la Corte Suprema de Justicia; con el Decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el Decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcos; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del Coronel Hugo Martínez. En los días posteriores el Ejército y la Policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13 000 personas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.[cita requerida]
El 23 de agosto, Los Extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio de bandas paramilitares y el músculo financiero que le daba el control de al menos un 80 % del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al establecimiento: entre septiembre y diciembre de 1989 más de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total, sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 269 acciones bélicas en ese periodo, con un fatídico saldo de 300 víctimas mortales y más de 1500 lesionados.[cita requerida]
Desde el 24 de agosto las primeras bombas hacen explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron destruidas las instalaciones del diario El Espectador, el 11 es asesinado el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 son dinamitadas 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 25 es atacado el Hotel Hilton en Cartagena. Las autoridades multiplicaron los allanamientos, las incautaciones y las detenciones, logrando la captura de Eduardo Martínez y a Rafael Abelló, pero no pudieron descabezar la cúpula central (Rodríguez Gacha y Escobar) ni desmantelar sus redes terroristas. Como respuesta al duro acoso del estado, el 16 de octubre un coche-bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. Ahora todo el aparato criminal de los narcotraficantes se enfiló contra las clases dirigentes: son ultimados sucesivamente el Magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el Periodista Jorge Enrique Pulido, el Representante a la Cámara Luis Francisco Madero, y la Jueza del Tribunal Antioqueño, María Elena Espinosa. También se ataca directamente a las fuerzas armadas: a finales de octubre, 7 policías son dados de baja en la capital antioqueña, 5 de ellos muertos por una bomba accionada frente al Club de oficiales de la ciudad.
Es solo tras el operativo relámpago lanzado el 23 de noviembre sobre la Hacienda El Oro en Cocorna, Antioquia, que empieza la persecución sobre los grandes capos. Pese a que Escobar logró escapar, 2 de sus hombres murieron (uno de los cuales era su cuñado Fabio Henao) y otros 55 fueron detenidos. Pero al final la ofensiva, sirvió también para que “Los Extraditables” se envalentonaran aún más y para que en represalia empezaran a recurrir a las masacres indiscriminadas. Cuatro días después, el 27, un avión de Avianca fue volado en el aire con sus 107 tripulantes a bordo; pensaban que Cesar Gaviria, el sucesor de Galán en la consulta liberal tomaría el vuelo y por eso lo hicieron estallar. Empero, Gaviria se salvó gracias a las advertencias de su cuerpo de seguridad y no abordó la aeronave. Finalmente, como culminación de su campaña contra el Estado, el 6 de diciembre los narcos nuevamente atentaron contra el General Maza y dinamitaron con 500 kilos la sede del DAS. El bus-bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor, pero el objetivo salió ileso. 63 personas murieron y 500 quedaron heridas.
El gobierno Barco no pudo impedir estos actos cada vez más indiscriminados, pero se anotó un éxito cuando el 15 de diciembre, Gonzalo Rodríguez Gacha fue dado de baja tras una intensa persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en Sucre, junto a su hijo Freddy, a Gilberto Rendón Hurtado, alias ‘mano de yuca’, y a 4 hombres de su cuerpo de seguridad. Atribuyéndosele a él, la mayor parte de las acciones de los últimos meses, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro de Álvaro Montoya, hijo del secretario de presidencia, y de 2 parientes de Barco.
Surgió entonces una propuesta del expresidente Alfonso López Michelsen, consistente en la formación de una Comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron a dicha propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial. Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Choco. Como contraparte, los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición.
Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo; enfrentados a una potente ofensiva militar en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la IV Brigada del Ejército al mando del General Harold Bedoya, Los extraditables anunciaron que ponían fin a su tregua con el Estado y ofrecieron 2 millones de pesos por cada policía que fuera muerto (30 de marzo). A partir de entonces, Medellín y su área metropolitana se vieron envueltas en una verdadera guerra urbana, con las ejecuciones de uniformados y los atentados contra el Grupo Elite, el primero de los cuales ocurrió sobre un puente de Itagüí el 11 de abril. Este ataque que dejó 13 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 90 víctimas fatales y 450 heridos.
Pronto, en represalia por el asesinato de 215 policiales asesinados entre abril y julio de 1990, escuadrones de encapuchados ligados a las autoridades, emprendieron sangrientas “Operaciones de limpieza” en las comunas, y dieron muerte a decenas de jóvenes. El cartel respondió a su manera con cada vez mayor brutalidad: el 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre, hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que mataron a 21 personas; el mismo día pero en Cali, otro acto terrorista se cobró la vida de 9 civiles. A finales de mes, un nuevo atentado frente al Hotel Intercontinental de Medellín, se cobró la vida de 3 policías y 7 transeúntes (mas 2 tripulantes del auto bomba), mientras que en otro ataque caía acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. El responsable de esta última acción, el jefe militar de Escobar, John Jairo Arias Tascon, alias ‘Pinina’, fue abatido por las autoridades el 14 de junio de 1990, luego de ser ubicado en un apartamento del sector de El Poblado. Pero su muerte no contribuyó a la pacificación de la ciudad; más bien genero el efecto contrario: 17 jóvenes de la élite antioqueña fueron masacrados en el Bar Oporto, y un coche-bomba estallo frente a la Estación Libertadores de la Policía, matando a 13 civiles (28 de junio).
Solo a finales de julio, luego de un operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretaron una nueva tregua y se situaron a la defensiva, en espera de las decisiones que pudiera tomar la nueva administración de Cesar Gaviria.[92]
La administración Gaviria (1990-1994)
La estrategia del gobierno Barco que le dio cabida en la sociedad civil a la guerrilla del M-19, dejó empero sin concluir las negociaciones para la desmovilización y reinserción de tres grupos armados menores que se habían acogido a ella: el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame. Movimientos que al momento del cambio de mandatario en agosto de 1990, hacían parte de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar junto a las FARC y el ELN. El gobierno de Cesar Gaviria, elegido en las presidenciales de 1990 al recibir las banderas del asesinado candidato liberal Luis Carlos Galán por parte de su hijo Juan Manuel Galán, retomó las negociaciones garantizando las ofertas ya pactadas, que consistían en reincorporar los miembros de dichas organizaciones a la vida civil en condición de actores políticos y la implementación de planes de desarrollo a través del PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) para las regiones que se hallaban bajo su influencia, aprovechó la decisión ya tomada de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para presionar a los insurgentes a desmovilizarse rápidamente si querían participar en ella, y concretar la firma de los acuerdos finales sin contemplar reformas al sistema vigente, pues ya habría lugar a ello en la Constituyente; pero con el compromiso, que efectivamente se cumplió, de financiar una comisión especial que se encargara de analizar las causas de la violencia en las zonas de actividad del EPL y el Quintín Lame. En acatamiento de lo así dispuesto, las 3 organizaciones depusieron sus armas entre enero y mayo de 1991, cesando las hostilidades unos 2.300 guerrilleros. En el caso del EPL, que tenía en 1990 16 frentes de guerra, una ruptura interna entre el ala más dura, comandada por Francisco Caraballo, y la aperturista de Bernardo Gutiérrez (antiguo integrante de las FARC) marcó el proceso de desmovilización de esta guerrilla. Caraballo continuó en armas con algo más de 100 hombres, pero el grueso de la organización se acogió a los términos del acuerdo de paz con el gobierno.[124]
Aparte de un proceso de paz inconcluso, Gaviria heredó la “guerra contra el narcotráfico” con la que su predecesor había pretendido reducir al Cartel de Medellín y su red de sicarios, enemigos declarados del Estado. Aunque durante su campaña presidencial había demostrado total respaldo tanto a la ofensiva como a las medidas tomadas por el primer mandatario, entre ellas la más temida por los narcoterroristas, que era la extradición por vía administrativa; una vez posesionado dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra ameritaba la búsqueda de una salida alterna en la que el fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave.
Las FARC y el ELN continúan el belicismo
En contra de las expectativas de quienes consideraban que el éxito de tales negociaciones incidiría en atraer hacia la concertación democrática a los 2 principales grupos rebeldes, estos se mantuvieron remisos a cualquier acercamiento y continuaron con sus acciones bélicas. Las Farc, bajo el mando único de Manuel Marulanda tras la muerte de “Jacobo Arenas” en agosto del 90, y el ELN, se entregaron a una ronda de ataques que se saldó con la muerte de 56 uniformados y 30 civiles entre el 16 de septiembre y el 9 de diciembre de 1990. El 10 de noviembre, en el curso del más importante golpe de la subversión, fueron asaltadas simultáneamente la base militar de Taraza y el cuartel de la policía en Cáceres (Antioquia). 9 efectivos del gobierno, incluyendo al Teniente Coronel del Batallón Girardot, Jaime Fajardo Cifuentes fueron asesinados y 16 quedaron heridos.[125][126]
El 9 de diciembre, día que coincidía con las elecciones para la Constituyente, 640 hombres del Ejército se tomaron “Casa Verde”, sede del secretariado de las FARC en La Uribe, inmensa área campamentaria ocupada por no menos de 800 subversivos. El bombardeo de aviones seguido del desembarco de las tropas aerotransportadas encontró una feroz resistencia. Un Bell 212 fue derribado y sus 4 tripulantes perdieron la vida. Tras varias jornadas de sangrientos combates los militares aseguraron el área a costa de 19 muertos propios, dando de baja al menos a medio centenar de guerrilleros. Pero el objetivo principal de la operación no fue alcanzado, pues la cúpula de las FARC logró replegarse incólume y más bien desató en respuesta, una serie de atentados.[127][128][129] Finalmente, el año terminó con 364 uniformados muertos a manos de la subversión y 93 más secuestrados, agregando a estas cifras los cerca de 300 agentes de policía ultimados por órdenes del Cartel de Medellín.[cita requerida]
El gobierno justificó el operativo militar como un acto de soberanía interna dado como respuesta a los continuos ataques de una organización que mostraba nulos deseos de paz. Como lo expresó el Consejero para la paz, Jesús Antonio Bejarano, era el anticipo de una nueva estrategia de paz en la que “el diálogo y la acción militar no se excluyen”.
Pero las FARC golpearon primero. El 2 de enero de 1991 como anticipo de lo que vendría luego, 12 agentes antinarcóticos son masacrados entre Ciénaga (Magdalena) y Santa Marta, y el 8 del mismo mes, el cerro Girasol en Mesetas (Meta), es tomado por Víctor Julio Suárez, alias el ‘Mono Jojoy’ en represalia a la destrucción de Casa Verde. Guarnecido por 41 soldados, 2 de ellos mueren y 17 son hechos prisioneros en el asalto, que también le cuesta la vida a 30 subversivos.[130] Seguidamente, en febrero, las guerrillas iniciaron una escalada terrorista contra las tropas del gobierno y la infraestructura económica; oleada que por su extensión (seis meses) y su número de acciones se constituiría como la más grande en la historia de este grupo armado. En este marco arreciaron todos los ataques contra la fuerza pública, entre ellos los asaltos a bases militares, los hostigamientos, los sabotajes a instalaciones, las emboscadas a patrullas y los golpes urbanos. De 169 hechos de este tipo en 1990 se pasó a 425 en 1991, representando ello un incremento del 151 %. Al finalizar el año, 416 uniformados habían sido asesinados y otros 276 habían sido capturados.[cita requerida]
La reacción contrainsurgente del Ejército también fue durísima y en el transcurso de 1991 se lanzaron una serie de masivas ofensivas aéreo-terrestres en todo el país; 9 operaciones en total: Neptuno, Oro Negro, Apolo, Dignidad (en Antioquia), Saturno (en septiembre de 1991 en la serranía de La Macarena y el Caquetá), Luz Blanca, Reconquista y Destrucción. 14 frentes de las FARC y 16 del ELN, sufrieron contundentes golpes: 639 guerrilleros fueron dados de baja, 438 son capturados, y 106 campamentos quedaron destruidos. Sin embargo, también se multiplicaron los abusos de la Fuerza Pública, que en el curso de ese mismo año cometió dos violentas masacres en el Cauca: la primera en Los Uvos el 7 de abril de 1991 que le costo la vida a 17 campesinos; y la segunda en la Hacienda El Nilo de Caloto, donde caen asesinados por la Policía 21 indígenas (16 de diciembre).[131][132]
La estrategia de orden público y el “revolcón militar”
En plena coincidencia con la propuesta del presidente Gaviria en su propio proyecto de reforma institucional, la nueva Constitución reemplazó la figura autoritaria de Estado de Sitio por la de Estado de Conmoción Interior, con la necesidad de poder limitar la autonomía que la primera le concedía a los militares en el manejo del orden público. Sin embargo, por decisión unánime, los constituyentes dejaron por fuera de los debates otros importantes asuntos referentes a las Fuerzas Armadas, entre ellos el fuero castrense y la reforma de las instituciones de seguridad, dejando estos temas en manos del Ejecutivo.
El número de homicidios había alcanzado en este momento su punto cumbre: de 24.304 asesinatos en 1990 se pasó a 28 280 en 1991, con una tasa de 81 homicidios por cada 100 000 habitantes. Medellín, con 8954 crímenes, alcanzó el récord de 381 por 100 000. Por lo tanto. apareció a la luz pública en mayo de 1991 “La Estrategia Nacional Contra la Violencia”, un documento que formulaba una política para afrontar el Conflicto interno con base en tres objetivos: Garantizar el monopolio del uso de la fuerza por parte de las instituciones armadas gubernamentales; recuperar la capacidad de la justicia para sancionar el delito y combatir la impunidad; y ampliar el cubrimiento institucional del Estado en todo el territorio nacional.
La novedad de la estrategia esbozada consistía en que, contrario a la regla heredada del Frente Nacional, depositaba en el Ejecutivo y en su ministro de defensa (un civil) la responsabilidad del diseño general de los planes de seguridad, así como su financiación y en las fuerzas militares las decisiones estrictamente operativas, en el marco de su “acción legítima contra la subversión”. En concordancia con esta filosofía, en agosto de 1991 el presidente colocó en el Ministerio de Defensa a Rafael Pardo, reconocido gestor de paz de la administración Barco y hasta entonces Consejero para la Defensa y la Seguridad, en reemplazo del General Oscar Botero. Aunque el relevo de mando se llevó a cabo en los términos más cordiales, algunos oficiales en retiro criticaron la medida, tomada en plenas negociaciones con la Coordinadora Guerrillera. Sin embargo, entre las facultades otorgadas a Pardo no figuraban ni la supervisión de las operaciones ni el control de las cortes militares. También en el marco ofrecido por la Estrategia Nacional Contra la Violencia, se llevaron a cabo la reestructuración de la Policía Nacional (Ley 62 de 1993), complementada con un nuevo Estatuto de Policía (Artículo 34 de la ley 62), y la modernización de las Fuerzas Armadas. Tanto en una como en otra institución se mejoraron los salarios y en consideración a las denuncias, nacionales e internacionales, que vinculaban a algunas unidades militares a graves violaciones del Derecho internacional humanitario, se introdujeron cursos de instrucción de esta materia en ambos organismos de seguridad.
Por otra parte, para racionalizar y definir adecuadamente el gasto público asignado a la Defensa en el Plan Nacional de Desarrollo, se creó la Unidad de Justicia y Seguridad, adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del Ejército en el marco de una guerra irregular que exigía considerables esfuerzos ofensivos para neutralizar al enemigo, se importó material bélico de dotación por casi USD$500 millones de dólares, se crearon 21 nuevas unidades contraguerrillas así como las Brigadas móviles 1 y 2, integradas por soldados profesionales cuyo número pasó de 2000 en 1990 a 15 000 en 1993. La inteligencia militar o sexta arma se reorganizó en 1991 con ayuda de una comisión asesora de los Estados Unidos y para su debido funcionamiento se destinaron cuantiosos recursos a partir de 1992 y especialmente en 1993, cuando se diseñó una campaña de delación de guerrilleros y criminales que operaba por medio de recompensas en dinero. En noviembre de ese mismo año entró a operar la segunda fase, llamada “Seguridad de la Gente”, de la Estrategia Nacional Contra la Violencia, que enfatizaba en la seguridad de la ciudadanía, de la que eran responsables las fuerzas del orden. Con esto concluyó la reforma a las Fuerzas Armadas o “revolcón militar”.
Empero todas las medidas adoptadas, la dinámica de la violencia solo había sufrido disminución casi imperceptible: 28.225 homicidios en 1992 y 28.048 en 1993.
El fracaso de Caracas y Tlaxcala
El escalamiento progresivo del conflicto, terminó por abrir de nuevo la posibilidad de dialogar con la Coordinadora. Primero en Caracas, Venezuela (3 de junio a 30 de septiembre de 1991), y luego en Tlaxcala, México (del 10 de marzo al 4 de mayo de 1992), los representantes de ambos bandos intentaron infructuosamente llegar a un acuerdo. Pero el irrespeto a las exigencias mutuas que condicionaban los diálogos, cese de hostilidades por parte de las guerrillas, y renuencia del gobierno a discutir la agenda suscrita al comienzo de las conversaciones en el orden que pedían los insurgentes, condujeron las deliberaciones a un punto muerto y al encarnizamiento del conflicto. La muerte en cautiverio del ex ministro Argelino Duran Quintero, sería el golpe de gracia que terminaría de hundir el proceso.[cita requerida] El cierre de las conversaciones en Tlaxcala, iba a traer sus consecuencias inmediatamente. En otra violenta oleada que se prolongó por mayo y junio de 1992, un centenar de personas resultaron muertas: 70 guerrilleros y 30 uniformados.[133] Uno de los hechos más sangrientos se desencadenó el 23 de mayo, cuando unos 650 irregulares que se dirigían a Dabeiba (Antioquia), emboscaron y mataron a 15 militares que les salieron al paso en el Cañón de la Llorona. Los posteriores bombardeos y ametrallamientos, más una operación rastrillo por tierra dejó una treintena de bajas entre las filas de la subversión.[133]
En este punto, pese a los esfuerzos de un gobierno que multiplicó los recursos del sector defensa y reclutó miles de nuevas tropas, las guerrillas continuaron su expansión: la insurgencia contaba con 16 000 hombres y cerca de $50 000 millones de pesos al año —producto del secuestro y la extorsión a ganaderos, industriales y contratistas del sector petrolero—, para hacerle frente al Estado. En consecuencia, la situación de orden público se agravó en el segundo semestre de 1992: el 14 de agosto, 7 agentes de policía fueron asesinados cerca al Aeropuerto Cravo Norte en Arauca y el 5 de septiembre siguiente en una serie de emboscadas perecieron 15 uniformados más, 9 de ellos en el perímetro urbano de Villavicencio.[134]
El 31 de octubre debían reanudarse las conversaciones entre ambos bandos, pero nuevamente la estrategia de guerrilla de golpear sobre el terreno, hizo abortar esta última tentativa de acercamiento mutuo. En octubre fueron ejecutados decenas de ataques sistemáticos contra la Fuerza Pública, los oleoductos, las vías de comunicación y las torres de energía en respuesta a la muerte en combate del comandante de las FARC, Rigoberto Lozada Perdomo alias ‘Joselo’, uno de los fundadores de la organización.[79] A punta de terrorismo también fue paralizado el transporte en Putumayo, y hubo retaliaciones contra la población civil en amplias regiones del país. El 20 de ese mes, 9 soldados murieron en Las Mirlas cerca de Barrancabermeja. Gaviria respondió entonces descartando el inicio de nuevas negociaciones, declarando con ello que el conflicto se iba a desarrollar a partir de ese momento en el plano estrictamente militar. Las FARC se encargaron de corroborarlo, el 7 de noviembre, cuando no menos de 300 insurgentes asesinaron a 26 policías que custodiaban un tramo de oleoducto en Churuyaco, departamento del Putumayo.[135] El Ejecutivo se vio obligado a decretar por segunda vez el Estado de Conmoción Interior y llamó a calificar servicios a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, para conformar una línea de mando.
Ofensivas guerrilleras
La actitud refractaria de la guerrilla al diálogo con el Estado, sumado a sus tácticas progresivamente más terroristas les desprestigiaron ante la opinión pública. No obstante, las cifras de sus ataques demostraban un poderío que hacía imposible someterlos por la vía armada en los 18 meses anunciados por el Ministro de Defensa Rafael Pardo, luego de las medidas que se tomaron para fortalecer las Fuerzas del Estado. 2110 acciones bélicas de las FARC y 1764 del ELN, entre 1990 y 1994, más 337 atentados cometidos en el mismo periodo contra la infraestructura petrolera (principalmente por el segundo grupo), causaron innumerables pérdidas humanas y materiales. Solamente Ecopetrol reportó en 1994 daños por un valor de $7700 millones.[cita requerida]
Asimismo, la decisión de gravar a los gremios con un impuesto de guerra destinado a incrementar los efectivos militares y los primeros efectos palpables de la política económica del gobierno en materia de apertura y privatizaciones, desataron dos nuevas ofensivas nacionales por parte de las guerrillas.[cita requerida]
En abril de 1993, las FARC celebraron su Octava Conferencia. En ella reajustaron su Plan Estratégico, adaptándolo a la coyuntura más favorable ahora para pasar a la guerra de movimientos, movilizando para ello los Bloques de frentes y los Comandos Conjuntos. Se diseñaron también las normas de funcionamiento de los Estados Mayores y se conformó un Comando general encargado de dirigir la ofensiva insurgente. Se ordenó además a los Frentes operar en Compañías móviles de combate. Se terminaron de consolidar así 5 Bloques guerrilleros y 2 comandos conjuntos: el oriental (Víctor Julio Suárez “Mono Jojoy”) en Meta, Guaviare, Cundinamarca, Casanare, Arauca, Vichada, Guainía y Vaupés; el sur (Luis Edgar Devia “Raúl Reyes”) en el oriente de Nariño, Caquetá, Putumayo, la Bota Caucana, el sur y oriente del Huila; el Magdalena Medio (Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”) en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, nordeste antioqueño y parte de Boyacá; el Norte en Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Guajira y Cesar; el Noroccidental o José María Córdoba (Luciano Marín Arango “Iván Márquez”) el más potente en ese momento, en Antioquia, Córdoba, Choco y parte del Eje Cafetero; el central en Tolima, norte y occidente del Huila, más Quindío; y el sur-occidental (Guillermo León Sáenz “Alfonso Cano”) en Valle, Cauca y Nariño. Por último el secretariado formuló la “plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”, documento de 10 puntos en donde se precisaba su nuevo modelo de Estado. Entre otras cosas proponían la realización de profundas reformas a las instituciones y a la justicia, la implementación de mecanismos de control popular, la transformación de las FF.MM bajo una nueva doctrina bolivariana de defensa nacional, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, la asignación de un 50 % del presupuesto a gastos sociales y de otro 10 % a la investigación científica.[cita requerida]
Entonces llega la ofensiva del “Septiembre Negro” tras varios meses de un aparente cese de hostilidades. El 28 de agosto de 1993, en La Regadera, a 58 km de Bogotá, 13 policías son muertos en una emboscada y solo 4 días después el 2 de septiembre en la Vía Carolina del Príncipe-Santa Rosa de Osos (Antioquia) las víctimas son 14 soldados del Batallón Pedro Nel Ospina, ultimados con cargas explosivas.[136] Paralelamente, en Mutata otros 3 uniformados son dados de baja. El ELN también multiplica sus acciones: el 17 de diciembre un feroz combate en Guican (Boyacá) enfrenta a una patrulla de 30 soldados con 160 guerrilleros del Frente Domingo Laín. Catorce militares y diez subversivos mueren.[137][138] No obstante, 1993 termina con una ligera disminución en la tasa de bajas de la fuerza pública, respecto al año inmediatamente anterior: de 481 fatalidades en 1992 se pasa a 454.[cita requerida]
En julio de 1994, como “Despedida al gobierno Gaviria”, la coordinadora emprende otra serie de ataques. Previamente la administración Gaviria se había anotado tres grandes victorias sobre la subversión con las capturas de Gerardo Bermúdez, alias ‘Francisco Galán’, y Carlos Arturo Velandia Jagua, alias ‘Felipe Torres’, ambos miembros del Comando Central (COCE) del ELN, además de la captura de Francisco Caraballo, jefe máximo de la facción no desmovilizada del EPL en junio de 1994. Pero ello no había repercutido en unas FARC, cada vez más fortalecidas gracias a los recursos de la coca. El 15 de julio, al menos 300 guerrilleros del Bloque sur asaltaron una estación de bombeo de Ecopetrol en Guamuez, zona rural de Orito (Putumayo). Los 29 soldados que la guarnecían fueron sorprendidos en medio de la noche y 17 de ellos murieron.[139] El 19 fue asesinado en Villavicencio el Mayor General Carlos Julio Gil Coronado, comandante de la IV División del Ejército[140] y fueron tomadas simultáneamente las poblaciones de La Calera, Chuza y Pasca así como el cerro Cruz Verde, cerca a Bogotá. El Putumayo quedó paralizado por un paro armado y poco después del 22 al 24 de julio, unas jornadas bélicas que se extendieron por Bogotá, Antioquia, Cauca, Santander, Norte de Santander, Sucre, Arauca y Tolima, culminaron con 13 militares, 6 policías, 1 civil y 70 irregulares muertos.[141] En Dabeiba una vez más, perdieron la vida 10 miembros de la Brigada XVII[142] y en el sector bogotano de Ciudad Bolívar, fue hostigado un centro de atención inmediata.[141] Ya en agosto, y mostrando los dientes al nuevo presidente, siguió la ofensiva: el día 9, fue copado un cuartel policial en Cartagena del Chaira (Caquetá), con un saldo de 4 muertos y 5 secuestrados; el 16 en una emboscada a una patrulla antinarcóticos entre Toribio y Tacueyo, perecieron 6 policiales; y el 18, el ELN masacró a 8 militares y 11 civiles al incinerar un bus en Tado, Choco.[143] Evidenciando el encarnizamiento de la guerra y el giro que estaba tomando la situación de orden público, el año terminaría con 571 uniformados dados de baja, superando por primera vez la línea del medio millar.[cita requerida]
Pese a la violencia imperante en las postrimeras de la administración Gaviria, decenas de milicianos de Medellín se acogieron a la paz, camino que siguieron la Corriente de Renovación Socialista y el Frente Francisco Garnica del EPL. A su vez, la fracción del EPL, comandada por Caraballo, capturado recientemente, se dislocaba al no contar con un mando claro y terminaría por desbandarse 2 años después. No obstante, la política de desmovilización resultó magra en sus resultados, exceptuando tal vez al Quintín Lame y las milicias urbanas. Al menos 600 antiguos militantes del EPL, 400 de ellos solo en Urabá, fueron asesinados por las FARC y por sus correligionarios que no se entregaron. Una gran parte de los que no perecieron, empujados por la persecución de la cual eran víctimas, se enrolaron con los parailitares y constituirían más tarde el núcleo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el más aleve de estos hechos, miembros del V Frente dieron muerte el 23 de enero de 1994 a 33 civiles en la masacre de La Chinita en Apartado (Antioquia).[144]
Negociación de penas con el Cartel de Medellín y los Paramilitares
Aprovechando el respiro de la tregua unilateral indefinida anunciada en julio de 1990 por Los Extraditables, el ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel diseñó la legislación de estado de sitio que se haría pública como “Política de Sometimiento a la Justicia”. Dicha política, que se materializó en cinco decretos que posteriormente, serían elevados después de una depuración, a legislación permanente en el nuevo Código de Procesamiento Penal, aspiraba en términos simplificados, a favorecer con la reducción de la pena a los narcotraficantes que se entregaran voluntariamente y confesaran un delito, con la garantía, en algunos casos condicional, de ser juzgados en el país y recluidos en pabellones de alta seguridad. Escobar receloso de las intenciones del gobierno, organizó una serie de secuestros selectivos de periodistas de renombre y de personajes influyentes en la vida nacional (Diana Turbay, Marina Montoya, Francisco Santos, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar y 5 periodistas más), presionando de ese modo al presidente para que fuera tratado como un delincuente político, haciéndose beneficiario de paso de los indultos reservados a los guerrilleros.[cita requerida]
Los primeros en acogerse a la oferta, entre diciembre de 1990 y febrero de 1991, fueron los hermanos Ochoa: Jorge Luis, Juan David y Fabio, socios cercanos de Escobar. Sin embargo este último pretendía arrancarle al Ejecutivo un acuerdo hecho a su medida, y siguió presionando por la vía armada, amenazando con ejecutar a los rehenes y con reiniciar su ofensiva terrorista. El 12 de diciembre de 1990 una bomba mató a 7 policías en Medellín, y otros 7 más, serían ultimados por sicarios en los 3 primeros días de enero. Poco después el 22, resultaron abatidos en un doble operativo lanzado en el departamento de Antioquia, 2 de los hermanos Prisco, jefes de una banda transformada en el brazo armado del capo. El informante que los delató, entregó luego la ubicación de 2 de los secuestrados, pero en la confusa operación de rescate que se adelantó el 24 de enero, Diana Turbay y 3 de sus captores murieron.[cita requerida]
La respuesta no demoró en llegar, con la ejecución de Marina Montoya, hermana del antiguo secretario de Presidencia, Germán Montoya, y con una nueva racha de atentados: una decena de efectivos policiales fueron víctimas de sicariato; una explosión en un bus dejó 6 muertos; y el 16 de febrero un bombazo contra una patrulla del F-2, frente a la plaza de toros de Medellín, se saldó con 23 fallecidos. Dos meses después, el ex-Ministró de Justicia Enrique Low Murtra perdió la vida a manos de pistoleros en la capital de la República. Dicha estrategia le dio excelentes resultados a Escobar, quien habiéndole ganado el pulso al ejecutivo, libero al resto de los secuestrados como gesto de “buena fe”. Sin embargo, fue solo cuando estuvo seguro de que la Constituyente había votado y aprobado el 19 de junio de 1991 el artículo que prohibía la extradición de colombianos, se entregó en la capital antioqueña, en compañía del sacerdote Rafael García Herreros y Alberto Villamizar. Luego, Escobar sería recluido en la Cárcel de La Catedral en Envigado. Desde allí siguió controlando los hilos del negocio ilegal a través de otros 2 aliados suyos que no se entregaron: Fernando Galeano, alias ‘El Negro’ y Gerardo Moncada, alias ‘Kiko’.[92]
Como la política de negociación de penas también cobijaba a los paramilitares, muchos miembros de las organizaciones afincadas en Córdoba, el Magdalena Medio, la Sierra Nevada, Boyacá, el Valle del Cauca y los Llanos Orientales se allanaron a las autoridades confesando solamente el delito de porte ilegal de armas. El grupo más grande. al mando de Ariel Otero. desmovilizó a 400 de sus integrantes en Puerto Boyacá, mientras en Córdoba, la estructura de Fidel Castaño entregaba 600 fusiles y algunas porciones de tierra como supuesta compensación a los campesinos despojados de sus parcelas. También un reducto de cerca de 200 hombres, antiguamente mandados por Gonzalo Rodríguez Gacha, se acogió a la amnistía en Pacho (Cundinamarca). En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores, pero en la práctica estas estructuras siguieron activas.
Fin del Cartel de Medellín. Fuga y muerte de Escobar
A casi un año de su encierro a principios de julio de 1992, Escobar, se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus aliados, ejecutó a Fernando ‘el Negro’ Galeano Berrio y Gerardo ‘Kiko’ Moncada Cuartas, pretextando que estos le ocultaban $20 millones. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. El gobierno y la Fiscalía General de la Nación, al conocer de los hechos y para evitar que el ‘Patrón’ siguiera delinquiendo desde su prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero, en condiciones oscuras que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el narcotraficante, él, su hermano Roberto y 8 de sus lugartenientes se fugaron de La Catedral el 22 de julio de 1992. El gobierno creó entonces el Bloque de Búsqueda, integrado por miembros de la Policía y el Ejército, para cazar a los prófugos.[cita requerida]
Los narcos de Cali se encargaron entonces de desencadenar nuevamente la guerra, al activar un coche bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos antioqueños. Estos ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a 30 uniformados y una juez, entre septiembre y octubre de 1992. Pero esta vez la situación había cambiado bruscamente para el Cartel : La muerte de Galeno y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Fernando Murillo, jefe de seguridad de los capos asesinados y los hermanos Castaño, se alinearon con los narcos del Valle contra Escobar, en una alianza que incluía a oficiales del Bloque de Búsqueda y varios de sus antiguos socios y testaferros. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades se asestaron durísimos golpes a las redes del ‘Patrón’. El 28 de octubre, Brances Alexander Muñoz, unos de sus jefes militares más importantes del cartel, fue abatido en una operación especial.[cita requerida]
Escobar, que trataba en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lugartenientes más cercanos, entre ellos su hermano Roberto, ‘Popeye’, ‘Otto’ y el ‘Mugre’, desencadenó en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los coches bomba reaparecieron en las grandes ciudades a partir de diciembre de 1992. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados como antes, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas, pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que eran totalmente indiscriminados. En Medellín murieron 19 personas, en la capital de la república 41 y en Barrancabermeja 16.[145] El Valle de Aburra se vio afectado por 3 ataques mortales en diciembre del 92 y en Bogotá las explosiones se sucedieron a partir de enero de 1993: el 20 en el norte, el 30 frente a la Cámara de comercio, mediando febrero en dos áreas comerciales, el 5 de marzo en las instalaciones de Telecom y en abril 15 en la calle 93.[92]
Pese a la dura arremetida de los terroristas, en el curso de una ardua cacería las autoridades dieron de baja hasta marzo de 1993, a 100 sicarios y 10 jefes militares del Cartel, entre los que se contaban Mario Alberto Castaño Molina, alias ‘El Chopo’, Hernán Darío Henao, alias ‘HH’ y Jhonny Edison Rivera, alias ‘El Palomo’, todos ellos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1900 sospechosos de pertenecer a la organización y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumado a la derrota por bandas rivales de sus grupos de gatilleros, en una guerra que dejó 300 muertos, terminó por debilitar decisivamente al grupo de Medellín que perdió en 8 meses el 80 % de su capacidad bélica. Como añadidura, el 30 de enero hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó “Los Pepes” (‘Perseguidos por Pablo Escobar’), detrás de la que estaban los Castaño y que se dedicaría a matar a los testaferros, contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas.[92]
Escobar, arrinconado por las fuerzas armadas y por las amenazas que pesaban sobre su familia, interrumpió del todo su campaña terrorista. Trato de renegociar su rendición, condicionándola a la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el Ejecutivo. Si bien logró evadir al Bloque de Búsqueda por 6 meses más, la muerte de su jefe de seguridad León Puerta Muñoz, alias ‘El angelito’, en octubre de 1993, lo dejó desprotegido, al mando ya de sicarios rasos. Finalmente, la preocupación por la situación de su esposa refugiada en el Hotel Tequendama bajo vigilancia policial, lo llevó a utilizar un radio de comunicaciones, revelando su ubicación. En la tarde del 2 de diciembre de 1993 sería abatido por un comando de 20 hombres al mando del Mayor Hugo Aguilar.
Su muerte y la de su único guardaespaldas significó el final del Cartel de Medellín y del narcoterrorismo como actor bélico (5500 muertos en la lucha desde 1989 hasta 1993),[22] pero en ningún modo afectó como tal al negocio lucrativo del tráfico de cocaína, en manos ahora de los narcotraficantes de Cali y el Norte del Valle.[cita requerida]
Auge del cartel de Cali e inicios de las ACCU
En vez de desaparecer como tal, el Cartel de Medellín se atomizó en pequeñas estructuras, como la denominada Oficina de Envigado, fomentando además el fortalecimiento indirecto del grupo de Cali, el cual no solo llegó a controlar el 80 % del negocio, sino que perfeccionó sus métodos de inteligencia y reforzó su infiltración dentro de las autoridades. Y si bien la atención de la opinión pública se había centrado en Escobar y sus socios, las otras redes de narcotraficantes, específicamente la del Norte del Valle no era menos violenta. En Trujillo (Valle) los capos Henry Loaiza, alias ‘El alacrán’, y Diego Montoya, alias ‘Don Diego’, ejecutaron a principios de la década del 90 a no menos de 250 personas, en medio del silencio de las autoridades locales.
El gobierno de Estados Unidos que había observado con cautela los resultados de la política de sometimiento a la justicia, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico y aunque el Bloque de Búsqueda logró apuntarse algunos éxitos con la captura de Jaime Orejuela e Iván Urdinola, el núcleo de la organización se mantuvo intacto hasta la llegada de la nueva administración. Además, ahora se añadía un nuevo ingrediente a la ecuación: los cultivos ilícitos empezaron a expandir su frontera aceleradamente a finales del cuatrienio Gaviria. De placa giratoria del tráfico de cocaína, pasó a ser el primer productor del mundo, desbancando de su puesto a Perú y Bolivia. Con el impulso del Cartel de Cali y, sobre todo, con la participación cada vez mayor de las FARC y los paramilitares en el negocio, el fenómeno se extendería rápidamente por gran parte del territorio, en las selvas del sur sobre todo pero también en otras áreas como el Catatumbo y Antioquia. Pese a la reducción de los aportes de los Estados Unidos a la lucha antinarcóticos, el gobierno multiplicó la erradicación de las zonas sembradas de coca y amapola, iniciando en 1992 las polémicas fumigaciones con glifosato, a la vez que desarrollaba programas de sustitución de cultivos.
Por otra parte, los paramilitares del Magdalena Medio, se vieron envueltas en una lucha con sus antiguos socios narcotraficantes a partir de 1990. Henry Pérez, su primer comandante había sido asesinado por un pistolero en julio de 1991, y Ariel Otero el sucesor suyo que se alineó con el Cartel de Cali, correría la misma suerte a principios de 1992. La fuerza sobreviviente se atomizó y algunos de sus restos entraron al servicio de Escobar, mientras otras bandas como la encabezada por Ramón Isaza, se replegaron de la zona. Mientras tanto, en la parte sur de la región, cerca a Honda (Tolima), cobró protagonismo Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán, evadido de la cárcel hacía un año y ahora jefe de una partida de 150 criminales. Buscando posicionarse como líder máximo mató al alcalde de Puerto Boyacá en marzo de 1992. Pero su ascenso fue cortado por una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales que lo abatió a él y a 6 miembros de su cuerpo de seguridad en un restaurante de Honda el 23 de abril del mismo año. Tras su muerte, la actividad de las autodefensas en la zona disminuyó considerablemente, ya que estas optaron por mimetizar sus actividades delincuenciales. Eliminado Escobar en diciembre de 1993, Ramón Isaza retomaría el control del estratégico territorio.[cita requerida]
Sin embargo, al final pese a los esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso a finales del cuatrienio Gaviria. Fue así como, con posterioridad a la muerte de Escobar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Fidel (asesinado o muerto en combate en enero de 1994) y Carlos Castaño, protagonizaron una significativa expansión, esto con el apoyo de cientos de desmovilizados del EPL, masacrados metódicamente por las FARC y la disidencia de Francisco Caraballo. Por último, y como efecto colateral de la paz fallida, los paramilitares se trabaron en feroces disputas territoriales con la guerrilla, lo que contribuyó al desplazamiento forzado de al menos 600.000 personas y a la multiplicación de las masacres, culminando así la labor de exterminio contra la UP, cuyo último senador, Manuel Cepeda Vargas, cayó víctima de sicarios en Bogotá en 1994.[146] Al igual que los demás asesinatos a miembros de la UP, este crimen fue declarado en 2014 por la Fiscalía como delito de lesa humanidad.
El cuatrienio Samper: la violencia desborda el Estado
La posesión del nuevo mandatario de la república, el liberal Ernesto Samper, el 7 de agosto de 1994 fue seguida por los acostumbrados mensajes de paz de la guerrilla, emitidos esta vez separadamente por las FARC y el ELN, confirmando la disolución de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), hecha oficial en febrero de 1995 tras un ataque del ELN en Venezuela. En lo sucesivo, cada grupo se enfrentaría al Estado por separado.
Samper posteriormente intentó adelantar diálogos de paz con ambos grupos (directamente con el ELN y con la FARC a través de la Comisión de Conciliación Nacional), pero las conversaciones no fructificaron a causa del delicado estado de orden público y el desorden institucional que siguió desde 1995, producto de su cuestionada elección como Presidente de Colombia.
La crisis del Proceso 8000
La elección de Ernesto Samper como presidente para el periodo 1994–1998 estuvo acompañada por una serie de sondeos y propuestas exploratorias para dialogar con las guerrillas que seguían en armas. No obstante, el pronto estallido del narcoescándalo ocupó la agenda del ejecutivo, le restó credibilidad a sus iniciativas y repercutió en la ejecución de su programa de gobierno.[cita requerida]
Tan pronto como se conoció el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1994, Samper había sido acusado por su rival, el conservador Andrés Pastrana, de haber recibido del Cártel de Cali USD$3,7 millones de dólares para financiar su campaña, filtrando a la opinión pública unas grabaciones entre los líderes del Cartel de Cali y el periodista Alberto Giraldo (amigo personal de los Rodríguez y su mensajero), ofreciendo dinero a la campaña de su oponente. Tras un período de calma, las acusaciones resurgieron con fuerza en 1995, a instancias del Fiscal General Alfonso Valdivieso. Finalmente, el conocido como narcoescándalo llegó al Congreso, que el 4 de agosto de 1995 inició una investigación contra el presidente, dando comienzo al entonces llamado Proceso 8000. Uno de los más duros críticos que tuvo Ernesto Samper en su mandato (el cual consideraba ilegítimo por la financiación del narcotráfico a su campaña) fue el excongresista y exmiembro de la Asamblea Constituyente de 1991 Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en las calles de Bogotá el 2 de noviembre de 1995 después de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda, catalogado por la opinión pública de la época y por muchos especialistas como un crimen de estado.[147] El magnicidio fue declarado en diciembre de 2017 por la Fiscalía como delito de lesa humanidad, por lo cual no prescribirá, pero contundentemente responsabiliza al entonces naciente Cartel del Norte del Valle, por lo que sus investigaciones giran en torno de los exmiembros de esta organización criminal y de quienes trabajaron con ellos, incluyendo servidores públicos.[148][149]
El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes exoneró a Samper y archivó el caso. Sin embargo, las declaraciones incriminatorias del cesado Ministro de Defensa, Fernando Botero Zea (quien se encontraba encarcelado en espera de juicio) y del tesorero de la campaña presidencial, Santiago Medina, en el sentido de que al menos USD$4 millones de dólares, provenientes del narcotráfico, habrían afluido a la campaña de 1994 con el conocimiento del candidato, desembocaron en la reapertura del caso el 27 de febrero de 1996. Finalmente, el 6 de julio de ese año, la Cámara, por 111 votos contra 43, absolvió por falta de pruebas a Samper de los cargos de enriquecimiento ilícito, falsedad, fraude electoral y encubrimiento.[150]
Pese a su absolución, la controversia generada por la entrada de dineros calientes a la campaña del presidente no terminó ahí y se extendió durante todo el mandato Samper, generando una ola de marchas en su contra, oposición y críticas sin precedentes contra el Gobierno, agravadas por el crimen de Gómez Hurtado y la cancelación de la visa al presidente por parte del gobierno de Estados Unidos, impidiéndole ingresar al país del norte aún por razones diplomáticas. Samper, por su parte, se vio impedido cada vez más a limitar su actividad, a legitimarse en el cargo y a mantenerse en el poder, dejando de lado la realización de cualquier política gubernamental para limitarse a defender su inocencia con vigor en todo momento durante prácticamente todo su periodo presidencial. Declaró sentirse “víctima de un atentado moral” y presentó las detenciones de los jefes del Cártel de Cali (los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y Helmer “Pacho” Herrera) o la confiscación por ley de sus propiedades como pruebas del compromiso de su Administración con la lucha contra el crimen organizado; aún así, el país fue descertificado durante dos años consecutivos por el gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas, impidiéndole obtener recursos de este país para la lucha contra el narcotráfico. La política de seguridad, en consecuencia, no fue tomada como referencia en la acción gubernamental y los planes diseñados por la administración anterior, algo coherentes, no tuvieron continuidad. Adicionalmente, el comportamiento de la economía no proporcionó a Samper mayores satisfacciones.
En 1997, se repitió la moderada tasa de crecimiento registrada en el año anterior, mientras que el desempleo se alzó hasta el 13 % de la población activa, el mayor índice en diez años. El peso experimentó una notable devaluación frente al dólar y, a todo ello, se añadió el descenso de los ingresos por las exportaciones del café y el petróleo, en lo que mucho tuvo que ver la decisión de Estados Unidos de restringir tanto la entrada de productos colombianos como las líneas de crédito. Samper privatizó entonces empresas del Estado para poder mejorar la tesorería del Gobierno.[150]
La ofensiva de las guerrillas
Las FARC no dejarían de aprovechar la coyuntura para fortalecerse al amparo de los recursos obtenidos del tráfico de coca en el sur del país, terreno que quedó libre de competición tras la caída de los grandes carteles de la droga, y lanzó una ofensiva evidenciando su capacidad para adaptarse a la guerra de posiciones. Su plan de expansión afinado en la Octava conferencia del secretariado, celebrada en 1993, se materializo con el avance progresivo de sus estructuras sobre Bogotá y la cordillera Oriental, mientras se hostigaba a las tropas del gobierno en todo el territorio, disipando de esa manera sus esfuerzos. Ya no vacilarían en comprometer cientos e incluso más de un millar de hombres en una sola operación, siempre apoyada por una potente artillera artesanal. Aparte de los ataques masivos contra bases e instalaciones militares, también pasaron a bloquear ejes centrales de comunicación como los que conducen a Uraba o Arauca, a amenazar carreteras neurálgicas como la vía Bogotá- Medellín o Bogotá-Villavicencio, y a destruir infraestructura de importancia estratégica (torres de energía, hidroeléctricas del nororiente antiqueño, oleoductos en los Llanos orientales). Hábiles en el manejo de explosivos, empezaran a utilizar profusamente los coches bomba, y con ellos reapareció el terrorismo tipo Cartel de Medellín en las ciudades, si bien no conocerá sus extremos (la excepción fue el atentado dinamitero ocurrido el 10 de junio de 1995 en el parque San Antonio de Medellín, que atribuido a las milicias de las FARC dejó un saldo de 29 civiles muertos y más de 200 heridos).[151] El impacto para la economía nacional llegará a ser de 1 a 2 puntos del PIB, y sus consecuencias en el ámbito local y regional aún más devastadoras.[cita requerida]
De otro lado, el ELN se vio debilitado ostensiblemente, de un lado por el avance paramilitar en el Magdalena Medio y Antioquia, y del otro por la expansión acelerada de las Farc, lo que le privó de importantes recursos financieros. Contando desde 1995 la organización concentraría sus actos en el saboteo sobre la infraestructura petrolera y en los hostigamientos, si bien tampoco decayó del todo su accionar en grandes operaciones. Solo tras la muerte de su líder el “Cura Pérez” a principios de 1998, sería que empezaría a descender ostensiblemente la capacidad del grupo armado.[cita requerida]
A mediados de 1995, el Ministro de Defensa Fernando Botero Zea presentó su renuncia al cargo a raíz del escándalo del proceso 8000. Los sucesivos funcionarios que le siguieron en la cartera de seguridad, no ejecutaron ningún plan de orden público coherente: no existió una política de seguridad clara y establecida. Como si fuera poco, el estamento militar no fue ajeno al escándalo del proceso 8000 y se vio involucrado en él, como consecuencia de las continuas fricciones de su comandante Harold Bedoya con el presidente, lo que al final llevaría a su destitución 2 años después. En este punto, está claro que los grandes éxitos obtenidos por la guerrilla comunista, debieron mucho a las vacilaciones de Samper y a la falta de preparación de las FF.AA. El porcentaje del PIB destinado a la lucha contrainsurgente, era bastante bajo para el grado de violencia que enfrentaba el país, la Fuerza aérea era prácticamente testimonial con solo 30 helicópteros operativos para un territorio de más de un millón de kilómetros cuadrados, la coordinación entre las distintas armas era nula y la inteligencia pésima. La corrupción, la violación a los derechos humanos y el maridaje con grupos de extrema derecha campeaban en todos los niveles. No fue extraño entonces el sesgo desfavorable que tomó el conflicto para el establecimiento, cuando 1995 terminó con 650 uniformados muertos y cerca de 1200 heridos, las cifras más elevadas hasta ese momento.[cita requerida]
Por añadidura las consecuencias corrosivas del proceso 8000 no se limitaron solo al ámbito nacional y muy pronto Estados Unidos se vio involucrado en una agria disputa con el gobierno colombiano, descalificándolo en la lucha contra el tráfico de narcóticos el 1 de marzo de 1996 y retirándole al presidente su visado personal de entrada al país del norte el 1 de julio siguiente. Samper decidido a mostrar el esfuerzo realizado por su administración en la campaña anti-drogas, profundizó la amplia ofensiva que se venía realizando desde mediados de 1995 contra los cultivos ilícitos en el sur del país (la Operación Conquista desarrollada en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo). Como respuesta a la ofensiva del Ejército, más de 80 000 raspachines se movilizaron en violentas manifestaciones promovidas por las FARC. Precisamente y en parte como represalia a la Operación Conquista, en abril del 96 comenzó la serie de ataques masivos contra bases militares, emboscadas y tomas guerrilleras que marcaron el inicio de la mayor ofensiva subversiva de la historia del conflicto armado; ofensiva que desde las selvas sería pronto extendida al resto de la nación y que por su magnitud hizo pensar a muchos que el gobierno estaba siendo desbordado y perdiendo la guerra. El 12 de marzo de 1996, en lo que seria solo un preludio de lo que vendría después, los frentes 35 y 37 de las FARC, masacran a 11 policías y queman sus cuerpos en Chalan (Sucre).[cita requerida]
De Puerres a El Billar
El 15 de abril de 1996 en Puerres (Nariño) ocurrió el primero de estos golpes. Ese día al menos 150 insurgentes de las FARC y el ELN atacaron con explosivos a una unidad de caballería mecanizada. 31 militares murieron. El 20 de junio fue asesinado el gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias. El 30 de agosto, en el marco de una ofensiva nacional que causó en una sola semana 80 muertos en las filas del Estado, 450 miembros del Bloque sur asaltaron la base de las Delicias en Putumayo, donde se hallaban destacados 110 uniformados adscritos al Batallón de selva 49 Juan Bautista Solarte, al mando del Capitán Orlando Mazo. Tras una brutal batalla de 17 horas en la que cayeron 27 soldados y 9 guerrilleros, el resto de la tropa, 60 hombres faltos de refuerzos, se rindió.[152][153] Solo siete días después en La Carpa, Guaviare, el Bloque Oriental dio de baja a 24 efectivos de la Brigada Móvil No 2, en medio de una emboscada. Al mismo tiempo entre julio y agosto una serie de hostigamientos en Bogotá y Cundinamarca dejó 17 víctimas fatales entre los fuerzas del gobierno.
Pese a estos golpes, el Ejército no cejó en su esfuerzo por detener a la subversión y lanzo constantes operativos contra sus estructuras en Antioquia y Uraba, bajo el mando del General Rito Alejo del Río. En efecto las FARC sufrirían un importante descalabro cuando fueron expulsadas de la región bananera en junio de 1998 y perdieron el estratégico corredor al mar. El Bloque José María Córdova, considerado el más potente de la organización en 1993, debió replegarse a la región de Dabeiba, Mutata y el Cañón de la Llorona, que a partir de entonces se transformó en su cuartel general. Iván Márquez que había sido enviado a dirigir el Bloque Caribe, retornó allí y consiguió dirigir una violenta contraofensiva contando desde agosto de 1998.[154][155]
Sin embargo su táctica de dividir a las fuerzas gubernamentales les dio apreciables resultados a los irregulares: el 16 de enero de 1997, asesinaron a 3 infantes de marina y secuestraron a 10 más en Jurado (Choco), y el 1 de febrero emboscaron y mataron a 16 militares cuando estos desembarcaban de un helicóptero en San Juanito (Meta). Por añadidura los insurgentes hicieron estallar un carro cargado con 100 kilos de explosivos frente al Hotel El Pescador de San José de Apartadó (Antioquia), matando a 10 civiles.[156] La captura y retención de los 70 militares en Las Delicias y Jurado llevó al gobierno, pese a la oposición del estamento militar, a conceder una zona desmilitarizada de 14 000 km² (kilómetros cuadrados) en el municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá), cediendo de ese modo a las exigencias de las FARC. Allí fueron entregados todos soldados retenidos el 15 de junio de 1997.
Pese a este gesto de paz, la violencia no hizo más sino arreciar. El desconcierto era grande al interior de las Fuerzas Armadas y la Administración Samper desprestigiada e impotente para adelantar alguna política de orden público coherente, destituyó al General Bedoya por criticar al Gobierno. El Ejército minado en su moral y mal equipado se halló dirigiendo solo el esfuerzo de guerra; contaba con 120.000 efectivos pero estos se hallaban “amarrados” en su mayoría a la infraestructura, con unos 30 000 apenas dispuestos para lucha contra-insurgente. Sobre el terreno frente a los cerca de 20 000 guerrilleros en armas y no menos de 15 000 milicianos las cuentas se hallaban parejas. Ni la Armada ni la Fuerza Aérea realizaban un aporte decisivo y la segunda no era capaz de asistir realmente a los hombres en tierra, mientras la Policía con 100 000 efectivos, aunque monopolizaba la totalidad de los recursos proporcionados por los Estados Unidos para la lucha antinarcóticos, se hallaba también en franco retroceso ante los irregulares y más de 100 cabeceras municipales e innumerables corregimientos carecían de su presencia.
Adicionalmente a partir de 1995 se verificó un avance lento pero constante sobre las principales ciudades, Medellín y Bogotá esencialmente. Contra la capital, las FARC emprenden un asedio progresivo, instalando sus frentes en los municipios que la dominan por el oriente, e infiltrando armas y recursos desde el Sumapaz para las milicias de Ciudad Bolívar, en el sur. En Medellín pasaran a controlar al menos 600 barrios y la mayoría de las entradas de la ciudad, para principios de la década del 2000.[cita requerida]
Los ataques de la subversión fueron haciéndose más contundentes y aumentaron de escala. El 17 de junio un poderoso camión bomba hizo explosión en el parqueadero de la novena estación de Policía de Fontibón, en el occidente de Bogotá, en el momento que era examinado por oficiales y suboficiales de inteligencia del Comando de la Policía Metropolitana: 8 uniformados murieron (un mayor y dos capitanes incluidos) y 16 quedaron heridos.[157] El 6 de julio de 1997, 20 soldados murieron al ser derribado un helicóptero MI-17 en Arauca y solo cuatro días después en Arauquita, cayeron 10 más en una emboscada. Ambos hechos marcaron el inicio de la avanzada “fariana” en esa zona, controlada hasta ese momento por el ELN.
En octubre las acciones bélicas nuevamente escalaron: las elecciones locales fueron saboteadas sistemáticamente por las FARC; las autodefensas del Casanare emboscaron en San Carlos de Guaroa a una patrulla del Gaula matando a 11 de sus integrantes; y en San Juan de Arama (Meta) fueron asesinados mediante la activación de una carga explosiva, 17 policías. El día 17, 3500 tropas del Ejército se desplegaron en los llanos del Yari buscando a miembros del secretariado de las FARC (Operación Destructor II); Pero para los medios empleados, los resultados no pudieron ser más mediocres: 1 capturado. Finalmente y para rematar el año, el 22 de diciembre de 1997, el Bloque Sur tomó el Cerro Patascoy en menos de 15 minutos, matando a 11 uniformados del Batallón Boyacá y haciendo prisioneros a 18 más.[158][159]
La situación no variaría con la llegada de 1998 y más bien tomaría signos de desastre. Entre el 1 y 3 de marzo de ese año una operación que buscaba interceptar a altos mandos de las FARC en el Bajo Caguán, sobre la Quebrada El Billar, degeneró en una batalla campal que enfrentó a 600 guerrilleros del Bloque Sur y Oriental, y a 153 soldados del batallón de contraguerrillas N.º 52, al mando del mayor John Jairo Aguilar. Copadas totalmente sus 3 compañías, el descalabro fue contundente: 64 muertos, 19 heridos, 43 secuestrados y 3 helicópteros impactados. En los posteriores combates murieron 30 subversivos. Otras acciones se presentaron en todo el país durante los mismos días, vísperas de las elecciones legislativas: una decena de alcaldes y funcionarios fueron secuestrados; varios retenes cortaron las vías de comunicación; bombazos en Neiva, Barranquilla y San Vicente del Caguan; 8 soldados y un civil del Ejército muertos en una emboscada del ELN en La Alejandra, cerca de El Zulia (Norte de Santander); y hostigamientos en Sucre, Casanare y Bolívar que dejan otros 3 uniformados sin vida. La amenaza guerrillera se extendió pronto al centro del país, adquiriendo relevancia el control de la vía al Llano, casi en las goteras de la capital. El 23 de marzo, miembros del frente 53 habían secuestrado al menos a 25 personas, entre ellas cuatro estadounidenses y un italiano en un reten ilegal montado sobre esa carretera.[160]
El dominio de las Farc en las regiones
En este marco de aguda expansión insurgente, del que las Farc eran las principales protagonistas, el Bloque Oriental, con una amplia margen de maniobra en el sur y oriente del país y al mando del Mono Jojoy, fue el que obtuvo los éxitos más relevantes y el que más avanzó en su plan estratégico, amenazando cada vez más con sus ataques y la progresiva infiltración de sus estructuras, el centro de la nación y la capital de la república. Protagonista esencial de las tomas del 96-98 fue alias ‘Urias Cuéllar’, un táctico hábil en el copamiento de bases fijas, y su columna móvil, la Juan José Rondón. Todo este esfuerzo fue realizado, con los recursos obtenidos del tráfico de cocaína en Guaviare, Meta, Vichada, Guainía y parte del Vaupés, territorio sobre los que su predominio era casi absoluto. Con unos 7000 a 8000 hombres en armas, 22 frentes y 18 columnas móviles, sus redes de milicianos también multiplicaron los secuestros y extorsiones a veces en complicidad con las bandas de delincuencia común de la capital. Uno de sus comandantes, alias ‘Romaña’ se hizo famoso al bloquear constantemente la vía al llano e inaugurar la práctica de “Las Pescas Milagrosas”.
A su vez aunque el bloque sur contaba con menos militantes, unos 3000, emprendía en llave con el oriental numerosas operaciones militares. Al mando de Raúl Reyes y Joaquín Gómez su control del Putumayo y gran parte de Caquetá era indiscutible. La presencia en este grupo de Fabián Ramírez un comandante involucrado en el narcotráfico, le brindaba además los necesarios recursos económicos para mantener en pie su maquinaria de guerra.
Los demás bloques de las Farc eran de menos tamaño y a su vez también su operatividad. El Occidental con 2000 irregulares subordinados Alfonso Cano era bastante activo en Tolima, Cauca, Valle del Cauca y Nariño pero no era en lo absoluto, salvo casos excepcionales capaz de realizar ataques masivos como los acaecidos en el sur-oriente del país, limitando su accionar a hostigamientos, emboscadas y asaltos a cuarteles de policía. Igual sucedía con el Caribe y sobre todo con el Magdalena Medio, en lo sucesivo cada vez más acorralados por la ofensiva paramilitar de las AUC, si bien Martín Caballero, era el responsable de acciones que dejaron cientos de muertos en los Montes de María, Bolívar y Sucre.
Respecto al último bloque, el Nor-occidental comandado por Efraín Guzmán y presente en Antioquia y Choco fue el que recibió primero la doble embestida de las autodefensas y el ejército, encajando una derrota que más tarde resultaría decisiva para frenar el avance guerrillero, la pérdida del estratégico corredor de Uraba. Pese a esto, resistió la dura arremetida militar controlando amplios núcleos a lo largo de toda la región (como el cañón de la Llorona) y en su apoyo fueron enviados un millar largo de subversivos desde el sur del país. La contraofensiva de los guerrilleros en este frente, iniciada en agosto de 1998 se cobró cientos de vidas entre las Fuerzas gubernamentales, que sufrieron descalabros semejantes a los acaecidos en Meta, Guaviare y Caquetá.
Al final del periodo Samper la situación de violencia que vivía el país era crudísima; las bajas de los efectivos del Gobierno se contaban por cientos: 797 muertos en 1996, 670 en 1997 y 817 en 1998, estas últimas las cifras más elevadas del conflicto, a lo que se sumaban los 350 secuestrados y los no menos de 3500 heridos. Pero pese a todas las observaciones hechas, el Ejército se hallaba aún lejos del colapso y contaba con suficientes reservas para sostener indefinidamente la lucha. En muchas regiones del país la única cara del Estado que conocía la población era la del Ejército y ello no dejaba de ser paradójico.[161]
La ofensiva Paramilitar. Creación de las AUC
A la vez que ganaba terreno la insurgencia, el Paramilitarismo se extendía por amplias áreas del país, la costa atlántica principalmente, de la mano de los intereses de numerosos hacendados, militares, políticos y empresarios identificados contra la lucha de la guerrilla. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), bajo el mando de Carlos Castaño, se convierte en el grupo más activo. La avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá apoyada por antiguos miembros del EPL perseguidos a muerte por las Farc y por las disidencias del movimiento que no se desmovilizaron. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión a la región del Atrato, Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar, bajo la forma de violentas incursiones de tierra quemada. Las cooperativas de seguridad rural o CONVIVIR, nuevas asociaciones de autodefensa autorizadas por la administración Samper por medio del Decreto 356 de 1994, sirvieron en este marco de fachada para que los ultraderechistas pudieran consolidar sus avances territoriales y a la vez se mostraran ante la opinión pública, cobijados por una nebulosa entre lo legal y lo ilegal. La falta de supervisión del gobierno central le abrió camino a muchas irregularidades, verificándose en las zonas donde se implantaron una multiplicación de las estructuras paramilitares. Las CONVIVIR proliferarían bastante en Antioquia, con el impulso del entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez.[cita requerida] Estas cooperativas de vigilancia fueron desmontadas en 1997 por orden de la Corte Constitucional, al considerar inconstitucional el decreto que las impulsó.[cita requerida]
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas, sobre todo el ELN, registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a estas estructuras. Y es en medio de la misma lucha, que tanto los irregulares de derecha como los de izquierda, convierten a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado. En efecto, las FARC asumirían una clara actitud predatoria hacia los civiles en el Eje bananero, donde en respuesta a la masacre del Bar Aracatazo (cometida por las ACCU) ocurrida el 12 de agosto de 1995, se desató una ola de cruentas retaliaciones. No menos de 800 personas murieron en la guerra de exterminio que azotó a Uraba en 1995, mientras que varios cientos de miles tuvieron que desplazarse fuera de sus hogares. El 29 de agosto en los terrenos de la Hacienda Los Kunas de Carepa, Antioquia son asesinados por miembros del V frente de las FARC, 18 campesinos; el 20 de septiembre las víctimas son 25 trabajadores bajados de un bus y fusilados en el sitio denominado Bajo del Oso; el 14 de febrero de 1996, 11 civiles son rafagueados en la finca Osaka; y el 5 de mayo, 16 habitantes de las localidades de Alto de Mulatos y Pueblo Bello (Antioquia) son también ejecutados.[162]
En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y el Bloque Central Bolívar (BCB) se unieron en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), las Autodefensas de la alianza oriente conformadas por las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) fueron las unicas organizaciones paramilitares reginonales que no se unieron a las AUC , dando forma a un proyecto contrainsurgente de envergadura nacional. En la práctica se trató de una federación de facciones regionales, que se agruparon bajo una bandera común, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan definido, una coordinación multi-regional de las acciones bélicas y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político. A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionan en las zonas donde estos grupos tienen su principal fuente de financiamiento: el narcotráfico. Siguiendo este propósito, en la segunda mitad de 1997, los paramilitares penetran en los cuarteles generales de la subversión y ponen de manifiesto su voluntad de realizar campañas de exterminio en todo el país, por medio de rápidas y sangrientas incursiones. La primera evidencia de su nueva estrategia viene con el ataque lanzado sobre Mapiripan (Meta) en julio de 1997, donde fueron asesinadas casi medio centenar de personas, y la masacre de El Aro (Antioquia) cometida en el nudo de Paramillo, el 22 de octubre del mismo año.[cita requerida]
El narcotráfico durante la era Samper. Fin del Cartel de Cali y el de la Costa Atlántica
Los “narcocasetes” obtenidos por la DEA en la sede de la Campaña Samper Presidente, sirvieron para que Estados Unidos ejerciera con mayor fuerza su diplomacia coercitiva, iniciada durante la administración anterior. Para ello, contaba con el proceso de certificación como instrumento táctico y la exigencia de extradición de nacionales como herramienta jurídica. Con este perfil y con la inclusión del criterio de nivel de narco-corrupción, en 1995 se certificó condicionalmente a Colombia “por razones de interés nacional”.
Pero al año siguiente, Colombia se convirtió en el primer país formalmente democrático en ser descertificado, aunque no se aplicaron las sanciones económicas discrecionales previstas en la medida. En 1997, Colombia volvió a ser descertificada, y en vísperas de la salida de Samper en 1998, el país fue certificado de manera condicional.
Gilberto Rodríguez fue sentenciado a quince años de prisión, los cuales se redujeron a siete años por confesión y buena conducta. Otro instrumento de presión de Estados Unidos fue la extradición. El Artículo 35 de la Carta de 1991 la prohibió, de alguna manera por influencia de los narcotraficantes y por consideraciones nacionalistas de los constituyentes. Durante el gobierno de Samper, la diplomacia de Estados Unidos se orientó a presionar la revocatoria de ese artículo. Luego de varios llamados de autoridades nacionales y con el fantasma de una próxima descertificación en el ambiente político, finalmente, mediante el Acto Legislativo 1 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Esta medida estuvo antecedida por la aprobación, mediante la Ley 333 de diciembre de 1996, de la extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita, y de la Ley 365 de febrero de 1997, que aumentó las penas a los narcotraficantes.
La retórica nacionalista de Samper contrastó con su permanente preocupación por satisfacer las exigencias de Estados Unidos en medio de la crisis política que lo envolvió. Pero su preocupación se disimuló no sólo con la retórica presidencial, sino también con el protagonismo que ejerció el embajador de este país, Myles Frechette, quien le dio aún más notoriedad a la relación del gobierno con los Estados Unidos. Este embajador se posesionó poco antes de terminado el gobierno Gaviria y se retiró en marzo de 1998, en vísperas de las elecciones presidenciales. La personalidad del embajador propició frecuentes enfrentamientos públicos con funcionarios del gobierno que hicieron más difíciles las de por si problemáticas relaciones con el país del norte. La debilidad del gobierno y su dependencia frente a Estados Unidos hicieron posible que esa situación se mantuviera durante tanto tiempo. Debido a ese afán presidencial por responder a la presión externa, el narcotráfico se convirtió en el factor preponderante de la seguridad nacional durante su gobierno. En la década anterior, el narcotráfico también había sido un problema destacado de orden público y de seguridad nacional, pero no sólo como respuesta a la presión externa, sino también como respuesta al terrorismo. El énfasis en el narcotráfico durante el gobierno Samper llevó a que la subversión y el paramilitarismo no recibieran la atención que ameritaban. Los consecuentes descuidos e improvisaciones de los dirigentes políticos y los militares, facilitaron la inusitada expansión tanto de las guerrillas como de los paramilitares.
Las operaciones Conquista I y Conquista II, adelantadas en el sur del país contra el narcotráfico por la IV División del Ejército y sus brigadas, entre junio de 1996 y febrero de 1997 afirmaron la tendencia de militarización de la lucha antinarcóticos. Así fue posible combinar, y confundir, la represión antisubversiva con la guerra contra las drogas. Ya desde antes el Ejército había realizado operaciones que combinaban la lucha militar de las tropas antiguerrilleras con la fumigación de cultivos ilegales por parte de la Policía en busca del apoyo directo de Estados Unidos a sus actividades antisubversivas. La importancia progresiva que adquirió el Comando Sur de Estados Unidos -ubicado hasta fines de los años noventa en la Zona del Canal de Panamá-para el país tiene que ver no sólo con su papel de mediador de la absorbente política militar estadounidense para el área, sino también con esa búsqueda de apoyo por parte del ejército nacional.
La preponderancia del narcotráfico como factor central de la seguridad nacional se percibió desde el inicio del gobierno, siempre bajo los dictámenes norteamericanos. A finales de 1994, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la extensa fumigación de cultivos de coca y amapola con glifosato, contrariando los acuerdos gubernamentales suscritos poco antes con los campesinos del Guaviare a raíz de un paro cívico de protesta por las fumigaciones. Los acontecimientos subsiguientes ratificaron la decisión: en febrero de 1995 el presidente Samper anuncio el Plan Antinarcóticos 1995-1997 y su “Operación Resplandor” destinados a la erradicación total de cultivos ilícitos, en abril el gobierno compró equipos técnicos y de aviación por la suma de 2000 millones de dólares, y en mayo el mismo Consejo aprobó el Plan “Compromiso de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga”. Además, en noviembre, el ministro de Defensa anunció la instalación de un radar de Estados Unidos en Marandua, Departamento de Vichada, como parte de la lucha antinarcóticos, En 1996, con el fin de reforzar las fumigaciones, se ensayó el imazapyr, herbicida granulado más potente que el glifosato.
La ofensiva en contra de los cultivos ilícitos provocó la movilización campesina más importante desde los años sesenta. El anuncio de fumigación de finales de 1994 generó un paro cívico en enero de 1995 de los cultivadores del Putumayo, que culminó tras las promesas del gobierno de hacer inversión social en la región. Dicho anuncio también causó inconformidad en los campesinos del Guaviare y hostilidades por parte de las FARC en esa zona, cuyo momento crítico fue la toma de la ciudad de Miraflores a mediados del año. Sin embargo, la reacción más fuerte estaba por venir. En julio de 1996, millares de campesinos del departamento de Putumayo se movilizaron en contra de las fumigaciones del programa gubernamental de erradicación de cultivos ilícitos. Esta protesta se extendió a los departamentos de Guaviare, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, con las marchas de doscientos mil campesinos cocaleros. La organización de la movilización estuvo a cargo de las FARC, que obligó a los campesinos a participar, lo que sirvió de excusa al gobierno para reprimirlos de manera indiscriminada. La reacción del gobierno sirvió para darle mayor legitimidad a la guerrilla entre la población vinculada a los cultivos de coca. La guerrilla aprovechó el momento para adelantar una ofensiva en varios lugares del país, de la que resultó el desastre militar derivado del ataque a la base de Las Delicias en el Putumayo.
La acción del gobierno se dirigió también contra los narcotraficantes. La presión ejercida por una réplica del llamado “Bloque de Búsqueda” que eliminó a Pablo Escobar conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del Cartel de Cali a mediados de 1995. En junio fueron capturados Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fomeque. Además fue desmantelada gran parte de la red de ese cartel, con la incautación de documentos y la ocupación de parte de sus propiedades. En septiembre se entregó a la justicia estadounidense, a través de la DEA, Guillermo Pallomari, tesorero de esa organización delictiva. Por otra parte, la fuga y posterior muerte, por parte de la Fuerza Pública del narcotraficante José Santacruz en los primeros meses de 1996, sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense insistiera en su pedido de revivir la extradición.
La política antidroga del gobierno de Samper tuvo muchos opositores, buena parte de ellos alentados por sus vínculos económicos y políticos con los narcotraficantes. La conducta del Congreso de la República fue notoria: varias de las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueron contrarrestadas o alteradas en el curso de los debates, inclusive con la abierta participación de grupos políticos afines al gobierno. La discusión sobre la extradición formó parte de esa situación, reforzada con la negativa inicial del Presidente de revivirla. También hubo iniciativas del Congreso destinadas a entrabar la acción en contra del narcotráfico. Entre ellas sobresale el llamado narcoproyecto, que era una reforma al Código de Procedimiento Penal que restringía la órbita de acción de los jueces de la justicia regional, denominados sin rostro, convertía el enriquecimiento ilícito en un delito secundario y prácticamente lo liberaba de sanciones punitivas. La discusión de este proyecto absorbió la segunda mitad de 1994 hasta que fracaso con la intervención del gobierno. Asimismo, en 1995 apareció lo que se llamó el narcomico a la ley de seguridad ciudadana, que buscaba que el enriquecimiento ilícito fuera tratado como delito conexo y no como delito independiente. La Cámara finalmente lo eliminó, y esa acción fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Corte Constitucional.
Los resultados de la lucha contra las drogas del gobierno de Samper fueron desalentadores a pesar del creciente apoyo del gobierno de Estados Unidos, instigador de la política. Por ejemplo, en 1996 se destinaron dos millones y medio de dólares para la construcción de bases antinarcóticos en los departamentos del Valle del Cauca y Putumayo, y en 1997 se adicionaron 100 millones en ayuda militar para esos menesteres. Sin embargo, los cultivos ilícitos en Colombia pasaron de 40 100 hectáreas en 1990, a 50 900 en 1995, 79 500 en 1997 y cerca de 100 000 en 1998. En este último año, el país ocupaba ya el primer lugar como productor de coca a nivel mundial, con más del 40 % del área cultivada total. Ni la fumigación ni los programas de desarrollo alternativo lograron frenar la expansión de los cultivos. Entre 1990 y 1998 se fumigaron más de 120 000 hectáreas, una superficie semejante a la cultivada en 1999. La fumigación, además de ser ineficiente, produjo daños ecológicos y problemas sociales difíciles de estimar. El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), no logró encontrar sustitutos para la coca y la amapola, ya que la rentabilidad de los cultivos alternativos está lejos de competir con la de los ilícitos, entre otras cosas debido a la ausencia de infraestructura y a la falta de una organización adecuada para su comercialización.[163]
Pese a todo, la administración Samper logró anotarse un éxito parcial al final de su mandato, con la captura del jefe del Cartel de la Costa, Alberto Orlández Gamboa, alias ‘El Caracol’, en el marco de la Operación Alcatraz realizada el 6 de junio de 1998. Caracol fue el último sobreviviente de una guerra interna en este cártel, producto de la perdida de un embarque de cocaína con destino a Estados Unidos.[164]
Surgimiento y consolidación del Cartel del Norte de Valle
A mediados de la década de los noventa, una vez decapitado el Cartel de Medellín, el control del negocio de la cocaína había quedado en manos de los traficantes del Valle. El denominado Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y sus dos socios, José Santacruz Londoño y Helmer Pacho Herrera, fue el principal beneficiario de la guerra con Los Extraditables, a cuya sombra y con el pretexto de enfrentar al enemigo común habían logrado infiltrar numerosos organismos de seguridad del estado, e instituciones políticas. En el Norte del Valle, y ligados al grupo de Cali, los capos eran Ivan Urdinola —en la cárcel desde 1992— y su cuñado, un ex-policía, Orlando Henao Montoya, alias ‘Don H’ , quien, junto a sus dos hermanos, Arcángel y Fernando, además de una red de narcos de mediano poder (Diego Montoya, Henry Loaiza, Víctor Patiño Fomeque, etc.), operaba desde los municipios de El Dovio, El Águila, Zarzal, Trujillo, Roldanillo, La Victoria, Cartago y Versalles.
A partir de 1994, el gobierno de Estados Unidos que había observado con cautela los resultados de la política anti-drogas del gobierno, empezó a exigirle a Colombia más contundencia en las acciones contra los nuevos amos del narcotráfico, alarmado también porque los cultivos de coca y amapola empezaban a crecer exponencialmente en el sur del país. La presión ejercida por una réplica del llamado “Bloque de Búsqueda”, conformada por militares, policía, DAS y Fiscalía, y la acción de la política de entrega y negociación promulgada por la Fiscalía, lograron la captura y entrega de la cúpula del cartel de Cali a mediados de 1995. En junio de ese año fueron detenidos Gilberto Rodríguez Orejuela y Phanor Arizabaleta, en julio José Santacruz Londoño y en agosto Miguel Rodríguez Orejuela. En el transcurso de esos meses, también se entregaron Tulio Enrique Murcillo, Henry Loaiza y Víctor Patino Fomeque.[165]
Sin embargo, el problema estaba lejos de verse resuelto. En los meses siguientes a su captura, la cúpula del cartel, empezó a ver como se producía una paulatina pérdida de control sobre el negocio de la cocaína, mientras sus antiguos aliados del norte del Valle, se independizaban y dejaban de obedecerlos, con el pretexto de que habían revelado información confidencial a las autoridades colombianas y estadounidenses; de esa manera se fueron apoderando de las rutas, las zonas de siembra y los mercados de exportación. Esta ruptura, marco la consolidación del Cartel del Norte del Valle, liderado por Iván Urdinola, y su cuñado Orlando Henao. El apoyo de ciertos elementos de la policía como del Coronel Danilo González, fue determinante en dicho proceso.[166]
Sin embargo, Helmer Herrera, no estaba dispuesto a ceder el control de sus negocios, que pretendía seguir controlando por medio de algunos familiares y lugartenientes. Las disputas empezaron en marzo de 1996, cuando cerca de Palmira fue baleado Wílber Varela, alias ‘Jabón’, jefe de sicarios de Orlando Henao, quedando levemente herido. Dos meses después, el 24 de mayo, sicarios del norte del Valle, ingresaron a un restaurante de Cali y trataron de matar a William Rodríguez Abadía, hijo de uno de los Rodríguez Orejuela. Este sobrevivió al ataque pero 5 personas perdieron la vida.[167]
A partir de entonces, la guerra entre los clanes de Helmer Herrera –los Rodríguez Orejuela se apartaron de la pugna- y Orlando Henao se recrudeció, multiplicándose los atentados, ataques de sicarios y maniobras jurídicas. El cartel del norte, tenía a su disposición un ejército personal bien adiestrado, que conformaban antiguos miembros de la Policía y numerosos sicarios del Valle, pero la presión de las autoridades y las incriminaciones ante organismos judiciales, forzaron que el “hombre del overol” se entregara en septiembre de 1997. No obstante, su rendición era solo cuestión de estrategia pues desde la prisión seguía al mando de la organización narcotraficante.[168]
La situación empeoro cuando, luego de una fuerte presión política del gobierno estadounidense, mediante acto legislativo del 1 de diciembre de 1997, el Congreso aprobó la extradición sin retroactividad ni aplicación a los delitos políticos. Este nuevo ingrediente, incentivó aún más la violencia entre las mafias de Cali y el Valle, la cual tuvo su punto cumbre, cuando en noviembre de 1998 fueron asesinados sucesivamente los capos Hélmer Pacho Herrera (por órdenes de ‘Jabón’) y Orlando Henao (en represalia por el anterior a manos de José Manuel Herrera ‘el inválido’).
Luego del asesinato de este último, el cartel del Norte del Valle se reorganizó alrededor de la figura de Wilber Alirio Varela, alias ‘Jabón’, un violento ex-policía convertido en jefe de sicarios, que contaba con el apoyo de Lorena Henao Montoya, la hermana de Orlando y esposa de Iván Urdinola; si bien, había otras poderosas facciones como la de Diego León Montoya ‘Don Diego’ y Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’. Varela, aunque continuo la guerra con el clan Herrera en alianza con otros capos como ‘Cuchilla’, ‘Chupeta’ y Luis Ocampo Fómeque, alias ‘Tocayo’, vio consolidar su organización como la mayor agrupación narcotraficante del país, responsable de exportar un promedio anual de 300 toneladas de coca, alrededor del 50 ó 60 % del total de la producción de entonces. Paradójicamente, la acción de las autoridades, con el desmantelamiento del Cartel de la Costa en junio de 1998, y de la Operación Milenio adelantada en octubre de 1999 (que permitió la captura de importantes capos de Medellín como Alejandro Bernal Madrigal, alias ‘Juvenal’ y Fabio Ochoa Vásquez), había eliminado indirectamente posibles competidores del cartel, que no por nada llegó a agrupar unos 6000 hombres entre sicarios, testaferros, contadores y colaboradores hacia finales de los noventa.[169]
Finalmente en 2001, el clan de Jabon le ganó la guerra a los ‘Pachos’. Varios de los hermanos Herrera murieron y otros debieron escapar de Colombia.[170]
Pastrana y el Proceso del Caguan. El Plan Colombia
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Dos años de continuas derrotas, tenían postrado moralmente al cuarto de millón de soldados y policías que combatían a una insurgencia venida a más en medio del caos que representaron los 4 años de la Administración Samper. Desde el norte a base de masacres, avanzaban las AUC, mientras el suroriente del país escapaba casi que totalmente al arbitrio del Estado que controlaba solo las capitales y las poblaciones más grandes. El nuevo mandatario, Andrés Pastrana, si bien se la jugó por el proceso de paz, no descuido el frente militar. La caótica situación empezó a cambiar con la llegada al Ministerio de Defensa de Rodrigo Lloreda Caicedo y el relevo de los altos mandos militares de la última fase del cuatrienio anterior, con los generales Manuel José Bonett y Mario Hugo Galán al frente.[cita requerida]
El objetivo del cambio de cúpula era recuperar la moral de la tropa, prácticamente destruida tras dos años de múltiples debacles bélicos, reestructurar las Fuerzas Militares y retomar la iniciativa del conflicto. Los Generales Fernando Tapias y Jorge Enrique Mora, fueron escogidos como comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército respectivamente. La cúpula fue complementada con oficiales como Rafael Hernández López, quien venía de liderar la Fuerza de Tarea del Caguan y pasó a ocupar el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto y el General Néstor Ramírez, Comandante de la Tercera División, nombrado segundo al mando.[cita requerida]
Junto con la conformación de la nueva cúpula, el Ministro Lloreda creó una comisión de reestructuración integrada por civiles y militares, encargada de revisar todos los aspectos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa. Este proceso seria continuado y profundizado por el Ministro Luis Fernando Ramírez, quien asumió el cargo tras la renuncia de Lloreda en mayo del 99.
La estructura del Ejército se transformó, con la creación de cuatro nuevas jefaturas: personal, logística, operaciones, y entrenamiento y doctrina, cada una de ellas bajo el mando de un mayor general. Estas reemplazaron la antigua estructura y eliminaron o fusionaron varias oficinas, permitiendo al General Mora entenderse con solo 4 subalternos sobre los aspectos estratégicos. Además se desarrolló un sistema de comando, control y comunicaciones en base al Centro de Operaciones Conjuntas (COC), que permitió a las distintas armas coordinar las acciones sobre el terreno. Estas ofensivas lanzadas por las fuerzas gubernamentales fueron desarrolladas a partir de la segunda mitad 1999 por unidades de asalto de 120 hombres (1 compañía), evitando así que se repitieran los desastrosos resultados de las batallas del 98, donde las tropas contraguerrilla se movilizaban en grupos de 50 y se veían copadas rápidamente por cientos de insurgentes. Igualmente, la permanencia de la cúpula durante los cuatro años del mandato de Pastrana, contribuyó a darle continuidad a este proceso, que pasaría con el respaldo económico de los Estados Unidos, por la profesionalización de las FF.MM., la capacidad de realizar operaciones nocturnas, la creación de la FUDRA, la activación de nuevas brigadas móviles, el perfeccionamiento de la inteligencia y el fortalecimiento de la capacidad aerotactica. También se reformaron los estatutos de carrera, de evaluación y de ascenso del personal uniformado, a través de la expedición de decretos-ley en el marco de las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno por el Congreso de la República en el año 2000.[cita requerida]
La ofensiva del 3 de agosto y el ascenso de Pastrana
La prioridad otorgada por el candidato del Partido Conservador, Andres Pastrana, a las propuestas de iniciar negociaciones de paz con las guerrillas comunistas de las FARC (unos 17.000 hombres) y el ELN (unos 5.000), sumado a su incidencia en los mensajes sociales, alimentaron las esperanzas de una población agobiada por cuatro décadas de violencia en múltiples frentes y otros déficits de tipo económico y social en la nación, además del rechazo que sentía el pueblo hacia los poderes legislativo y ejecutivo del país debido al “circo” hecho por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Congreso al absolver al presidente Ernesto Samper del llamado Proceso 8000, aún con los testimonios y pruebas que existían en su contra. Por otro lado, su oferta de restaurar el nivel de cooperación con Estados Unidos vigente hasta 1996, cuando la Agencia para la Lucha contra la Droga (DEA) desertificó al Gobierno de Samper, fue acogida positivamente en Washington. Aún y todo, Pastrana, al que se le asociaban contactos con las élites económicas y políticas de Estados Unidos, precisó que de llegar a la Presidencia no estaría dispuesto a acoger asesores militares de ese país para no hacer un “excesivo énfasis en las medidas represivas”.
En las elecciones presidenciales de 1998 Pastrana fue, con el 34,4 % de los sufragios, el segundo candidato más votado en la primera vuelta efectuada el 31 de mayo, aunque tan sólo con una décima menos que el liberal Horacio Serpa, que había desarrollado una campaña populista y planteaba similares propuestas, pero con el agravante de la defensa que en su momento hizo de Samper cuando era su Ministro del Interior. Sin embargo, en el desempate del 21 de junio Pastrana obtuvo el apoyo de la mayoría de los votantes con el 52 % de los sufragios. Los comicios se celebraron en un clima relativamente pacífico para los estándares colombianos y registraron un índice de participación histórico, el 59 %.
Pastrana tomaba posesión de su mandato cuatrienal, primero para el Partido Conservador desde 1986, el 7 de agosto, pero no esperó hasta entonces para mover sus piezas en el frente de la guerrilla. Así, el 9 de julio el mandatario electo se internó en la selva para reunirse con el comandante Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, líder histórico de las FARC. El encuentro, primero directo de un mandatario colombiano con la guerrilla, sentó las bases para futuras negociaciones encaminadas a finalizar el conflicto armado.
Al mismo tiempo, el ELN y el Consejo Nacional de Paz (CNP), foro integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil colombiana, llevaban tres meses dialogando en un convento en las cercanías de Maguncia (Alemania). De esta “mesa de sondeo” surgió, el 15 de julio, un acuerdo de principio para convocar antes de octubre una Convención Nacional como conferencia consolidación del proceso. Todo ello parecía indicar que la elección de Pastrana había sido un catalizador de las iniciativas de paz. No obstante, bien pronto quedaron decepcionadas las perspectivas más optimistas y cobraron argumentos quienes venían advirtiendo que el proceso de paz iba a ser largo. El 22 de julio el ELN rompió su compromiso de tregua y comenzó una campaña de atentados. El mismo 7 de agosto, la ceremonia de asunción de Pastrana quedó deslucida por la ola de violencia guerrillera sin precedentes que asolaba el país, que quedó conmovido en particular por el desastre militar del 3 de agosto, con cientos de soldados y civiles muertos o desaparecidos en los combates. Se habló de un desaire de la insurgencia a Pastrana y, ciertamente, esta situación no iba a ser excepcional en los cuatro años siguientes.[150]
La ofensiva subversiva del 3 de agosto de 1998, lanzada como «despedida al Gobierno Samper», fue la mayor en toda la historia de las guerrillas colombianas. Se atacaron en todo el país 62 objetivos del Gobierno con asaltos masivos de instalaciones militares, hostigamientos, sabotajes y carros bomba, dejando 81 uniformados muertos, 120 heridos y más de 150 secuestrados. En Miraflores (Guaviare), escenario de un auténtico desastre militar, la base antinarcóticos de la policía y el cuartel del Batallón Joaquín París, donde estaban destacados 230 hombres, fueron totalmente arrasados tras 26 horas de violentos enfrentamientos que se saldaron con 16 muertos, 30 heridos y 129 capturados entre las fuerzas gubernamentales.[171][172] Otros ataques asolaron La Uribe donde fue golpeado el Batallón No. 21 Vargas (29 soldados y 1 policía muertos, 30 heridos, 7 secuestrados y 1 helicóptero derribado), Pavarandó (9 soldados muertos y 7 capturados) y San Carlos (Antioquia) (9 policías rendidos).
La toma de Mitú y la desmilitarizacion del Caguan
Pero con la llegada a la presidencia de Pastrana, tampoco se detuvieron los ataques: en Tamborales (Riosucio, Chocó) el 14 de agosto de 1998 murieron 42 militares y 21 más fueron hechos prisioneros en una nueva batalla campal entre 200 contraguerrilla del Ejército que pretendían rescatar a los secuestrados de Pavarando y 1000 guerrilleros (que contaron en sus filas 60 bajas); el 12 de septiembre el EPL y el ELN asaltaron el corregimiento de Las Mercedes en Norte de Santander, sometiendo a los 20 uniformados que ocupaban el cuartel de policía local; y finalmente, el 18 de octubre nuevamente el ELN dinamitó un oleoducto en Machuca (Antioquia) y provocó una masacre que le costo la vida a 80 civiles.
Pese a estos gestos desalentadores el 14 de octubre, tres días después de hacer lo propio con el ELN, el Gobierno arrancó las conversaciones con las FARC. Estas vieron reconocido un estatuto político y el Ejército comenzó a abandonar una vasta zona selvática en los departamentos de Caquetá y Meta, al sur del país, de 42 130 km² (extensión ligeramente superior a la de Suiza y que comprendía cinco municipios), satisfaciendo la precondición planteada por Marulanda a Pastrana de levantar un “laboratorio de paz” en esta región dominada por la guerrilla. El 7 de noviembre los militares completaron la evacuación y la llamada Zona de Distensión de San Vicente del Caguán se hizo efectiva. Pero antes de que se terminara de concretar el despeje total del área, las FARC lanzaron su más atrevido plan de guerra al tomarse por asalto una capital departamental, Mitú, ubicada en medio de las selvas del Vaupés. Aproximadamente 1500 hombres se lanzaron contra la exigua guarnición compuesta por 120 elementos (5 oficiales, 2 suboficiales, 77 patrulleros, 6 agentes y 30 auxiliares bachilleres) al mando del Coronel Luis Mendieta. Tras 12 horas de feroces combates contra los cerca de 90 policías parapetados en la Estación y sus alrededores, sobre las 4:30 de la tarde la posición fue copada, con un saldo de 16 policías muertos y 61 capturados, entre ellos el mismo Comandante de la Ponal en el Vaupés.[173]
Los guerrilleros ocuparon Mitú por 72 horas, aprovechando la impotencia del Gobierno para enviar refuerzos, ya que la pista aérea había sido destruida, y esa era la única forma de acceso a la distante población. Sin embargo las FF.AA preparaban el contraataque. Luego del desembarco nocturno de 220 efectivos de fuerzas especiales (a 6 km de la población), seguido por la llegada de medio millar más de uniformados, las tropas avanzaron en medio de enfrentamientos hacia la ciudad apoyados por un inmenso dispositivo aéreo, retomándola al atardecer del día 3 tras el repliegue de los guerrilleros (que la habían abandonado sobre el mediodía con no menos de un centenar de bajas), que huyeron hacia el Guaviare. Fue el primer descalabro serio sufrido por el bloque oriental, en el curso de su aparente inexorable cadena de triunfos.[174][175]
Las operaciones no se detuvieron y a fines de mes entre El Retorno y Calamar (Guaviare) cuando cientos de hombres de la Brigada Móvil Número 3, trataban de cercar a 800 guerrilleros que huían desde Mitu, se desataron nuevos combates. 20 militares murieron y 3 fueron secuestrados, a la vez que se contaron más de 40 bajas en las filas de la subversión.[cita requerida]
Los diálogos del Caguán
El 7 de enero de 1999 comenzaron las negociaciones de manera oficial, y lo hicieron con mal pie: al encuentro inaugural en San Vicente del Caguán, en Caquetá, no compareció Marulanda, dejando a Pastrana en situación embarazosa, como señal de advertencia al Gobierno contra la concesión de un estatuto político similar y garantías de amnistía a las organizaciones paramilitares de extrema derecha, unos 7000 hombres agrupados desde abril de 1997 como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bajo el mando de Carlos Castaño.[176] Precisamente, estos grupos, responsables de violaciones de los Derechos Humanos, habían desencadenado en la víspera una campaña de masacres contra civiles sospechosos de pertenecer o simpatizar con la guerrilla, para obligar al Gobierno a sentarse con ellos en una mesa de negociaciones y obtener beneficios políticos también en plano de igualdad. El 9 de enero las organizaciones de extrema derecha ejecutaron a 55 civiles en El Tigre (Putumayo) y en Playón de Orozco (Magdalena).[cita requerida]
En todo caso las FARC dilataron las conversaciones argumentando la poca efectividad del gobierno en la lucha contra los paramilitares y nuevamente la emprendieron contra las FF.AA., buscando posicionarse en la mesa de diálogos. Pero esta vez los golpes vendrían de lado y lado.
El 18 de febrero de 1999 entre los corregimientos del Oasis y La Esmeralda en Arauquita (Arauca), 12 militares murieron en un ataque del 10 frente, que sufrió en el contragolpe medio centenar de bajas. El 12 de marzo el Comandante del Frente 51, Miller Perdomo, murió en una celada tendida por el Ejército en Cundinamarca; y cuatro días más tarde, el 16, feroces combates enfrentaron en el Cañón de La Llorona a cientos de militantes de las FARC con una compañía de 28 contraguerrilla. Reforzados por 2000 uniformados más y decenas de helicópteros, las FF.MM., obtuvieron una estratégica victoria y abortaron los planes de guerra del bloque noroccidental, negándole su entrada al eje bananero (50 muertos de la subversión frente a 3 del gobierno).[154][177]
La siguiente ronda la protagonizaría la insurgencia: el 12 de abril, cuando un convoy de 43 efectivos del Batallón Cacique Lutaima al mando del Mayor Henry Gómez Navas, se movilizaba por el puente sobre el Rio Tasido, en Uraba, un numeroso grupo de guerrilleros los embosco, muriendo en el ataque 19 uniformados (entre ellos el mayor y su segundo, el Teniente Fabián Chica Mosquera).[154] El ELN por su parte, fue el responsable de 2 secuestros masivos: el primero en abril, de 41 pasajeros de un avión de Avianca, que fue obligado a aterrizar en Santander y el segundo en mayo, a las afueras de Cali de más de 200 personas en la iglesia la María.[cita requerida]
El mismo mes, las operaciones Némesis y Llanura, terminaron con 28 guerrilleros dados de baja en enfrentamientos ocurridos en el Vichada y Arauca. Entre los abatidos se encontraba alias ‘Esteban’, Comandante del Frente 16 y principal comprador de armamento para las FARC en sur-oriente del país.[cita requerida]
Ofensivas de las FARC
El 2 de mayo de 1999 Pastrana y el jefe de las FARC celebraron una conferencia por sorpresa y desbloquearon la situación empantanada desde el 25 de enero por decisión unilateral de la guerrilla, y cuatro días después se reanudó el proceso negociador. Pero en los meses siguientes la coyuntura no hizo más que empeorar en todos los frentes. Por un lado, las guerrillas no le concedieron ninguna facilidad, incrementando los asesinatos y los secuestros de personajes públicos o de grupos en masa (pesca milagrosa), las voladuras de instalaciones como oleoductos y torres de energía y las emboscadas a militares y policías. Sin duda crecidas por los resultados obtenidos hasta entonces, las FARC optaron por las grandes demostraciones de fuerza a fin de obtener del Gobierno las máximas ganancias. La tesis de Pastrana de perseverar contra viento y marea no encontraba eco en buena parte de la opinión pública, cada vez más escéptica ante un proceso de paz percibido sólo como una sucesión de concesiones y gestos de apaciguamiento, que a cambio sólo producían en los alzados en armas declaraciones arrogantes y una espiral de agresiones. El 26 de mayo de 1999 se abrió una crisis sin precedentes en el Ejército por la dimisión de 14 generales y coroneles, con el ministro de Defensa a la cabeza, en protesta por la desmilitarización de una parte del país en aras del proceso de paz.[cita requerida]
En todo caso las FARC iniciaron en el último tercio del mes de junio una importante ofensiva en todo el país, destinada a repetir los golpes de marzo y agosto de 1998. Pero como ya dejaban entrever los resultados de los combates producidos entre febrero y mayo de 1999, la situación general de las FF.AA. había evolucionado positivamente desde el año anterior y ahora con un mayor respaldo de la fuerza aérea, el Ejército seria capaz de responder con eficacia los ataques de la subversión.[cita requerida] Con todo, el 22 de junio, este sufrió un primer descalabro, cuando una compañía del batallón Rifles adscrita a la XI Brigada, cruzaba el río San Jorge en jurisdicción del corregimiento Juan José (Puerto Libertador —Córdoba—), para impedir el avance de más de 500 guerrilleros de las Farc. En el momento en que un helicóptero estaba desembarcando a un segundo grupo de soldados, los dos pelotones de tropa fueron atacados por todos los flancos. En los combates perecieron 35 militares y 30 subversivos.[178]
Seria solo el primer anuncio de una vasta y violenta escalada. El 8 de julio, un sangriento combate enfrento en Gutiérrez (Cundinamarca) a una columna de 70 uniformados, con unos 400 insurgentes de los frentes 51, 53, 54 y la móvil Abelardo Romero del bloque oriental, al mando de alias ‘Romaña’. Esta vez si bien perdieron la vida 38 miembros de la brigada XIII, también las Farc sufrieron un fuerte castigo (36 muertos) y vieron fracasado su intento de tomarse la vía al Llano y atacar varios puntos estratégicos en el suroriente de la capital del país.[179] Dos días después, el 10 de julio, no menos de 600 guerrilleros con dos tanquetas hechizas, asaltaron Puerto Rico (Meta) y cercaron el cuartel de la localidad, defendido por 34 policías: la posición cayo luego de dos días de resistencia y 29 uniformados fueron secuestrados. Paralelamente centenares de insurrectos se dirigieron a Puerto Lleras también en el Meta, para atacar la guarnición de la población, que al mando del Teniente Wilson Andrés Delgadillo, estaba compuesta por 10 efectivos. Sin embargo, la operación fracaso tras 36 horas de combate que dejaron 4 muertos (2 policías y 2 civiles) y el centro del pueblo destruido: la exigua estación había aguantado los sucesivos embates con cilindros de gas, granadas de mortero y ráfagas de fusil. Al mismo tiempo sufrieron hostigamientos El Doncello y Puerto Rico (Caquetá), en límites con la Zona de distensión; Arauquita (Arauca); San Carlos (Antioquia); Labateca y Toledo (Norte de Santander); Hato Corozal (Casanare); San José del Guaviare; El Líbano, entre Paujil y La Unión Peneya (Caquetá); Mesitas del Colegio, Boquerón y Tibacuy (Cundinamarca); Algeciras (Huila); y Santana y Puerto Caicedo (Putumayo).[180]
En total perdieron la vida 4 militares y 17 policías, pero las Farc tuvieron que soportar un tremendo descalabro. El contraataque de las fuerzas militares se cebó principalmente en las columnas que cercaban las poblaciones del Meta: apoyados por decenas de helicópteros y aviones, soldados de tres batallones de Fuerzas especiales mataron a 162 guerrilleros del Bloque Oriental en medio de la Operación Independencia, obligando al resto a replegarse desordenadamente hacia el Caguan dejando decenas de cuerpos sobre el terreno.[180] Lo mismo paso en Doncello (Caquetá); en Hato Corozal (Casanare), cuando la flotilla aérea que entró a repeler el ataque de los frentes 28 y 45 bombardeo siete de sus transportes; en Puerto Rondón (Arauca); en el río Putumayo (una lancha hundida); y en Puerto rico (Caquetá) donde otros 40 insurgentes son abatidos en la retoma de la población por el Ejército. Al final en la jornada más negra sufrida por las FARC en toda su historia, 242 irregulares fueron dados de baja en 72 horas de combates y bombardeos. Los planes de las Farc para llegar fortalecidos a la mesa de diálogo el 20 de julio siguiente se vieron frustrados, y la estruendosa derrota desbarato su paso de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones. En adelante pasarían preferiblemente de atacar grandes unidades militares, a golpear sobre todo a la policía y destruir sus cuarteles en las cabeceras municipales y los corregimientos más aislados, no renunciando empero a las embestidas ocasionales con cientos de hombres a puestos fijos.
En represalia el 30 de julio siguiente, el Frente 47, al mando de la ‘Negra Karina’ (Elda Neyis Mosquera), atacó la población antioqueña de Nariño con una violencia extraordinaria. Después de 2 días de combates y de castigar el comando con un centenar de cilindros bomba, la guerrilla copo la plaza matando 9 agentes y capturando 7 más. También perecieron 8 civiles y un 80 % del pueblo quedó destruido. El mismo día, milicianos de las FARC, hicieron estallar un carro bomba frente a las instalaciones del grupo antisecuestro del Ejército, Gaula, en Medellín. Como consecuencia del atentado nueve personas murieron y 30 quedaron heridas.[181] No obstante, el 1 de septiembre, como corroborando el cambio de tornas, medio centenar de alzados en armas fue liquidado en Hato Corozal (Casanare), cuando sus estructuras intentaban replegarse del área tras atacar el municipio llanero. Fue la quinta derrota consecutiva del año para el frente Oriental y las guerrillas izquierdistas, que encajaron casi un millar de muertos en 1999.[182]
La nueva política anti-narcóticos y el Plan Colombia
En agosto de 1999, durante su visita a Colombia, el secretario de Estado estadounidense Thomas Pickering le había sugerido al Gobierno Colombiano revaluar su “Política de Pacificación y su estrategia antinarcóticos”, para encauzar eficazmente la ayuda ofrecida por los Estados Unidos en unos objetivos concretos. Este entendimiento redundo en la redacción del Plan Colombia. A diferencia del original, que se centraba en la sustitución de cultivos ilícitos y en la atención a la población desplazada, el nuevo dúo preeminencia a la guerra contra las drogas y por ende a la asistencia de carácter militar, que en últimas se dirigiría a aplastar a las guerrillas.[183]
Finalizando el año, las FARC protagonizarían otra escalada de violencia. Entre el 17 y el 18 de noviembre al menos 1000 guerrilleros de los frentes 16, 44 y de la compañía móvil Juan Jose Rondon, trataron de tomarse por asalto Puerto Inirida, capital del distante departamento de Guainia, pero la reacción de la Infantería de Marina y los bombardeos de la Fuerza aérea, impidieron la culminación del ataque. Cerca de 120 rebeldes murieron o resultaron heridos.[184][185] Tres semanas después, el turno fue para Jurado (Choco). A la medianoche del 11 de diciembre más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba entraron a dicha población por las 2 desembocaduras del rio Baudo. Mientras varios centenares de hombres atacaban por el norte el puesto naval, en el que se encontraban 2 oficiales, 11 suboficiales y 123 infantes, otro grupo de subversivos combatía contra los 16 agentes del puesto de Policía, enclavado en la parte sur del municipio. Los militares resistieron el ataque durante más de 15 horas, mientras esperaban apoyo aéreo. Pero el mal tiempo bloqueó la entrada de los refuerzos. A las cinco de la tarde del día siguiente 78 uniformados tuvieron que entregarse. 23 marinos, 1 policía, 1 civil y 42 irregulares habían muerto en las 18 horas de enfrentamientos. Otros 33 efectivos del gobierno quedaron heridos. Esa misma tarde, 69 de los capturados fueron entregados en la plaza aledaña a la Alcaldía, al párroco Bernardo Niño. Tres quedaron en poder de sus captores.[cita requerida]
El 11 de enero de 2000. Clinton dio a conocer públicamente el nuevo Plan Colombia y el 5 de mayo durante el XXX Consejo de las Américas, expuso que la ayuda solicitada por Colombia era igualmente vital para la seguridad de Estados Unidos. El 13 de julio de 2000 firmo la Ley 106-246 que aprobaba el monto del paquete de ayuda destinado a la nación sudamericana: US$1.3 millones, con el 82 % para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado en sus labores de erradicación de cultivos ilícitos principalmente en el Putumayo y Caquetá, 9 % para el desarrollo alternativo, 3 % para ayudar a los desplazados, 2 % para la reforma judicial, 1 % para la defensa de los derechos humanos y menos del 1 % para la paz.[cita requerida]
El 22 de agosto para liberar la ayuda financiera a Colombia de las restricciones impuestas en relación con el respeto de los Derechos Humanos, Clinton invoco, haciendo caso omiso de los informes que comprometían a las fuerzas armadas en la constante violación de aquellos, la sección cuarta del artículo 3201 que permite soslayar dicha norma si a consideración del Presidente la integridad Nacional de Estados Unidos así lo amerita. Ocho días después los dos mandatarios oficializaron el inicio del plan Colombia como parte de su compromiso bilateral contra el flagelo mundial del narcotráfico.[cita requerida]
Para muchos observadores la transformación del plan Colombia es una estrategia básicamente antinarcóticos privo al país de una ocasión única en la consecución de la paz. Asimismo las organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watchs, demostraron su desacuerdo con una estrategia que favorecía la capacidad operativa de unas fuerzas militares “de dudoso récord en la materia” de los Derechos humanos y acusadas además de mantener vínculos de vieja data con los paramilitares. Los países fronterizos también se manifestaron en contra, especialmente Ecuador que argumento que la agudización de la lucha armada acarrearía migraciones masivas de refugiados a la par que desplazarían los focos de cultivo a las zonas limítrofes del norte.[cita requerida]
Desde sus inicios, el Plan Colombia fue concebido como una estrategia que demandaba la participación económica de otras naciones para su cabal cumplimiento. Aun después de las modificaciones sufridas y de la promesa segura del aporte estadounidense, faltaba atraer más inversionistas. Aunque líderes y organizaciones no gubernamentales de diversas naciones europeas habían demostrado su apoyo al proceso de paz gracias al esfuerzo de la “Diplomacia por la Paz” de Pastrana, su solicitud de contribuir con $1,5 billones —elevada en julio de 2000 ante 26 países congregados en Madrid— solo encontró acogida en España, Noruega y Japón. Esta reticencia europea a cooperar específicamente con el plan tenía razones de peso que fueron recogidas en una resolución del Parlamento Europeo en febrero de 2001; una estrategia que solo competía a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, había sido concebida sin una consulta amplia a la sociedad civil y en su raíz privilegiaba la lucha contra la producción y el tráfico de drogas por encima de prioridades nacionales como la recuperación social y económica, el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo social. Asimismo porque contenía aspectos militaristas “contrarios a las estrategias de cooperación y proyectos ya comprometidos por la Unión Europea y proclives a escalar el conflicto en la Región”.[186] En consecuencia, el Parlamento Europeo había optado más bien por contribuir al proceso del Caguan con 105 millones de euros para el periodo 2000-2006.[cita requerida]
El 3 de mayo siguiente, luego de instar a las guerrillas y gobierno de Colombia a mantener vivas las negociaciones, y reiterar su intención de combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas, la Unión Europea anuncio que como resultado de un esfuerzo coordinado entre la Comisión Europea y los Estados miembro aportaría 230 millones más a la causa.[cita requerida]
Fortalecimiento de las FF.AA.
Como eslabón importante en el restablecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, el secretario de Defensa y el Ministro de Defensa Rodrigo Lloreda firmaron en diciembre de 1998 un acuerdo destinado a propiciar una mayor cooperación militar en la lucha antinarcóticos. Si bien las FF.AA. se sumaron a la Policía en la guerra contra las drogas desde 1988, a juicio de los norteamericanos, aquellas debían contar con una mayor potencia bélica y más personal para convertirse en un apoyo real y decisivo.
Si bien estos argumentos parecían indicar que el fortalecimiento del aparato militar obedecía apenas al objetivo de mejorar los programas antidrogas, en 1997 la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, había diagnosticado que, en vista de estado de precariedad del ejército la subversión estaba en condiciones de derrotarlo militarmente; en consecuencia, era difícil descartar la idea de que en algún momento la lucha antinarcóticos terminara dirigida también contra las guerrillas, no obstante que la asistencia Estadounidense excluía por principio la acción contra insurgente y había limitado el número de asesores comprometidos en el desarrollo del plan Colombia, tanto civiles como militares, a 800 y en caso excepcionales a 1000.[cita requerida]
Bien fuere por una o ambas razones, el caso es que la Administración Pastrana se dedicó a robustecer a sus Fuerzas Militares empleando el 40 % del presupuesto Nacional además a los recursos del Plan Colombia destinados a tal fin. Según cifras proporcionadas por el primer mandatario a mediados del tercer año de su gobierno, el número de soldados profesionales había pasado de 22 000 en 1998 a 55 000 en el 2001 y el de los soldados regulares de 57 000 a 73 000 con la meta de llegar a 103 000 en el 2004. Por otra parte, el establecimiento de una Fuerza de despliegue rápido FUDRA, integrada por 5000 uniformados seria complementado al finalizar el periodo con la adición de un contingente nuevo de 2500 efectivos que contribuiría a fortalecer la acción del Ejército en gran parte del territorio Nacional. También se logró la puesta en marcha de una Brigada Antinarcóticos, con sede en Tres Esquinas y de tres batallones Antinarcóticos, de 950 hombres cada uno, entrenados y asistidos en labores de inteligencia por oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estos nuevos Batallones junto con la Central de Inteligencia conjunta y la Brigada Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, deberían socavar las actividades del Narcotráfico en los departamentos del Sur del País.[cita requerida]
Aparte de su misión antinarcóticos y contra insurgente, en el Ejército recayó además el deber de salvaguardar la infraestructura petrolera, vial y energética de los atentados guerrilleros. Se permitió la adquisición de 18 helicópteros Black Hawk y 42 Huey (UH-1h) que fueron destinados a garantizar las operaciones en el Putumayo y Caqueta así como la movilidad y eficacia ofensiva de las tropas. Las normas relativas a la Institución Castrense tomaron cuerpo en un nuevo código penal militar, que tras ser presentado como proyecto ante el Congreso de la República durante la legislatura de 1998 se convirtió en 1999 en la Ley 522. La ley 684, que entre otros aspectos le otorgaban funciones de Policía judicial al Ejército y permitía el nombramiento de alcaldes militares en la zona de mayor perturbación publica, fue por el contrario declarada inexequible por la Corte Constitucional gracias a la presión, entre otras, del Alto comisionado para los derechos humanos de la ONU en Colombia.[cita requerida]
Logros y reveses de la política antinarcóticos
Para cumplir con los compromisos suscritos en el plan Colombia y con la meta de reducir hasta el 2006, en 50 % el cultivo, procesamiento y tráfico de narcóticos, el Gobierno Colombiano dio inicio a finales del 2000 a los dos programas de erradicación de cultivos ilícitos previstos para el departamento de Putumayo, que serían complementados con la destrucción de laboratorios para el procesamiento de cocaína y la interceptación de la ruta de acopio de insumos y embarque de la droga. El primero, dirigido a las plantaciones de tipo individual contemplaba la sustitución de ilícitos con apoyo gubernamental y la posibilidad de una erradicación voluntaria que debía demostrar resultados en doce meses, al cabo de los cuales se procedería a discreción de las autoridades a la fumigación aérea. El segundo, enfocado a los cultivos a gran escala, comprendía una intensa y sistemática labor de aspersión aérea apoyada en los dos batallones antinarcóticos, ya existentes así como los nuevos helicópteros UH-1h.[cita requerida]
Pero el solo anuncio de estos objetivos del Plan Colombia en los que las FARC-EP intuían el inicio de una guerra mejor dotada contra ellos, a la vez que socavaba sus finanzas fue suficiente para que en abril estas le exigieran a los empresarios con ingresos demás de dos mil millones de pesos el pago de un impuesto de paz (ley dos). Asimismo ofrecieron recompensas por la captura de pilotos de combate, declararon objetivos legítimos de las operaciones guerrilleras al personal militar de Estados Unidos presente en la zona y comenzaron a armar a la población civil para que ofrecida resistencia a las fumigaciones. Cuatro meses después impusieron un paro armado en el departamento de Putumayo que redundo en pérdidas económicas cercanas a los cincuenta millones de pesos, la muerte del alcalde Carlos Julio Rosas y el acorralamiento de sus trescientos mil habitantes. A esta situación de emergencia social se aunó la potente contraofensiva de las FF.MM. interesadas en recuperar el terreno cedido desde mediados de los noventa, lo que derivo en durísimos combates que provocaron el éxodo de la población nativa hacia los departamentos de Nariño, Tolima y la frontera con el Ecuador. Estos sucesos fueron suficientes para verificar en la práctica lo que ya se sospechaba serán las consecuencias del plan Colombia. Sin embargo, la nueva estrategia de erradicación de cultivos logró satisfacer las aspiraciones prácticas del gobierno. Al año siguiente el presidente aseguro que gracias a ella había sido posible erradicar, hasta mediados del 2001, 174 000 hectáreas de coca y 19 800 hectáreas de amapola, destruir 1732 laboratorios y 305 pistas clandestinas e incautar más de un 1 800 000 kilos de insumos sólidos y 2 400 000 galones de insumos líquidos. Según datos contenidos en el informe sobre la actividad cocalera en Colombia de diciembre de 2002 realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la evolución global de los cultivos de coca empezó a descender desde su pico más elevado: 101 800 hectáreas en 1998, 160 000 en 1999, 163 000 en 2000, 145 000 en 2001 y 102 000 en 2002. Es decir, desde la aplicación de Plan Colombia apenas se había logrado erradicar un sexto de cantidad de hectáreas mencionada por Pastrana. Por su lado la Policía antinarcóticos aportó cifras relativas a la aspersión de cultivos de coca más cercanas a los estimativos del Gobierno que mostraban que entre los años 2000 al 2001 se habían destruido 152 226,32 hectáreas de esta planta en todo el país, de ellas 46 015,05 en el Putumayo y 26 669,07 en el Caqueta. La aspersión de amapola por su parte, redundó para el mismo periodo la eliminación de 11 535,01 hectáreas en el total de los departamentos involucrados en se siembra.[cita requerida]
Para remediar sus precarias condiciones de vida muchos campesinos habían optado por exiliarse en los departamentos limítrofes —más diez mil entre finales de 2000 y mediados de 2001—, unirse a las FARC-EP, mimetizar nuevos plantíos de coca entre los de subsistencia o adentrarse en Nariño para continuar a salvo con los cultivos ilícitos; de hecho este departamento reporto en el 2002 un incremento en las hectáreas cultivadas con coca de 102 % respecto al año anterior. Por otra parte, la circunscripción de la estrategia antinarcóticos a los departamentos del sur dejó por fuera aquellos del norte del país donde se sabía que los grupos paramilitares se dedicaban al negocio con tal capacidad que podía no solo abastecer con creces a los mercados europeo y norteamericanos, sino aportar en un 70 % a la financiación de estos grupos ilegales responsables del 80 % de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Crisis del Proceso de paz; primeros choques entre FARC y ELN
El 7 de enero de 1999, en San Vicente del Caguan, Pastrana había inaugurado oficialmente los diálogos de paz y el 6 de mayo las dos partes habían suscrito una agenda de 12 puntos que serviría de guía para la Mesa Nacional de Negociación prevista para el 20 de julio siguiente. Entre sus puntos relevantes las conversaciones incluían la reforma a los sistemas político y judicial, al modelo de desarrollo y la estructura agraria así como cuestiones relativas al Derecho Internacional Humanitario, las relaciones internacionales, el narcotráfico, el medio ambiente y el fenómeno paramilitar. El último tema provocó el repudio inmediato del líder de las AUC, Carlos Castaño, quien ya había demostrado en enero con una serie de masacres que dejaron 140 muertos, la poca estima en la que tenía a un proceso de paz que no ofrecía a su organización las mismas prerrogativas políticas que a los insurgentes. Las negociaciones con las FARC, recuperadas el 24 de octubre de 1999 tras otro nuevo parón, volvieron a colapsar en mayo de 2000 a raíz del anuncio por la guerrilla de la creación de un impuesto revolucionario a los particulares con un patrimonio superior al millón de dólares: quien no pagara esa exacción se exponía a ser secuestrado.[cita requerida]
Como contrapartida, el 24 de julio de 2000, tras dos años de estériles encuentros, representantes del ELN y el Comité Nacional de Paz se reunieron en Ginebra (Suiza) para explorar si se podía alcanzar un consenso básico sobre el calendario de conversaciones, que incluyera un alto al fuego firme y la convocatoria de la Convención Nacional (entendida como un foro de discusión de propuestas abierto a todos los sectores sociales). Sin embargo, el ELN reiteró la exigencia de que se crearan “zonas de convivencia” (áreas desmilitarizadas) dentro del departamento de Bolívar, a pesar de que la población local se había movilizado en contra de esa posibilidad.[187]
No obstante estos avances la falta de eficacia que a juicio de las guerrillas demostró el gobierno tanto para verificar el control efectivo del Ejército sobre los paramilitares, así como para propiciar su desmantelamiento, conspiro para congelar varias veces los diálogos con las FARC-EP y enrarecer los acercamientos de paz con el Ejército de Liberación Nacional; organización que le atribuyo a la estrategia paramilitar la movilización ciudadana que impidió el despeje del noreste de Antioquia y el Sur de Bolívar para instalar la Mesa de Negociaciones y llevar a cabo la Convención Nacional acordada con el Presidente el año anterior.[cita requerida] En diciembre de 2000 en un claro gesto de paz que pretendía destrabar las negociaciones, el ELN libero a 29 policías, 10 soldados y 3 agentes del Das que permanecían en su poder.
Finalmente, este grupo opto por romper los diálogos en abril de 2001, por la “falta de voluntad del Gobierno para luchar contra los paramilitares” (la razón de fondo era la negativa a concedérsele una zona desmilitarizada), si bien el Ejecutivo inculpo a su vez al ELN, de haber obstaculizado su desarrollo por la vía militar (secuestro de 70 civiles en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura en septiembre del 2000); afirmación que el COCE no reconoció sin tener en cuenta que acciones como los secuestros masivos, el hostigamiento continuo a las FF.MM y los atentados contra la infraestructura económica del país, habían minado la confianza del gobierno y de la sociedad civil. En todo caso la capacidad bélica de la estructura insurgente, había comenzado a decaer desde 1998 y no volvería a recuperarse posteriormente. Las autodefensas le arrebataron importantes territorios en el Magdalena Medio, Antioquia y la costa Atlántica, mientras una guerra intestina con las FARC, que duraría una década, terminaría por amenazar sus últimos bastiones. En efecto algunos choques esporádicos que tuvieron lugar a finales de 1999, degeneraron en una guerra abierta entre el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y los frentes 9 y 47 de las Farc en el oriente antioqueño. Los choques que dejaron decenas de muertos en marzo de 2000, se extendieron pronto a la Serranía del Perija, donde el Bloque Caribe de las FARC anunció en julio del mismo año: “hemos declarado objetivo militar a todas aquellas personas que colaboren con los grupos paramilitares; al Frente Virgilio Enrique Rodríguez del EPL y al Frente de guerra Norte del ELN, por interferir en nuestro proyecto revolucionario”.[188]
Las FARC entre dos vías
El otro gran tema de discordia con las guerrillas fue el plan Colombia, que a juicio suyo no solo era una agresión contra ellas “sino contra el pueblo colombiano”. Las medidas que tomaron para hacer sentir su rechazo al Plan estadounidense, así como la continuidad en sus ataques contra la fuerza pública, el uso de armas de efectos indiscriminados, las ejecuciones fuera de combate, el reclutamiento forzoso- masivo de menores-, las masacres, los secuestros y asesinatos de funcionarios públicos, entre otros actos cotidianos, terminaron por enrarecer el ambiente del proceso.[187]
Las FARC en todo caso dejaron pasar la oportunidad de presentarse como una opción real de poder. El despeje de 42.000 km2 entre Caqueta y Meta, les permite consolidar aún más sus bastiones sureños: Desde allí se extienden con los cultivos de coca sobre el Guaviare y amenazan constantemente Huila y su capital Neiva. La base antinarcóticos de Miraflores, reconstruida tras la toma de agosto fue evacuada en octubre de 1998, dejando la zona en manos de los subversivos. Lo que alguno de sus comandantes evocara como un “Estado en formación”, les llevara a expulsar a las autoridades locales que no son de su agrado y a sabotear insistentemente las elecciones. Es en esta zona de distensión donde las FARC empiezan su incursión en el negocio de narcotráfico para financiar sus actividades insurgentes y el nombre de Daniel Barrera Barrera, futuro capo del narcotráfico, es escuchado por primera vez en el gobierno nacional.
Pero no perderán de vista, tampoco el objetivo central esbozado por las conferencias de 1982 y 1993, que es el avance sobre la Cordillera oriental y el cerco progresivo de las ciudades del triangulo Bogotá-Medellín-Cali. Los nuevos polos de producción de drogas y los corredores que permiten su exportación y a la vez la importación de armas, toman para ellos (perdido el de Urabá) importancia capital: el primero que va por el norte del Choco al Pacifico, reemplaza al anteriormente citado del Urabá y se convierte en escenario de una temible guerra con paramilitares y fuerzas del Estado; el segundo el que desde el Caqueta desemboca en Cauca y Nariño por Huila, esta en manos de la Columna Móvil Teófilo Forero; y por último los que van hacia Venezuela por Arauca y el Catatumbo, también defendidos palmo a palmo de las AUC, que se abren paso a base de masacres. El plan lo complementaria una red política clandestina, el Movimiento Bolivariano creado el 29 de abril de 2000 en el Caguan y puesto bajo la dirección de Alfonso Cano. Es según el secretariado un componente de las “nuevas fuerzas armadas” y esbozo de una “Fuerza Pública dependiente del poder civil, nacida del pueblo”. El potencial de las Farc era en todo caso menor del aparente y si bien contaba con una potente fuerza de combate, altamente entrenada y armada profusamente de fusiles y artillería artesanal, esta última era bastante imprecisa, los medios de comunicación utilizados eran anticuados y se carecía de antiaéreos, cosa que se revelaría decisiva en un futuro cercano.
A partir de diciembre de 1999, una nueva unidad militar, la FUDRA (Fuerza de Despliegue Rápido) entraría en acción. Conformada inicialmente por 3 de las brigadas móviles contraguerrilla, su objetivo era neutralizar los ataques subversivos y golpear sus estructuras, sobre la base de una movilidad y potencia de fuego superior. Al mando del General Carlos Alberto Fracica obtuvo su primer éxito importante entre el 15 y 16 de enero de 2000, cuando neutralizo un ataque de las FARC sobre poblaciones de Une, Quetame y Guayabetal en la vía al Llano. Cerca de 44 guerrilleros fueron dados de baja. Cuatro meses después, el 7 de mayo de 1500 militares se tomaron por asalto el campamento de Iván Márquez, uno de los miembros del secretariado, en el cañón de la Llorona, Mutatá (Antioquia). 37 guerrilleros y 2 militares perdieron la vida.[189][190]
Pese a estos golpes, la ofensiva fariana no mermaría por el momento y precisamente adquiriría características de tierra arrasada en el norte de Colombia, donde amplios territorios eran disputados palmo a palmo con las AUC. Entre el 25 y el 26 de marzo del año 2000, cerca de 400 guerrilleros pertenecientes a los frentes 34 y 57 de las Farc, atacaron las poblaciones de Bellavista (Choco) y Vigía del Fuerte (Antioquia), separadas ambas por el curso del rió Atrato. Tras 10 horas de violentos combates, los insurgentes coparon el cuartel de policía de Vigía del Fuerte, asesinando a 21 uniformados y 8 civiles (incluido el alcalde de la localidad y sus escoltas, muertos a sangre fría). Los ataques cada vez más indiscriminados y sangrientos se sucedieron en el resto del país: el 14 de julio, Roncesvalles (Tolima), fue asaltada por un centenar de guerrilleros de las FARC que mataron en la toma a 13 efectivos de la policía; y diez días después, el 24 de julio, otros nueve policías murieron y 12 quedaron heridos, luego de que 200 miembros del frente 13 emboscaron una caravana con 45 uniformados en La Cruz (Nariño).
La ofensiva del 2000: la batalla de Dabeiba
En el segundo semestre de 2000, mientras arreciaba la escalada guerrillera lanzada como respuesta al estancamiento de las negociaciones con Pastrana, a la aprobación del Plan Colombia y la expansión paramilitar, las FARC dieron inicio a una nueva táctica de guerra consistente en el secuestro de reconocidos miembros del estamento político nacional. El 5 de agosto de 2000, retuvieron al congresista Oscar Tulio Lizcano y el 4 de diciembre del mismo año al exministro Fernando Araujo. A la vez destruyeron 287 torres de energía y tomaron varios municipios de Antioquia, Caldas y Choco. El 29 de julio, 300 subversivos pertenecientes a los frentes 47 y 9 encabezados por la ‘Negra Karina’, arrasaron el corregimiento de Arboleda, municipio de Pensilvania (Caldas). Doce policías y cuatro civiles murieron en el asalto, que concluyo luego de 36 horas de combate.[191] El 1 de septiembre, cayo en acción el teniente coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, comandante del Batallón de Artillería No 8 San Mateo, cuando lideraba una ofensiva del Ejército en una zona montañosa en límites de los departamentos de Risaralda y Chocó. El 16 de septiembre, 200 militares del Batallón Pedro justo Berrio y 350 guerrilleros del Bloque José María Córdova se enfrentarían en un primer choque en la zona rural de Dabeiba. El resultado: 19 efectivos del gobierno asesinados.
El Ejército respondió con dos grandes ofensivas. A principios de julio, unidades de la Fudra retomaron el municipio de Labranzagrande (Boyacá), localidad que se había transformado en centro de operaciones para las FARC y el ELN.[192] En septiembre, miles de soldados se desplegaron en la estratégica región de Sumapaz, en desarrollo de la Operación Aniquilador II. La existencia en esa zona de un corredor de movilidad que comunica a Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima, marcaba su importancia para las FARC, que la consideraba estratégica para cercar Bogotá. Después de 18 días de operaciones, el 23 de septiembre de 2000 las tropas alcanzaron el Alto de Las Águilas, tras haber desmantelado decenas de campamentos y haber dado de baja a 20 subversivos.[193]
Las FARC respondieron con todo. A la vez que paralizaban Putumayo a través de un paro armado, en la noche del 18 de octubre de 2000, más de 650 irregulares entraron a la cabecera municipal de Dabeiba (Antioquia) y cercaron la estación de policía atacándola con una lluvia de cilindros bomba. La guarnición de 28 elementos resistió la embestida a costa de 2 bajas, pero cuando efectivos del Ejército trataron al día siguiente de liberar la población con un asalto helitransportado, uno de los 4 aparatos que participaba en la operación fue derribado con 22 hombres a bordo, mientras las otras 3 aeronaves, averiadas debían volver a su base. Los 60 uniformados que estaban en tierra repeliendo el ataque quedaron aislados en las colinas que rodeaban la ciudad, envueltos en una batalla que se prolongo hasta la madrugada del 20; 30 de ellos cayeron en combate.[194]
Sin embargo, un intento similar de la guerrilla en los santanderes, terminó en fracaso. Desde la zona de despeje, medio millar de insurgentes fue enviado al norte, para recuperar el terreno perdido en el Catatumbo a manos de los paramilitares y simultáneamente golpear al Ejército. Pero esta vez las FF.MM. se adelantaron a sus planes y miles de soldados de la V Brigada al mando del General Martin Orlando Carreño, coparon en el páramo Berlín (Surata, Santander), a la vanguardia de 240 elementos que abría paso al grueso de la columna. Después de 20 días de operaciones que se extendieron desde el 26 de noviembre hasta el 20 de diciembre, la avanzada fue aniquilada contando en sus filas más de 62 muertos y 120 capturados, por solo 4 bajas del enemigo. Únicamente lograría retirarse incólume su comandante alias ‘Rogelio’, con 50 sobrevivientes.[cita requerida]
Mientras tanto, la violencia siguió azotando el departamento de Antioquia: el 3 de noviembre, varios paramilitares ingresaron disparando indiscriminadamente a la población de Granada y mataron a 19 personas; un mes después, el 6 de diciembre, miembros de las FARC activaron un poderoso carro bomba frente a la estación de policía de la misma localidad asesinando a 16 civiles y 4 uniformados.[195][196] Finalmente el 29 de diciembre, el frente 14 de las FARC, ejecuto en una carretera de Florencia (Caqueta) al parlamentario Diego Turbay Cote y a 5 personas mas.[197]
Golpe a la disidencia del EPL: Muerte de Alias El Nene
A comienzos del año 2000, el Ejército colombiano dio de baja en zona rural del municipio de Matanza (Santander) al máximo comandante del grupo disidente del Ejercito Popular de Liberación (EPL); Hugo Alberto Carvajal Aguilar, alias ‘el Nene’, jefe militar y cabecilla del Frente Ramón Gilberto Barbosa que operaba en el departamento de Santander. ‘El Nene’ había asumido la comandancia del grupo tras la captura de Francisco Caraballo, aunque solo varios años después es que pudo reorganizarlo, limitando sus acciones a la región oriental del país; las Fuerzas Militares calificaron al Nene en su momento como uno de los delincuentes más peligrosos de los últimos años, al atribuírsele el secuestro de 38 personas en su zona de influencia. Las autoridades militares tenían información que alias ‘el Nene’ planeaba y ejecutaba los secuestros de comerciantes, hacendados, estudiantes y profesionales en los departamentos de Santander, Sur del Cesar, y el Norte de Santander, donde en 1998 secuestró a 33 personas y en 1999 secuestró a 39; en ese último año adelantó dos (2) secuestros masivos o “pescas milagrosas” en la carretera de va del centro de país hacia la Costa Atlántica.[198] El Nene protagonizó en 1993 una fuga de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, donde purgaba una pena por el delito de secuestro. En su lista de víctimas por secuestro se encontraban el entonces congresista santandereano Gerardo Tamayo Tamayo; el entonces alcalde de Cáchira (Norte de Santander), Rafael Pabón; los hijos del ex-senador santandereano Norberto Morales Ballesteros; además del cantautor boyacense Jorge Velosa. Su accionar delictivo lo llevó, incluso, a enfrentarse con la guerrilla de las FARC en la ciudad de Barrancabermeja.[199]
Apogeo de las AUC: Las masacres paramilitares
A partir de 1995, las AUC ya no limitan su acción a golpear las redes de apoyo de la guerrilla, sino que ahora lanzan una verdadera campaña de “limpieza y ocupación”, que pasa por la expulsión total, gracias al terror y las masacres colectivas de la población de las áreas antiguamente controladas por la insurgencia.
El Urabá es solo la primera fase de la reconquista paramilitar. Desde sus bastiones costeños y antioqueños avanzan luego sobre el Magdalena medio. El ELN que compartía la región con las FARC se ve debilitado de manera notable y cede el control de la zona a sus enemigos, que comienzan a partir de mayo de 1998, a hostigar el importante puerto petrolero de Barrancabermeja, sede de una gran refinería y núcleo de un fuerte movimiento sindical; en su primera incursión asesinaran a 32 personas. Los meses de noviembre y diciembre de ese mismo año, estarán marcados por la contraofensiva de ambas guerrillas en el sur de Bolívar y en el eje bananero, operación que se saldara con más de 200 bajas en los 2 bandos. Incluso los frentes V y XVIII del Bloque Noroccidental, se atreverán a atacar el 28 de diciembre el campamento madre de Carlos Castaño en la vereda El Diamante de Tierralta (Córdoba). El jefe de las AUC no estaba en el lugar, pero mueren una treintena de personas (15 civiles, 12 subversivos y 8 miembros de la guardia personal de Castaño).[200] No obstante a la larga las autodefensas prosiguen su arremetida y a fines de 1999 ocupan definitivamente Barrancabermeja, procediendo a ultimar a más de 500 civiles en los meses siguientes.
Así es que moviéndose desde el norte de los ganaderos y bananeros, las AUC se enfrentan a las FARC por el domino de amplios territorios del país. A base de masacres,[201][202] de la desaparición forzada, de la tortura sistemática y de los asesinatos selectivos se abren paso hacia el Catatumbo y la costa Caribe, eliminando al grueso de la subversión de Magdalena, Sucre y la Sierra Nevada, cercando además a Martin Caballero y lo que queda del Bloque Norte en los Montes de María. En una verdadera tenaza, cuya pinza izquierda se mueve con Salvatore Mancuso por Córdoba y la derecha con Rodrigo Tovar Pupo “Jorge 40” a través del Cesar, atrapan a los 7 departamentos de la costa atlántica.
Asimismo el Bloque Central Bolívar, grupo que confederado a las ACCU formaba las AUC y tenía en sus filas una fuerte influencia de narcotraficantes lidero la embestida paramilitar en el centro del país, llegando a agrupar cerca de 7000 combatientes. En el oriente también se abrieron operaciones con el envió de cerca de 400 hombres a los llanos orientales (llamados urabeños por la población local) que se aliaron con los grupos ya existentes en el Ariari; de esa manera las autodefensas penetraron en los bastiones sureños de las FARC, adueñándose de parte del Meta, Vichada y Arauca. El Bloque Centauros que lidero esta avanzada fue más tarde comprado por el narcotraficante Miguel Arroyave, que lo encabezo entre 2002-2004. Hasta el Valle (con el Bloque Calima), Nariño, Caqueta y Putumayo llegaran las fuerzas de Castaño; en el último departamento, zona de cultivo de coca disputada palmo a palmo con los comunistas cometerán innumerables crímenes. En las ciudades, Medellín principalmente, pero en muchas otras intermedias aniquilan al grueso de las milicias bolivarianas y montan bandas que les son adeptas; en la capital antioqueña Diego Fernando Murillo “Don Berna” antiguo narcotraficante del Cartel y ex miembro del EPL dirige la creación del Bloque Cacique Nutibara en 2001, encargado de reconquistar más de 600 barrios en manos enemigas.[cita requerida]
La precaria unidad del movimiento, del que fue víctima su propio líder Carlos Castaño (quien seria retirado de la jefatura suprema antes de ser asesinado en 2004) y los continuos enfrentamientos entre Bloques de la misma organización (guerra entre los Bloque Metro de alias ‘Doble cero’ y Cacique Nutibara de “Don Berna”), no impidieron su fortalecimiento al amparo de los dividendos que dejaba el narcotráfico, que llegó a representar un 70 % del financiamiento de las AUC. Progresivamente los narcos afianzaron su poder en las estructuras paramilitares, adquiriendo franquicias enteras de hombres. Además numerosas figuras regionales de la política y la economía se involucraron en nombre de la lucha contra insurgente en las Autodefensas, brindándoles cobertura legal y recursos financieros.[203]
Aunque desde el punto de vista militar, esta amalgama de grupos armados no estaba en condiciones de enfrentar directamente a las FARC, lograron arrebatarles amplios territorios desde la Guajira hasta el Amazonas pues les aventajaban en otros frentes. La falta de unidad, la fragmentación y diversidad de las AUC, le permitió a las distintas facciones que la componían adaptarse a las condiciones de cada región, compitiendo primero por el control de la zona y luego expulsando a la guerrilla, atacando sus bases de apoyo y redes de milicianos. La segunda ventaja derivaba del hecho que se presentaban como un movimiento político antisubversivo; en las múltiples entrevistas que concedió Carlos Castaño a la prensa, el, presentó a las autodefensas como una simple respuesta de la población civil contra la insurgencia. El hecho de que el mismo jefe de las AUC, reconociera sus actos y no escondiera la cara, a diferencia del secretariado siempre reticente a aceptar responsabilidades, le atrajo la atención de amplios sectores de la población colombiana. Un ejemplo de ello fue cuando un movimiento cívico respaldado o generado por Castaño, impidió el despeje de una segunda zona desmilitarizada en el sur de Bolívar. El fiasco del Caguan y lo que muchos vieron como debilidad de Pastrana “entregando el país a los violentos” hizo el resto. Finalmente los paramilitares contaron con la complacencia (abierta en unos casos) de numerosas unidades policiales y militares, gustosas de que los irregulares de derecha hicieran el trabajo sucio por ellas. Pero no solo hallaron apoyo en las FF.MM. sino también en líderes políticos regionales y nacionales, varias agremiaciones, renglones de la economía legal y empresas exportadoras. En 2002 declaraban que un 35 % del congreso había salido elegido con su respaldo.
Con todas esas ventajas en su haber, las AUC no se conformaron solamente (como anteriores grupos paramilitares) con hacer el trabajo de refuerzo al Estado, sino que ocuparon ellos mismos por lo menos una cuarta parte del país. La ofensiva total contra la izquierda, que incluyó los asesinatos del abogado Eduardo Umaña Mendoza en abril de 1998 y del humorista Jaime Garzón en agosto de 1999 (los dos crímenes declarados en 2016 por la Fiscalía como delitos de lesa humanidad sin riesgo que prescriban[204]), los llevó a atacar de manera sistemática a la población campesina supuestamente colaboradora de la subversión: solo entre 2000 y 2002, en crímenes colectivos las autodefensas mataron a casi 3100 civiles, sin contar las miles de víctimas de desaparición forzada y asesinato selectivo; quizá 25 000 desde 1997 hasta 2005. También expulsaron a cerca de 1 500 000 personas que pasaron a engrosar los cinturones de miseria en Medellín, Cartagena, Cali y Cúcuta principalmente. Solo enumerando las incursiones más sangrientas, las AUC ejecutaron a alrededor de 35 personas en la región de La Gabarra (Norte de Santander) en agosto de 1999; a 66 habitantes del salado (Bolívar) el 18 de febrero de 2000;[205] a 15 campesinos muertos a garrote y piedra en Macayepo (Bolívar) el 14 de octubre del mismo año;[206] a 38 pescadores en la Ciénaga Grande de santa Marta (Magdalena) el 22 de noviembre siguiente; a 27 labriegos liquidados a mazazos en el corregimiento del Chengue (Ovejas, Sucre) el 17 de enero de 2001;[207] a 24 civiles entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca (Alto Naya) en abril de 2001; y finalmente a 140 inocentes en todo el país en los primeros 10 días de octubre de 2001, 24 de ellos en Buga (Valle).
El terror como estrategia de guerra les permitió alcanzar grandes victorias sobre la subversión, pero le significo la muerte a más de 25 000 colombianos y el desplazamiento a dos millones más. El repliegue de las FARC hasta 2003 debió en todo caso mucho a la táctica de tierra quemada de las AUC.
Agonía del Proceso de paz
Gracias a los cuantiosos recursos proporcionados por los Estados Unidos, pero sobre todo a la reforma militar, las fuerzas gubernamentales pudieron demostrar crecientemente sobre el terreno su estruendosa transformación. El 11 de febrero de 2001, 3550 tropas se tomaron Barrancominas (Guainía), cuartel general del frente 16 en el oriente del país.[208] Tras 2 meses de continuas operaciones que permitieron la total destrucción de la infraestructura cocalera de la región, fue capturado el 21 de abril, en el marco de la Operación Gato Negro, el narcotraficante brasileño Luiz Fernando da Costa alias ‘Fernadinho Beira Mar’, protegido del ‘Negro Acacio’ (Tomás Medina Caracas) y las FARC. Aquello no solo demostró la estrecha relación del movimiento insurgente con las redes de tráfico de estupefacientes, sino que fue un profundo mentís a las declaraciones del Secretariado, cuyos miembros negaban constantemente su implicación en el lucrativo negocio, achacándolo todo a una campaña de desprestigio del Estado colombiano.[209][210]
Debido sobre todo a los contundentes golpes recibidos, y a que ya no podían operar con grandes masas de combatientes, las FARC optaron por evitar los asaltos masivos a instalaciones militares centrando su actuación en los atentados urbanos, la toma de cuarteles de policía y los secuestros de personalidades del mundo político. La excepción fueron 2 grandes ataques, emprendidos contra puestos aislados y relativamente fáciles de copar: en el primero de ellos el 10 de marzo de 2001, 300 hombres al mando de JJ (Milton Sierra Gómez), irrumpieron en Cerro Tokio (Dagua, Valle), base de un importante nudo de telecomunicaciones custodiado por 75 elementos de la Infantería de Marina. 16 infantes y un civil murieron en la toma facilitada por la acción de 2 infiltrados. Tres meses después, el 22 de junio, 500 guerrilleros del Bloque sur dirigidos por Fabián Ramírez, se lanzaron con todo sobre la base de Coreguaje, defendida por el Batallón de selva No 49 y ubicada a medio camino entre La Tagua y Puerto Leguízamo (Putumayo). Pese a que su primer asalto fue repelido por los 80 soldados que guarnecían el fuerte, los subversivos no rehuyeron el combate, aun después del envío de unidades de refuerzo y apoyo aéreo. Así que solo tras 2 nuevas embestidas y sometidos al ametrallamiento de la Fuerza Aérea se retiraron, con numerosas bajas en sus filas. Allí también quedaron sin vida 30 militares.[211]
De forma paralela la guerrilla de las FARC contraataco con saña en las regiones dominadas por las AUC sobre todo en el norte del país, buscando golpear las estructuras militares de esta organización y a la vez debilitar sus redes de apoyo entre la población civil. Es así como la violenta ofensiva emprendida por el Bloque Noroccidental en el nudo de Paramillo y el sur de Córdoba, degenera pronto en una guerra abierta: a finales de marzo una base paramilitar en Ituango (Antioquia) es copada por la insurgencia que mata en el asalto a 30 autodefensas; y a principios de abril en el área de Montelíbano y Puerto Libertador (Cordoba), mueren 20 guerrilleros y 10 paramilitares en otra serie de combates. Sin embargo, la acción que marco el punto culminante de la embestida, fue el secuestro y posterior ejecución por parte de las FARC, de 33 campesinos en Rio Manso (Tierralta, Cordoba) entre el 22 y el 24 de mayo de 2001.[212]
De otro lado conscientes del peso político, militar y financiero que representaba tener más de 400 uniformados retenidos, y como único resultado plausible de la política de paz de Pastrana, el Secretariado de las FARC, soltó lastre y en el mes de junio de 2001 dejó en libertad a todos los soldados y policías regulares que tenía en su poder (unos 310), quedando no obstante otros 50 oficiales y suboficiales secuestrados en espera de un efectivo intercambio humanitario.[213][214] Ahora bien, creyendo que capturando políticos esta vez el establecimiento cedería al final, el secretariado profundizo dicha estrategia. El senador Luis Eladio Pérez (10 de junio), el gobernador del Meta Alan Jara (15 de julio), Gloria Polanco y sus 2 hijos (retenidos por la Columna Móvil Teófilo Forero en un audaz asalto al edificio Miraflores de Neiva el 26 de julio), los congresistas Orlando Beltrán (28 de agosto) y Consuelo González (10 de septiembre) fueron las víctimas de esta nueva táctica. El 24 de septiembre el turno fue para la “Cacica” Consuelo Araujo, asesinada poco después en medio de la persecución de las autoridades.
Es entonces cuando la solución militar termina por imponerse contra la guerrilla. En agosto de 2001, 1300 guerrilleros del Bloque Oriental, avanzaron desde la zona del Caguan hacia el oriente del Meta, para retomarlo de manos de las AUC. 5000 tropas de la FUDRA al mando del General Carlos Alberto Fracica, apoyados en un despliegue aéreo que incluyó 28 helicópteros y 15 aviones (Operación 7 de agosto), les salieron al paso el día 13 y le infligieron a las FARC una contundente derrota. Murieron 80 insurgentes, entre ellos su comandante Urias Cuellar (dado de baja el 19) artífice de muchas de las victoriosas tomas de los años noventa.
Evidenciando el nuevo equilibrio alcanzado, el año terminó con 1028 insurgentes abatidos, superando por primera vez la línea del millar, y 1766 fueron capturados. Pese a las duras derrotas sufridas, el influjo territorial y el poder bélico de las FARC no se verían por el momento disminuidas sustancialmente, y en respuesta a los duros golpes sufridos la organización respondería con cada vez mayor dureza: el 14 de diciembre de 2001, integrantes de los frentes 18 y 58 incursionan en la vereda Las Acacias, en zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia) y asesinan a 23 campesinos, a quienes acusan de ser colaboradores de las AUC. Los labriegos son desmembrados con machetes y motosierras.[215]
El 9 de enero de 2002 Pastrana, en respuesta a la última campaña de ataques, declaró suspendido el proceso de paz con las FARC y el día 12, previo rechazo de su demanda de que terminaran las medidas de control de su territorio mediante sobrevuelos, retenes militares en el perímetro exterior y restricciones a las visitas de extranjeros, les lanzó un ultimátum de 48 horas para que clarificaran sus propuestas de cese de hostilidades antes de ordenar al Ejército la retoma de la zona de distensión. En el último momento, el 14 de enero el proceso de paz se libró del colapso al suscribir ambas partes un documento propiciado por la ONU y los países facilitadores en el que se declaraba que existían garantías para seguir negociando.[187]
Pero este logro in extremis sólo fue un espejismo.[187] Las FARC desatarían otra embestida terrorista contra civiles y militares en febrero de 2002 que dejó casi un centenar de víctimas fatales: el 18 de enero en curso de un operativo antinarcóticos perecieron 5 comandos jungla y un helicóptero fue destruido; el 19, una doble emboscada efectuada contra tropas del batallón Pichincha en los farallones de Cali, se saldó con 15 muertos; el 25 estalló una bicicleta bomba en el sur de Bogotá matando a 4 uniformados y dos civiles; el 29 fueron masacrados 29 soldados de la Brigada Móvil No 2 en El Dorado (Meta) al hacer explosión una casa cargada con 2 toneladas de dinamita; y finalmente en la madrugada del 11 de febrero es atacado con morteros el alojamiento del batallón de infantería número 27 del Ejército, en Pitalito (Huila). Diez militares perdieron la vida y cuarenta quedaron heridos.[216]
Fin del proceso de paz y ascenso de Uribe
Un proceso de paz cada vez más desprestigiado, sufrió el golpe mortal de manos de las FARC. Estas que habían visto una oportunidad estratégica en la desmilitarización del inmenso territorio selvático, ahondaron su campaña bélica (que le costo la vida a 2000 civiles y 1500 uniformados entre enero de 2000 y agosto de 2002) y el 20 de febrero de 2002, secuestraron al senador Eduardo Gechem Turbay, haciendo aterrizar el avión que lo transportaba en una carretera del Huila.[217] Su retención justifico el mismo día de febrero, la decisión del Presidente de terminar la parodia de paz con esta organización y mantener la solución de fuerza a la que se había visto compelido desde mediados del año anterior.[187][218]
“...por eso he tomado la determinación de no continuar el Proceso de paz con las FARC...Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí, siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe y no solo a mi sino a todo el pueblo colombiano...Decretamos una zona para sostener las negociaciones, cumplimos con la promesa de despejarla de las Fuerzas Armadas y ud. la ha convertido en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas ilícitas, en un depósito de armas, dinamita y carros robados...He decidido poner fin a la zona de distensión a partir de la 00:00 AM (mirando su reloj) de hoy...”Andrés Pastrana. Alocución Presidencial febrero 20 de 2002
A pesar de los esfuerzos de los países amigos del proceso de paz y de los oficios del asesor especial del Secretario General de Naciones Unidas, James Lemoyne, en pro de una reactivación de los entendimientos, el gobierno se mantuvo y ordeno a las Fuerzas Armadas proceder a la recuperación de la zona de distensión, por medio de la Operación TH.[187]
La Fuerza aérea y la aviación del Ejército castigaron duramente los campamentos subversivos desde la madrugada del 21, mientras 20 000 tropas avanzaban sobre las 5 cabeceras municipales despejadas, recuperándolas en menos de 24 horas. La bandera de las FARC izada en el centro de San Vicente del Caguan fue echada abajo por los soldados, marcando con ello el epílogo de un proceso frustrado. Las más de 121 operaciones de bombardeo y los combates en tierra terminaron con más de 100 insurgentes muertos, rendidos o capturados, mientras el grueso de sus fuerzas se replegaba a las áreas selváticas contiguas.[220]
Por otra parte, los atentados contra Estados Unidos perpetrados el 11 de septiembre de 2001 por la red Al Qaeda, opacaron la guerra contra las drogas y la activaron contra el terrorismo. Gracias a la presión del Presidente George W. Bush, el Congreso de su país autorizo en julio de 2002, la extensión de los recursos del Plan Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales como parte de “una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos y las organizaciones designadas como terroristas” (FARC-EP, UC-ELN, AUC); es decir, le brindo al gobierno nacional argumentos adicionales para restarles a las guerrillas cualquier vestigio de legitimidad que hubiera podido quedarles luego de su pobre papel en el proceso de paz. Además, la designación de las FARC-EP como el grupo terrorista más peligroso del hemisferio y la presunción estadounidense de sus vínculos con la ETA, el IRA e incluso con Al Qaeda, fueron utilizadas por el gobierno para ponerles precio a las cabezas del Secretariado de este grupo y lograr que la Unión Europea lo incluyera en su propia lista de organizaciones terroristas.[cita requerida]
En respuesta al fracaso de las negociaciones de paz y a la nueva coyuntura internacional, las FARC-EP, fortalecidas como nunca antes en efectivos (unos 20 000 hombres en armas y 15 000 milicianos en 2002, frente a 295 000 uniformados) y pertrechos gracias al amparo de la zona de distensión y de tres años de continuas dilaciones, optaron por profundizar en su táctica de urbanizar el conflicto estrechando el cerco sobre Bogotá, Cali y Medellín y continuar con la estrategia de consolidación de su poder local mediante la intimidación, el destierro o asesinato de las autoridades locales.[cita requerida]
La campaña a la presidencia del candidato liberal disidente Álvaro Uribe Vélez, personalmente partidario de la guerra total contra la subversión y de su aplastamiento militar, ascendió vertiginosamente con una propuesta que se hizo popular entre el electorado colombiano gracias a los errores de un proceso fracasado y al cansancio de una sociedad harta de un conflicto sin fin, lo que terminaría por ahondar la ofensiva terrorista de las FARC.[cita requerida]
Esta pese al repliegue territorial ante los paramilitares y a los golpes infligidos por el Gobierno, conserva toda su capacidad militar intacta. Entre el final de la Administración Pastrana y el comienzo del primer cuatrienio de Uribe, las acciones bélicas aumentan a un número superior de 700, afectando sobre todo a Antioquia, Arauca, Meta, Nariño y Cauca. Ya no hay operaciones de gran impacto, pero se multiplican las emboscadas, los hostigamientos, los sabotajes a infraestructura y la destrucción de ejes de comunicación. Más de 690 uniformados pierden la vida en 2002 frente a 550 en 2001. Adicionalmente las FARC, toman como objetivo las autoridades locales: matan a 12 alcaldes y 60 concejales, obligan a más de 300 a despachar desde otros municipios y amenazan de muerte a 6000 de 12 000 funcionarios públicos. El 16 de marzo sicarios ultiman a la salida de una iglesia al arzobispo de Cali, Isaias Duarte Cancino. El 7 de abril un coche bomba activado en la zona rosa de Villavicencio deja sin vida a 10 civiles. El 11 de abril en un operativo cinematográfico el Comandante JJ (Milton Sierra Gómez) saca de la Asamblea del Valle a 12 diputados haciendo pasar a sus hombres como miembros del Ejército y el 21 de abril, el Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor Gilberto Echeverri, son secuestrados en medio de una marcha por la paz. 172 cabeceras municipales carecen de presencia estatal en 2002. Además sus frentes multiplican los enfrentamientos con las autodefensas, que a la sazón se encuentran en pleno apogeo de su capacidad bélica. El 2 de mayo, en medio de feroces combates con paramilitares en el Choco, miembros de las FARC, lanzan un cilindro bomba sobre la iglesia de Bojaya donde se refugian cientos de civiles. 79 personas mueren.[221] Pocos días después, el 14 de mayo, en zona rural de Campamento (Antioquia) se dio uno de los mayores choques entre las AUC y las FARC. Entre 70 y 80 irregulares murieron en los combates, que terminaron con la intervención del Ejército.[222]
Por añadidura preparándose para una larga ofensiva del ejecutivo, tuvieron la suerte de hacerse de un importante botín de guerra, en la persona de la candidata presidencial Ingrid Betancur y su fórmula vicepresidencial Clara Rojas, retenidas el 23 de febrero, cuando se aventuraron a entrar a la recién tomada zona de despeje. Si bien estaba rezagada en las encuestas, su doble nacionalidad, colombo-francesa, fue vista como una oportunidad para las FARC de internacionalizar el conflicto y sacar réditos políticos.[cita requerida]
Desde este momento, Pastrana se limitó a gobernar con una agenda del día a día, sin propuestas ni iniciativas, hasta la terminación de su mandato, dejando a su sucesor un efectivo aparato de disuasión, encarnado en unas Fuerzas Armadas con un poder ofensivo real.
El 7 de agosto se posesionaba Álvaro Uribe y la guerrilla lo recibía en pie de guerra al bombardear con morteros la misma Casa de Nariño.[223] Pese a que no alcanzaron su objetivo, 18 personas mueren y la confrontación queda más abierta que nunca.
Gobierno Uribe
El debut presidencial de Uribe, mandatario elegido de manera contundente en primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 (algo que nunca se había presentado en elecciones presidenciales colombianas desde la implementación de la Constitución del 91), aconteció en unas circunstancias especialmente difíciles. El 11 de agosto, la intensificación de los ataques de las FARC le empujó a declarar el estado de conmoción interior o de excepción por un período de 90 días prorrogable. Al facultar al Ejecutivo para adoptar medidas extraordinarias por decreto y asumir funciones legislativas, la excepcionalidad constitucional reforzó los temores en sectores de la oposición liberal e izquierdista de un debilitamiento del equilibrio institucional y del menoscabo de los derechos y libertades fundamentales. Así, en septiembre, el Gobierno estableció en los departamentos de Arauca, Bolívar y Sucre dos Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación, donde miembros de la Fuerza Pública estaban habilitados para realizar detenciones de sospechosos sin orden judicial, interceptar las comunicaciones privadas y restringir los movimientos de las personas, asumiendo las funciones de policía judicial. Pronto se previo la creación de otras 5 áreas similares en los Departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Choco, Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Valle del Cauca, y Tolima. Pero a pesar de la magnitud y alcances de esta iniciativa, el fracaso de las zonas de rehabilitación fue inevitable como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional de no extender el Estado de conmoción interior más allá de 2 prórrogas iniciales y de declarar fuera de ley, las Zonas Especiales de Rehabilitación y Consolidación.[cita requerida]
Sin embargo, el grueso de la opinión pública acogió favorablemente estas medidas, como también la aplicación del nuevo impuesto sobre el Patrimonio para financiar el esfuerzo de guerra y la puesta en marcha, con la creación de las primeras redes de cooperantes e informantes civiles, del programa de seguridad nacional llamado Política de Seguridad Democrática (PSD), cuyo documento marco fue presentado por el presidente y la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en el departamento de Putumayo el 29 de junio de 2003, siendo uno de los pilares del programa de gobierno de Uribe.
En su exhaustivo articulado, la PSD diagnosticaba los tipos de amenazas que infligían las diversas “organizaciones armadas ilegales” activas en Colombia, como son el terrorismo, el homicidio, el secuestro y la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas y las finanzas ilícitas. En consecuencia, fijaba seis “líneas de acción”. Estas eran: la coordinación de todas las actuaciones del Estado a través del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la Junta de Inteligencia Conjunta; el fortalecimiento del sistema judicial y las instituciones armadas y de seguridad (Fuerzas Militares, Policía, aparato de inteligencia); la recuperación y consolidación del control del territorio nacional que había estado o seguía en manos de guerrilleros y autodefensas, así como la eliminación del negocio de las drogas ilícitas y la desarticulación de las finanzas de las organizaciones narco-terroristas; la protección de las personas y las infraestructuras; la promoción de la “cooperación voluntaria y patriótica de los ciudadanos en cumplimiento de sus deberes constitucionales y en aplicación del principio de solidaridad que exige el moderno Estado social de derecho”, a través de redes de cooperantes y programas de recompensas, más el refuerzo de la cooperación internacional en este terreno; y por último, la comunicación a la población de las políticas y acciones del Estado.[cita requerida]
Optimista el gobierno se concedió a sí mismo un plazo máximo de un año y medio para debilitar a los ilegales, antes de abordar eventuales procesos de paz individuales con cada organización. El estímulo a la deserción iba a ser la táctica más empleada por las autoridades. El marco asimétrico de la PSD, que otorgaba en todo momento la primacía al Estado y negaba a los irregulares la posibilidad de negociar en pie de igualdad, fue despreciado por las FARC, acogido con cautela por el ELN y tomado positivamente, según hicieron constar a mediados de octubre, por unas AUC sumidas en una crisis de identidad por las divisiones internas y la participación de algunos de sus dirigentes en actividades no contra guerrilleras como el narcotráfico y la extorsión. La desmovilización de los paramilitares fue, por tanto, el primer proceso gestionado por el Ejecutivo en el marco de la Seguridad Democrática.[224]
La negociación con las AUC
Sin dejar de lado la política de mano dura, encaminada a combatir la subversión, rasgo esencial de la política de seguridad democrática instaurada por Álvaro Uribe, el gobierno emprende el cuestionado proceso de negociación con los grupos paramilitares. Proceso que debería terminar con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida civil. En resumidas cuentas, mano dura para unos, mientras para los otros una total voluntad de paz. Esta desequilibrada relación no solo rompe la lógica de los gobiernos anteriores, para los cuales los diálogos con los paramilitares serían el producto de la negociación de paz con la guerrilla, sino que pone en evidencia el fracaso en los intentos de acercamiento entre gobierno e insurgencia. De ahí que se halla optado por desmovilizar primero las autodefensas, para luego avanzar en los diálogos con la guerrilla.[cita requerida]
Tomada la decisión de parlamentar con los paramilitares, Álvaro Uribe se dispone a abonar el terreno legal para conceder estatus político al grupo armado, como condición para adelantar las negociaciones. Es así como prorroga y reforma La ley 418 de 1997, a través de la cual se determinaba el estatus político del grupo armado, como uno de los prerrequisitos para poder negociaron con él, y emite el decreto 128 de 2003, mediante el cual se extienden los beneficios jurídicos para la reincorporación socioeconómica de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley que decidan desmovilizarse.[cita requerida]
Las AUC abordaban el Proceso de paz en un momento crítico. Carlos Castaño inquieto por la inclusión de las Autodefensas en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos y la Unión Europea, trato de darle a estas un giro radical en su estrategia política y sobre todo en su organización interna, consciente del peso que iba ganando el narcotráfico en las filas del paramilitarismo. Por eso mismo se interesó en buscar caminos que le permitieran el regreso a la legalidad, aunque implicaran la negociación con las autoridades estadounidenses. Esos bandazos sin embargo van conduciendo a Castaño al aislamiento y a su posterior defenestración de la jefatura máxima de las AUC.[225]
El pacto de Ralito; desmovilización de las AUC y su crisis interna
Si bien el terreno se venía abonando en materia jurídica, el proceso de acercamiento con los paramilitares en términos prácticos avanzaba a pasos agigantados: el 29 de noviembre de 2002, como culminación de la “fase de acercamiento” transcurrida en las últimas semanas, Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso, jefes máximos de las AUC, notificaron el comienzo de una tregua unilateral indefinida el 1 de diciembre. El Bloque Central Bolívar y la Alianza Oriente, siguientes organizaciones paramilitares en importancia, adoptaron igual medida días después. Satisfecho el principal e innegociable prerrequisito, Uribe creo el 23 de diciembre una Comisión Exploratoria de Paz para canalizar los contactos con los irregulares de derecha, a cuyo frente puso al Alto Comisionado, Luis Carlos Restrepo.[224]
Las conversaciones formales con las AUC arrancaron el 22 de enero de 2003 y el 15 de julio siguiente alumbraron en Santa Fe de Ralito, área rural del municipio de Tierralta (base de operaciones de Mancuso en Córdoba), un Acuerdo para contribuir a la paz en Colombia que daba por finiquitada la “fase exploratoria” y abría camino a una etapa de negociación oficial. Los signatarios asumían una serie de compromisos: los paramilitares, la desmovilización gradual de sus aproximadamente 15 000 hombres desde finales del año en curso hasta el 31 de diciembre de 2005 a más tardar; el Estado, la facilitación de dicho proceso estableciendo “zonas de concentración” con garantías jurídicas temporales y adelantando los mecanismos de reinserción de los ex combatientes en la sociedad civil. La verificación del proceso correría a cargo de la OEA.[224]
Estos avances en la negociación no solo iban dejando a su paso la desmovilización y el desarme de grupos paramilitares en Antioquia y Cauca, sino que reclamaba un marco jurídico más sólido, que garantizara por un lado herramientas necesarias para avanzar en el proceso (beneficios para los paramilitares), y por el otro reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos grupos irregulares de extrema derecha. En consecuencia en agosto de 2003 inicia su trámite en el Congreso un controvertido proyecto de Ley llamado, en su primera versión, de Alternatividad penal; este contemplaba beneficios Jurídicos a los paramilitares que iban desde una sustantiva rebaja de penas hasta la posibilidad de no cumplir ninguna condena. De ahí que esta primera versión pronto recibió una lluvia de críticas provenientes de diferentes sectores de oposición e incluso de la bancada Uribista, que obligaron al Alto Comisionado para la paz a retirar el proyecto.[cita requerida]
Procurando corregir los vacíos jurídicos del primer intento frustrado, el Gobierno presenta en el 2004 al Congreso un nuevo proyecto de Ley denominado “Justicia y Reparación”, a través del cual se contemplaba el cumplimiento de unas penas mínimas de cárcel por parte de los miembros de las autodefensas y la creación de un Tribunal de verdad y justicia para que juzgara los delitos cometidos por los paramilitares.[cita requerida]
En tanto el marco jurídico se abre camino, las denuncias frente al incumplimiento por parte de los paramilitares al cese de hostilidades acordado en Santa Fe de Ralito (al menos 2400 civiles fueron ejecutados por esta organización entre 2003 y 2005, 1000 de ellos en masacres colectivas) y la puja al interior de las AUC, que culmina con la desaparición y asesinato de Carlos Castaño, jefe supremo y principal vocero de esta organización en el proceso de negociación, pone de presente la crisis del proceso de paz, y con esta, el endurecimiento de la administración Uribe frente a las violaciones denunciadas y el llamado vehemente a los grupos de Autodefensa para que demostraran una genuina voluntad de paz. Como lo advirtieron muchos periodistas en Colombia y las autoridades estadounidenses, varios capos del narcotráfico estaban comprando Bloques enteros de la organización o montando franquicias falsas, para hacerse pasar como jefes paramilitares, y de ese modo recibir status de delincuentes políticos, legalizando su situación en la reinserción; de paso así también esquivarían la temida extradición. En efecto Carlos Castaño luego de haberle retirado los demás comandantes el rol interlocutor en las negociaciones con el Gobierno (puesto que se disponía a denunciar la progresiva infiltración del narco en su organización), fue mandado a asesinar por su propio hermano, Vicente Castaño en abril de 2004.[226][227][228]
Al mismo tiempo en los Llanos Orientales, las ACC (Autodefensas Campesinas del Casanare al mando de los hermanos Buitrago) se vieron involucradas en una violenta guerra contra el Bloque Centauros de las AUC (desde 2003). La contienda que se prolongo por 15 meses y dejó 1000 muertos, solo concluyo con la ejecución de Miguel Arrollave; ‘Arcángel’, el 19 de septiembre de 2004, a manos de sus propios hombres (entre ellos Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, que luego seria jefe del ERPAC); y con la intervención del Ejército, que descargo todo su peso sobre las estructuras ilegales que combatían en el sur de Casanare. La primera intervención contra las ACC de “Martin Llanos”, la Operación Astuto se lanzó el 29 de agosto de 2004 y dejó 16 paramilitares muertos. Pero la más grande embestida solo llegó a finales de septiembre, cuando 2500 tropas de las brigadas móviles 1 y 16 avanzaron sobre Tauramena y Monterrey, en los límites de Casanare y Boyacá. La Operación Santuario, que buscaba pacificar la zona, culminó con el desmantelamiento total de la estructura de los hermanos Buitrago, que contó en sus filas 27 muertos, 95 capturados y 87 desertores. Otros 15 miembros del Bloque Centauros también resultaron abatidos en la arremetida que culminó en los primeros días de octubre.[cita requerida]
La ley de Justicia y Paz
Con su desaparición y muerte, el papel jugado por Carlos Castaño en el proceso de negociación fue asumido por Salvatore Mancuso, quien había empezado a ganar un mayor protagonismo en la mesa de negociación, lo que le permitió tomar la vocería de las AUC y firmar el 13 de mayo de 2004 un segundo pacto en Santa fe de Ralito, el Acuerdo de Fátima. Este acuerdo desempantanó las negociaciones y le devolvió la legitimidad a partir del establecimiento de una “zona de ubicación”; permitió también la consecución de cuatro objetivos: 1. Facilitar la consolidación del proceso de paz que se adelanta con las AUC. 2. Alcanzar el cese de hostilidades. 3. Avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los integrantes de las AUC. 4. Permitir la interlocución de la mesa de dialogo con todos los sectores Nacionales e Internacionales.[cita requerida]
Con el terreno más despejado, el gobierno emprendió nuevamente la tarea de viabilizar ante el congreso el marco jurídico que fijaría las condiciones para una efectiva desmovilización de los grupos paramilitares, a través de un proyecto de Ley presentado por un grupo de Congresistas Uribistas. No obstante, este primer proyecto duramente criticado por la oposición náufrago, y el que le siguió, presentado por el ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, se asemejaba en su articulado un 95 % al anterior. Además se debió sortear con los condicionamientos impuestos por los norteamericanos, reticentes a que capos del narcotráfico se colaran en las filas de las AUC, y por esa vía evitaran su extradición. Este desencuentro entre proyectos que emanaban de la fuente oficial y que intentaban legislar sobre el mismo tema, dejó en claro las contradicciones del Gobierno Uribe y de su bancada entorno al elemento que debería privilegiarse. Mientras para unos era claro que la justicia primaba sobre la paz y por ende debería castigarse los abusos cometidos por los paramilitares, como es el caso del proyecto Pardo-Parody, para otros debería primar la búsqueda de la paz, como lo dejó ver el proyecto de Ley presentado por el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo y un grupo de congresistas entre los que se encontraba Armando Benedetti, Sandra Ceballos, Adriana Gutiérrez, Zulema Jattin y William Vélez.[cita requerida]
Una vez presentado el proyecto del alto Comisionado al congreso, el Gobierno tuvo que condicionarlo a los intereses enfrentados de las distintas partes. Así es como en poco tiempo se genera una serie de fuertes críticas y temores entre los parlamentarios, entorno al fantasma del Narcotráfico, evidenciado en la nueva definición de “delito político” consignada en el Artículo 64. Estos temores no eran infundados, puesto que empezaron a surgir rumores (ciertos en todo caso) respecto al hecho de que importantes capos (Gordo Lindo, El Tuso Sierra, los Mellizos Mejía Munera y un largo etcétera) estaban comprando bloques de Autodefensas próximos a desmovilizarse para adquirir los beneficios que otorgaba la Ley y de paso librarse de la extradición. Estas inconsistencias en el proyecto del Comisionado Restrepo y el peligro que representaba la ambigüedad de algunos artículos, fueron objetos de preocupación de ONG, de organismos Internacionales como la OEA y del gobierno norteamericano, quien condiciono su ayuda económica al Estado colombiano justamente al hecho de que este “extradite a los miembros de las organizaciones que tengan cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos”.[cita requerida]
El 1 de julio de 2004, arriesgado a última hora por el breve secuestro del ex senador José Eduardo Gnecco Cerchar, principiaron en la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito el proceso de concentración de las autodefensas y el diálogo oficial sobre el desarme, la reinserción subsidiada, la sustitución de los cultivos de coca y los aspectos judiciales. El 25 de noviembre, con casi un año de retraso sobre el calendario esbozado en el Acuerdo de 2003, depusieron las armas 452 integrantes del Bloque Bananero de las AUC. El 10 de diciembre les siguieron Mancuso, el comandante Camilo del Bloque Catatumbo y los 1585 hombres a sus órdenes. [224] En los meses siguientes, nuevos contingentes de paramilitares renunciaron a la violencia, pero en sectores de la opinión pública cundió la sensación de que quienes eran responsables de terribles violaciones de los Derechos Humanos podrían no responder de sus crímenes ante la justicia, recibiendo impunidad a cambio de la paz. Como si fuera poco el hecho de que al final se terminaran entregando más de 30 000 hombres, y no los 15 000 que se suponía conformaban las AUC, terminó por confirmar el hecho de que la infiltración del narco en las filas de la organización ultraderechista era una realidad.[cita requerida]
Los múltiples proyectos de ley, la confusión y el trasiego de versiones y enmiendas precedieron la aprobación por el Congreso el 22 de junio de 2005 del marco jurídico del proceso de desmovilización de los paramilitares, la Ley de Justicia y Paz, que establecía penas máximas de cinco a ocho años de privación de libertad para los acusados de delitos graves, confesados en “versión libre” por los propios desmovilizados como requisito para recibir los beneficios legales o que el Estado pudiera probar a posteriori, y que protegía contra la apertura de procesos de extradición a Estados Unidos, excluidos aquellos que ya estuvieran en curso. Los múltiples vacíos a que daba lugar no demoraron en levantar una aguda polémica.[224]
Los primeros en manifestarse en contra fueron los editorialistas del New York Times, quienes calificaron a la ley de justicia y paz “como una ley de impunidad para asesinos, terroristas y traficantes de cocaína”. Pronto les siguieron la ONU, políticos de distintas tendencias y con más énfasis las ONG defensoras de los Derechos Humanos y las propias víctimas: les parecía un pacto demasiado indulgente con los paras, que recibían un estatus de delincuentes políticos y que además se hacían acreedores de retribuciones económicas, hasta el punto de recordarles una “amnistía encubierta”. Los miembros del oficialismo, por el contrario, destacaron la salvaguardia de los principios de justicia y reparación, y de manera más o menos explícita indicaron que si el rigor penal hubiese sido mayor, las autodefensas no habrían aceptado reinsertarse.
Pese a las garantías brindadas por el Ejecutivo, muchos de los paramilitares no se entregaron, bajo el amparo y la ventaja económica y militar que ofrece el lucrativo negocio del narcotráfico y todas las actividades ilícitas conexas (extorsión, minería ilegal, contrabando, juegos de azar, etc.), en el marco de una narcotización y criminalización casi total, conformando lo que posteriormente serían conocidas como las Bandas Criminales o BACRIM.
Crisis y final del Cartel del Norte del Valle: Los Rastrojos contra Los Machos
A pesar de haberse consolidado como la mayor organización narcotraficante del país, después de 2002 los conflictos internos del Cartel del Norte del Valle, provocarían su ruptura y faccionalizacion.
En primer término, en febrero de 2002, Ivan Urdinola Grajales fue envenenado en prisión, lo que eliminó una de las cabezas históricas de la organización. Segundo y más importante aún, varios de los capos que habían sido acusados en las cortes estadounidenses por la exportación de narcóticos, habían empezado a sondear la posibilidad de llegar a acuerdos con la justicia norteamericana buscando delatar a sus socios. Ambos factores abonaron el terreno para que surgieran disputas entre los capos sobrevivientes y sus clanes: Diego León Montoya, alias ‘Don Diego’ y Wilber Varela, alias ‘Jabón’, que dirigían las facciones más beligerantes; Luis Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’; Víctor Patiño Fómeque, alias ‘El Químico’ y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’; estos dos últimos en libertad tras cumplir una pena irrisoria de 4 años.[230]
Las tensiones llegaron a su punto de quiebre cuando uno de estos capos; Víctor Patiño Fómeque, fue detenido el 9 de abril de 2002. Su extradición en octubre del mismo año y posterior proceso de colaboración con la DEA, confirmo muchos de los temores existentes. Como represalia, Chupeta emprendió una cruenta campaña de exterminio contra los familiares y allegados de Patiño. Poco después, en diciembre de 2002, uno de los aliados de Don Diego; Miguel Solano, a quien Jabón también acusaba de entregar información, fue asesinado por orden suya en Cartagena. Fue el principio de la guerra total y de la fractura del cartel.[231][232]
Ambas facciones armaron rápidamente sus ejércitos privados que movilizaron más de 1200 pistoleros: Los Rastrojos de Jabón, al comando de los hermanos Comba (Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna), y Los Machos de ‘Don Diego’, dirigidos por alias ‘Capachivo’. Los ataques de sicarios se centraron inicialmente en las poblaciones del Norte del Valle y Cali, pero se multiplicaron después del 13 de octubre de 2003, cuando los hombres de Varela mataron a 7 miembros del clan de ‘Don Diego’ en la discoteca Grill Cañandonga.[233] A partir de entonces, la guerra se recrudeció y se extendió hasta el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá con matanzas, desmembramientos y enfrentamientos por el dominio de las zonas rurales. Solamente entre 2003 y 2004, el conflicto cobró un estimado de 1.000 vidas entre miembros de los grupos, personas cercanas a los capos y civiles inocentes. El 25 de marzo de 2004, pistoleros mataron al coronel retirado Danilo González.[234] El 3 de octubre de 2004, un comando armado llegó a la Finca La Cascada, en Candelaria (Valle del Cauca) y masacró a 10 personas.[235] Al mismo tiempo, los grupos de gatilleros pasaron a operar como verdaderos ejércitos, sobre todo por el control del Cañón de las Garrapatas en límites con el Choco y que era uno de los corredores de narcotráfico más importantes de la Región Pacífica; allí, un violento combate enfrentó a más de 200 pistoleros de Los Machos y Los Rastrojos el 26 de diciembre de 2004, con un saldo de una decena de muertos.[236]
Además, para conservar sus posiciones y consolidar el dominio de ciertos territorios, ambos grupos recurrieron a diversos actores armados. Los Rastrojos de alias ‘Jabón’, formaro una alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); inclusive, intentaron participar en su proceso de desmovilización, cambiando su nombre por el de Rondas Campesinas Populares (RCP), para investirse con ropajes políticos y tomar ventaja de los beneficios estatales ofrecidos.[230] Por su lado alias ‘Don Diego’, quien fuera el patrocinador de los grupos paramilitares que cometieron la Masacre de Trujillo en los noventas, optó por infiltrar y sobornar a ciertos mandos del Ejército para permanecer seguro en su territorio. En mayo de 2006, por órdenes del Coronel Byron Carvajal, tropas de la Tercera Brigada masacraron a un comando de 10 policías que realizaba una operación contra uno de sus lugartenientes.[237]
La escalada de violencia obligó que las autoridades incrementaran la persecución contra los dos capos a partir de 2004. Varela se refugió en Venezuela hasta su muerte a manos de los hermanos Comba y Diego Rastrojo en 2008, mientras Montoya prefirió quedarse en el Norte del Valle hasta su captura en 2007 a manos del Ejército y el CTI en Zarzal.[230] Estas dos acciones, sumado a las capturas de alias ‘Chupeta’ y ‘Rasguño’ en 2007, contribuyó al desmantelamiento de uno de los cárteles más poderosos en la historia del país.
Guerra sin cuartel contra las FARC
Mientras tendía la mano a las AUC, Uribe descargaba todo el peso de la fuerza armada del Estado en la principal organización guerrillera, las FARC, y en los grupos de criminalidad narcotraficante. Su apuesta era por la firmeza: si la guerrilla, que seguía considerándose a sí misma una insurgencia sustentada en un ideario marxista y auto legitimada como parte beligerante de un conflicto interno, no quería acogerse al marco de paz condicionado que le ofrecía el gobierno, éste se encargaría de desnivelar la relación de fuerzas hasta obligarla a claudicar. La exigencia de entregar a los guerrilleros una zona desmilitarizada en los departamentos de Caquetá y Putumayo, fue rechazada por el primer mandatario que llegó a calificar a las FARC de “caterva de bandidos”. En cuanto a la lucha contra el narco, ésta no admitía ningún tipo de diálogo o negociación.[224]
Pero si quiere doblegar a los ilegales, el proceso debe pasar lógicamente por el fortalecimiento de las Fuerzas legítimas del Estado. En efecto el esfuerzo militar se fortalece como nunca antes bajo Álvaro Uribe. La parte del presupuesto que le es destinada a la Defensa no deja de aumentar: en 2007 equivale al 6.3 % del PIB, uno de los más altos del mundo; y con el impuesto al Patrimonio se recaudan 8,25 billones de pesos extras destinados a ella. El pie de fuerza también se incrementa: en 2002 asciende a 295 000; en 2007 llega a ser de 397 000, con aproximadamente 73 000 soldados profesionales.[238] La coordinación de las operaciones y la inteligencia mejoran sustancialmente. Las FF.AA. adquieren nuevo equipo y repotencian el ya existente: se compran 25 aviones de bombardeo ligero Súper Tucano, blindados, lanchas, patrulleras fluviales, bombas inteligentes, decenas de Black Hawks llegando al gran total de 83, 12 Huey II de ataque, 4 cazas C-295, 4 Beechcraft 350 Súper King, 5 Cessna 208 Caravan, 25 aeronaves de entrenamiento y 13 K-fir; logrando a su vez la extensión de la Industria Militar (INDUMIL y COCTEMAR) . Es así como la aviación del Ejército puede contar ahora con una excelente planilla de 114 helicópteros: 50 Black Hawks, 23 M-17, 30 Huey y 11 UH-1N, que le permiten cubrir gran parte del territorio nacional y socorrer rápidamente a las tropas en tierra. Además la administración Uribe, consiente del peso que representaba el narcotráfico en las finanzas de la guerrilla comunista (de los 500 a 800 millones de dólares que recaudaban anualmente, alrededor del 50 % provenía de la coca, el 40 % de la extorsión y un 10 % del secuestro más otras actividades), atacó su principal fuente de financiación. A la par que el secuestro y la extorsión disminuían dramáticamente, aumentando de rebote la dependencia de la organización respecto a la coca, se multiplicaba la erradicación de cultivos ilícitos a base de fumigaciones y más tarde de cuadrillas de trabajadores que destruían las plantaciones manualmente. En la población de Miraflores (Guaviare), escenario en 1998 de un auténtico desastre militar, fue reconstruida la guarnición de esa localidad, atacando de este modo uno de los principales emporios cocaleros de la subversión.
En lo que será el primer paso importante de la PSD, las FF.MM. retomaron las entradas a Medellín y la Comuna 13 con la Operación Orión, desarrollada por tropas del Ejército con el apoyo de helicópteros artillados a partir del 16 de octubre de 2002. La recuperación de los 4 barrios bajo control de los milicianos: Belencito, El Corazón, 20 de Julio y Las Independencias II, arranco en medio de feroces combates que dejaron 10 muertos y 27 heridos el primer día. Luego de varias jornadas de enfrentamientos en los que también intervinieron los paramilitares, la zona fue asegurada.[239][240][241] La política de seguridad proseguiría sistemáticamente con la instalación de estaciones de policía o puestos militares en las cabeceras de los 172 municipios donde no se tenía presencia del Estado, la recuperación de los principales ejes viales y la creación de una amplia red de informantes.
La guerrilla de las FARC que vio en esto la culminación de la “agresión fascista e imperialista que sufría el pueblo colombiano”, respondió con todos los medios a su alcance: el 25 de noviembre de 2002 sus hombres emboscaron a tropas del Grupo Mecanizado Guías del Casanare cerca de Paz de Ariporo (Casanare), dando de baja a 14 soldados;[242] y empezando el 2003, en un gesto de desafío a Uribe, atacan el centro del país. El 7 de febrero detonan un potente carro bomba en el Club El Nogal, sede social de la alta clase bogotana, matando a 36 civiles.[243] Poco después el 14 de febrero es Neiva la víctima. En vísperas de una visita presidencial, una casa cargada de explosivos ubicada cerca al aeropuerto de la ciudad, vuela por los aires cuando la policía realizaba un allanamiento. Dieciocho personas fallecen, contándose entre las víctimas 8 agentes, la fiscal especializada Cecilia Giraldo Saavedra y el mayor de la SIJIN, Henry Angarita Calderón.[244][245]
Los ataques en los que perecieron 52 personas, indicaron la intención del secretariado de extender la violencia a las ciudades y fueron el prólogo de un semestre luctuoso. El 16 de enero, guerrilleros del IX frente de las FARC incursionaron en las veredas Dos Quebradas, La Tupiada y Dinamarca de San Carlos (Antioquia), y asesinaron a 17 labriegos, a quienes señalaron como colaboradores de paramilitares.[246] El 13 de febrero, una avioneta, que trabajaba para la empresa Californiana Microwave Systems, fue derribada en el Caqueta por el Bloque Oriental. Tres contratistas estadounidenses que realizaban labores de inteligencia, Marc Gonsalves, Keith Stannsel y Thomas Howe, fueron secuestrados, mientras que otro norteamericano Jennis Thomas y el sargento colombiano Luis Alcides Cruz, murieron al intentar evitar su captura.[247] En marzo, la Operación Fénix, lanzada en los Montes de María obtiene pocos resultados en una zona bajo el dominio total de la subversión (500 hombres de los Frentes 35 y 37, más varias decenas de miembros del ELN y una disidencia suya, el ERP). Y el 5 de mayo de 2003 cuando 75 comandos trataban de liberarlos, subversivos del Frente 34 de las FARC al mando de Aicardo de Jesús Agudelo “El Paisa”, ejecutaron a sangre fría en Urrao, Antioquia, a Guillermo Gaviria Correa, gobernador de ese departamento, a Gilberto Echeverri, su asesor y ex ministro de Defensa, y a ocho oficiales y suboficiales de las FF.MM. que permanecían secuestrados.[248]
Además, los rebeldes tendieron letales emboscadas a columnas de soldados y policías, matando a muchas decenas de uniformados. El 27 de marzo de 2003, un convoy integrado por 25 efectivos del Ejército, que intentaba evitar un secuestro masivo en Aracataca (Magdalena), cayó en una trampa de la guerrilla pereciendo 11 de sus integrantes.[249] El 24 de junio siguiente, 13 militares fueron asesinados durante el ataque a una patrulla de la Infantería de Marina, en la vía que del Carmen de Bolívar conduce a Zambrano (Bolívar).[250] Como si fuera poco, el 17 de agosto de 2003 subversivos intentaron derribar el helicóptero que transportaba al presidente Uribe en dirección a la localidad antioqueña de Granada mediante ráfagas de ametralladora disparadas desde las montañas aledañas.
Primera fase del Plan Patriota: Libertad I y Operación JM
Tras varios meses de preparativos el gobierno emprendería su ofensiva total contra la subversión con la primera fase del Plan Patriota, destinada a expulsar del centro del país a las FARC. En Cundinamarca, la arremetida contra las estructuras que rodean la capital, empezó el 1 de junio de 2003 con el lanzamiento de la Operación Libertad Uno, en las provincias de Oriente, Gualivá, Rionegro y Sumapaz. Al menos 10 000 hombres del Ejército dirigidos por el General Reynaldo Castellanos, Comandante de la V División, participan en la ofensiva. Hasta el 7 de noviembre en medio de una vasta operación rastrillo por tierra y aire, se dieron de baja a 5 cabecillas de frente, a 174 subversivos de base y se capturaron a 212 insurrectos (se desbandaron otros 80). Entre los abatidos estaba Marco Aurelio Buendía, hombre de confianza de Jojoy y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO) el 31 de octubre. Varios de los civiles que permanecían secuestrados, como los esposos Bickenbach Gil y el empresario japonés Chikao Muramatsu, fueran ultimados a tiros antes de ser rescatados.[251][252] En todo caso, la intensa ofensiva se extendió por 2 meses más: el 27 de noviembre, Adán Rodríguez “El cura” murió, junto a su radioperador, tras un tiroteo con la FUDRA en la Quebrada Capira de Topaipi (Cundinamarca); y a mediados de diciembre fue capturado en Soacha Wilmer Antonio Marín Cano, alias ‘Hugo’, Comandante del Frente 22. Su caída cerró el operativo en Cundinamarca: los grupos sobrevivientes, al mando de ‘El Zarco’ y ‘Byron’, se replegaron hacia el Meta por órdenes del EMBO, mientras algunas células que aguantaron la embestida en la provincia de Rionegro, fueron posteriormente desmanteladas en la Operación Libertad II. El cerco sobre Bogotá se rompió y al menos 600 insurgentes quedaron fuera de combate, dando al traste con uno de los principales objetivos estratégicos marcado en las Séptima y Octava Conferencias del Secretariado, que era amenazar el centro del país.[252]
No obstante, la hemorragia de bajas ocasionada a la tropa y la dirigencia de las FARC entre muertos, prisioneros (en enero y febrero de 2004 fueron aprehendidos respectivamente Ricardo Palmera Pineda “Simón Trinidad”, el dirigente de mayor rango capturado hasta entonces en Quito, Ecuador,[253] y Nayibe Rojas Valderrama, alias ‘Sonia’), desertores y rendidos a las autoridades (el más destacado, el Comandante Rafael Rojas Zúñiga, entregado en abril de 2003), esto no hizo mella aparente en sus capacidades; lejos de tambalearse, la guerrilla golpeó una y otra vez: el 25 de febrero de 2004 por ejemplo, fue alcanzada con cilindros bomba, la base militar que protegía la población de Santa María (Huila), pereciendo 12 uniformados en el ataque.[254] Los continuos golpes de las FARC obligaron al presidente y sus colaboradores a moderar el optimismo de sus declaraciones y arrojaron serias dudas sobre la efectividad del Plan Patriota, la más ambiciosa de las ofensivas montadas contra la guerrilla, cuya segunda y principal fase arrancó en abril de 2004.[255]
Inicialmente, 14 000 soldados contraguerrilla, luego 20 000, asistidos por unos 800 “asesores” militares estadounidenses (y por un número indeterminado de mercenarios y contratistas de seguridad), se agrupan bajo la figura de un mando conjunto unificado, la Fuerza de Tarea Omega —en diciembre de 2003—, acuartelada en 3 grandes bases del sur-oriente: Apiay, Tres Esquinas y Larandia. Las tropas que han sido entrenadas para sobrevivir en la selva por periodos largos de tiempo, tendrán el objetivo declarado de cazar a los altos mandos de las FARC en un área de 82 000 km² puesta bajo su jurisdicción en el Meta y Caqueta, pero con la capacidad de extender los operativos hasta el Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.[256] En abril la Operación JM, nombrada en honor del Comandante de las FF.MM., Jorge Mora Rangel, abriría la campaña en el sur. Cientos de hombres y varias decenas de helicópteros atacaron las principales aéreas campamentarias de Víctor Julio Suárez, el temido “Mono Jojoy” en los llanos del Yari, pero este logró escapar en una inmensa caravana de vehículos.[255] El principal objetivo estratégico del gobierno que era decapitar al Estado Mayor de las FARC, no se alcanzó. La guerra sería más larga de lo pensado.
Una vez más vendrá otra sangrienta arremetida bélica de la organización guerrillera que quiere mostrar su invulnerabilidad a la PSD,[224] golpeando con saña redoblada a las tropas del gobierno por medio de unos actos en los que se adivinaba el afán de venganza: el 16 de junio en La Gabarra (Norte de Santander), el frente 33 asesina a 34 raspachines de coca que trabajan para las AUC;[257] el 7 de julio, son atacados simultáneamente 4 municipios nariñenses; el 10 de julio, el Frente 9 masacra a siete hombres en el Corregimiento Samaná Norte, en San Carlos (Antioquia) , y expulsa a 506 personas de la vecina Cocorná; el 21 de julio, 13 soldados de un grupo de 36, pierden la vida en una emboscada en la vía que comunica a Huila y Putumayo; el 2 de agosto 9 policías mueren al caer en una celada tendida en Trujillo (Valle);[258] y finalmente el 11 de agosto otros 10 campesinos son ejecutados por las FARC en el Catatumbo. El gobierno pese a estos reveses y a las críticas de quienes sostienen que “enterró” las mejores tropas del Ejército con el Plan Patriota, no ceja en su esfuerzo de doblegar la guerrilla comunista. El 24 de diciembre de 2004, siguiendo el ejemplo de la Omega, fue creado en la costa norte del país el Comando Conjunto del Caribe, con jurisdicción sobre 10 departamentos y encargado de combatir la subversión en esta zona, agrupando para ello unos 60.000 hombres de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea.
A la vez que las combate por la vía armada, Uribe insiste en probar a toda costa su determinación de despojar a las FARC de cualquier forma de caracterización política. A fines de 2004, extradita por narcotráfico a dos importantes figuras de esta organización: Simón Trinidad, negociador durante el proceso del Caguan, capturado en Quito durante un operativo de los servicios secretos, y alias ‘Sonia’, responsable ante Fabián Ramírez de las finanzas del Caqueta.[224] A partir de 2005 el presidente y su principal consejero, José Obdulio Gaviria, se esforzaran por convencer a los medios de comunicación de no hablar más de “Conflicto armado”, y de tratar a las FARC de simple expresión delincuencial, narcotraficante y terrorista.[224] Pero como no quiere ser considerado belicista frente a todas las guerrillas, el Ejecutivo también trato de convencer al ELN de entablar negociaciones con el Estado. Los primeros contactos, tímidos y erráticos, adquirieron visos de seriedad en junio de 2004, cuando el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se reunió con el portavoz del grupo, Francisco Galán, encarcelado desde 1994, para sondear la disposición de los elenos” a cesar las hostilidades, liberar a los rehenes y renunciar a la violencia a cambio de un reconocimiento político por el gobierno. En septiembre de 2005 Galán fue puesto en libertad con carácter temporal para que pudiese ejercer la interlocución con el Gobierno y el 16 de diciembre del mismo año arrancó en La Habana la fase exploratoria de las conversaciones de paz; el comisionado Restrepo y el jefe militar de la guerrilla, Antonio García, encabezaron las respectivas delegaciones. Durante 2006 prosiguen en la capital cubana las rondas de negociación, que no llegaron a buen término, debido a las vacilaciones y divisiones internas de la organización irregular.[224]
Avances y retrocesos
En los primeros tres años de gobierno Uribe la notoria disminución en la tasa de homicidios, la seguridad en los principales ejes viales, el fuerte descenso del secuestro y la extorsión, más la ruptura del cerco sobre el triángulo Bogotá-Medellín-Cali, convence a la opinión pública del éxito de la política de seguridad democrática. No obstante si bien la guerrilla de las FARC, se había replegado sobre sus bastiones más alejados, hasta 2004-2005 los resultados son bastante limitados.[224]
La recuperación del territorio se debe en buena medida a los paramilitares, a la sazón en proceso de desmovilización. El repliegue de las FARC puede parecer un expediente provisional mientras las operaciones militares pierden fuerza y el prestigio de Uribe se desmorona. Muchos de sus dominios siguen estando fuera del alcance de las FF.AA. y aunque no están en capacidad de realizar asaltos masivos sobre instalaciones militares sin exponerse a sufrir un fuerte descalabro a manos de la aviación, multiplican los sabotajes, emboscadas y hostigamientos. Además consolidan su presencia en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, que toman como retaguardia estratégica. Y si bien su credibilidad política es poca, su potencial bélico no parece muy mermado pese la constante hemorragia de bajas, que afectan especialmente a las fuerzas de base. Entre 2003 y 2005, 5792 guerrilleros fueron dados de baja (por lo menos ahí se incluyen 250 falsos positivos),[259] 18.794 fueron capturados y 6074 más se desmovilizaron, mientras las tropas del gobierno perdían 7341 hombres (1904 muertos y 5437 heridos) en el mismo periodo.[238]
Sin embargo, a la par que se incrementaba el esfuerzo bélico contra la subversión, también lo hicieron los desmanes del Ejército. El 10 de abril de 2004, en Cajamarca (Tolima) un aparente error militar terminó con 5 campesinos muertos.[260] Ocho meses después, el 21 de febrero de 2005 una patrulla conjunta de tropas gubernamentales y paramilitares (en represalia por la emboscada de la Vereda El Porroso), asesino brutalmente a machete a 8 labriegos en una vereda de San José de Apartado.[261] Por añadidura, estimulados por los beneficios asignados a aquellos que reportaran bajas, muchas decenas de jóvenes salidos de las zonas mas deprimidas del campo y de las barriadas de las ciudades fueron asesinados y luego presentados como subversivos muertos en combate. Los mal llamados falsos positivos, que venían sucediendo desde mediados de los ochenta tuvieron un desmedido crecimiento contando desde 2004. De 52 ejecuciones en 2003 se pasó a cerca de 120 en ese año y a 244 en 2006.[259]
Además los contactos con narcotraficantes, que mantenían en sus nóminas a muchos oficiales y suboficiales (como fuentes de información y delatores de operativos militares) y las redes de corrupción dentro de las FF.AA. también quedaron en evidencia en dos luctuosos hechos: el primero ocurrido el 19 de marzo de 2004 en Guatarilla (Nariño) concluyo con 7 agentes y 4 civiles acribillados por una patrulla de soldados, presumiblemente a causa de un cargamento de droga;[262] y el segundo el 22 de mayo de 2006, en Jamundi (Valle) donde 10 policías de elite y 1 informante, fueron masacrados por un pelotón del Ejército en el momento que se disponían a realizar una operación antinarcóticos.[263]
La ofensiva del 2005
Con el objetivo de demostrar la impotencia del gobierno para someterlas por la vía militar y también para aflojar la presión sobre el Bloque oriental (y sus finanzas estranguladas progresivamente), el Secretariado ordeno pasar de la defensiva y el repliegue, a la ofensiva. A partir de ese momento los golpes de envergadura se sucederían escalonadamente en Tolima, Arauca, Antioquia, Meta, Putumayo, Nariño, Cauca y Choco, precisamente en unas zonas que estaban tomando importancia estratégica para las FARC, que obligada a recular en amplias áreas del sur-oriente del país -sus tradicionales bastiones- necesitaba mantener el control de los corredores hacia el Pacífico, Venezuela y Ecuador. La masacre de 17 campesinos en el Corregimiento de Puerto San Salvador en Tame (Arauca), el 31 de diciembre de 2004 fue el prólogo de la última gran embestida bélica de la subversión, que tomo como objetivo principal al Ejército y las Brigadas Móviles, puntas de lanza del Ejecutivo en la guerra contra los irregulares de izquierda.
El 18 de enero de 2005, murieron 7 militares al activarse un campo minado en Ortega (Tolima). El 1 de febrero, el frente 29 arrasó una base de la Armada Nacional en Iscuande (Nariño) matando a 16 infantes de marina.[264] Al día siguiente, 2 de febrero, un convoy que se desplazaba por la vía Puerto Asís-Santa Ana (Putumayo), fue atacado con explosivos, pereciendo en el acto 8 soldados y un civil; a la vez que en Vistahermosa (Meta), combates terminaban con otras 4 víctimas en las filas de las FF.MM. El 9 de febrero menos de una semana después, una patrulla de 30 uniformados adscrita al batallón de Infantería No 46 Voltigeros, que se movía por la región del Urabá, fue emboscada por el V frente de las FARC a la altura de la Vereda El Porroso (cerca al Cañón de La Llorona, entre Dabeiba y Mutata), con un saldo de 19 bajas.[254] Culminando el mes de marzo, el 23, nuevamente en Putumayo una partida de 8 infantes de marina y 2 efectivos del Ejército que escoltaba a una juez militar fue sorprendida por irregulares en Puerto Leguízamo (10 murieron).[265]
La ofensiva guerrillera no tardo en llegar a la frontera con Venezuela, cuando el Frente 10 de las FARC embosco en la noche del 6 de abril a un convoy del Batallón de Contraguerrilla N 47 que se desplazaba entre Tame y Fortul (Arauca), matando al Mayor Omar Pío Bellojín Guillot y a 16 militares que lo acompañaban.[264][266] Además las estructuras rebeldes (el Sexto Frente) la emprendieron contra las guarniciones del Norte del Cauca, donde cercaron Toribio por una semana (desde el 14 de abril). El 19 de mayo el ERG (Ejercito Revolucionario Guevarista), disidencia del ELN en el Choco, mató en la vía Quibdó-Pueblo Rico a 10 efectivos de la Policía Nacional; mientras la Columna Móvil Teófilo Forero de las FARC ejecutaba a 4 concejales y al secretario del cabildo municipal de Puerto Rico, Caqueta (el 24 de mayo). Empero el golpe de mayor de mayor calado, fue lanzado contra la base de Teteye en Putumayo, donde estaban destacadas tropas del Plan Energético y Vial Número 11. Al menos 500 subversivos de los Bloques Oriental y Sur de las FARC, concentrados en Ecuador arremetieron con todo sobre las instalaciones militares en la madrugada del sábado 25 de junio, aniquilando un pelotón de 19 hombres que se hallaba apostado a 800 metros de la posición central. Solo la intervención de la aviación y la pronta llegada de refuerzos pertenecientes a la Brigada Móvil No 13 evito que la guarnición fuera copada totalmente. El saldo fue de 21 muertos y 1 secuestrado liberado poco después.[267][268]
Pero contrario a lo que pensaban las FARC, la arremetida guerrillera y la sorprendente resistencia de la organización al Plan Patriota no erosionó el apoyo popular a Uribe, quien se vio fortalecido ante la opinión pública al asumir personalmente el reto de la guerra total contra la subversión. Lo que se vino fue un endurecimiento en la política del Ejecutivo, que profundizaría su esfuerzo bélico. En la última semana de enero de 2005, se dio inicio a la Operación Emperador, contra lo que los militares denominaban la “zona de retaguardia táctica de las FARC”, una especie de triángulo entre Vista hermosa, Mesetas y Uribe (Meta), donde se encuentra la Serranía de La Macarena y la antigua zona de distensión. Los 5000 soldados desplegados en la zona, enfrentaron a cerca de 1500 guerrilleros bien pertrechados, que recurriendo a la clásica guerra de guerrillas hostigaron a las tropas durante dos meses, antes de intentar un contraataque en toda regla lanzado la noche del 29 de abril de 2005. Ahora, si por el momento el Ejército no dio de baja a ningún cabecilla del Secretariado, si golpeo fuertemente las estructuras rurales y urbanas de las FARC y logró apuntalar sus posiciones en la Serranía de La Macarena.[269]
La Farc amenazada en lo más profundo de su dispositivo, no dudo en redoblar sus ataques.[270]
En la madrugada del 17 de diciembre de 2005, al menos 300 irregulares de las FARC y el ERG, comandados por Karina, se tomaron el Corregimiento de San Marino, en Bagado (Choco), sometiendo al escuadrón de 57 policías que lo protegía. Ocho agentes murieron y 29 más cayeron prisioneros en el asalto, que concluyó con la liberación 72 horas después de todos los secuestrados.[271] Sin embargo, el peor revés para la administración Uribe, llegaría el 27 de diciembre. Ese día una compañía de 90 soldados profesionales adscritos a la Brigada Móvil 12, cayó en un campo minado y en medio de la confusión que siguió fueron acribillados con fuego pesado de ametralladoras por 300 guerrilleros del Bloque Oriental. Un tercio del grupo, 29 militares fueron asesinados por solo 5 bajas en las filas del enemigo.[272][273] El año terminaría como el tercer más sangriento para la fuerza pública en toda su historia, con 717 efectivos dados de baja.[238] Además saldría bastante afectada la infraestructura nacional, al ser derribadas 227 torres de energía y dinamitados muchos oleoductos en el sur del país. Sin embargo la capacidad militar de la insurgencia terminaría por empezar a resquebrajarse en 2006-2007, luego de la reelección de Uribe y la continuación de la Política de Seguridad Democrática.
El intercambio humanitario
La sorprendente resistencia de las FARC, pese a la sensible disminución de sus efectivos y a los embates de las Fuerzas Militares, perjudicó menos al gobierno que el Acuerdo Humanitario. La opinión pública debatía dividida el asunto, ya que el dilema enfrentaba la posibilidad de salvar la vida de los secuestrados y el pactar con los “terroristas”. Durante la mayor parte de su primer mandato, Uribe se mantuvo aferrado a las condiciones de partida: las guerrillas debían poner en libertad a todos sus cautivos (“no puede haber secuestrados de primera y de segunda”), y de ninguna manera obtendrían la desmilitarización de zona alguna.
Sin embargo, en septiembre de 2005, con su proyecto reeleccionista a punto de recibir la luz verde, el mandatario, a través del comisionado Restrepo, presentó a la guerrilla una propuesta de diálogo para hablar de la liberación de los 56 políticos, soldados y policías, así como los tres estadounidenses que mantenía secuestrados. El encuentro podría tener lugar en Pradera, Valle del Cauca, con las debidas garantías de seguridad. En diciembre siguiente, Uribe confirmó la revisión a sus exigencias notificando su aceptación de una propuesta conjunta de España, Francia y Suiza para retirar al Ejército de El Retiro, poblado del municipio de Florida (Valle). Ningún guerrillero armado podría permanecer allí tampoco.
La concesión de Uribe a las FARC era notable, ya que ofrecía la desmilitarización de hecho y bajo supervisión internacional de dos áreas que eran precisamente las reclamadas por la guerrilla para negociar el canje de los rehenes por unos cuantos cientos de sus combatientes presos. El intercambio humanitario parecía cercano, pero a principios de enero de 2006 el secretariado informó que rechazaba dialogar con el Estado porque Uribe sólo pretendía “explotar electoralmente” la iniciativa. El primer mandatario reiteró su disposición a alcanzar el Acuerdo Humanitario durante la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de mayo, pero tras su arrolladora victoria en las urnas la frialdad y el escepticismo se apoderaron de sus pronunciamientos. Las FARC no presentaron los “hechos irreversibles de paz” que el presidente les exigía como preámbulo de cualquier negociación. El tono posibilista terminó el 19 de octubre de 2006 con motivo del atentado con coche bomba contra un complejo militar de Bogotá, que, aunque no causó víctimas mortales, sí una veintena de heridos, airó al presidente.
La reacción de Uribe fue fulminante: revocó la autorización que había dado a los mediadores para buscar el Acuerdo Humanitario y al día siguiente acudió al lugar del siniestro, las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, para pronunciar un áspero discurso en el que afirmó con rotundidad: “Hoy, el único camino que queda es del rescate militar y policivo de los secuestrados”.[224]
La reelección de Uribe y ofensiva pre-electoral
La perspectiva del segundo mandato de Uribe se hizo más patente en marzo de 2004, cuando la Comisión Primera del Senado dio luz verde a la ardua serie de debates parlamentarios que la enmienda constitucional precisaba. El 19 de octubre de 2005, la Corte Constitucional, zanjando una prolongada incertidumbre, avaló la exequibilidad de la norma; y el 11 de noviembre siguiente, se pronunció a favor de la Ley Estatutaria de Garantías Electorales, instrumento legal complementario al Acto Legislativo 02 de 2004 que autorizaba la reelección presidencial. La sentencia del 11 de noviembre fue la señal que Uribe estaba aguardando para lanzar oficialmente su candidatura en los comicios de 2006. El 28 del mismo mes el mandatario se dirigió a la nación para anunciar su voluntad de postularse de nuevo y posibilitar así que “nuestra patria consolide la seguridad democrática, cumpla las metas sociales de erradicación de pobreza y destierre definitivamente la corrupción”.[224]
Mientras, en el primer semestre de 2006, la situación de orden público se mantendría estacionaria con constantes ataques y hostigamientos por parte de una guerrilla interesada en ensangrentar el periodo pre-electoral, para desprestigiar a Uribe y su principal bandera política, la seguridad democrática. El 27 de febrero, la columna móvil Teófilo Forero ejecutó a 9 concejales en Rivera (Huila). El 4 de abril, 12 soldados profesionales de una escuadra de 13, fueron asesinados en la vereda Monserrate de Puerto rico (Meta) por 70 miembros del frente 44 de las FARC.[274] El 20 del mismo mes una caravana de agentes del DAS y militares fue atacada con explosivos en Hacari (Norte de Santander) por insurgentes del frente Libardo Mora Toro del EPL, al mando de Víctor Navarro “Megateo”. Diez detectives y 7 efectivos del Ejército resultaron muertos. Una semana después la hermana del expresidente Cesar Gaviria, Liliana Gaviria fue ultimada luego de un aparente intento de secuestro en Risaralda.[275]
Sin embargo, las FARC erraron completamente el tiro: en un hecho contraproducente mientras más atacaban, más argumentos daban a la opción militar. Además se hacía patente el agotamiento progresivo de una organización, que se había empleado a fondo el año inmediatamente anterior sin ninguna ganancia efectiva sobre el terreno bélico o político. Sus finanzas venían debilitándose desde 2004 y el peso que el narcotráfico iba ganando en ellas, lo mostraba claramente: frente a un 50 % en 2003, ahora llegaba quizá a un 70 %. Por eso mismo los corredores de movilidad tomaron importancia capital: el que iba hacia Venezuela por Norte de Santander (un área plagada de cultivos ilícitos) seria escenario de una violenta puja tras la desmovilización de las AUC.
A estas alturas a pesar de que el escándalo de la parapolítica asomaba en el horizonte, el uribismo obtuvo una contundente victoria en las urnas y fue reelegido a finales de mayo de 2006. Tras prometer no interferir con las presidenciales de mayo, el 31 de julio en vísperas de la segunda posesión del mandatario reelegido, las FARC lanzaron otra embestida contra objetivos militares en todo el país. En Bogotá un carro bomba estalló al paso de un camión de Ejercito, matando a un civil; en Tibu (Norte de Santander), 15 efectivos del gobierno perdieron la vida al caer en una emboscada; y en la vía Tumaco- Pasto (Nariño) hubo otra acción terrorista que se saldó con 2 muertos.[276]
Debilitamiento progresivo de las FARC
El factor fundamental que jugara ahora a favor del Estado, será el hecho de que Uribe va a disponer del tiempo necesario para alcanzar su objetivo de “aplastar” a la guerrilla. La popularidad del presidente (uno de sus pilares más fuertes) que no bajo en su primer periodo del 60 % y 70 %, estaba ligada invariablemente a su política de firmeza frente a la subversión. Pero además contaba con el respaldo de amplias mayorías en la clase política colombiana: con los partidos tradicionales debilitados a causa de la considerada pobre gestión de Samper y Pastrana, las agrupaciones que tomaron su lugar (bastante improvisadas y muchas veces cuestionadas) eran básicamente dependientes del acceso al Ejecutivo para su supervivencia. Mientras se reajustaba la estrategia general de la Política de Seguridad Democrática en previsión de la fase bélica por venir, Juan Manuel Santos fue designado como nuevo ministro de defensa nacional en julio de 2006.[277]
La FARC respondió al desafío como siempre. Varios cientos de subversivos del bloque José María Córdova intentaron tomarse el corregimiento de Tierradentro, municipio de Montelibano (Córdoba) el 1 de noviembre de 2006, matando en el asalto a 16 carabineros, 1 patrullero y 3 civiles.[278] El 30 de noviembre miembros del frente 33 atacaron una patrulla de 80 hombres del Batallón No. 15 Francisco de Paula Santander, en el sitio Alto del Pozo, entre Villacaro y Ábrego (Norte de Santander), dando de baja a 17 militares. Y el 23 de diciembre en la inspección La Julia (Meta), violentos combates enfrentaron a 250 guerrilleros de las FARC con un nutrido grupo de soldados de la Brigada Móvil No 2. Catorce uniformados y cuarenta irregulares perdieron la vida.[279]
Pero en 2006 a la vez que descendió el número de bajas entre las FF.AA. (594 muertos), las guerrillas en su conjunto sufrieron un tremendo castigo con 2165 abatidos, 4927 capturados y 2460 desmovilizados. La creciente importancia de las acciones de hostigamiento y saboteo revelo a su manera, la disminución del potencial ofensivo de las FARC, al igual que lo hace, la creciente desbandada entre sus filas, desmoralizadas por la continua presión militar y sobre todo por la precariedad económica que comienza a desmoronar los frentes de las regiones más expuestas. Sin embargo hasta finales de ese año la subversión puede pensar que ha logrado mantener un ritmo de actividad considerable, y sobre todo poner en riesgo la ambición central del Plan Patriota: cazar a los cabecillas del secretariado y sus lugartenientes más importantes. Pero a partir de ese mismo momento la balanza se inclinara del lado de las FF.MM.
A mediados de 2006 se crea el Comando Operativo No 3 en el Eje cafetero. Al mando del Coronel Emiro José Barrios, estará encargado de combatir a los frentes 9 y 47 de las FARC, además de perseguir al miembro del Secretariado Iván Ríos. Los operativos se multiplican en todo el país. El último día de 2006 el campamento madre de Martin Caballero, emplazado en el sitio Aromeras Norte en los Montes de María, fue asaltado por fuerzas especiales del Ejército en curso de la Operación Linaje, que movilizo a 1800 tropas de las FF.MM. Seis subversivos fueron abatidos en el operativo, que también le permitió a Fernando Araujo fugarse del cambuche donde permanecía secuestrado. A los cinco días de permanecer en la selva fue rescatado por las autoridades.[280]
FARC contra ELN: la guerra entre las guerrillas
Conforme aumentaba la presión militar sobre las Farc, la necesidad de controlar los principales corredores de movilidad en el Pacífico, Arauca y el Catatumbo, forzó la ruptura entre esta guerrilla y el ELN. Si bien en el año 2000, una serie de choques habían tenido lugar en el oriente antioqueño, el Perijá y Valle del Cauca, el conflicto que permaneció desactivado algunos años se vio exacerbado a partir de 2005, por las negociaciones que esta última organización adelantaba con el gobierno de Álvaro Uribe.
La guerra empezó en Arauca. Las capturas masivas, la presencia de las AUC y la ofensiva permanente de la Fuerza Pública habían debilitado a las guerrillas en ese departamento. Las consecuentes disputas por el territorio y por captar los recursos de esa zona, llevaron a una serie de choques que culminaron a finales de 2005 en una guerra total. Fue entonces cuando alias ‘Grannobles’ y ‘Jurga Jurga’, cabecillas del Frente 10, recibieron órdenes de eliminar al ELN de la región y monopolizar toda la frontera con Venezuela. Lo que vino después fue una pugna violenta donde hubo emboscadas, incendios de casas, amenazas a líderes de organizaciones sociales aliadas de un bando o de otro, y una oleada de asesinatos selectivos. Si por el momento la confrontación se limitó a esa región, en diciembre de 2006 el conflicto se generalizó, cuando alias ‘Ramírez’, cabecilla del frente 8 en el Cauca, fue asesinado por miembros del ELN en el Patía. Este episodio fue el detonante para desatar una verdadera batalla campal entre los dos grupos guerrilleros en Cauca y Nariño, donde los combates dejaron cerca de 200 muertos en 4 meses.[281]
A finales del 2006, y como una muestra de lo lejos que había escalado el conflicto, Tirofijo le escribió a sus unidades: “el ELN mantiene la misma concepción política de los partidos tradicionales, con el agravante de que mantiene diálogos con el gobierno en medio de semejante crisis de gobernabilidad y guerra contra el pueblo, lo que no permite acuerdos de unidad de acción, mucho menos como aliados estratégicos en la lucha contra el sistema”.[282]
A partir de ese episodio la guerra fue a muerte en todas las regiones. Las Farc desviaron importantes recursos para enfrentarse al ELN, que no dudo por otro lado en aliarse con oficiales del Ejército en Arauca[283] (más de 300 personas murieron en ese departamento hasta 2008), y con Los Rastrojos y otras bandas criminales de la costa Pacífica, para liquidar al enemigo común. Contra todo pronóstico, el ELN logró imponerse sobre las Farc y conservar sus bastiones en el triángulo del Sarare, y aunque retrocedió en otros sectores, conservo intacto el núcleo de su fuerza.
La situación cambio a partir de 2008. Mientras las negociaciones entraban en un periodo de estancamiento, las Farc se enfrentaron a una serie de serias derrotas, que llevaron a replantear su conflicto con el ELN; confrontación que estaba resultando demasiado onerosa y que no había arrojado resultados positivos. En este contexto, el 7 de enero de 2008, Carlos Marín Guarín, alias ‘Pablito’ miembro de la dirección nacional del ELN, jefe militar de la organización y uno de los cabecillas que más se oponía al proceso de paz con Uribe, fue detenido por el Ejército en Bogotá. Este hecho fue indicador del mal momento que vivían las conversaciones de paz, que se habían ido resquebrajando progresivamente.
Tras algunos meses de estancamiento, la ruptura del proceso con el ELN se formalizó el 5 de diciembre de 2008, cuando guerrilleros del frente Domingo Laín emboscaron una patrulla de la Policía en el casco urbano de Fortul (Arauca), y mataron a 9 uniformados. Mientras, se llevaban a cabo una serie de reuniones entre las cúpulas de ambas organizaciones guerrilleras en la frontera con Venezuela. En octubre de 2009 ‘Pablito’ se fugó de la cárcel en Arauca, y en diciembre las Farc y el ELN formalizaron el cese hostilidades entre ambas organizaciones, que pese a algunos incidentes se consolidó en septiembre de 2010.[284]
El conflicto en 2007
Después de haber afrontado el Plan Patriota, las FARC ahora encaran el Plan Consolidación, que busca llegar a sus bastiones más recónditos.[285] A la par que la extorsión y el secuestro con fines económicos van disminuyendo su participación en las finanzas de la guerrilla, su principal fuente de ingresos que son los cultivos ilícitos, es duramente atacada por el gobierno y también disputada por las Bacrim. Las nuevas erradicaciones manuales que afectan sobre todo a la Sierra de La Macarena, y la profusa destrucción con glifosato de las grandes plantaciones, reduce el área sembrada a 69.000 hectáreas en 2007 (ahora más diseminadas y algunas veces más productivas). Pese a que invierten crecientemente en la economía de la droga, disputando palmo a palmo los corredores que permiten su exportación, eliminando a muchos de los intermediarios y negociando directamente los cargamentos, sus ingresos caen al menos un 30 % respecto a 2003. El impacto es fortísimo sobre todo para los frentes más expuestos a la arremetida del gobierno.
La nueva dirección en el Ministerio de defensa, encabezada por Juan Manuel Santos y los generales Freddy Padilla (comandante de las FF.MM.), Mario Montoya (Ejercito), Jorge Ballesteros (Fuerza Aérea), Guillermo Barrera (Armada) y Oscar Naranjo (Policía), obtiene en 2007 algunos de los mayores éxitos en la cruenta y larga guerra contra la organización comunista. En efecto, las pruebas de su debilitamiento se comenzaron a dejar ver claramente: La decisión de reorientar su acción en la línea política a través del intercambio humanitario y el Movimiento Bolivariano son una muestra fehaciente de ello. La reducción de su dominio territorial es evidente: Pierden Cundinamarca, Boyacá, Santander, la casi totalidad de la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, el Oriente de Antioquia, Casanare y ven amenazados sus emporios del sur-oriente en Meta, Guaviare, Caqueta y Putumayo; las zonas en donde verdaderamente están a salvo son escasas (Catatumbo, sur de Bolívar, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, norte del Cauca, Nariño y los rincones más apartados de las selvas del sur). Las deserciones se multiplican a una tasa exponencial y superan la cuenta de muertos en combate: en 2007 alcanzan las 3192 y en 2008 llegan a 3461, mientras el número de abatidos es de 2067 y 1184 respectivamente. Y si bien las bajas se ceban sobre todo en los nuevos reclutas, cada vez más son los miembros con cierta antigüedad y liderazgo en la organización, los afectados. Esto se traduce en una fuerte caída en el número de militantes de las FARC, que se lleva la peor parte de la ofensiva gubernamental: de cerca de 20 000 miembros encuadrillados en 2002 pasa a la mitad 5 años después, perdiendo a la vez no menos de 4000 milicianos.
La actividad bélica presenta también una fuerte desaceleración: de 700 acciones en 2002 se pasa a menos de 200 en 2007. En efecto, ahora recurren cada vez más a la siembra de minas antipersona, a las emboscadas y al terrorismo: El 21 de enero de 2007, una bomba estalla al paso de una patrulla en Buenaventura (Valle) dejando un saldo de 4 civiles y 2 uniformados muertos; y el 9 de abril atacan con explosivos el Comando de la Policía Metropolitana de Cali, acabando con la vida de un taxista. Solo lograran golpear contundentemente al Ejército en la Cuchilla de las Camelias, cresta ubicada entre Tolima y Quindío, en septiembre de 2007 matando allí a 11 soldados del Batallón de Alta Montaña No 5.[286]
Los golpes contra las estructuras subversivas se suceden rápidamente: En los primeros días de febrero 130 miembros de las FARC desertan en el Valle del Cauca; en marzo de 2007, se conforma la FUCAD (Fuerza de Acción Decisiva) en la Costa Caribe y se lanza la campaña militar Alcatraz, que tendrá por objetivo liquidar con esas nuevas tropas a la subversión en los Montes de María. En efecto el ERP, disidencia del ELN en esa región, se desbanda en el primer semestre del año, rindiendo medio centenar de hombres a las FF.MM.
Pero lo que más quiere Uribe es descabezar el Estado Mayor de las FARC. Con asesoría de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), se crea en mayo de 2007 la Jefatura de Operaciones Especiales (JOEC), un centro coordinador de inteligencia conjunta con capacidad de acción inmediata, encargado de recibir y procesar la información recabada por las distintas fuerzas sobre los blancos estratégicos de alto valor (los jefes del secretariado y principales lugartenientes en los frentes guerrilleros). La nueva estrategia (las denominadas Burbujas) que pasa por la asignación de cada objetivo a una rama de las FF.AA. en particular (la que más datos tenga al respecto), a la que las otras deben reportar (la información por ellas captada), permite golpear contundentemente a la subversión comunista, puesto que la JOEC centraliza todos los esfuerzos y tiene la capacidad de pasar a la acción inmediatamente, poniendo todos los recursos del Estado al servicio del operativo militar.
Ahora los principales jefes de las FARC no se hallan a cubierto de las operaciones militares y comienzan a caer en seguidilla. El 6 de junio en el río Cajambre (zona rural de Buenaventura) muere a manos de francotiradores de la Armada Milton Sierra Gómez, alias ‘JJ’, comandante del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, secuestrador de los diputados y responsable de innumerables acciones que dejaron un centenar de muertos en el Valle del Cauca.[287] Al día siguiente, el 7 de junio es abatido en Buga (Valle) Luis Fernando Vanegas, alias ‘Cristian Pérez’, segundo al mando del Movimiento Bolivariano y cabeza del PC3 (Partido Comunista Clandestino). A mediados de julio, tropas de la FUDRA y la Fuerza de Tarea Omega, asaltan por sorpresa el campamento de Carlos Antonio Lozada, comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, y el autor de innumerables atentados en Bogotá. Si bien este logra huir, cuantiosa información queda en manos del gobierno, que además da de baja a ‘Diego Cristóbal’, jefe del PC3 en la capital. El 2 de septiembre, Tomás Medina Caracas, el famoso ‘Negro Acacio’, cae en un bombardeo de la Fuerza Aérea junto a 14 guerrilleros (Operación Sol Naciente).[288] Y el 24 de octubre es dado de baja, en la Operación Aromo, Gustavo Rueda Díaz, alias ‘Martin Caballero’, asesino de 500 civiles y militares en la Costa Caribe. Con el son muertos 19 insurgentes.[289]
La presión militar no cede y se incrementa, a la par de los mensajes triunfalistas del gobierno Uribe y los falsos positivos. Acallado por el unanimismo imperante, el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, se multiplicó entre 2007 y 2008: el primer año se reportaron 365 víctimas y al año siguiente 219. Además pese a que el dilema de los secuestrados se presenta con toda su crudeza y crece la presión internacional para que se llegue a un acuerdo, el presidente y tampoco las FARC están dispuestos a ceder un ápice en sus condiciones.
Apogeo de la Política de Seguridad Democrática (PSD)
En 2008 las Fuerzas Armadas de Colombia pueden disponer de 428.000 hombres en armas (282 000 de ellos en las FF.MM.), frente a unos 20 000 irregulares de izquierda (incluyendo los milicianos). Pero a la vez que aumenta la nómina de hombres, cae el número de uniformados muertos en acción: por primera vez en 12 años baja a menos de 500 en 2007 (con 457) y en 2008 alcanza la cifra de 373, la más reducida desde 1990. Detrás de la aparente falta de respuesta de la subversión (que es casi total en el primer semestre del año) y de su falta de coordinación, que sale a flote con el episodio de los diputados y la liberación de Clara Rojas, algunos adivinan el “fin del fin” del conflicto, anunciado imprudentemente por algunos militares; sin contar que mucho de la situación se debía a la avanzada edad de Manuel Marulanda, incapaz de coordinar o replantear en sus circunstancias una nueva estrategia.
Los golpes se suceden. A fines de 2007, se pone en movimiento el Plan para la consolidación integral de La Macarena destinado a arrebatar el control de la estratégica región a la rebelión. El 7 de noviembre, el jefe de seguridad de la temible ‘Karina’, alias ‘Limón’, muere en un bombardeo en Sonson (Antioquia): las fuerzas guerrilleras que en esa zona agrupaban a unos 300 militantes en 2006, se reducen a medio centenar en 2008. El 8 de febrero se desencadena una cuarta ofensiva contra Iván Ríos en el Río Arma, entre Caldas y Antioquia (Operación Fortín). Paralelamente, los frentes guerrilleros antes comandados por Martin Caballero empiezan a resquebrajarse rápidamente.[290]
Por añadidura la imagen de la subversión afectada nacional e internacionalmente, por el tema de los secuestrados, no puede ser peor. El 4 de febrero millones de personas salen a marchar contra las FARC y sus prácticas en todo el país: la insurgencia se justifica diciendo simplemente que la sociedad está manipulada. Es el preámbulo del marzo negro de la guerrilla comunista.[291]
En la madrugada del 1 de marzo aviones Súper Tucano de la Fuerza Aérea atacan con bombas inteligentes el campamento de Luis Edgar Devia Silva “Raúl Reyes”, ubicado en la Provincia ecuatoriana de Sucumbios, a 1800 metros de la frontera común. El bombardeo es seguido por el desembarco de tropas helitransportadas, que hallan el cuerpo sin vida del jefe subversivo.[292] Al menos 23 personas mueren (17 guerrilleros, 4 estudiantes mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 soldado colombiano) en el ataque sin precedentes (Operación Fenix), que acaba con el primer miembro del secretariado, pero genera a la vez una agria polémica con Ecuador, al violar el territorio de la nación vecina. La disputa internacional a la que suma Venezuela, sospechosa a los ojos del estado colombiano de colaborar con la guerrilla, genera un fuerte unanimismo en torno a la figura de Álvaro Uribe, cuya popularidad llega hasta el 80 %.[293]
El 3 de marzo acosado por las tropas del gobierno y también para ganar la recompensa ofrecida, Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas’, jefe de seguridad de Manuel de Jesús Muñoz, alias ‘Iván Ríos’; ejecuta de un tiro en la cabeza a su jefe y le corta una mano para presentarla como prueba ante las autoridades. La noticia hecha pública el 7, es un tremendo golpe para la moral de la guerrilla que ha perdido 2 miembros del secretariado en una semana, y lo es más aun por la forma como aconteció la muerte del último.[294] Asimismo el Ejército despliega una formidable ofensiva en el área del río Duda y Papaneme (serranía de la Macarena, Meta), movilizando para ello 4 brigadas móviles entre el 16 de febrero y el 10 de abril de 2008 (Operación Filipo). La zona, en donde se hallaba el legendario Pedro Antonio Marín, alias ‘Manuel Marulanda’ y el jefe militar de las FARC, Víctor Julio Suárez ‘Mono Jojoy’, fue machacada por decenas de aviones Súper Tucano y A-37 que lanzaron 114 bombas de todo tipo, a los que se sumaría la artillería del Ejército que emplazada en las agudas crestas rocosas de la región, consumió 352 granadas de obús y mortero. La persecución que alcanzó su punto cumbre entre el 10 y el 20 de marzo, fue esquivada sin embargo una vez más por el veterano jefe de la subversión.[295]
En todo caso, al atardecer del 26 de marzo moriría de causas naturales el escurridizo guerrillero que fundó las FARC, que sobrevivió a quince presidentes y burló hasta el final la autoridad del Estado (sus enemigos, las tropas del gobierno, lo bautizaron con el mote de “Tirofijo” en la primera Violencia), cerrando así un capítulo entero del conflicto armado colombiano. La jefatura de la organización recayó en Guillermo León Sáenz ‘Alfonso Cano’. Un mes atrás, había fallecido en Roma (Italia) producto de un cáncer el excomandante del desmovilizado Ejército Popular de Liberación (EPL), Bernardo Gutiérrez, quien tuvo que exiliarse fuera del país por amenazas de las FARC en su contra, debido a su deserción de este movimiento insurgente en los años 70´s para enrrolarse al EPL y a las negociaciones de esta guerrilla con el gobierno de Cesar Gaviria; aún así, alcanzó a fungir como Senador de la República antes de su forzado exilio.[296]
Mientras que las FARC trata de sacarle partido a la crisis de los secuestrados, al que la secuestrada Ingrid Betancur le hace dar importancia internacional, la arremetida encabezada por el general Mario Montoya prosigue. La Fucad puede dar por terminada su actuación en Los Montes de María en mayo del mismo año, cuando la zona queda libre casi íntegramente de presencia irregular. El 8 de mayo cae en La Bocana (Valle) Gustavo Cardona Arbeláez “Santiago”, sucesor de JJ en la jefatura del Manuel Cepeda Vargas. El 18 de mayo se entrega la sanguinaria Elda Neyis Mosquera “Karina”, y el Frente 47 descabezado, queda prácticamente desmantelado con la Operación Sonar (acrónimo de las poblaciones de Sonson, Nariño y Argelia) por el Teniente Coronel Wilson Díaz. Doce rebeldes mueren y dieciocho se entregan.[297]
Pero sin duda alguna el peor revés lo encajo las FARC el 2 de julio de 2008. Ese día militares del Ejército que se hacían pasar como miembros de una misión humanitaria, liberaron sin un solo tiro a 15 secuestrados, Ingrid Betancur entre ellos (11 uniformados y 3 estadounidenses). El golpe de mano no solo le arrebato a la guerrilla su botín político más preciado, sino que se constituyó en una verdadera victoria para la administración Uribe.[298] A fines de mes, otras dos operativos lanzados contra los frentes 6 y 10 en Cauca y Arauca respectivamente, terminaron con medio centenar de irregulares muertos, 2 cabecillas incluidos (alias ‘Dago’ y ‘Jurga Jurga’).[299]
En este punto con una popularidad del 80 %, obtenida gracias a las victorias militares, los éxitos de la PSD eran innegables: de 28 837 homicidios en 2002 se pasó a 16 140 en 2008, los secuestros cayeron de 1708 el primer año a 197 en el segundo, a lo que se sumaba más de 45 000 irregulares desmovilizados. Pero a partir de ese momento los avances comenzaron a ser más lentos y menos elocuentes, a la par que las FARC, ahora bajo la férula de Alfonso Cano, se rehacían y pasaban al contraataque, mientras las BACRIM multiplicaban su accionar criminal y narcotraficante en amplias regiones del país.
Además el estallido del escándalo de los Falsos Positivos en septiembre de 2008 terminaría por afectar la moral de las FF.MM. y frenaría su avance.
Surgimiento de las Bandas Criminales o BACRIM
Desmovilizadas las AUC, las lucrativas rentas ilegales que manejaba dicha organización -narcotráfico, extorsión, contrabando, juegos de azar, entre otras.- fueron asumidas en parte por las denominadas Bandas Emergentes o BACRIM, conformadas por los paramilitares que se negaron a la desmovilización. A esta ecuación se sumaría el auge de la minería ilegal, que se transformó en una fuente de considerables recursos para los diversos actores armados ilegales.
Ya en agosto de 2006, una vez entregaron sus armas los últimos frentes paramilitares, el gobierno Uribe ordeno que los jefes de las AUC fueran concentrados en el centro de reclusión de La Ceja (Antioquia). Vicente Castaño, alias ‘El Profe’, uno de los jefes más radicales de la organización, abandono el proceso de paz, pues sostenía que las Autodefensas se desmovilizaron en medio de una negociación política; por consiguiente, no debían terminar en un simple proceso de sometimiento a la justicia. En consecuencia, decidió volver a la clandestinidad y ordenó a todos los mandos medios que aún estaban libres, regresar a las armas. Nació lo que se denominó inicialmente como “Águilas Negras”, una federación de organizaciones neoparamilitares con poder regional. Ello provocó de inmediato el choque con los jefes desmovilizados pues, desconociendo el control que dichos cabecillas ejercían por medio de terceros en sus antiguos territorios, Castaño “entregó” estas plazas a los nuevos mandos: los Llanos Orientales a Ever Veloza, alias ‘HH’; el Urabá a Don Mario y Los Hermanos Úsuga David (Juan de Dios y Dairo Antonio); la Sierra Nevada a los Mellizos Mejía Múnera (Miguel Ángel y Víctor Manuel), entre otros.[300]
Las disputas armadas empezaron en la Orinoquia, donde Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, organizó por cuenta propia, y en alianza con miembros del antiguo Bloque Centauros de las AUC, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC). ‘HH’ fue expulsado de esa zona a finales de 2006. Sin embargo, la mayor conflagración llegó cuando ‘Don Berna’ y Carlos Mario Echeverry, alias ‘Rogelio’, quienes dirigían la Oficina de Envigado, se sintieron amenazados por Vicente Castaño. La pugna se resolvió de manera rápida, cuando en marzo de 2007, Castaño fue asesinado en el Bajo Cauca antioqueño (según versiones de exparamilitares, ya que su cuerpo nunca fue encontrado). Su proyecto de reconstruir un ejército paramilitar a nivel nacional se truncó y las bandas que le obedecían se atomizaron.[301] Además, el 3 de abril de 2007, Ever Veloza, alias ‘HH’, uno de sus principales lugartenientes -que lo había traicionado- fue capturado en Bolombolo, Antioquia. De otro lado, los indicios de que algunos jefes paras —como ‘Macaco’, ‘Don Berna’ y ‘Jorge 40’— seguían delinquiendo desde La Ceja, forzó su traslado intempestivo a la cárcel de Itagui en diciembre de 2006. Estos dos factores aumentaron la proliferación anárquica de bandas.[302]
Ya para mediados de 2007, el gobierno reconocía la existencia de 33 bandas emergentes o BACRIM: (Los Urabeños también llamados Bloque Héroes de Castaño, Nueva Generación, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, las Águilas Negras, la Oficina de Envigado, Renacer, Los Traquetos, Los Macacos, etc.). Estas agrupaciones operaban a lo largo de todo el territorio colombiano, alcanzando 28 departamentos y 179 municipios.[303] A ellas se sumaban los grupos narcotraficantes que, colados en el proceso de paz o como restos del atomizado Cartel del Norte del Valle, cooptaron los espacios de las AUC en el Pacífico o se aliaron con nuevos capos. Era el caso de Diego León Montoya ‘Don Diego’, Juan Carlos Ramírez Abadía ‘Chupeta’ o Wílber Varela ‘Jabón’, quienes a través de sus estructuras armadas, conocidas como “Los Machos” o “Los Rastrojos”, dominaban el Valle del Cauca y la Costa Pacífica.
En vista del confuso panorama, el alto gobierno dio la orden de combatir a las Bandas Emergentes, que amenazaban los resultados del proceso de paz con las AUC. Bajo el comando del General de la Policía, Oscar Naranjo, se reunió a un grupo de 100 oficiales de inteligencia y uniformados especializados en lucha contra el narcotráfico, para enfrentarlos.[304] Los primeros neutralizados fueron los jefes desmovilizados. Por orden presidencial, el 25 de agosto de 2007 ‘Macaco’ y ‘Don Berna’ fueron remitidos a la cárcel de Cómbita (Boyacá); la banda que dirigía el primero fue desarticulada por la policía con la detención de Mario Garzón, alias ‘Mario Bross’, quien coordinaba las acciones desde fuera de la cárcel. También fue golpeada la organización Nueva Generación que operaba en Nariño y la región del Patía, con la detención simultánea en octubre de 2007 de Hugo González ‘El Nomo’, José Yela ‘el Político’ y John Roima García, alias ‘El Niño’. Paralelamente, el Ejército logró la captura de Diego León Montoya en Zarzal (Valle) el 10 de septiembre de 2007, mientras Juan Carlos Ramírez Abadía, Chupeta, era detenido en Brasil; esto significo la desarticulación de Los Machos, cediendo sus espacios a los Rastrojos.[304]
La ofensiva se centró luego sobre la Bacrim de Los Nevados que, al mando de los mellizos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejia Munera, trataba de monopolizar La Sierra Nevada y el Bajo Cauca antioqueño con hombres del Bloque Vencedores de Arauca y antiguos combatientes de Jorge 40 y Hernán Giraldo. El 29 de abril de 2008, Víctor Mejía Munera es dado de baja por un comando de la Policía Nacional en Taraza y el 2 de mayo su hermano Miguel fue detenido en Honda (Tolima).[305]
Por último, y con el argumento de que los “jefes paras” seguían delinquiendo desde la cárcel, incumpliendo los compromisos adquiridos en la Ley de Justicia y Paz, se ordenó su extradición a Estados Unidos. La extradición de paramilitares, comenzó el 7 de mayo de 2008 con la entrega a las autoridades norteamericanas de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco, quien fuera comandante del Bloque Central Bolívar. Fue cuestión de días para que los otros sufrieran la misma suerte. El 13 de mayo, fueron puestos en manos de la DEA Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’; Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’; Salvatore Mancuso; Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’; Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’; Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’; Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’; Manuel Enrique Torregrosa; Diego Alberto Ruiz Arroyave; Martín Peñaranda, alias ‘El Burro’; Edwin Mauricio Gómez Lara; Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’; Nondier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Vengoechea.[306]
Las BACRIM entre 2008 y 2010
Así fue como por acción de las autoridades, producto de las luchas intestinas o absorbidas por grupos más grandes, 18 bandas emergentes desaparecieron entre 2006 y 2008. Pero contrario a lo esperado, se produjo la consolidación de los grupos más organizados: Los Urabeños, Los Rastrojos, el ERPAC, y la Oficina de Envigado.
Los Rastrojos, brazo armado de Wilber Varela, capo del Cartel del Norte del Valle, se consolidaron en el control de la Costa Pacífica con la desarticulación de sus competidores cercanos: Los Machos y la banda Nueva Generación. Sin embargo, Varela fue asesinado por sus propios lugartenientes en enero de 2008 y el mando de la organización seria asumido por los Hermanos Comba (Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna) y Diego Rastrojo, quienes siguieron empleando a los países vecinos como retaguardia para sus actividades delictivas.[307] A su vez, por medio de alianzas tacitas con el ELN o de la confrontación abierta con las FARC, quisieron extender su dominio territorial sobre todo el litoral caucano y nariñense; no más la guerra por Timbiqui, Guapi y Bocas de Satinga dejó casi 400 muertos y más de 15.000 desplazados entre 2010 y 2011.[308] También trataron de avanzar hacia otras zonas lejos del Pacífico, pero chocaron con los Gaitanistas o Urabeños.
Precisamente en el norte una vez muerto Vicente Castaño, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y los hermanos Úsuga David, reunieron a los comandantes que estaban bajo su mando y los que entonces lideraban a las Águilas Negras (‘Gavilán’ y el ‘Negro Sarley’), conformando un nuevo grupo armado llamado en principio Bloque Héroes de Castaño, pero que en enero de 2008 paso a ser parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (ACG), absorbidas posteriormente por Los Urabeños. Los jefes paramilitares habrían llegado al acuerdo de mantener el control de Urabá e iniciar una confrontación armada contra la Oficina de Envigado y Los Paisas, que amenazaban su predominio.[300] La guerra de 3 años se saldó con la muerte de más de 3000 personas, pero a largo plazo los Urabeños se consolidaron como el grupo más poderoso, por su posición estratégica en el Golfo del Uraba y su pie de fuerza. Pronto implementaron una especie de servicio militar en la zona y ejecutaron un primer paro armado el 15 de octubre de 2008, durante el cual se presentaron “en sociedad” como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. A finales de 2008 incursionaron en el Uraba Chococano, alcanzando la frontera con Panamá.[309]
Poco después sufrieron un contratiempo, cuando el 15 de abril de 2009 Don Mario fue capturado por la Policía. No obstante, el mando de la organización casi intacta pasó a Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanny’, y su hermano Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quienes consolidaron el dominio sobre Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño entre 2010 y 2011, eliminando todas las bandas enemigas, esencialmente a Los Paisas y Los Rastrojos. Estos últimos trataron de absorber a Los Paisas tras su separación de la Oficina de Envigado, para así extender sus dominios desde el Pacífico hasta el Caribe, pero fueron incapaces de obtener un resultado decisivo y fueron expulsados de la zona, con saldo de más de 600 muertos en esa pugna.[310][311][312]
Este avance de Los Urabeños se debió en buena medida a la debacle de la poderosa ‘Oficina de Envigado’, que comenzó con la extradición hacia Estados Unidos de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en mayo de 2008. Aunque sus lugartenientes comenzaron a ascender en la estructura de mando, pronto aparecieron las divisiones en el interior de la organización a raíz del sometimiento a la justicia norteamericana de Carlos Mario Rogelio Aguilar, alias ‘Rogelio’, y de Mauricio Cardona López, alias ‘Yiyo’. Los Paisas, separados de la organización, fueron absorbidos en parte por Los Rastrojos y Los Urabeños, pero a la larga sus territorios en Córdoba y el Bajo Cauca pasaron a la última organización, aunque manteniendo dominio en algunos de esos territorios. En Medellín, plaza principal de la Oficina de Envigado, la guerra se desató entre dos combos rivales: uno dirigido por Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’ y otro por Erick Vargas, alias ‘Sebastián’, un conflicto que provocó la muerte de alrededor de 6000 personas entre 2008 y 2012.[313]
Mientras tanto, en la Orinoquia se consolidó el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) al mando de alias ‘Cuchillo’ quien, aliado con uno de los últimos grandes capos del narcotráfico, Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, copó numerosas zonas controladas por el antiguo Bloque Centauros en Meta y Vichada, agrupando a alrededor de 800 hombres hacia 2010. Allí había asentado su poder, eliminando primero a la banda de Hever Veloza, alias ‘HH’, y luego a Los Macacos, dirigidos desde la prisión por Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. La guerra con este grupo se decidió en la batalla de Puerto Gaitán (Meta), entre el 10 y el 14 de agosto de 2007, un combate que dejó 250 muertos en ambos bandos. Los sobrevivientes, cerca de 200, se rindieron a mediados de Septiembre al Ejército Nacional.[314]
Gobierno Santos
Antes de llegar a la presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos nunca había ocupado cargos de elección popular en su carrera política, limitándose a ser un comodín en cargos ministeriales de los gobiernos de Cesar Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pero sin contar con una base electoral que le permitiera postularse a una alcaldía, gobernación o al congreso. Su importancia radicaba en sus raíces familiares (descendiente directo de Antonia Santos, prócer de la Independencia de Colombia, y de Eduardo Santos, expresidente de Colombia), además que su familia fue propietaria y accionista durante muchos años del periódico El Tiempo, uno de los más importantes e influyentes del país. Debido a los éxitos militares alcanzados como Ministro de Defensa, en el marco de la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, este lo nominó como su candidato a las elecciones presidenciales de 2010 a nombre del Partido Social de Unidad Nacional (conocido simplemente como Partido de la U), partido que Santos fundó inicialmente para apoyar la reelección de Álvaro Uribe en 2006, obtenida mediante una cuestionada reforma constitucional aprobada en el Congreso que permitía por una sola vez la reelección presidencial, la cual consiguió de manera contundente en primera vuelta. Aprovechando el caudal electoral que aún conservaba el presidente Uribe luego de 8 años en el poder, Santos se proclamó como continuador de su política de gobierno inscribiendo su candidatura a nombre del Partido de la U; con estas banderas, consiguió una victoria en segunda vuelta contra el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus.
Una vez instalado en el poder, Santos empezó una política de acercamiento con gobiernos latinoamericanos de izquierda, con los cuales Álvaro Uribe se había distanciado y hasta enfrentado de manera verbal acusándolos de apoyar económica y logísticamente a las FARC (Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Fidel Y Raúl Castro en Cuba, entre otros), con el objetivo de conseguir apoyo y facilidad para iniciar un proceso de paz con esta guerrilla diezmada en el plano militar, pero aún activa y muy peligrosa por sus vínculos con el narcotráfico, provocando la molestia de quienes lo habían apoyado en su candidatura presidencial empezando por su mentor político, el expresidente y elegido senador en 2014 Álvaro Uribe, terminando en la ruptura de relaciones entre ambos, convirtiéndose Uribe desde el congreso en su más grande detractor y opositor de su gobierno. El éxito parcial de los diálogos de paz con las FARC le permitió aspirar a una reelección en 2014 (la cual será la última para un presidente debido a que en 2015 se eliminó esta reforma a la Constitución aprobada en el periodo de Uribe), ganando en segunda vuelta frente al candidato del partido uribista Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Tras conseguir éxitosamente la firma de la paz con las FARC, pese a la negativa de los acuerdos por parte de los colombianos en el plebiscito de 2016, inicia conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, buscando terminar de manera definitiva el conflicto armado con las guerrillas de izquierda.
Al mismo tiempo que negociaba la paz con los grupos insurgentes, con las Bandas Criminales o BACRIM empezó una política de mano dura que le ha llevado a tener éxitos importantes, ayudando a diezmar y desarticular muchos de estos grupos delincuenciales mediante operaciones militares y policíacas, buscando que estos entren a un Sometimiento a la Justicia con la Fiscalía y, así, intentar erradicar definitivamente el problema del narcotráfico en el país e intentar acabar de manera definitiva con el conflicto armado en Colombia. Al tiempo que se firma la paz con las FARC surgen, en el interior de la organización insurgente, miembros que no están de acuerdo con los acuerdos pactados entre el secretariado y el gobierno colombiano conformando estructuras disidentes, cuyo fin es controlar los negocios ilegales que la desmovilizada guerrilla venia manejando en algunas de sus zonas de influencia incluyendo el narcotráfico; por consiguiente, el presidente Santos, a través de la Fuerza Pública, inicia el combate contra estas estructuras para someterlas a la justicia o desmantelarlas por completo.
Proceso de paz con las FARC, plebiscito, renegociación y desmovilización. Premio Nobel de Paz
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En septiembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos empezó formalmente los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC que se desarrollaron en La Habana, Cuba; pero para llegar a este punto se tuvo que llegar a dos momentos decisivos. Primero, la muerte en septiembre de 2010 (un mes después de asumir la presidencia) del jefe militar de este grupo subversivo; Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’, en el marco de la Operación Sodoma, en zona rural del municipio de La Macarena (Meta), así como también de numerosos guerrilleros que eran parte de su esquema de seguridad;[315] en ese momento ya se habían iniciado contactos entre las partes para una fase exploratoria. La otra acción importante contra este grupo subversivo es la caída en combate de Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, entonces comandante en jefe de las FARC, quien asumió tras la muerte en 2008 por causas naturales de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’; operativo realizado en el año 2011 bajo el nombre de Operación Odiseo en el departamento del Cauca.[316] En respuesta a estos ataques, las FARC realizaron una serie de ataques furtivos contra soldados y policías, en varios casos en forma de emboscadas, como el ocurrido en zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca), donde mataron a 10 militares que acampaban en una cancha, hecho ocurrido en abril de 2015, poniendo en riesgo los diálogos en La Habana; pero el hecho más recordado por la opinión pública es el atentado terrorista en 2012 contra el Ex-ministro del Interior y Justicia; Fernando Londoño Hoyos, en la ciudad de Bogotá, provocando la muerte de 2 de sus escoltas y varios civiles heridos.[317] Otras emboscadas de parte de las FARC contra la Fuerza Púbica ocurrieron en Caranal (Arauca), asesinando 15 uniformados en julio de 2013; La Montañita (Caqueta) en abril de 2012, y Tierradentro (Córdoba), matando 7 policías en septiembre de 2014.
Apenas un par de días después de haber tomado posesión como Presidente de la República, el 10 de agosto de 2010 las FARC le dan la bienvenida a Juan Manuel Santos con un atentado terrorista a Caracol Radio en la ciudad de Bogotá. Este atentado fue realizado por medio de un carro bomba activado por control remoto, el cual no deja víctimas fatales pero si muchos heridos, todos civiles.[318] Además de Sodoma y Odiseo, el gobierno lanzó otros operativos contra este grupo insurgente como la Operación Némesis, cuyo objetivo era el jefe del Bloque Sur; alias ‘Fabián Ramírez’,[319] esta vez sin éxito, pero causando bajas de guerrilleros rasos.
Después de casi cuatro (4) años de negociaciones con altas y bajas, el 23 de junio de 2016 se firmó el último de los seis (6) puntos de la agenda de negociación prevista entre el gobierno y las FARC, declarando el cese bilateral de hostilidades, el desarme, desmovilización y reintegro a la vida civil de los miembros del grupo insurgente, según declaraciones del Jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de La Calle. Todo se efectuará de manera gradual en un lapso de seis (6) meses después de la firma oficial. Pese a que en junio de 2016 se pactó el último punto de la agenda, las conversaciones se extendieron por dos (2) meses más hasta el 28 de agosto del mismo año, cuando quedó totalmente discutido y aprobado por ambas partes los Acuerdos de La Habana[320] que se firmaron de manera oficial en Cartagena el 26 de septiembre para terminar la guerra entre el gobierno y las FARC, sometiéndolos a votación del pueblo colombiano por medio de un plebiscito que se desarrolló el 2 de octubre de 2016, siendo finalmente rechazados por estrecho margen.[321]
Por parte de las FARC, en la Décima Conferencia Guerrillera, efectuada en zona rural de La Macarena (Meta), casi todos sus integrantes aceptaron acatar los acuerdos firmados con el gobierno con excepción de varios integrantes del Frente 1, quienes manifestaron en un comunicado por escrito que seguirán en armas contra el estado.[322] Por su parte, el gobierno respondió que atacará con todos los recursos disponibles a esta disidencia y las que se presenten en el transcurso del desarme de las FARC, ya que su único objetivo es el control del narcotráfico y demás actividades ilícitas en su zona de influencia (departamento del Guaviare, en el caso de los disidentes del Frente 1).[323] Aunque han hecho hostigamientos y han debido repeler ataques de la Fuerza Pública que les han provocado bajas y capturas significativas, la primera acción importante de esta disidencia fue contra un funcionario de la ONU al secuestrarlo el 4 de mayo de 2017, mientras realizaba acompañamiento en la zona al Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito del estado colombiano,[324] liberado de manera voluntaria dos meses después.[325]
Pese a la negativa de los acuerdos por parte de los colombianos, el gobierno creó espacios de diálogos con los promotores del NO a los acuerdos, específicamente con el partido opositor Centro Democrático, para renegociar o modificar los acuerdos ya firmados en consenso con los negociadores de las FARC en el menor tiempo posible para el pronto desarme de la guerrilla.[326] El 12 de noviembre, mes y medio después del plebiscito, se logró la renegociación y la modificación de los acuerdos con las FARC tomando en cuenta los argumentos y objeciones de los promotores del NO,[327] firmado el acuerdo con estas modificaciones el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá (por lo que algunos llaman a este acuerdo de manera informal como los Acuerdos del Teatro Colón) y radicado inmediatamente en el Congreso de la República para su estudio, ratificación e implementación aprobando el texto, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pese a las críticas y amenazas de demandar este nuevo acuerdo por parte del Centro Democrático, debido a la negativa del gobierno a convocar un nuevo plebiscito para que fuesen los colombianos quienes lo aprobaran. Con esta ratificación e implementación en el Congreso, inició el proceso de desmovilización de insurgentes y de entrega de las armas a la ONU en un lapso de 180 días desde el 1 de diciembre de 2016,[328] desarme que terminó el 14 de agosto de 2017, mes y medio después del plazo pactado, entregando un total de 8.112 armas al organismo internacional, además de la destrucción de municiones, caletas, minas antipersona, granadas y explosivos.[329] El gobierno, por su parte, realizó la promulgación de leyes ante el Congreso que aseguró el proceso de paz en la constitución mediante la Vía Rápida o Fast Track (discusión y aprobación inmediata de leyes en el legislativo que implican reformas constitucionales, las cuales legalmente requerirían de varios debates que tomarían meses o años realizar), mecanismo aprobado por la Corte Constitucional del país.[330]
Por su contribución a la búsqueda de la culminación del conflicto armado en Colombia (tanto con las FARC como con el ELN), el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado en Oslo (Noruega) con el Premio Nobel de la Paz en 2016.[331]
Inconcluso proceso de paz con el ELN. Guerra entre ELN y disidencia del EPL
El 30 de marzo de 2016, después de más de 24 meses de fase exploratoria y ofensivas y contraofensivas militares entre uno y otro, provocando bajas en ambos bandos (entre las más recordadas, dos emboscadas del ELN en mayo de 2013 con saldo de 10 militares muertos y uno secuestrado en Chitagá, Norte de Santander,[332] y en octubre de 2015 a una misión electoral en el municipio boyacense de Güicán, asesinando a 12 miembros de las Fuerzas Armadas[333]), el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron en Caracas (Venezuela) el inicio formal del proceso de paz para acabar el conflicto armado entre las partes, siendo Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Noruega y Cuba, los países garantes del proceso. La agenda de los diálogos contempla seis (6) puntos a discutir:
1. Participación de la sociedad
2. Democracia para la paz
3. Víctimas
4. Transformaciones para la paz
5. Seguridad para la paz y dejación de las armas
6. Garantías para el ejercicio de la acción política[334]
La primera ronda de los diálogos estaba programada para iniciar en mayo de 2016 en Ecuador,[335] pero con los secuestros y acciones terroristas realizadas en ese mismo mes por el ELN, el gobierno se niega a iniciar la negociación hasta que liberen a todos los secuestrados; los cuales, son liberados unos por presión de las Fuerzas Militares y otros por voluntad del grupo insurgente, faltando el ex-congresista Odin Sánchez Montes de Oca. El gobierno, a través del facilitador del proceso exploratorio con este grupo armado; Frank Pearl, deja en claro que, a diferencia del proceso de paz con las FARC, este proceso se efectuará en medio del conflicto con este grupo armado sin cese al fuego, argumentando que se “está ganando”.[336] A los pocos días de este anuncio, el ELN incinera ocho (8) vehículos en la via entre Pereira y Quibdo, además de secuestrar a dos (2) conductores de estos vehículos,[337] debiendo liberarlos diez (10) días después debido a la presión del Ejército en la zona.[338]
Luego de varios meses de incertidumbre esperando el rescate y/o liberación voluntaria de los secuestrados, y pese al rechazo de los colombianos a los Acuerdos de La Habana con la guerrilla de las FARC en el plebiscito del 2 de octubre; el 10 de octubre de 2016, el gobierno de Colombia y los negociadores del ELN anunciaron en conjunto el inicio formal de la mesa de diálogos en Caracas, Venezuela; programada para iniciar él 27 de ese mismo mes en Quito, Ecuador;[339] pero como a esa fecha el ELN no había liberado a Odin Sánchez, el gobierno ordenó la suspensión del inicio de los diálogos hasta que lo liberen. Por su parte, el ELN manifestó que no liberará al ex-congresista hasta que sean indultados dos guerrilleros presos en cárceles colombianas, que desempeñarán el papel de “gestores de paz” en el proceso; los cuales, según el grupo guerrillero, el gobierno se había comprometido liberar antes de iniciar la primera ronda de negociaciones.[340] El 7 de febrero de 2017, luego del cumplimiento de condiciones de ambas partes, se instaló en Quito, oficialmente, la fase pública de negociación para la culminación del conflicto armado en medio de la guerra (con secuestrados por días, ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca y asesinatos de soldados por francotiradores del ELN, además de bajas insurgentes en combates con el Ejército).[341]
El 5 de septiembre de 2017 se logra el primer gran acuerdo pactando un cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN, aprovechando la visita oficial del Papa Francisco a Colombia en esa misma semana. El cese al fuego irá de manera provisional hasta el 9 de enero de 2018, el cual se prorrogará a medida que se logren avances en la mesa de negociación sobre los puntos acordados en la agenda de paz.[342]
El 15 de marzo de 2018, luego de la suspensión de parte del gobierno de los diálogos de paz, debido a la arremetida guerrillera tras la culminación del cese al fuego bilateral el 10 de enero, provocando daños a la infraestructura petrolera y vial del país, además de la muerte de varios soldados y policías en ataques del ELN y el secuestro de un civil provocando la reacción de la Fuerza Pública, que dejó como saldo la neutralización de más de 200 guerrilleros entre capturados y dados de baja en más de dos meses de suspensión de los diálogos,[343] el gobierno y el ELN reanudan conversaciones de paz en Quito para decretar un nuevo cese al fuego bilateral y la evacuación de los puntos de la agenda de paz.[344] Cinco días después, el Frente de Guerra Nororiental del ELN, asentado en la región del Catatumbo de Norte de Santander, es atacado por el grupo disidente del Ejército Popular de Liberación, EPL (no considerado como grupo insurgente por el gobierno), donde este último les declara en un comunicado escrito, dos días después, la guerra en esta zona del país, originando zozobra y desplazamientos de la zona en conflicto por parte de los habitantes de la región, además de una docena de bajas entre los combatientes de los grupos ilegales y un miembro del Ejército, quienes buscan restablecer el orden en la zona.[345][346]
Debido al secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos y de una pareja de esa misma nación, por parte de un grupo disidente de las FARC que no se acogió a los acuerdos de paz firmados en 2016, el gobierno de ese país anunció el 18 de abril de 2018 que no continuarán los diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN en Quito, retirándose también como país garante de este proceso; Ecuador exige como condición para continuar el proceso de paz en esta nación que el ELN abandone sus prácticas terroristas.[347] Luego de varios días de incertidumbre, el gobierno y el ELN acuerdan continuar, el 10 de mayo, las negociaciones de paz en otro país garante del proceso: Cuba, instalando la mesa de negociaciones en su capital La Habana.[348] A pesar de los ingentes esfuerzos entre las partes para conseguir el cese al fuego bilateral y un acuerdo marco para lograr firmar la paz entre el gobierno y el ELN antes de la culminación del periodo de Juan Manuel Santos, no fue posible concluir de manera exitosa los diálogos de paz.[349]
Operativos contra las BACRIM
En el transcurso del gobierno Santos, hasta diciembre de 2016, se han producido más de 22.800 capturas a miembros de Bandas Criminales o BACRIM, surgidas por la negativa de un grupo numeroso de paramilitares a la desmovilización en el gobierno de Uribe; además se han incautado 10.300 armas y un millón y medio de municiones (cifras de un ejército).[350] Se ha obtenido también la incautación de más de 1.000 toneladas de cocaina a estos grupos criminales y el decomiso y destrucción de docenas de máquinas utilizadas para la minería ilegal y la intervención de más de 1.000 puntos de explotación de esta actividad, además del desmantelamiento de las bandas criminales Los Paisas y Los Rastrojos,[351] así como el debilitamiento de la Oficina de Envigado y los Bloques Meta y Libertadores del Vichada (los dos últimos creados por disidentes de la BACRIM ERPAC, quienes no se sometieron a la justicia en 2011).
El primer gran golpe ocurrió en Diciembre de 2010, al caer en combate con la Policía el jefe del ERPAC; Pedro Oliviero Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’,[352] lo que provocó la posterior desmovilización y sometimiento a la justicia de 500 miembros de esta agrupación criminal.[353] Entre las detenciones más importantes se encuentra la de Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, considerado el último gran capo de la droga que existía en Colombia, quien fuera capturado en San Cristóbal (Venezuela) en 2012, con ayuda de las autoridades venezolanas y la inteligencia estadounidense y británica.[354] No es la primera vez que un delincuente colombiano cae con ayuda de las autoridades venezolanas; también cayeron en ese país Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’, líder de la banda criminal Los Rastrojos en 2012[355] y Maximiliano Bonilla, alias ‘Valenciano’, líder de la Oficina de Envigado, capturado en 2011,[356] el cual sostenia una guerra en Medellín por el control de esta agrupación criminal con Erick Vargas, alias ‘Sebastián’, capturado en Girardota en el año 2012.[357]
Entre las ofensivas más importantes y aún en curso se encuentra la Operación Agamenón (la cual entró en su segunda fase en mayo de 2017 al reforzarse con tropas del ejército colombiano[358]), iniciada por la policía en marzo de 2015 y cuyo objetivo principal es la captura o muerte del cabecilla del Clan Úsuga o Clan del Golfo como se le conoce ahora en el gobierno (anteriormente conocidos como Los Urabeños), Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, así como los miembros de su Estado Mayor,[359] lo que provocó una dura reacción de esta BACRIM que ordeno en marzo de 2016 un paro armado por 24 horas y un Plan Pistola contra uniformados de la Policía (reiniciado este último en mayo de 2017) dejando como resultado, hasta 2018, más de 30 policías y militares asesinados en el país. Debido a los buenos resultados presentados por la Operación Agamenón (entre los que se incluyen 3 miembros del Estado Mayor de la organización abatidos y 2 capturados), el gobierno dio a conocer el 5 de septiembre de 2017 una misiva del máximo cabecilla del Clan del Golfo, donde manifiesta la voluntad de la organización para someterse a la justicia, abriendo la puerta a la desmovilización de la banda criminal o Grupo Armado Organizado (GAO) más grande de Colombia; versión confirmada por el mismo Otoniel a través de un vídeo que circuló en las redes sociales, donde afirma que busca negociar el sometimiento a la justicia de él y de sus hombres con las debidas garantías por parte del estado.[360] El hermano de Otoniel; Juan de Dios Úsuga David, alias ‘Giovany’, el otro cabecilla de esta organización criminal, fue abatido por la Policía en Enero de 2012 mientras celebraba el año nuevo en zona rural de Acandi (Choco), en el marco de la Operación Colombia 25,[361] originando otro Plan Pistola contra la Policía y un paro armado por varios días.
Otro golpe importante es el abatimiento en Norte de Santander por parte del Ejercito del llamado capo del Catatumbo, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, comandante del grupo disidente del Ejército Popular de Liberación (EPL), organización subversiva que es vista desde el gobierno de Uribe como una banda criminal por su casi exclusiva financiación del narcotráfico; hecho ocurrido en octubre de 2015. El operativo, bautizado como Operación Solemne, hizo debilitar a esta agrupación narco-subversiva, ya que ‘Megateo’ era el principal financiador de esta organización con los cultivos de hoja de coca y laboratorios para el procesamiento de cocaína que tenía en esta área geográfica de Colombia.[362]
La fuerte presión ejercida por el gobierno colombiano a través de las Fuerzas Armadas ha obligado a la entrega, en este caso a las autoridades estadounidenses en Panamá, de importantes capos de la droga como los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna, alias ‘Hermanos Comba’, en 2012.[363] Otros jefes importantes de bandas criminales que han caído por acción de las autoridades son: Darío Andrés León Humane, alias ‘Jhonatan’, jefe del Bloque Meta, capturado en noviembre de 2015;[364] Martín Farfán Díaz, alias ‘Pijarvey’, jefe del Bloque Libertadores del Vichada, abatido en octubre de 2015[365] y Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, último gran jefe de la Oficina de Envigado, capturado en diciembre de 2017.[366]
Otras ofensivas que ya se ejecutaron o están en ejecución por parte del gobierno a través de la Fuerza Pública son:
- Operación Corazón Colombia: Precursora de la “Operación Agamenón” en contra de alias ‘Otoniel’, líder del Clan del Golfo (en ese tiempo conocidos como Los Urabeños), realizada en diciembre de 2013 en el Urabá, dando como resultado la captura de 51 miembros de esta banda criminal, incluyendo cuatro (4) familiares del máximo jefe de la organización y miles de millones en efectivo. Uno era integrante de la cúpula, su primo Arley Úsuga Torres, alias ‘Cero Siete’, quien se dejó capturar para que ‘Otoniel’ escapara de la persecución de la Fuerza Pública, la cual estuvo a 300 metros del capo sin que se dieran cuenta; versión dada a conocer tiempo después por interceptaciones telefónicas hechas a la banda.[367] En la misma región del país fueron detenidos otros dos primos; Jacobo Rodríguez Úsuga y José Jubenal Úsuga, y en Medellín arrestaron a una hermana de ‘Otoniel’, Nini Johana Úsuga David, alias ‘La Negra’, señalada de administrar las finanzas de la banda, además de incautarle 1000 millones de pesos en efectivo de Los Urabeños.[368]
- Operación Némesis II: Realizado en 12 departamentos de la Región Andina, la Costa Pacífica y Caribe colombiana a finales de 2015 contra el Clan de Golfo (conocidos en ese entonces como Clan Úsuga), arrojando 76 capturas y 50 allanamientos a propiedades de esta banda criminal.[369]
- Operación Némesis V: Realizado en 10 departamentos del país en septiembre de 2016, dejando como resultado la captura de 109 miembros de bandas criminales; entre ellos, 84 del Clan del Golfo.[370]
- Operación Troya: Realizada en varias ciudades del país en septiembre de 2016, que terminó con la captura de 34 miembros de las últimas células que existían de la banda criminal Los Rastrojos, dejando prácticamente desmantelada esta organización, según fuentes del gobierno.[371]
- Operación Atenea: Su objetivo era la desarticulación de los dos grupos disidentes del ERPAC, conocidos desde marzo de 2016 por el gobierno como “Los Puntilleros”, ubicados en los Llanos Orientales. También tiene como objetivo impedir la expansión del Clan del Golfo a esta zona y evitar la conformación de nuevas organizaciones criminales en la región. Desde su comienzo en noviembre de 2015 se han capturado o dado de baja más de 10 líderes de Los Puntilleros y del Clan del Golfo, además de decenas de sus miembros. El último cabecilla sometido, Arnulfo Guzmán Hernández, alias ‘Tigre’, fue capturado cuando pretendía celebrar el Día del Amor y la Amistad el 22 de septiembre de 2017 en Villavicencio (Meta); con esta captura, quedó totalmente desmantelada la organización de Los Puntilleros según información del Ministerio de Defensa.[372]
- Operación Esparta: Su objetivo es la desarticulación del grupo disidente del EPL en el Catatumbo (desde marzo de 2016 llamado por el gobierno como “Los Pelusos”) e impedir la expansión o conformación de otras bandas criminales en la región.[373] Su primer gran golpe se dio con la captura del sucesor de ‘Megateo’ en la organización: Gullermo León Aguirre, alias ‘David León’, el 16 de septiembre de 2016 en la ciudad de Medellín.[374] Pese a ello, aún se mantiene esta operación en búsqueda de capturar o dar de baja al sucesor de ‘David León’: Jader Navarro Barbosa, alias ‘Caracho’, y a los demás miembros de Los Pelusos. Se presume la muerte de ‘Caracho’ en octubre de 2016 por complicaciones de salud, debido a un cuadro severo de diabetes, pero no hay una versión oficial del gobierno. Su reemplazo, en caso de confirmarse el deceso, seria Reinaldo Peñaranda, alias ‘Pepe’; jefe ideológico del EPL,[375] quien estaría enfrentando desde inicios del 2017 una guerra por el poder de la organización contra su jefe militar; Luis Antonio Quiceno, alias ‘Pácora’, conflicto que quedó de lado por la guerra que sostienen contra el ELN en el Catatumbo desde marzo de 2018.[376]
El gobierno colombiano ha clasificado a las bandas criminales en tres (3) clases de estructuras:
- Estructura Tipo A: Grupos que tienen influencia en varios departamentos al mismo tiempo; tienen una organización definida, jerarquizada, con mandos de poder visible y especializado, además de una importante infraestructura para delinquir. Solo estaría clasificado en este grupo el Clan del Golfo, la banda criminal más grande del país con más de 2.000 miembros. El grupo de Los Rastrojos estuvo clasificado un tiempo en esta categoría, pero con los golpes a su infraestructura y las capturas de sus miembros por parte de las autoridades, además de las deserciones de otros a su rival “Clan de Golfo”; fueron reducidos a pequeñas células que permanecieron activas hasta 2016, cuando capturaron a sus últimos integrantes.
- Estructura Tipo B: Grupos que tienen influencia en cierta región o departamento; su organización es menos jerarquizada, opera en algunas ocasiones como redes de apoyo de otras bandas más poderosas como el Clan del Golfo y su radio de acción está limitado a territorios definidos. En este grupo estarían clasificados dos (2) grupos criminales, cada uno entre 100 y 150 integrantes: Los Puntilleros (desmantelados en 2017) y Los Pelusos.
- Estructura Tipo C: Grupos que tienen operatividad local; se caracterizan por tener un portafolio criminal amplio y se denominan como bandas de “mercenarios” que prestan sus servicios al mejor postor, incluyendo a otras bandas criminales, valoradas esta clase de estructuras como “altamente peligrosas”. En esta categoría se incluirían la Oficina de Envigado, La Constru en Putumayo, La Cordillera en Pereira y Los Pachencha en Santa Marta, entre otras que ya fueron desarticuladas por el gobierno como La Empresa en Buenaventura (desmantelada con la captura de su último cabecilla Robert Quintana, alias ‘Robert’, en abril de 2017[377]) y Los Botalones en Santander (desmantelada en febrero de 2015 con la captura de su líder Ernesto Montoya, alias ‘Pequinés’[378]).[379]
Desde mayo de 2016 las bandas criminales, a través de la Directiva 015 del Ministerio de Defensa, son atacadas por las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) combatiendo a estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo bombardeos a sus campamentos.[380] De esta manera, la Policía Nacional dejó de ser la única entidad armada que combate a estos grupos por parte del estado. Esta nueva visión de las bandas criminales, incluyendo la de bombardear campamentos de estos grupos, se emplea siempre y cuando la Fiscalía o la Policía así lo requieran.[381] Esta directiva también entrega una nueva clasificación de estos grupos criminales:
- Grupo Armado Organizado (GAO): Correspondiente a grupos delincuenciales con actividad a nivel regional y nacional (Estructuras Tipo A y B). Estos grupos son los facultados para ser atacados por las Fuerzas Militares.
- Grupo Delincuencial Organizado (GDO): Correspondiente a grupos delincuenciales con actividad a nivel local (Estructuras Tipo C).[382]
Pese a este panorama, grupos como el Clan del Golfo (autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la Oficina de Envigado quieren ser incluidos en un eventual proceso de paz con el gobierno colombiano;[383][384] sin embargo el gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz, dejó en claro que estos grupos no tienen estatus político. En consecuencia, el único proceso aceptado por el gobierno con estos grupos es el de Sometimiento a la Justicia.[385]
Lucha contra disidencias de las FARC
Mientras se firmaba la paz con las FARC para iniciar el proceso de desmovilización y reinserción de los ahora exinsurgentes a la sociedad civil, la Fuerza Pública empezó a perseguir las llamadas “disidencias” que se negaron a aceptar los Acuerdos de La Habana (modificados en los llamados Acuerdos del Teatro Colón), encontrando refugio en zonas apartadas de varios departamentos del sur del país para apoderarsen de los negocios relacionados al narcotráfico y demás actividades ilícitas dejadas por las FARC. Si bien ha habido éxitos importantes para desarticular estos grupos disidentes (a septiembre de 2017 se han capturado o dado de baja, por parte del Ejército, a 58 miembros de grupos disidentes; entre ellos, 13 cabecillas, además de incautarles abundante material de guerra, cocaína y destruirles campamentos y laboratorios para procesar alcaloides[386]), también la Fuerza Pública ha cometido excesos como el ocurrido el 5 de octubre de 2017, al asesinar en zona rural de Tumaco (Nariño) a 7 campesinos que protestaban contra la erradicación de cultivos ilícitos en este departamento (según cifras de la ONU de 2013, Nariño es el departamento con más hectáreas cultivadas de hoja de coca en el país[387]). Inicialmente se responsabilizó a disidentes de las FARC que operan en el departamento, pero las posteriores investigaciones, además de las declaraciones de los manifestantes, responsabilizaron a miembros de la Policía Nacional de esta masacre, que terminó con la suspensión y traslado a otras seccionales de más de 100 policías que operaban en Nariño, además de investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.[388]
Las disidencias del Nariño, ahora conocidas con nombres como Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Resistencia Campesina, han tenido enfrentamientos no solo con la Fuerza Pública sino también con guerrilleros del Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control territorial y del narcotráfico en la zona dejada por las FARC tras su desmovilización, como el ocurrido el 27 de noviembre de 2017, donde 13 personas resultaron muertas en un presunto enfrentamiento entre estos dos grupos en zona rural del municipio de Magüí Payán. Según la información dada a conocer por el ELN en un comunicado, 10 de los muertos en el enfrentamiento (según el ELN, originado por abusos reiterados de los disidentes a la población civil) eran integrantes de las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico incluidos sus jefes, además de 6 miembros tomados como prisioneros que fueron liberados después de ser desarmados. Por su parte las autoridades departamentales, según informaciones recopiladas entre los habitantes del sector, manifestaron que fue una masacre ejecutada por el ELN donde, además de miembros de la llamada Resistencia Campesina, fueron asesinados un líder comunitario y una mujer de 22 años con 3 meses de embarazo y madre de un niño de 3 años.[389][390] Otros combates en el transcurso del año entre disidentes de las FARC y el ELN en Nariño han provocado el desplazamiento forzado de más de 200 personas y varios muertos.[391] Las disidencias también combaten entre sí por los territorios y los negocios ilícitos como el enfrentamiento ocurrido el 9 de diciembre de 2017 en zona rural de Suárez (Cauca) dejando como saldo 7 muertos y 3 heridos, todos disidentes,[392] provocando además el desplazamiento forzado de más de 470 personas de las zonas veredales donde se llevaron a cabo los enfrentamientos.[393] Se presume que otro grupo disidente de las FARC, llamado La Gente del Orden, se habría apropiado de las actividades ilegales en el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), luego del desmantelamiento del GDO La Empresa.[394] Para combatir a los grupos armados ilegales existentes en el suroccidente del país, que han provocado un clima de inseguridad en la región y y cientos de desplazados, se desplegó a comienzos de 2018 un total de 9.000 hombres de la Fuerza Pública, entre miembros del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, con el fin de recuperar el control para el estado de esta zona, plan conocido por el gobierno como Operación Hércules, dando golpes importantes a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN.[395] A finales de mayo de 2018 se confirmó, por parte de la Policía Nacional, el desmantelamiento de los grupos GUP y Resistencia Campesina con la captura de 10 de sus cabecillas, en medio de una guerra que libraban con otro grupo disidente, el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias ‘Guacho’.[396]
Desde noviembre de 2017, los grupos disidentes son considerados Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) por parte del estado; en consecuencia, las Fuerzas Militares están autorizadas para atacar y bombardear a estos remanentes.[397] Según una investigación hecha por la ONG Fundación Paz y Reconciliación, a octubre de 2017 existen aproximadamente 400 combatientes en las disidencias distribuidos en 8 departamentos del territorio nacional, y entre los líderes principales están antiguos mandos medios de las FARC como los alias ‘Cabuyo’ (responsable en septiembre de 2018 del asesinato de 4 geólogos en el Norte de Antioquia[398]), ‘Calarcá’, ‘Rodrigo Cadete’ (quien desertó del proceso de reincorporación a la vida civil) y ‘Gentil Duarte’ (este fue parte del equipo negociador del grupo insurgente en La Habana), refugiados en zonas selváticas de los departamentos del Guaviare, Guainía, Vichada, Caquetá, Vaupés y Meta. Otros como alias ‘Iván Mordisco’, ‘John 40’, ‘Giovanny Chuspas’ y ‘Julián Chollo’ están fuera del país, concretamente en Venezuela y Brasil, realizando negocios con grupos criminales de estos países para intercambiar cocaína por armas o dinero para los disidentes escondidos en la amazonia colombiana. Estos no actúan bajo un mando unificado, cada uno es independiente en sus acciones y, en el caso de los grupos presentes en los departamentos de Nariño y Cauca, se enfrentan entre sí por el control territorial y el negocio del narcotráfico. De esos 400 integrantes, 310 son exintegrantes de las FARC que desertaron de las Zonas Generales Transitorias Veredales de Normalización (lugares constituidos en el marco de los diálogos de paz para concentrar a los guerrilleros que realizaron su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil) debido a las dificultades atravesadas en la implementación de los acuerdos de paz en la parte técnica, jurídica y legal, además del asesinato de exguerrilleros y atentados contra familiares de los mismos, obligándolos a tomar acciones similares al respecto.[399] Un nuevo estudio hecho por la ONG en marzo de 2018 da cuenta que la cantidad de disidentes ha aumentado a 800 y que seguirá creciendo, pero datos de las Fuerzas Militares las inflan diciendo que son 1200 miembros aproximadamente quienes están en los grupos disidentes.[400] Si bien el centro de acción de estas disidencias esta en Colombia, de manera ocasional ingresan por la frontera hacia Ecuador para hostigar y asesinar a miembros de las Fuerzas Armadas de ese país. Inclusive, civiles ecuatorianos han sido víctimas de estos GAO´s como lo ocurrido el 26 de marzo de 2018, donde tres miembros de equipo periodístico del diario El Comercio fueron secuestrados y, posteriormente, asesinados por una disidencia presente en Nariño que está dirigida por alias ‘Guacho’, quien tampoco se acogió a los Acuerdos de La Habana.[401][402] Esto, sumado al secuestro de una pareja de ecuatorianos por parte de la misma disidencia de las FARC, cuyos cadáveres fueron localizados en julio de 2018 en zona rural de Tumaco,[403] provocó el 18 de mayo de 2018 la suspensión, de parte del gobierno ecuatoriano, de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN que se desarrollaban en Quito, además del retiro de esta nación como país garante del proceso.[404] A pesar de estos inconvenientes, el Ministerio de Defensa reportó, a mayo de 2018, la neutralización, entre capturas y muertes, de más de 300 hombres de disidencias y 80 entregas de manera voluntaria.[405]
Aunque son estructuras independientes, las disidencias de la amazonia estarían trabajando en conjunto con el fin de constituir un corredor para el transporte de droga por los Llanos Orientales, donde se procesa la cocaína, para que esta llegue a Brasil y Venezuela y, de estos países, sea finalmente exportada hacia Europa o Estados Unidos, según información obtenida por la fiscalía e inteligencia militar colombiana. Como una forma de mantener el temor ante sus víctimas y el prestigio ante los narcotraficantes con quienes hacen negocios, estas disidencias siguen vistiendo y usando los uniformes, fusiles y brazaletes que utilizaban las FARC en su época de insurgentes, pero el partido político de la exguerrilla manifestó no tener relación alguna con ellos y tomaron distancia de los que ellos llaman “desertores”. Por su parte, el gobierno manifestó que los combatirán como delincuentes comunes.[406] Según un informe de la revista Semana, los grupos disidentes de las FARC buscan reorganizarsen para refundar la antigua guerrilla pero, a través de la Operación Zeus, plan de ataque implementado por las Fuerzas Militares desde 2017 contra los grupos disidentes en el sur del país, esta idea se ha ido quebrando gracias a los resultados de esta operación que ha dejado, hasta julio de 2018, más de 500 bajas a los grupos disidentes, entre capturas y muertes, además de la incautación de gran cantidad de armamento y cocaína.[407]
Gobierno Duque
Sin tener casi experiencia en cargos públicos (su único cargo fue como senador de la república en el periodo 2014-2018 por el partido de derecha Centro Democrático, en lista cerrada encabezada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez), Iván Duque Márquez llega a la presidencia de la república gracias al respaldo dado por el expresidente y su movimiento político, obteniendo mayorías en el Senado gracias a los casi 900.000 votos que consiguió Uribe en las elecciones legislativas de 2018 repitiendo curúl, consiguiendo de paso la mayor votación para un congresista en la historia de Colombia.[408] Luego de una campaña política llena de polémicas y ataques verbales entre los aspirantes presidenciales, Iván Duque gana en segunda vuelta presidencial las elecciones de 2018 ante Gustavo Petro, siendo la primera vez en la historia política de Colombia que un candidato de izquierda llega a esta instancia electoral.[409] Duque, al igual que su mentor Álvaro Uribe, propone modificar los acuerdos de paz firmados por su antecesor y rival político de Uribe, Juan Manuel Santos, con la exguerrilla de las FARC, corrigiendo lo que considera “fallas estructurales” del proceso de paz, poniendo en riesgo lo conseguido en La Habana, objetivo que no consigue al ser rechazadas por el Congreso las objeciones de la presidencia al acuerdo de paz. De igual manera, manifiesta que el proceso de paz con la guerrilla del ELN no debe continuar si estos siguen cometiendo actos terroristas en el transcurso de los diálogos, proponiendo que se concentren en zonas del país con supervisión internacional y con reducción de penas, revisando también lo negociado hasta el momento por el gobierno anterior para eliminar el narcotráfico y el secuestro como delitos conexos al delito político en el conflicto armado, arriesgándose a perder su estatus de grupo ilegal con carácter político para convertirse en un grupo delincuencial tipo GAO si no aceptan continuar el proceso bajo estas condiciones. Finalmente, propone una guerra sin tregua contra la corrupción, el narcotráfico, los Grupos Armados Organizados (GAO), residuales o no, y la delincuencia en las ciudades, llamando además a la reconciliación nacional luego de la agresiva campaña política, que dejó dividido el país entre izquierda y derecha. En el plano internacional, propone ratificar y mejorar las buenas relaciones y acuerdos con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales colombianos, varios de ellos apoyados extraoficialmente por el gobierno bolivariano de Venezuela.[410][411][412][413]
Acusaciones a Venezuela de apoyar al ELN y disidencias de las FARC
Desde el inicio de su gobierno, Iván Duque ha acusado al gobierno de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, de brindarle apoyo extraoficial a la guerrilla del ELN, permitiéndoles el escape a los guerrilleros por la frontera para protegersen de ataques de las Fuerzas Armadas colombianas y refugiarsen en territorio venezolano, desde donde planean atentados terroristas contra la infraestructura nacional y el pueblo colombiano, motivo por el cual Duque dejó de reconocer a este país como uno de los países garantes en el proceso de paz que el gobierno colombiano mantenía con esta guerrilla, recordándole a Maduro la crisis humanitaria que atraviesa el vecino país y de la cual Colombia ha sido victima por la cantidad de venezolanos que han llegado buscando un mejor futuro (según datos de Migración Colombia, más de un millón de venezolanos han llegado al país desde el inicio de la crisis en 2013, sin contar los que están de paso para llegar a países como Ecuador, Perú y Chile).[414][415] La presencia del ELN en Venezuela quedó confirmada con la muerte en noviembre de 2018 de 3 miembros de la Guardia Nacional en el Estado Amazonas, en retaliación por la captura de un cabecilla guerrillero en el vecino país (el Ministerio de Defensa venezolano afirmó que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares colombianos”[416]). Además, diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora al gobierno, han denunciado la presencia del ELN en las zonas mineras del país apoyados por el gobierno central, donde han realizado masacres contra grupos de mineros como parte de una guerra que la guerrilla colombiana ha declarado contra las mafias locales de la minería venezolana, con el objetivo de controlar estas minas y explotar sus recursos naturales para el gobierno venezolano a cambio de protección y financiación del régimen bolivariano al ELN.[417] Según Insight Crime, el ELN opera en al menos 12 de 23 estados de Venezuela.[418]
Tras el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, el presidente Duque amenazó con denunciar a “cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio” haciendo clara alución al país vecino, exigiéndole que entreguen a las autoridades colombianas a tres miembros del Comando Central (COCE) del ELN los cuales, presuntamente, se encuentran en Venezuela y tienen circulares rojas de Interpol, pidiendo aclarar si se encuentran o no en territorio venezolano. Por su parte, el gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta oficial a este pedido.[419] De igual manera, Iván Duque ha acusado a "sectores cercanos a la dictadura de Venezuela" de apoyar las disidencias de las FARC en su propósito de reconstruir la guerrilla luego de la desmovilización de gran parte de sus integrantes tras los acuerdos de paz, acusación hecha luego de un operativo militar el 2 de febrero de 2019 que terminara con la muerte de alias Rodrigo Cadete, disidente de las FARC que venía creando estructuras en Venezuela con el apoyo de algunos sectores cercanos a Nicolás Maduro, a quien además Duque no reconoce como presidente luego de tomar posesión de su segundo mandato el 10 de enero de 2019, mandato considerado "ilegítimo" por más de 50 gobiernos americanos y europeos, así como por organismos como la OEA y el Grupo de Lima, actuando como vocero ante la comunidad internacional contra el régimen bolivariano al considerar las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 como "viciadas" y "poco transparentes".[420][421]
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Sigue lucha contra disidencias de las FARC. Cárteles mexicanos en Colombia
Su primer gran logro, en el marco del conflicto armado contra estas disidencias, se dio el 21 de diciembre de 2018 con la muerte de alias Guacho, jefe del GAOR Frente Oliver Sinisterra, en zona rural de Tumaco (Nariño), en un operativo de la Fiscalía y la Fuerza Pública denominado Operación David, parte de la Operación Hércules contra los grupos ilegales de esta zona del país.[422] Este delincuente era el enlace con el Cartel de Sinaloa de México del cual, según las investigaciones, el grupo criminal de Guacho es o era el brazo armado de este cartel en Colombia. Agregado a esto, los arrestos de ciudadanos mexicanos en el país confirman la sospecha de las autoridades colombianas que los dos poderosos carteles de la droga de México (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) están haciendo presencia, desde 2017, en Colombia para intentar apoderarsen ellos mismos del negocio ilícito del narcotráfico en toda su cadena de producción, desde el cultivo de hoja de coca hasta el envío de cocaína al exterior, evitando la intermediación de los GAO´s y GAOR´s afectados con las acciones militares en su contra por parte de las autoridades colombianas, en lo militar y económico, incumpliendo con la entrega de cocaína requerida por los carteles mexicanos debido a las grandes cantidades decomisadas, las hectáreas de coca erradicadas y los numerosos laboratorios destruidos, sumando también un golpe a las finanzas de los grupos criminales mexicanos al ser quienes asumen las perdidas económicas por la cocaína incautada.[423][424]
Otro golpe importante infringido a los GAOR´s se dio el 2 de febrero de 2019 al ser dado de baja alias Rodrigo Cadete, uno de los jefes que tenían en la región de la Amazonia, luego de un bombardeo que las Fuerzas Armadas realizaran a su facción en zona rural de San Vicente del Caguán, como parte de la Operación Zeus contra las disidencias en esta zona del país. Cadete se había acogido a los acuerdos de paz pero desertó, un año después de firmados, para ingresar a las disidencias del sur del país comandadas por alias Gentil Duarte.[425]
Fin del proceso de paz con el ELN. Crisis con países garantes
Desde el inicio de su gobierno, Iván Duque no se mostró partidario de negociar con la guerrilla del ELN hasta que estos liberaran a sus secuestrados y cesaran definitivamente sus acciones terroristas, prueba de ello es que nunca envió un equipo negociador en el proceso de paz con la guerrilla en La Habana. Por su parte, el ELN se negaba a este requerimiento del gobierno al considerar que el acuerdo con el anterior mandatario, Juan Manuel Santos, era continuar los diálogos en medio de la confrontación armada, lo que a su juicio debería ser respetado por el nuevo gobierno sin cambiar de un momento a otro las condiciones pactadas previamente. Mientras las acciones militares se daban entre bando y bando sin reactivarse los diálogos, las opiniones en el país se encontraban divididas entre continuar o no el proceso de paz con el ELN: De un lado, los partidos de la coalición de gobierno (incluyendo el del gobernante Centro Democrático) y una buena parte de la sociedad civil, quienes exigían terminar el proceso de paz al no encontrar voluntad de parte del ELN para continuar el dialogo y terminar sus acciones de guerra; de otro lado, los partidos de oposición y otra gran parte de la sociedad civil, además de la comunidad internacional, quienes solicitaban al gobierno continuar los diálogos para buscar un cese al fuego bilateral. El 17 de enero de 2019, tras un atentado con carro bomba perpetrado por el ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, que dejó como resultado 23 muertos (incluyendo el autor material y una cadete ecuatoriana que desarrollaba su formación policial en Colombia) y casi 100 heridos (incluyendo una cadete ecuatoriana y dos cadetes panameños), el presidente Duque ordenó reactivar las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de paz de ese grupo en Cuba, revocando la resolución que creaba las condiciones que permitían su permanencia en ese país; en consecuencia, el mandatario puso fin al proceso de paz que se venía realizando con esa guerrilla.[426] Así mismo, Iván Duque exigió al gobierno cubano capturar a los miembros de la mesa negociadora del ELN que se encuentran en su país al reactivarse las circulares rojas de Interpol para que respondan ante la justicia, buscando obligar a este país a cumplir los compromisos adquiridos como miembro de esta organización internacional[427]; por su parte, Cuba y Noruega, dos de los países garantes del proceso, manifestaron que respetarán los protocolos pactados entre el gobierno y el ELN en caso de rompimiento de los diálogos y que no implican entregar a las autoridades colombianas a los negociadores de paz del ELN.[428][429]
Incremento de operaciones contra GAO´s
El propósito desde la presidencia de luchar sin tregua contra los Grupos Armados Organizados (GAO) ha provocado grandes bajas, capturas y deserciones en estos grupos ilegales que dependen de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, las cuales se han visto afectadas con el aumento del pie de fuerza en las zonas donde los GAO´s hacen presencia como la región del Bajo Cauca en Antioquia, donde existe desde comienzos de 2018 una guerra entre el Clan del Golfo y su grupo disidente "Los Caparrapos", quienes al ver como el grupo de alias Otoniel está siendo diezmado por la Fuerza Pública en el Urabá y en otras regiones del país, decidieron excindirsen del Clan del Golfo declarándoles la guerra, afectando a la población civil que reside en esta región del país. Esta situación, sumada a la presencia del ELN y disidencias de las FARC al mando de alias Cabuyo, con quienes el Clan del Golfo y Los Caparrapos también tienen confrontaciones por el control de la zona, han provocado la muerte de civiles y el desplazamiento forzado a los cascos urbanos de Caucasia y Tarazá, entre otros municipios del Bajo Cauca. Para combatir esto grupos y pacificar la región, el presidente Iván Duque autorizó constituir a finales de 2018 la Operación Aquiles, conformada por unidades especiales del Ejército que trabajan en conjunto con las Fuerzas Militares y de Policía acantonadas en el Bajo Cauca, obteniendo resultados positivos en cuanto a capturas, destrucción de retroexcavadoras utilizadas en minería ilegal e incautación de armas largas y cortas.[430][431] Duque también reforzó operaciones militares que, desde el gobierno anterior, combate GAO´s como la Operación Agamenón, que busca desmantelar al Clan del Golfo y capturar o dar de baja a su líder, Dairo Úsuga, alias Otoniel, escondido en el Urabá junto a su debilitado Estado Mayor; también está la Operación Esparta, que busca desmantelar al GAO "Los Pelusos", asentados en el Catatumbo y afectados por la guerra que sostienen con el ELN en la región, a quienes también esta dirigido el operativo; guerra que a febrero de 2019 deja más de 100 muertos entre asesinados y desaparecidos. El primer golpe de Duque a Los Pelusos ocurrió el 28 de enero de 2019, al ser capturado en Pueblo Bello (Cesar) Reinaldo Peñaranda, alias Pepe, quien era uno de los dos máximos líderes del grupo criminal que se hacen llamar Ejército Popular de Liberación (EPL), siendo realmente una pequeña disidencia de esta antigua guerrilla que se desmovilizó en 1991. Pepe se encontraba en guerra con el otro máximo líder de Los Pelusos, Luis Antonio Quiceno, alias Pacora, pero huyó a Venezuela con el inicio de la guerra que Los Pelusos le declararon al ELN, país donde coordinaba el envío de cocaína a través de pistas clandestinas. En el Cesar, donde fue capturado, estaba planeando enviar droga a Estados Unidos y Centroamérica ya que, presuntamente, tendría nexos con carteles de Honduras y Guatemala.[432]
Efectos
El conflicto armado colombiano ha generado miles de muertos, lisiados, secuestrados, y afectados por diferentes acciones terroristas una de las peores crisis de desplazamiento forzado en el mundo y desaparecidos, lo que ha conllevado a que Colombia sea clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de drogas ilegales.[433][434] Desde 1964 se han presentado innumerables combates, asaltos a bases militares, tomas de cabeceras municipales, masacres y atentados terroristas que han dejado miles de muertos, heridos o desaparecidos.
Pérdidas y abusos a los derechos humanos
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) entre el 1 de enero de 1970 y el primer trimestre de 1981, ocurrieron numerosos asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones de los Derechos Humanos. “Desde 1970 hasta marzo de 1981 se presentaron 1053 asesinatos y 7571 casos de torturas provocados principalmente por las Fuerzas Armadas”.[437] Por su parte, Amnistía Internacional, informó que entre 2006 y 2008, las comunidades que han sido golpeadas con mayor dureza por el conflicto, son miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, víctimas de homicidio o de desplazamiento forzado. En 2007 hubo alrededor de 1400 homicidios de civiles, superior a los 1300 que se dieron en 2006. En los casos en los que se logró identificar a los autores, las fuerzas estatales fueron responsables de al menos 330, los grupos paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de alrededor de 260.[438]
En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, estás generalmente se centran en la población campesina, líderes comunitarios, indígenas, trabajadores, y personas socialmente marginadas, previamente detenidas de manera arbitraria, señaladas por informantes que buscan obtener recompensas o beneficios judiciales, y asesinadas posteriormente para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate.
Por otra parte, de acuerdo a reportes del Comité para los Refugiados de Naciones Unidas, en el 2008 se presentararon hechos de reclutamiento forzado de menores de edad por partes de las fuerzas del estado para recopilar información de inteligencia de los grupos armados ilegales. Según el mismo organismo, las guerrillas de las FARC y el ELN, además de grupos paramilitares no desmovilizados, practicaron el reclutamiento forzado de niños, que se ha extendido a regiones fronterizas con Venezuela y Ecuador.[439]
También se destaca a Colombia entre los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas.[440]
El desplazamiento ha contribuido a empeorar el conflicto. Con casi 400.000 refugiados y entre 4,9 y 5,5 millones de desplazados internos en 2012, el país es protagonista del mayor drama humanitario del América latina, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).[436][441]
Asimismo, se calcula que en Colombia hay sembradas unas 100 mil minas antipersonal, donde las principales víctimas son los civiles que han contribuido a aumentar las cifras de muertes o lisiados.[442]
Violencia contra población LGBT
Desde 2011 el Estado Colombiano reconoció la categoría de orientación sexual en la definición de víctima del conflicto, amparando a las personas LGBT dentro de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.[443] Entre 1982 y 1996[444] es el periodo en el cual se profundizaron los discursos de odio contra los sectores sociales LGBT, debido a la proliferación de y consolidación de nuevos grupos armados ilegales, y la desprotección constitucional. [5]
Los paramilitares, guerrillas, el Estado y la fuerza pública ejercieron violencias diferenciadas a gais, lesbianas, bisexuales y trans por razón de su orientación sexual o identidad de género. Además, se impusieron las “limpiezas sociales” para excluirlos, matarlos, desplazarlos o violarlos, esto queda evidenciado en el informe “Vivir bajo sospecha”, de Colombia Diversa,[445] y el informe “Aniquilar la Diferencia” del Centro Nacional de Memoria Histórica.[446]
En el Registro Único de Víctimas de Colombia se reconocen aproximadamente 3000 hechos victimizantes contra la población LGBT:[447]
| Hecho victimizante | Cifra |
|---|---|
| Homicidio | 109 |
| Abandono o despojo forzado de tierras | N/A |
| Pérdida de bienes muebles o inmuebles | 30 |
| Sin información | 2 |
| Desaparición forzada | 18 |
| Secuestro | 18 |
| Tortura | 28 |
| Delitos contra la libertad y la integridad sexual | 209 |
| Otro | 2 |
| Vinculación de niños, niñas y adolescentes | 6 |
| Otros | 28 |
| Acto terrorista/Atentados/Combates/Hostigamientos | 28 |
| Amenaza | 535 |
| Minas antipersonal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo | 1 |
| Desplazamiento | 2069 |
Opinión pública sobre la guerra
A lo largo del conflicto armado colombiano se han producido protestas populares contra los hechos violentos causados por los diferentes actores del conflicto armado, y en otros en apoyo a alguno de los actores. Los más importantes han sido el Movimiento de la “Séptima papeleta” que en parte se le atribuyó el impulso para la creación de la Constitución de Colombia de 1991, el del Mandato por la Paz de 1997.[448] A principios del siglo XXI se llevaron a cabo Homenaje a las víctimas del paramilitarismo, la parapolítica y los crímenes de Estado, Un millón de voces contra las FARC y el Gran Concierto por la Paz del 20 de julio de 2008.[449]
Internacionalmente, en países que empiezan a presentar fenómenos crecientes de criminalidad se emplea como sinónimo el término “Colombianización”, para expresar unos dinámicas donde hacen convergencia el narcotráfico, la violencia y la corrupción. El término ha sido utilizado por la prensa de países como Guatemala[450] México,[451] Venezuela,[452] Nicaragua y Ecuador.[453][454] A Colombia se le ha asociado incluso con Afganistán por la asociación entre mafias terroristas y narcotráfico.[455]
Impacto ambiental
En relación con el impacto ambiental, un periodista británico que investigo sus efectos, revelo que la aspersión de los cultivos de coca había arrasado tanto la vegetación natural como sembrados lícitos (entre estos, 3000 hectáreas de cultivos alternativos). Aparte de estas perdidas que afectaban la supervivencia humana de la región la ayuda prometida de US$81millones para adelantar la sustitución de cultivos había ido aparar, presumiblemente, a manos de políticos corruptos. Por otro lado contradiciendo las aseveraciones del Plan Colombia según las cuales el glifosato es un herbicida inofensivo, tras cada fumigación aérea el hospital de Puerto Asís atendió numerosos casos de envenenamiento y de problemas respiratorios severos sobre todo de niños que habían entrado en contacto con el químico o habían bebido agua contaminada por este. También hay que tomar en cuenta las consecuencias que ha generado otra fuente de financiación de los grupos armados ilegales, aparte del narcotráfico y la extorsión, que ha tomado mucha fuerza a partir del año 2010: La minería ilegal, en especial, la explotación de oro. Consecuencias como la destrucción de la flora y fauna de los bosques donde se encuentran los yacimientos oríferos (Colombia es el segundo país con más biodiversidad en el planeta) por acción de las máquinas retroexcavadoras, además de la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen la agricultura, la pesca y los acueductos de los municipios, producto de la incorrecta disposición final del mercurio y el cianuro, importantes para el hallazgo de oro.[456]
Debate político por definición de “conflicto interno” y beligerancia
La definición de «conflicto interno», al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante la presidencia de Álvaro Uribe. El 7 de febrero de 2008, el principal asesor del presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, calificó a las guerrillas de amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un “conflicto interno” les daría cierto poder a las FARC y eso entorpecería lograr la paz.[457] Las FARC perdieron el estatus de 'beligerante' tras el término de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana Arango. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel “grupo de población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y vigente establecido”. En el Derecho Internacional, para que pueda un Movimiento, Comunidad o Grupo beligerante ser reconocido, es necesario que se les otorgue reconocimiento jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además de reunir las siguientes condiciones:[458]
- «Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado»:[458] El gobierno de Colombia aduce que las FARC y ELN dejaron de controlar territorios, después que el gobierno anunciara que la fuerza pública había logrado recuperar el control de todos los municipios del país.[457]
- «Constitución de un aparato político-militar»:[458] Contrario a la autodefinición de las FARC y el ELN, el gobierno colombiano, como el de Álvaro Uribe han aducido en ocasiones que las guerrillas utilizan la política para escudar otras acciones ilegales de las que se benefician integrantes de los grupos irregulares, como el narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, el abigeato, el robo, el secuestro y la extorsión.[459]
- «Aplicación irrestricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario»:[458] El gobierno colombiano acusa a las FARC de violar constantemente el Derecho Internacional Humanitario, por lo que niega que cumpla con los requerimientos de beligerancia. Las guerrillas como las Farc han acusado al gobierno de ser ilegítimo por hechos de corrupción en los procesos de elección. Organizaciones como Human Rights Watch han instado tanto al gobierno colombiano como a las grupos irregulares a respetar y seguir las normas del DIH.[460]
En virtud de la Ley 762 que reemplazó lo proveído en la Ley 418, no es necesario calificar como grupo “político” a un grupo “terrorista” para negociar.[461][462]
En la actualidad en Colombia el 9 de abril es destinado para conmemora el día de las víctimas, conflicto abominable que se ha llevado vidas, sueños , ilusiones y sonrisas a su paso. Gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) se dio la iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos al reconoce la existencia de un conflicto armado interno.[463] De acuerdo con Santos, el reconocimiento del conflicto no implica un reconocimiento a la beligerancia de los grupos armados ilegales.[464] Esta decisión, sin embargo, ha sido criticada por el expresidente Uribe y sectores afines.
Véase también
- Cronología del conflicto armado colombiano
- Lista de hechos de violencia del conflicto armado interno en Colombia
- La Violencia
- Categoría:Víctimas del conflicto armado en Colombia
- Implicación de la CIA en el tráfico de drogas
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