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La Reforma Agraria en el Perú

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En 1961 aproximadamente, se remontan los inicios de las acciones guerrilleras rurales bajo la influencia de Cuba.[1]

El 18 de julio de1962 el comando conjunto de las fuerzas armadas, presidido por el general Ricardo Pérez Godoy depone al presidente Manuel Prado para evitar posibles elecciones fraudulentas, se conformó una Junta Militar de Gobierno. Este mismo año la Junta Militar promulgó la ley de bases de la Reforma Agraria.[2]

El 28 de Julio de 1963 Fernando Belaúnde Terry asume la Presidencia Constitucional de la República.

Busto de Luis de la Puente Uceda sin nombre, en la Facultad de Derecho y Ciencia Politica de la UNMSM

A inicios de 1964 el Ejecutivo presenta un proyecto de ley de Reforma agraria, que sufre un bloqueo por parte del APRA y la Unión Nacional Odriista, que eran mayoría parlamentaria en ese entonces. En el gobierno de Belaunde se comenzó con la expropiación, sobre todo de latifundios de la sierra.[3]

El 10 de setiembre de 1968 el presidente de la empresa petrolera fiscal, Loret de Mola, denunció la falta de una página en el acta de Talara, firmada entre el gobierno y la International Petroleum Company (IPC). Era el escándalo de la página 11.

El 3 de octubre de 1968 las Fuerzas Armadas, al mando de Juan Velasco Alvarado, toman el poder por medio de un golpe de estado. Belaúnde fue desterrado a Buenos Aires.

El 9 de octubre de 1968  las Fuerzas Armadas efectuaron la toma de Talara. A este evento se le llamó el día de la “Dignidad Nacional”. Fue la primera de las múltiples acciones antiimperialistas de la dictadura.

El 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario emitió el decreto ley N° 17716 o de Reforma Agraria y el 23 de setiembre su reglamentación.

El 7 de octubre de 1972 el gobierno creo el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), un organismo que buscaba la participación plena del pueblo en toda acción revolucionaria.

El 5 de febrero de 1975 se desató una huelga de policías que generó varios saqueos y la posterior entrada del ejército.

El 29 de agosto de 1975 se pronunció, en Tacna, Francisco Morales Bermúdez, dando con la segunda etapa del gobierno militar.

A fines de 1977, Juan Velasco Alvarado fallece en Lima.

Descripción

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Las guerrillas rurales actuaban bajo el ideal de la liberación de la explotación del campesino. Bajo la influencia de la Revolución Cubana nace el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), comandado por Luis de la Puente Uceda y el Frente de Izquierda Revolucionaria, liderada por Hugo Blanco. La guerrilla empezó en el campo porque se consideraba el terreno más fértil para la acción armada. Las acciones tenían siempre como propósito repartir la tierra a los campesinos.[4]

La junta militar que en 1962 derrocó al presidente Prado, promulgó la ley de bases de la Reforma Agraria con el fin de disminuir la tensión campesina y la expansión del sindicalismo agrario. Sin embargo, no se logró neutralizar la movilización campesina.[5]

A inicios del gobierno de Belaúnde, el debate de la Reforma Agraria estaba en su momento más álgido. Tras las promesas populistas miles de campesinos invadieron algunas haciendas de Junín con lo cual el gobierno presentó un proyecto de ley de Reforma Agraria. Pero la oposición en le Congreso era muy fuerte, en especial la unión de los Apristas con los Odriistas, lo que generó una traba para la realización optima de aquél proyecto ley, convirtiéndolo en un documento inoperante.

El escándalo de la página 11 denunciada por el presidente de la empresa petrolera fiscal, Loret de Mola, que en resumen fue la pérdida de una de las páginas del acuerdo entre la IPC y la empresa petrolera fiscal, generó una gran crítica hacia el gobierno, pues se concluía que el acta de Talara no había sido en realidad un triunfo para el Perú.

El presidente del comando conjunto, Juan Velasco Alvarado, depuso violentamente a Belaunde de la presidencia de la república el 3 de octubre de 1968. Ese mismo día se instaló el Gobierno revolucionario de las fuerzas armadas.

Una de las reformas drásticas aplicadas fue la Reforma Agraria, que dio gran importancia a la distribución de tierra a los campesinos. La reforma de Belaúnde no afectaba a los azucareros de la costa, pero en la Reforma de Velasco, la medición y determinación de las tierras con las cuales podía quedarse el propietario, serian establecidas por el tribunal agrario y los jueces de tierra. En resumen, se partía del principio de que la tierra debía ser para el que la trabaje.[6]​Para el sociólogo Sinesio López, esta era una reforma radical, muy diferente a lo que se llegó alguna vez con los movimientos guerrilleros como el de cuba.[7]

El ideal del campesino era la parcelación de las tierras, el desarrollo de una economía familiar, lo que a Velasco no convencía aduciendo que generaría problemas de producción. Es por ello que la ley estableció la extensión máxima de las propiedades de la siguiente manera: 150 hectáreas en la costa, 1500 hectáreas en las haciendas ganaderas y de 15 a 55 hectáreas en la sierra y ceja de selva. Además se estableció que los propietarios serían indemnizados en bonos y en efectivo, con el objetivo de que los bonos fueran invertidos en la industria.

Pero en la realidad, al dar al SINAMOS el poder de la aplicación de la reforma, se incitó al campesinado a apoderarse de las tierras y de las pertenencias de los hacendados, se abusó de la tasación de las tierras y de los enseres. Se dio preferencia a las formas de propiedad colectiva como las CAP y SAIS, en donde todos eran propietarios de todo, desapareciendo así el latifundio, la mediana y la pequeña propiedad.La consecuencia fue la negación de préstamos a los nuevos propietarios por parte del Banco Agrario, lo que generó la falta de semillas, fertilizantes, instrumentos de labranza, etc.[8]

La producción agrícola se estancó, los campesinos quedaron endeudados con el estado y el Perú tuvo que importar hasta papa y azúcar. Se produjo la migración de campesinos del campo a la capital, ocasionando así el aumento de los barrios marginales.[8]

La Movilización Política y Social a través del SINAMOS

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Desde el inicio del proceso de reformas, el gobierno tenía clara la necesidad de establecer un control político sobre los diferentes sectores sociales, especialmente los beneficiados con las reformas. Se buscaba así garantizar el apoyo popular al proceso reformista y al gobierno mediante un organismo administrativo que sustituiría a los partidos políticos: El SINAMOS, a través del cual el pueblo organizado haría llegar al gobierno sus reivindicaciones especialmente a nivel local. Se buscaba así también la conciliación de intereses complementando reformas como las comunidades industriales, para lo cual se combinaban paternalismo y control autoritario, elementos complementarios del comportamiento del gobierno frente a la movilización social.

Si bien el SINAMOS recogía iniciativas y reivindicaciones, las decisiones últimas estaban controladas por el gobierno militar y se esperaba de sus integrantes la actitud del subordinado pasivo y agradecido. El acento hacia uno u otro polo dependía de las coyunturas políticas y del grado del cuestionamiento al proceso reformista y al gobierno. Como era de esperarse, el control autoritario se acrecentó con la contrarreforma.

La organización del SINAMOS fue piramidal, de arriba abajo, dividida en niveles (nacional, departamental y local) ; era asimismo corporativo ya que los organismos que la integraban se dividían en sectores (comunidades industriales, cooperativas,  pueblos jóvenes, sindicatos, etc.). En ese sentido, la retención del poder por las fuerzas armadas fue un rasgo especial del gobierno militar; sin embargo, el modelo del SINAMOS implicaba organizar a aquellos sectores que no lo estaban y darles mínimos espacios de acción, aunque sin permitirles cuestionamiento alguno. De esta manera se dio un proceso de organización y movilización social como no se había dado antes, resultado no deseado por el gobierno militar.

Inicialmente se impulsó al SINAMOS como una plasmación del postulado de la “democracia social de participación plena”, postura rechazada por los diferentes sectores políticos, e inclusive por algunos del gobierno. Para los conservadores se trataba de un plan creado por la” infiltración comunista en el gobierno”, y para la izquierda, de un instrumento de control “fascista”. Los vaivenes de su funcionamiento y organización son también expresión de los cambios en la coyuntura política y el desarrollo de las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas.

A medida que se desenvolvía el proceso de reformas, SINAMOS se convierte en el centro de fuertes tensiones, ya que de un organismo de control de la movilización social se convirtió, a la larga, en uno de los elementos centrales de la concientización política de los sectores populares. Este proceso no se dio sólo en las zonas urbanas, sino que también tuvo un rol muy importante en el campo, creado e impulsando la organización de las cooperativas agrarias y de la Confederación Nacional Agraria  (CNA) como única manera de garantizar la implementación de la reforma del sector. Pero el SINAMOS no sólo organiza,  también practicaba el paralelismo y la división de organismos existentes, como una manera de enfrentar a las fuerzas políticas con bases populares como el PAP y la izquierda. Son los casos por ejemplo de la confederación de trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), creada en 1972 para neutralizar a las otras centrales sindicales; del sindicato de educadores de la Revolución Peruana (SERP), para contrarrestar al Sindicato Único de trabajadores de la educación (SUTEP); de la división de la Confederación Nacional de comunidades industriales (CONACI). Destaca la creación del Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), con el propósito de garantizar la estatización del sector pesquero, utilizando para ello métodos violentos.

Podemos dividir la evolución del SINAMOS en tres etapas: la primera,  de 1969 a 1973, cuando el gobierno logra implementar las principales organizaciones de apoyo, en un contexto de iniciativa política en la puesta en marcha del proceso reformista; en la segunda, de 1973 a 1975, el control gubernamental se deja sentir sobre la movilización social, realizando operativos de paralelismo, división y asalto a las organizaciones sociales que mantuvieron su independencia; en la tercera, de 1976 a 1978, el SINAMOS pasó a ser dirigido por los sectores más conservadores del gobierno, hasta su definitiva desactivación.[9]

La Movilización Campesina frente a la Reforma Agraria

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El objetivo central de la reforma agraria buscaba una drástica redistribución de la propiedad y el impulso de formas cooperativas de producción, beneficiando preferentemente a los trabajadores del agro. Inicialmente la reforma agraria se implementa en las haciendas de la costa norte, ya que representaban al sector moderno del agro y la base económica de los sectores agroexportadores –pilares de la alianza oligárquica- y porque allí se concentraba la influencia del sindicalismo aprista, controlado por la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP), afiliada a la CTP.

Será en estas propiedades donde se producirán las primeras movilizaciones campesinas debido a que si bien formalmente las cooperativas pertenecían a los socios, el estado ejercía el control efectivo en la dirección de estas. Entre 1970 y 1972 los trabajadores y el estado se enfrentan en torno a la capacidad de decisión sobre las cooperativas, produciéndose huelgas en pomalca, Cayaltí, Pucalá, Paramonga, Cartavio y Tumán. El gobierno respondió con mayores controles a través del sistema de asesoramiento y fiscalización (SAFCAP), y sancionando el recurso a la huelga como delito de Sabotaje a la reforma agraria, sujeto al fuero militar.

Más al sur se realizaron movilizaciones campesinas para modificar el régimen de parcelaciones por iniciativa privada, recogido por la ley de reforma agraria de 1969, ya que de esa manera los propietarios se proponían evadir la expropiación. Este fue el caso de la Hacienda “Huando” en el valle de Huaral en 1970, donde la movilización buscó el desconocimiento de las parcelaciones realizadas y las cooperativización  de la hacienda. En febrero de 1971 la ley fue modificada, las privatizaciones fueron anuladas y se dio un nuevo impulso a la cooperativizacion; a pesar de ello los propietarios persistieron en las parcelaciones, por lo que la movilización se expandió a los valles de Cañete Huaura y Nazca. Durante 1972 y 1973 se produjeron tomas de haciendas que tuvieron como resultado la expropiación de los fundos. A diferencia de la costa Norte, estas movilizaciones buscaban obtener del gobierno la afectación de tierras, rebasando las causas legales de la reforma agraria radicalizándola.

En este contexto de movilización campesina se crea el SINAMOS. Para el caso del agro, su objetivo fue movilizar a los sectores favorables a la reforma agraria sin la intervención de los partidos. Con tal fin, se disolvió la sociedad nacional agraria (SNA) que, como representante de los propietarios, había realizado constantes campañas contra la reforma agraria, fundándose en su lugar en 1974 la Confederación Nacional Agraria (CNA), que se dedicaría a la organización de ligas agrarias, compitiendo con las organizaciones de izquierda que reactivaron la CCP bajo la hegemonía del VR. Las bases de la CCP estaban compuestas mayoritariamente por campesinos no beneficiados por la reforma agraria, que utilizaban la toma de tierras como mecanismo para obtener su afectación, exponiendo la economía campesina.

A partir de 1979 la movilización campesina se desplaza hacia la sierra donde el gobierno no había ejercido mayor presencia ni se había implementado significativamente la reforma agraria. Las tomas de tierras no sólo se ejercieron sobre tierras no expropiadas sino también sobre aquellas asignadas a cooperativas y a sociedades de propiedad social, como el caso de la SAIS Huancavelica, disuelta luego de una progresiva división de sus tierras entre las comunidades circundantes, varias de las cuales eran formalmente socias de la empresa. La CCP dirigió dos importantes movilizaciones entre 1973 y 1975, orientadas a la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas mediante la toma de tierras previa a la negociación con el gobierno: la primera se produjo en el departamento de Piura, encabezada por Andrés Luna Vargas, entre 1973 y 1975, la segunda fue en Andahuaylas –en donde la reforma agraria no había avanzado-, encabezada por Lino Quintanilla y Julio Cesar Mezzich. Entre julio y setiembre de 1974 se produjeron tomas masivas de tierras, sumando miles las hectáreas afectadas. Como consecuencia de ello el gobierno firmo actas de compromiso que incluían el establecimiento de comités campesinos de adjudicación  provisional y, no obstante, procedió arrestar a los dirigentes campesinos y estableció pena de cárcel para los que instigasen o realizasen invasiones.

Otro tipo de movilización campesina se produjo entre los trabajadores agrícolas de las haciendas circundantes a Lima, entre 1974 y 1975, con el objetivo de conseguir la derogatoria del artículo 42 de la ley de Reforma Agraria, que facultaba el Ministerio de vivienda la adjudicación de tierras y le permitía definir los límites de la expansión urbana, lo que dio lugar a la especulación de tierras en beneficio de las grandes empresas inmobiliarias, que alcanzaron elevadas utilidades. Este proceso se había iniciado en la década del 50 con la compra de predios rústicos, mantenidos por las inmobiliarias como fundos de panllevar, y urbanizadas paulatinamente.[10]

Conclusión

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Los conflictos políticos dentro del poder, la intolerancia y la sed de control quiebran la convivencia que se necesita para que un gobierno beneficie a la nación. Las soluciones nunca se avocan a la raíz del asunto, siempre hay un interés de por medio en nuestra política desde tiempos anteriores. La toma del poder por las fuerzas armadas en el gobierno de Manuel Prado es un ejemplo. Nunca se vio como un beneficio de nación, pues el objetivo siempre fue evitar la toma del poder por parte de Haya de la Torre, por parte del APRA. El resentimiento generado es latente y lo que pudo ser un debate para la solución del problema, se convierte en algo casi personal. Un congreso con mayoría aprista agrupándose con su más encarnado enemigo, el odriismo. Mientras todo esto ocurre como una historia novelesca, surge de lo más profundo, como un grito de esperanza para esa población no escuchada, los grupos radicales. Un problema que se engrandece más a tal punto de estallar. Podríamos concluir entonces que los primeros movimientos guerrilleros fueron los que dieron origen a ese sanguinario terrorismo que todos conocemos.

La reforma agraria de Velasco otorgó un poder que aún la población no estaba en condiciones de asumir, la falta de preparación en los temas económicos, de administración, fueron como un talón de Aquiles que no se supo manejar en ese entonces. He ahí los resultados. El endeudamiento del campesino por la adquisición de tierras que no supo administrar. La pobreza que se le generó después de esto fue abismal, a tal punto de tener que migrar a la capital, exponiéndolo a la marginalidad y al mal vivir.

Expertos

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José Ragas: licenciado en historia (Pontificia Universidad Católica del Perú), con estudios en los EE.UU . “El próximo año, la Reforma Agraria en Perú cumple medio siglo. En este libro que diseño para @NoticiasSER reúne 60 testimonios de Huancavelica que experimentaron la transiciones de la hacienda a la comunidad".

Antonio Zapata : Historiador catedrático y columnista peruano. Reconocido por sus investigaciones, artículos sobre la historia y la realidad sociopolítica del Perú. Estudió Letras en la PUCP.

Nelson Manrique : Historiador y Sociólogo, catedrático de la PUCP , " Sin la Reforma Agraria lo de Sendero Luminoso hubiese muchísimo peor".

Fuentes Bibliográficas de la Reforma Agraria

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  • Mayer, A.(2009). Cuentos feos de la reforma agraria. Lima: IEP.
  • García, D.(1982). Tomas de tierras en el Perú. Lima: DESCO.
  • Quintanilla, N.(1981). Andahuaylas, la lucha por la tierra: Testimonio de un militante. Lima: Mozca azul editores.
  • Pease, H.(1977). Estado y política agraria: 4 ensayos. Lima: DESCO.
  • Matos, J., Mejía, J.(1980). Reforma agraria: logros y contradicciones. Lima: Instituto de estudios peruanos.
  • Caballero, J.M.(1980). Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina. Lima: Instituto de estudios peruanos.
  • Chirinos, R., Palacios, M.L.(1997). Hitoria del Perú (4). Lima: TERCER MILENIO S.A.
  • Villanueva, V.(1962). El Militarismo en el Perú.Lima: T. SCHEUCH S.A

Referencias

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  1. Chirinos Montalbetti, Palacios Mc Bride (1997). «Los gobiernos de Prado y Belaúnde». Historia del Perú. TERCER MILENIO S.A. p. 279. 
  2. Villanueva, Victor (1962). «Golpe de la Fuerza Armada». El Militarismo en el Perú. T. SCHEUCH S.A. p. 209. 
  3. Villanueva, Victor (1962). «Golpe de la Fuerza Armada». El Militarismo en el Perú. T. SCHEUCH S.A. p. 209. 
  4. Chirinos Montalbetti, Palacios Mc Bride (1997). «Los Gobiernos de Prado y Belaúnde». Historia del Perú. TERCER MILENIO S.A. p. 279. 
  5. Portocarreo Grados, Ricardo (2000). «El Perú Contemporáneo». Historia del Perú. LEXUS EDITORES. p. 1044. 
  6. Chirinos Montalbetti,Palacios Mc Bride (1997). «La Revolución Peruana o el Cuarto Militarismo». Historia del Perú. TERCER MILENIO. p. 326. 
  7. TVPerú (21 de diciembre de 2016), Sucedió en el Perú - Juan Velasco Alvarado - 17/10/2016, consultado el 5 de julio de 2019 .
  8. a b Chirinos Montalbetti, Palacios Mc Bride (1997). «La Revolución Peruana o el Cuarto Militarismo». Historia del Perú. TERCER MILENIO S.A. p. 327. 
  9. Portocarrero Grados, RICARDO (2000). «El Régimen Militar (1968 - 1980)». Historia del Perú. 2000 LEXUS EDITORES. p. 1128-1129. 
  10. Portocarrero Grados, Ricardo (2000). «El Régimen Militar (1968 - 1980)». Historia del Perú. 2000 LEXUS EDITORES. p. 1131,1132,1133.