Conflicto universitario en Argentina de 2024
Conflicto universitario en Argentina de 2024 | ||||
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Marcha Federal Universitaria en Córdoba, 23 de abril de 2024 | ||||
Fecha | abril de 2024 - presente | |||
Lugar | Argentina | |||
Métodos | manifestaciones, clases públicas, paros, tomas | |||
Partes enfrentadas | ||||
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Figuras líderes | ||||
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El conflicto universitario en Argentina de 2024 está teniendo lugar entre el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y las universidades nacionales.
Contexto
Las universidades públicas en Argentina son gratuitas desde 1949, con los costos cubiertos por el Estado Nacional.[3] La gratuidad universitaria, que se estableció en el primer gobierno de Perón, ha sido tradicionalmente criticada por sectores reacios al peronismo y kirchnerismo, que consideran que es una medida demagógica y de ser excesivamente costosa para las arcas del Estado.[4] No tienen examen de ingreso, sino un curso nivelatorio. El derecho a la educación pública recorrió un largo camino desde la ley 1420 y la reforma universitaria de 1918 hasta quedar garantizado en la Constitución en la reforma de 1994. Como resultado, el 80% de los 2.500.000 estudiantes del país concurre a universidades públicas, que suelen tener una mejor posición que las privadas en los rankings internacionales.[5]
Las universidades gozan de autonomía y autarquía: eligen sus propias autoridades, son auditadas por la AGN, un organismo que no depende del Poder Ejecutivo, y las fuerzas de seguridad no pueden entrar sin la autorización del rector (una consecuencia de la Noche de los Bastones Largos).
Los salarios del personal docente y no docente, que negocian los gremios que los agrupan con el gobierno nacional, representan aproximadamente el 82% del total del presupuesto. Los gastos de funcionamiento, que recibe cada universidad para pagar los servicios y el mantenimiento que les permiten tener en buenas condiciones sus aulas y laboratorios, representan el 10%.[6]
La gran mayoría de los argentinos considera que las universidades son determinantes para la movilidad social.[7] Sin embargo, se han hecho varias críticas hacia la gratuidad universitaria; por ejemplo:
- Baja tasa de egreso, con un costo por egresado superior al de las universidades privadas.
- Excesiva duración de las carreras
- Falta de acceso de sectores bajos a la universidad, por problemas en la educación pública media y primaria.
- Gratuidad para extranjeros residentes, sin reciprocidad (se calcula que un 4-5% de los estudiantes son extranjeros residentes)[8]
- Supuesto sesgo político en algunas carreras
- Problemas edilicios
- Carreras con poca integración con el mundo laboral
Antecedentes
Las sucesivas crisis económicas que atravesó la Argentina han llevado a distintos gobiernos a ejecutar políticas de ajuste fiscal, que han generado conflictos con las universidades. Así, en 2001 el ministro de economía Ricardo López Murphy propuso arancelar las universidades, lo que fue uno de los motivos de su salida. En 2018 el gobierno de Mauricio Macri enfrentó un conflicto por su plan de ajuste,[9] que se resolvió cuando se garantizaron las partidas presupuestarias necesarias.
En 2022, el entonces ministro de Economía Sergio Massa recortó partidas destinadas a Educación en 70 mil millones de pesos con el intento de reducir el déficit fiscal,[10][11][12] una medida rechazada por los gremios universitarios, aunque sin desatar conflicto con el oficialismo de aquel momento ni convocar paros,[13] una acción que el vocero presidencial Manuel Adorni calificó como «hipócrita».[14] La diputada Silvia Lospennato, en el debate del presupuesto 2023 en donde se confirmaba el recorte a la educación, afirmó «les digo a los Argentinos, disfruten del silencio cómplice (...) de los que no tiran piedras y de la complicidad de los gremios docentes oficialistas y de las agrupaciones estudiantiles educativas kirchneristas que ni marcharon ni tomaron escuelas frente al brutal recorte educativo»[15]
Durante el gobierno de Alberto Fernández se trató en el Congreso la creación de nuevas universidades, aprobándose la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, la Universidad Nacional del Pilar, la Universidad Nacional del Delta y la Universidad Nacional de Ezeiza.[16]
El pico inflacionario de 2023 provocó que el presupuesto asignado a las universidades en 2022 se licuara. El gobierno de Alberto Fernández, ya para ese entonces con elevados índices de desaprobación a su gestión,[17] enfrentó esta situación con transferencias discrecionales, que permitieron que las universidades siguieran funcionando pero generando un problema a mediano plazo.[18] El presupuesto 2024 no pudo aprobarse en el Congreso, lo que implicó que se prorrogara el ya insuficiente presupuesto de 2023.[19]
En noviembre de ese año se celebró la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales, en las que el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei obtuvo una victoria clara sobre el peronista Sergio Massa,[20] asumiendo el cargo el 10 de diciembre de 2023. Durante la época electoral, la educación pública había sido un tópico recurrente entre los distintos candidatos. En el caso de Milei, si bien había tenido expresiones fuertes hacia la educación pública[21] durante su campaña, prometió que no desaparecería ni sería arancelada —Milei dijo que se trataba de una campaña de miedo de la coalición Unión por la Patria y de las universidades en su contra—.[22][23][24] Además, aclaró que, en caso de que se arancelara la unviersidad pública, entregaría vouchers, un subsidio al alumno regular que cubriría el costo del eventual arancel.[25] Su partido cuenta con muy poca representación parlamentaria —6 senadores y 39 diputados—, por lo que se ve obligado a negociar con sectores de la oposición para aprobar leyes nuevas.
El nuevo gobierno implementó lo que autodenominó como «el ajuste más grande de la humanidad».[26] El ministerio de Educación fue degradado al rango de secretaría. El estado nacional dejó de pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que representaba un 10% del sueldo de los docentes de nivel primario y medio.[27] Para reducir el gasto en subsidios energéticos, se aumentaron las tarifas de los servicios en hasta un 266%.[28] Se frenó la creación de nuevas universidades que habían sido proyectadas por el anterior gobierno —con la única excepción de la Universidad Nacional de Río Tercero—[29][30][31] y el presupuesto universitario se mantuvo congelado en los valores asignados a finales de 2022.
En marzo de 2024, en un encuentro de empresarios del sector energético, Javier Milei se pronunció en contra la educación pública, tanto de «gestión privada» como «estatal» argumentando en su discurso que «han hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente».[32]
Conflicto por el presupuesto de funcionamiento
Ante la perspectiva de un paro general por parte de los gremios universitarios en reclamo de que el Gobierno nacional no actualizo el presupuesto para la educación superior al prorrogar el mismo a los valores del 2023 para el año 2024, en marzo se incrementó un 70% el presupuesto para universidades nacionales en un contexto de inflación del 250% interanual.[33] algo que fue desmentido por las mismas,[6]
A pesar de haber ajustado sus gastos,[34] hacia abril las universidades ya habían ejecutado la mayor parte de su presupuesto anual de funcionamiento. Esto, combinado con los aumentos de tarifas de servicios, generó situaciones como el dictado de clases sin luz eléctrica. Ante esta situación el gobierno propuso un aumento del 70% para dicha partida.[35]
Movilizaciones y protestas
El 23 de abril tuvo lugar la Marcha Federal Universitaria mientras que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich amenazó con reprimir violentamente.[36] Se congregaron entre 430.000[37] y 800.000[38] personas en la Avenida de Mayo de Buenos Aires, más unas 200.000 en otros puntos del país, resultando la marcha con mayor convocatoria en muchas décadas. Al día siguiente, el bloque opositor Unión por la Patria intentó convocar a una sesión para debatir el presupuesto universitario en el Congreso, aunque sin éxito por falta de quórum de diputados presentes.[39]
En mayo, la Secretaría de Educación cedió y anunció que el aumento interanual para gastos de funcionamiento sería del 270%, llevando el ajuste en términos reales a solo un 3%.[40]
Una segunda Marcha Federal volvió a realizarse el día 2 de octubre, esta vez con la consigna adicional de que el Presidente no vetase la ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso Nacional. Esta movilización resultó menos concurrida que la ocurrida en abril.[41] El gobierno cuestionó la presencia en las marchas de figuras ligadas al kirchnerismo, como Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno o Cristina Fernández de Kirchner,[42] como así de diversos sindicatos históricamente ligados al peronismo que no tenían relación con la educación pública —como Confederación General del Trabajo (CGT), o el sindicato de Camioneros liderado por Pablo Moyano— y agrupaciones sociales, afirmando que fue una «marcha política opositora».[43]
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires Emiliano Yacobitti actuó como principal promotor de las marchas. Yacobitti había afirmado en abril de 2024 que «es incompatible estudiar en la UBA y votar a Milei»,[44] un dicho que Javier Milei señaló como indicio de adoctrinamiento y luego cuestionó: «¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte?». Unos meses después, Yacobitti afirmó que la Universidad debe «trabajar en el perfil político de los graduados».[45] Estos dichos fueron repudiados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, sin mencionarlo directamente a Yacobitti, afirmó
Hace pocos días, una importante autoridad de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que “la universidad pública tiene que trabajar en el perfil político de sus graduados”. Esta frase condensa el mayor problema que tiene actualmente la educación de los argentinos. Durante décadas se ha hecho un esfuerzo inusitado por parte de una élite universitaria para penetrar las mentes de los estudiantes, pervirtiendo la voluntad de aquellos que deberían estar formándose para aportar su saber a la PatriaVictoria Villarruel[46]
Conflicto por los salarios
A lo largo del 2024, el gobierno nacional fue otorgando mes a mes aumentos al personal docente y no docente de las universidades, pero siempre por debajo de la inflación. Para la segunda mitad del año, la situación era insostenible, con una caída del salario del 34% en términos reales[47] y muchos docentes abandonando sus cargos.[48]
El 15 de septiembre, el gobierno nacional presentó su proyecto de presupuesto para 2025, otorgándole a las universidades el 50% de lo requerido para funcionar[49] y suspendiendo la Ley de Financiamiento Educativo, que exige una inversión en educación de al menos el 6% del PBI.
Ley de Financiamiento Universitario
El 13 de septiembre de 2024 el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba recomponer los salarios a niveles de 2023. La ley se aprobó por una mayoría muy amplia: 143-77 en la Cámara de Diputados[50] y 57-10 en el Senado. El 2 de octubre tuvo lugar una nueva movilización masiva frente al Congreso, donde además se sumó la consigna de pedir que el Presidente no vetase la Ley.[51] Pese a las protestas, Milei hizo caso omiso y ese mismo día a la noche confirmó el veto total a la ley, calificándola de «irresponsable»[52] y bajo el argumento de que de promulgarla, se hubiera aumentado el gasto un 0,14% del PBI y se comprometería el equilibrio fiscal.[53]
La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal.Es momento de que los legisladores entiendan que ya no se pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan impuestos, y comiencen a actual con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025.
El Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales, al igual que con la defensa del esfuerzo que cada uno de los argentinos viene realizando desde diciembre para alcanzar el déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica.
En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente. Esta convergencia deja de manifiesto la consolidación de un nuevo frente de izquierda populista en defensa de los privilegios de la dirigencia política.
Esta administración no cederá ante el espectáculo mediático, los proyectos de ley irresponsables, ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios. El objetivo del Gobierno es claro: terminar con el modelo empobrecedor de los últimos 100 años y volver a hacer a la Argentina grande otra vez.Oficina del Presidente de la República Argentina.[54]
El 9 de octubre tuvo lugar la votación sobre el veto en la Cámara de Diputados, con 84 votos por mantenerlo y 160 por insistir con la ley, un número insuficiente ya que se requería una mayoría de dos tercios.[55] Al igual que ocurrió con la ley 27.756 de recomposición jubilatoria, algunos diputados que habían votado a favor del proyecto votaron a favor del veto o se ausentaron, como Alejandra Torres. También Silvia Lospennato votó a favor del veto a pesar de sus expresiones de 2022.[56]
Para conseguir los 84 votos fue clave la intervención del expresidente Mauricio Macri, que se reunió con el asesor Santiago Caputo, se expresó públicamente contra la ley y pidió a los diputados de su partido que apoyen el veto.[57] Los diputados oficialistas sostuvieron su postura negativa alegando que el proyecto no tenía artículos en donde se indicaran fuentes de financiamiento a las partidas propuestas.[58]
Voto | Sentido del voto | Cantidad de votos |
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Votos afirmativos | Insistir con la ley aprobada | 160 |
Votos negativos | Sostener el veto presidencial | 84 |
Abstenciones | - | 5 |
Ausentes | 4 | |
Resultado de la votación: Rechazado. Se sostiene el veto presidencial.[59] |
Desarollo posterior
Tras la confirmación del veto, las universidades del país intensificaron sus reclamos, recurriendo a clases públicas y tomas.[60] Al 16 de octubre había 65 facultades tomadas por los estudiantes, incluso algunas donde nunca había tenido lugar una medida así; solo en la Universidad de Río Cuarto se rechazó explícitamente esta medida.[61]
El 14 de octubre, un pequeño grupo de militantes libertarios irrumpió en la Universidad Nacional de Quilmes, intentando participar en una asamblea estudiantil, para posteriormente ser expulsados, produciéndose mutuos enfrentamientos. Uno de los militantes, Tomás Nierenberger, lanzó gas pimienta de origen policial en un espacio cerrado.[62]
Anuncio de auditorías
El presidente defendió su veto, argumentando que un aumento como el que establecía la ley debería pagarse con mayor emisión monetaria y que sería una práctica «de la vieja política».[63] Cuestionó las tomas y paros realizados por agrupaciones estudiantiles y gremios y anunció que auditará las universidades alegando que existe corrupción en sus manejos y gastos superfluos,[64] refiriendo que hay «tres o cuatro delincuentes utilizan una causa noble a costa de robarles a los alumnos y los profesores».[65] Los gastos de las universidades fueron también cuestionados por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, alegando irregularidades.[66] A pesar de que las auditorias son realizadas por las propias universidades,[67][68] las auditorías serían realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).[69][70]
Distintas autoridades y figuras de la administración libertaria respaldaron los dichos del presidente. El diputado libertario José Luis Espert fue muy crítico respecto a las medidas de fuerza, alegando que «los que hacen paro son dirigentes sindicales disfrazados de rectores y alumnos crónicos».[71] Por su parte, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos advirtió que las tomas en las facultades solo buscan desestabilizar al Gobierno ya que quienes las realizan son «algunos sectores politizados estudiantiles», a los que comparó con «guerrillas subversivas», mientras que la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó que «hay un gran movimiento que no acepta la toma de las universidades, no aceptan ser rehenes» y afirmó que los estudiantes irían con bombas molotov al edificio del Ministerio de Educación para generar «revueltas con muertos».[72][73]
- Posible modificación del Presupuesto general 2025
El Gobierno afirmó no estar en contra de aumentar el Presupuesto de las universidades, pero que la oposición deberá explicar cuáles partidas deben recortarse en favor de las universidades para mantener el equilibrio fiscal.[74]
Referencias
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- ↑ «"Lágrimas de zurdo": la imagen que publicó Javier Milei en redes tras la marcha universitaria». El Cronista. 23 de abril de 2024.
- ↑ «70 años de gratuidad universitaria». Argentina.gob.ar. 22 de noviembre de 2019. Consultado el 17 de octubre de 2024.
- ↑ «Por qué Juan Domingo Perón sigue siendo una figura tan influyente (y divisiva) en Argentina a 50 años de su muerte». BBC. 1 de julio de 2024. Consultado el 20 de octubre de 2024. «Pero mientras generaciones de argentinos aún celebran y defienden estos derechos adquiridos, también hay muchos que acusan al peronismo de haber hecho clientelismo político a través de medidas "populistas". Según esta visión, la justicia social peronista, que llevó a la creación de un enorme Estado de bienestar, ha dejado a las arcas argentinas constantemente en rojo, provocando una emisión desenfrenada de dinero y endeudamiento.»
- ↑ López Barba, Paula (17 de septiembre de 2024). «La universidad pública argentina, un referente en Latinoamérica en riesgo». El País América. Consultado el 16 de octubre de 2024.
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- ↑ «Massa fue a la marcha pese a haber recortado en $70.000 millones el Presupuesto en Educación». iProfesional. 2 de octubre de 2024.
- ↑ «Rechazo unánime de los gremios al ajuste educativo de Massa: «Significa un retroceso»». Tiempo Argentino. 24 de agosto de 2022. Consultado el 20 de octubre de 2024.
- ↑ «”El 100% de los argentinos estamos de acuerdo con la universidad pública"». Argentina.gob.ar. 3 de octubre de 2024. «“Ayer hubo mucha gente que se expresó de manera genuina y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás". Y les dejó un 211% de inflación anual, que es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios”.»
- ↑ «Presupuesto 2023, en vivo: el minuto a minuto del debate en Diputados». La Nación. 26 de octubre de 2022.
- ↑ Diputados. Avanza en diputados la creación de las Universidades Nacionales del Delta, Saladillo y Pilar.
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- ↑ Auditoría universitaria: ley de educación superior y el artículo 43
- ↑ El Artículo 43 de la Ley de Educación Superior
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- ↑ Milei confirmó el inicio de las auditorías en las universidades con la SIGEN
- ↑ «José Luis Espert: “Los que hacen paro son dirigentes sindicales disfrazados de rectores y alumnos crónicos”». Infobae. 10 de octubre de 2024.
- ↑ «El Gobierno minimizó el conflicto universitario aunque advirtió que las tomas buscan “desestabilizar”». Infobae. 19 de octubre de 2024.
- ↑ https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-calento-pelea-estudiantes-dijo-iran-bombas-molotov-protesta-universitaria-generar-revueltas-muertos_0_U8fCAuEPCb.html
- ↑ «Presupuesto: qué pedirá recortar la oposición para aumentar los fondos de jubilaciones, universidades y provincias». Infobae. 19 de octubre de 2024.