Megacanje
El Megacanje es el nombre por el cual se conoce a una operación financiera que tuvo lugar en Argentina durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y con la intervención del ministro de economía Domingo Cavallo.
Descripción
El Megacanje tuvo lugar en medio de una crisis económica argentina que se extendió entre 1999 y 2002. La operación consistió en postergar los vencimientos de diversas deudas por tres años para las que vencían antes del 31/12/2010. El monto de las deudas postergadas fue de 50.000 millones de dólares, reduciendo los vencimientos de deuda para el año 2011 a 3.000 millones. Como compensación por dicha postergación, los intereses de la deuda fueron aumentados al 7% anual.[1]
Efectos
El megacanje no logró los efectos buscados, y la crisis económica se mantuvo. Poco tiempo después tuvo lugar un estallido social como consecuencia de la crisis económica y la implementación del corralito que obligó a Fernando de la Rúa a renunciar a la presidencia.
Causas judiciales
Durante el año 2006 el juez Jorge Ballestero procesó a Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y varios miembros de su equipo por el megacanje.[2] En 2012, el juez federal Martínez de Giorgi pidió una orden de captura internacional sobre David Mulford(en), ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, al declararlo en rebeldía por ignorar varias citaciones a indagatoria.[3]
Domingo Cavallo, entre otros promotores del Megacanje, fueron nuevamente procesados el 3 de enero de 2014 por el juez federal Sebastián Ramos en la causa en la que se investiga la operación de canje de bonos realizada. La operación consistió en un canje de bonos con el fin de retrasar los plazos de pago de la deuda a cambio de un importante incremento en los intereses y en el monto del capital adeudado, y además, abonando a los bancos colocadores comisiones millonarias. El juez firmó el procesamiento de Jorge Amadeo Baldrich –ex Secretario de Hacienda, Julio Dreizzen -ex Subdirector de Financiamiento, Horacio Tomás Liendo -ex asesor de Cavallo-, Norberto López Isnardi –ex Director Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público-, Ernesto Alberto Marcer –ex Procurador del Tesoro de la Nación-, Carlos Federico Molina –ex Director Nacional de Crédito Público- y Guillermo Mondino –ex Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía-.
Ramos los procesó, sin prisión preventiva, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, ya que, los ex funcionarios se interesaron en un negocio que favoreció a terceros, en este caso, los bancos. También se investigó el hecho de que se habría pactado con los bancos el precio de corte que iban a tener los bonos. El "Megacanje" aumentó, de acuerdo a las proyecciones, el monto de la deuda pública argentina en 53 mil millones de dólares sumado capital e intereses.[4]