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Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras

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La Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, conocida principalmente por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) es una Ley de Estados Unidos aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2010 y que está vigente desde 2013.

El objetivo de esta disposición es el control de la evasión fiscal por el gobierno de Estados Unidos mediante la identificación de los ciudadanos y residentes de ese país que tengan dinero o fondos depositado en instituciones financieras extranjeras. Para ello se requiere obligatoriamente a todas las instituciones financieras de fuera de Estados Unidos para que identifiquen e informen de los ciudadanos y residentes norteamericanos que tienen depósitos e inversiones en esos bancos. Deben poner a disposición del IRS (Internal Revenue Service es la autoridad fiscal de Estados Unidos) información relacionada con cuentas y productos financieros de dichas personas.[1][2][3]

Para las entidades financieras que no acepten firmar acuerdos con el IRS, la ley prevé que las transferencias de rendimientos y otros conceptos provenientes de esos activos en el exterior, estén sujetos a una retención del 30%. Esta sanción por no reportar la información supone en la práctica una prohibición para hacer negocios en Estados Unidos.

Para facilitar y reducir los problemas legales y costes de transacción del cumplimiento de esta ley, que tiene carácter extraterritorial por abarcar a las entidades financieras extranjeras sin posible presencia en Estados Unidos, este país ha firmado con diversos países Acuerdos Intergubernamentales para implementar FATCA.[1]

Entorno internacional

La FATCA y los acuerdos subsiguientes firmados para lograr su complimiento forman parte de la batería de medidas aprobada a nivel internacional para luchar contra el fraude fiscal internacional en el contexto de globalización económica, en el que los gobiernos tratan de ser tan globales como los contribuyentes, y se sitúa en la misma línea de las iniciativas de la Comisión Europea y de la OCDE para establecer un intercambio de información automático como vía para cerrar el fraude fiscal internacional.[1][4]

Véase también

Referencias